- Diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco - Gracias, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos quienes hoy se encuentran presentes en este Pleno. En Guanajuato hay un problema en cómo actúa el Estado cuando se vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, muchas veces no significa que falten más leyes, sino que no siempre se aplican y cuando se aplican, muchas veces ni la autoridad tiene claro cómo operarlas, en la Bancada Naranja lo tenemos claro a lo largo de esta legislatura hemos estado proponiendo iniciativas para el beneficio de las infancias en todas sus aristas para atender de manera oportuna e integral del cáncer infantil, para garantizar el pago de los alimentos de las niñas y de los niños, para que los delitos en su contra se investiguen de manera especializada y diferenciada a través de una fiscalía especializada, y para erradicar los matrimonios infantiles tipificando el delito de cohabitación forzada. - Y otra prueba de ello es que más adelante se someterá a votación un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el que se impacta la realización de un parlamento de niñas, niños y adolescentes por lo menos una vez cada legislatura, porque para Movimiento Ciudadano es importante el fomento de la cultura legislativa desde las infancias y adolescencias, para nosotros las niñas y los niños son lo más importante y es indispensable escucharles y aunque celebramos lo anterior, la realidad es que aún hoy los mecanismos en Guanajuato no aseguran que los derechos se restituyan a tiempo, ni de forma clara, ni de manera igualitaria para todas las infancias y adolescencias. El principal mecanismo para actuar en estos casos es el plan de restitución de derechos, que básicamente es el plan que hace el Estado para devolverle a una niña, niño o adolescente los derechos que le fueron vulnerados, como la salud, la seguridad, la educación o el bienestar. - El problema es que hoy ese plan no tiene reglas claras, no está bien definido qué debe incluir, cuánto tiempo debe cumplirse, ni cómo se mide si realmente funcionó y eso termina generando respuestas desiguales ante situaciones que deberían tratarse igual y de manera oportuna. - Mi respuesta es corregir este error, que el plan de restitución de derechos deje de ser algo ambiguo y se vuelva una herramienta obligatoria y bien hecha dentro del sistema de protección, esto que significa que cada caso tenga como mínimo un diagnóstico claro de la situación de la niña, niño o adolescente, un plan de acción con especialistas, objetivos específicos, tiempos definidos para actuar y una forma de evaluar si realmente se resolvió el problema. En pocas palabras, pasar de la improvisación a tener un proceso claro, medible y que sí funcione y por supuesto que reconocemos que el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables que mencioné hace unos momentos, también contempla ciertos avances en este aspecto, porque contiene reformas que buscan corregir vacíos y ambigüedades en cómo se hacen los planes de restitución de derechos y eso es importante, pero en la bancada naranja consideramos que es necesario ir más allá apostamos por un cambio de fondo, fortalecer a la institución más cercana a la gente, es decir, a las procuradurías auxiliares y son cuatro momentos importantes, el diagnóstico, diseño del plan, ejecución y seguimiento, con eso se ordena desde el inicio cómo debe actuar el sistema. Además, se incluyen revisiones periódicas con indicadores para medir avances y decidir cuándo cerrar un caso, en pocas palabras, que la restitución de derechos tenga un proceso claro, con inicio, seguimiento y cierre, y no algo que quede en el aire, en resumen, estas modificaciones impactan tres puntos: Primero la atención, todos los casos se atiendan con un mismo estándar, no cada quien a su manera. Segundo, que la responsabilidad quede clara y quede claro quién debe hacer qué y en qué momento. Y tercero, los resultados, se deberá medir si las acciones realmente funcionaron y se deberá corregir lo que no, para Movimiento Ciudadano, poner primero a las niñas y los niños implica asumir que las decisiones públicas deben evaluarse. Por eso, esta iniciativa es urgente, convierte lo que ya existe en un sistema que realmente funcione, que realmente proteja, que realmente restituya los derechos de las niñas y de los niños, por eso se ponen reglas claras, procesos definidos y resultados medibles para asegurar que los derechos de niñas, niños y adolescentes se restituyan en realidad. Por el bien de México y de Guanajuato, primero las niñas y los niños. - Gracias, Presidenta.