- Diputado Alejandro Arias Ávila - Con el permiso de la presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados. Un gobierno que pierde sus archivos, pierde parte de su memoria, de su historia y de su capacidad para rendir cuentas. - Cada expediente, cada documento y cada registro público constituye evidencia de la actuación del Estado y forma parte del patrimonio documental, para proteger la información y las actuaciones de los gobiernos. - Esto no es una cuestión administrativa, es una obligación democrática. Por ello, hoy presentamos una iniciativa que busca cerrar una laguna legal que pone en riesgo la adecuada conservación de los archivos públicos cuando las instituciones gubernamentales se transforman, desaparecen o transfieren funciones. Los archivos públicos no son simples documentos almacenados en oficinas, son el soporte de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información. - En ellos se encuentra la memoria institucional. En ellos se encuentra toda la actuación gubernamental y el testimonio de las decisiones que han marcado la vida pública de Guanajuato. La legislación vigente reconoce que los sujetos obligados pueden ser objeto de procesos de transformación institucional como fusiones, cambios de adscripción, liquidaciones o extinciones. También establece obligaciones generales para la conservación y resguardo de la documentación, sin embargo, hoy existe una omisión que debemos corregir. - Actualmente, la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato no obliga a los instrumentos jurídicos que ordenan estos procesos para que establezcan expresamente cuál será el destino de los archivos que generan las instituciones involucradas y cuando no existe claridad sobre quién recibe, resguarda y custodia estos documentos, se abren espacios para la incertidumbre, para la pérdida de información y para el deterioro de un patrimonio que pertenece a todas y todos los guanajuatenses. - La historia nos demuestra que cuando una institución desaparece o modifica su estructura, los archivos pueden quedar dispersos, extraviarse o incluso terminar fuera de la custodia pública, cuando eso ocurre, no solamente se pierde documentación, se afecta la memoria institucional, se dificulta la transparencia y se limita el acceso a información de interés público. - Por ello, la iniciativa que hoy presentamos propone adicionar un artículo 21 bis a la ley de archivos del estado de Guanajuato. La propuesta establece que todo instrumento jurídico mediante el cual se determine la fusión, división, desaparición, cambio de adscripción, enajenación o transferencia de funciones de una dependencia, entidad u órgano gubernamental, deberá señalar expresamente la instancia responsable de recibir y custodiar sus archivos; así mismo, propone que la transferencia de dichos archivos quede formalmente documentada mediante una acta circunstanciada y una copia certificada de estas, sea remita al Archivo General del Estado, con ello, se fortalece la certeza jurídica, se garantiza la continuidad de la custodia institucional y se establece una ruta clara de responsabilidad sobre la conservación de los documentos públicos, se trata de una medida de trascendencia, no genera estructuras burocráticas adicionales, ni implica costos significativos para la administración pública, lo que hace es prevenir riesgos y asegurar que el patrimonio documental del Estado permanezca protegido independientemente de los cambios que puedan ocurrir en la organización gubernamental. - Además, esta propuesta es congruente con los principios impulsados por organismos internacionales, como la UNESCO, que reconoce al patrimonio documental como un elemento fundamental para preservar la memoria colectiva del los pueblos y fortalecer la buena gobernanza. - Compañeras y compañeros diputados la transparencia la transparencia no comienza cuando se solicita información, comienza cuando el Estado conserva adecuadamente los documentos que la contienen. - La rendición de cuentas no depende únicamente de las instituciones presentes, también requiere preservar la memoria de un documental que permitiría a las futura generaciones, conocer, evaluar y comprender las decisiones públicas de nuestro tiempo. Proteger nuestros archivos es proteger nuestra historia, fortalecer nuestras instituciones y garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer la actuación de sus gobiernos. - Es cuanto muchas gracias presidenta.