- Diputado Alejandro Arias Ávila - Muy buenos días a todos con el permiso de la presidencia. El día de hoy hago uso de la voz para exponer una iniciativa que busca fortalecer el sistema anticorrupción del estado de Guanajuato, cuando los delitos deriven de actos de corrupción que beneficien a personas que formen parte del crimen organizado o a personas relacionadas con él. - México no puede seguir conformándose con discursos que prometen combatir la corrupción. Mientras los escándalos siguen acumulándose, cuando la corrupción se tolera, termina convirtiéndose en la puerta de entrada del crimen organizado a las instituciones públicas. La corrupción no solamente desvía recursos públicos, debilita la democracia, destruye la confianza ciudadana y erosiona la legitimidad de los gobiernos, lo más grave es que hoy vemos cómo intereses criminales buscan influir en decisiones públicas, contratos gubernamentales y espacios de poder. - Lamentablemente, hemos sido testigos de casos como la serie de moda Narcos, teniendo como protagonistas a varios gobernadores del país. De empresas fantasmas contratadas por gobiernos, de obras públicas vinculadas a intereses y de esquemas cada vez más sofisticados, para utilizar el poder público en beneficio de organizaciones delictivas, lo ocurrido en Sinaloa debe ser una advertencia para todo México. Cuando la corrupción se mezcla con la delincuencia organizada, no solamente fracasa un gobierno, se ponen en riesgo la democracia, la seguridad pública y la confianza de los ciudadanos. Por eso, el Grupo Parlamentario del PRI proponemos actuar antes de que los problemas se conviertan en crisis. No podemos normalizar la narcopolítica ni permitir que la corrupción sea utilizada como herramienta para beneficiar a las organizaciones criminales. - Así empiezan los narcogobiernos, con contratos amañados, empresas fantasmas, protección política y servidores públicos que ponen a las instituciones al servicio de intereses criminales. Por ello, nos preocupa que estas prácticas comiencen a normalizarse Guanajuato no puede permitir que servidores públicos actúen en complicidad con organizaciones criminales ni que las instituciones sean utilizadas para beneficiar intereses delincuenciales y eso es exactamente lo que esta iniciativa busca evitar. - El poder público sea utilizado para proteger a quienes atentan contra la ley. Digámoslo con claridad: quien utiliza el poder público para servir a la delincuencia, traiciona a las instituciones y traiciona a la ciudadanía. En el PRI proponemos en forma general incrementar las sanciones para los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público y el uso ilícito de atribuciones y facultades cuando las conductas se realicen como producto de la colusión y el beneficio de personas pertenecientes o relacionadas con una asociación delictiva u organización criminal. En lo particular proponemos fortalecer el delito de enriquecimiento ilícito, ampliando su alcance hasta dos años después de concluido el encargo público, a fin de evitar que el patrimonio obtenido ilícitamente quede en la impunidad. Así mismo, incorporamos nuevos supuestos al delito de ejercicio ilícito del servicio público para sancionar a quienes se atribuyan funciones o comisiones que no les corresponda en perjuicio de terceros o de la función pública. - También fortalecemos la sanción al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades para castigar con mayor eficacia el desvío de fondos públicos. y los apoyos económicos otorgados fuera de la ley. Y finalmente, proponemos reforzar el régimen de inhabilitaciones para impedir que quienes traicionen la confianza ciudadana puedan seguir beneficiándose de contratos, concesiones, obras y recursos públicos, pues en tanto dure la inhabilitación, estarán impedidos para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del dominio del Estado o municipios, pero sobre todo proponemos que la inhabilitación sea permanente para los servidores públicos que cometan estos delitos en beneficio de personas pertenecientes o relacionadas con una asociación delictiva u organización criminal. - Porque quien utiliza el poder público para servir al crimen organizado no merece una segunda oportunidad en el servicio público. Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta reforma tiene un mensaje claro. Quien utiliza el servicio público para beneficiar a organizaciones criminales no merece volver a ocupar un cargo público. Porque la experiencia nacional nos ha demostrado que cuando la corrupción y el crimen organizado se mezclan, las instituciones se debilitan y los ciudadanos pierden. - Por eso, el PRI, presenta esta iniciativa. Porque defender a México también significa defender sus instituciones, porque frente a la corrupción, la impunidad y la narcopolítica, la ley debe estar por encima de cualquier interés criminal. - Es cuanto, presidenta.