- Diputada María Eugenia García Oliveros - Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras, a los medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan o nos siguen a través de los medios digitales. Hago uso de la voz para presentar una iniciativa que busca tipificar la violencia obstétrica en nuestro estado. Hablar de violencia obstétrica es hablar de mujeres, que en uno de los momentos más importantes y vulnerables de sus vidas, fueron humilladas, ignoradas o sometidas a procedimientos médicos sin información ni consentimiento. (Voz) diputada Presidenta, ¿Me podría permitir para llamar al orden? Si nos permiten dar continuidad con la sesión y guardar silencio para poder escuchar a la oradora, muchísimas gracias, adelante, (Voz) diputada María Eugenia, gracias, Presidenta. Mujeres de quienes simplemente se les hizo creer que el dolor, el maltrato y la desnutrición eran parte natural del embarazo y del parto. Hoy Guanajuato reconoce expresamente la violencia obstétrica dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Sin embargo, el problema ha radicado en que sigue normalizándose, practicándose y casi siempre sin sancionarse, por lo que las mujeres víctimas siguen sin acceder a la justicia. - En Guanajuato al menos 128 mujeres entre 15 y 49 años reportaron haber sufrido algún tipo de maltrato durante su último parto, de acuerdo con la publicación de Pop Lab, Maternidad sin Voz, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado registró entre el 2020 y 2026 un total de 24 quejas contra personal e instituciones de salud pública por violencia obstétrica, esterilización forzada o trato negligente durante el embarazo; Sin embargo, la institución únicamente hizo dos recomendaciones. - Una de estas recomendaciones, se dio por un caso ocurrido en el hospital materno infantil de Irapuato, donde el personal médico llamó a la madre drogadicta. La obligaron a desvestirse en un lugar público. Publicó y la sometieron a tactos vaginales sin información previa. La otra recomendación corresponde al caso ocurrido en el Hospital General de León, una madre denunció que no se le aplicó terapia de maduración pulmonar, pese a que el bebé era prematuro, ni se trató una infección urinaria que presentaba, el recién nacido fue dado de alta sin la vigilancia correspondiente a un nacimiento prematuro, esta problemática ocurre en todas las instituciones, de salud, de todos los niveles de gobierno, así como en los servicios privados, lo que significa que es un problema generalizado que requiere ser atendido por todos los medios posibles. - Además, cabe mencionar que se ha demostrado cómo la violencia obstétrica deja secuelas físicas y psicológicas que pueden acompañar a las mujeres durante muchos años, dolor crónico, complicaciones derivadas de intervenciones innecesarias, dificultades para la lactancia, depresión postparto, ansiedad, entre muchas otras, que forman parte de las consecuencias de una atención que debió protegerlas y terminó vulnerándolas. - Frente a esta realidad, el Estado debe actuar y, desde el Poder Legislativo, también tenemos responsabilidades; es cierto que mejorar la calidad de los servicios de salud corresponde principalmente a las instituciones ejecutivas, pero también es cierto que corresponde a este Congreso construir un marco jurídico que proteja efectivamente los derechos de las mujeres y que establezca consecuencias cuando estos sean gravemente vulnerados. - Por ello, presentamos esta iniciativa para incorporar, al Código Penal del Estado de Guanajuato, el tipo penal de violencia obstétrica. Diversas entidades federativas como Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y el Estado de México ya han dado este gran paso, Hoy planteamos que en Guanajuato discutamos la vialidad de tipificar, la violencia, obstétrica, la iniciativa plantea establecer penas que van de tres a seis años cuando en el ejercicio de la profesión se ejerzan prácticas, como la alteración del proceso natural del parto sin consentimiento, la práctica de cesáreas innecesarias, impedir injustificadamente el contacto inmediato entre la madre y su hijo o hija y la imposición de métodos anticonceptivos o esterilizaciones sin consentimiento, expresó de la mujer, esta propuesta no pretende criminalizar la práctica médica responsable, lo que se pretende es sancionar aquellas conductas en las que se sustituye la voluntad de las mujeres y que lesionan su dignidad y sus derechos humanos. - Ninguna mujer debe ser humillada por expresar dolor, ninguna mujer debe ser sometida a procedimientos médicos sin comprender qué está ocurriendo, sabemos que la respuesta institucional frente a la violencia obstétrica debe ser integral y que se requieren mejores políticas públicas, capacitación permanente del personal de salud y protocolos con perspectiva de género. - Pero también debemos preguntarnos si el marco jurídico actual ofrece realmente herramientas suficientes para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y es algo que considero debemos discutir en este Congreso, pues parece ilógico, que se pretenda mantener en el Código Penal delitos que específicamente criminalizan a las mujeres y que no podamos plantear sanciones reales para quienes agreden a las mujeres. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, con su autonomía, con su libertad para decidir y con una atención médica basada en el respeto, la igualdad, la dignidad y la perspectiva de género. - Es cuanto, muchas gracias.