Datos Generales del expediente Legislativo Camioncito2

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Expediente: 336/LXVI-PPA

Proposiciones de Punto de Acuerdo

Persona Diputada

LXVI
Segundo Año de Ejercicio Legal Segundo Periodo Ordinario

Suscripción

Punto de acuerdo Personas Migrantes Derechos
Proposición de punto de acuerdo formulada por personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a efecto de exhortar al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que coordine la integración y remisión de información a los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, en particular a la Relatoría sobre derechos de las personas migrantes, a fin de activar mecanismos de supervisión internacional que contribuyan a la prevención de violaciones a derechos humanos y al esclarecimiento de los hechos; a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que fortalezcan de manera prioritaria el presupuesto destinado a la protección legal de personas migrantes mexicanas en el exterior, reconociendo que la asistencia jurídica efectiva es un componente esencial de la protección consular; y a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para que convoque a un proceso de diálogo y análisis orientado a impulsar reformas que fortalezcan las obligaciones de protección consular, incorporando estándares de actuación reforzada en casos de detención y riesgo a la vida e integridad de personas mexicanas en el exterior y promueva el establecimiento de mecanismos de seguimiento y control parlamentario que permitan evaluar de manera periódica la actuación de la política exterior en materia de protección a personas migrantes.

Informe de Turno Camioncito2

Informe de Turno
23/04/2026

- Diputada Yesenia Rojas Cervantes - Muy buenas tardes y sean bienvenidos todos jóvenes y jovencitas, el amor se demuestra, con permiso de la presidenta, compañeros diputadas y compañeros diputados, medios de comunicación y personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas, hago uso de la tribuna para presentar este punto de acuerdo y al mismo tiempo denunciar una realidad que no podemos ignorar, desde el año 2018 y hasta el 2026, un total de 22 mexicanos han fallecido bajo la custodia de servicios de migración y control de aduanas, conocido como ICE, esta cifra coloca a México como el país con más muertes, en estas condiciones, por encima de otras naciones como Honduras con 12, Guatemala con 10 y Nicaragua con 8, entre otros, ante estos datos que lamentablemente podrían seguir en aumento, hemos sostenido que se requiere una respuesta de estado firme, articulada y sobre todo comprometida con la protección de nuestros paisanos y sus familias, las condiciones en estos centros de detención son profundamente preocupantes, accesos limitados a servicios médicos, violaciones a derechos humanos y procedimientos que vulneran la dignidad de las personas migrantes. - Hoy estas cifras nos duelen aún más porque incluyen a dos migrantes originarios de Guanajuato. José Guadalupe Ramos, del municipio de Silao y recientemente, Alejandro Cabrera Clemente de Valle de Santiago, que en paz descansen los dos, cuya familia tuve la oportunidad de acompañar el fin de semana, para brindar apoyo en los trámites legales y en la atención para su sepultura. El fallecimiento de Alejandro ocurrió en el centro de detención de Winx, Luciana, aunque fue detenido el 8 de enero en Chattanooga, Tennessee. - Cabe señalar que este último estado ha impulsado, desde el año pasado, iniciativas para convertirse en uno de los más restrictivos en materia migratoria. ¿A qué nos referimos con esto? A propuestas que busquen exigir a estudiantes de educación básica acreditar su situación migratoria para poder inscribirse en escuelas públicas negando así un derecho humano fundamental a la criminalización de personas por el simple hecho de contar con una orden de deportación y a medidas que obligan a las autoridades locales a colaborar activamente con operativos de ICE, además de verificar el estatus migratorio de empleados en instancias estatales y municipales. Estamos frente a un problema de gran magnitud que exige acciones coordinadas y contundentes. Por ello, hago un respetuoso y llamado a que se activen todos los mecanismos del derecho internacional y que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se inicie un seguimiento puntual de estos casos, fortaleciendo la red consular con áreas especializadas en la defensa legal de nuestra comunidad migrante, al Senado de la República para que impulse de manera urgente reuniones bilaterales que permitan establecer alianzas, estrategias y garantizar el monitoreo permanente de las personas mexicanas detenidas, así como de las condiciones en las que se encuentran, a las autoridades, organizaciones internacionales para que trabajen de manera coordinada en asesoría y atención de personas detenidas, muchas de las cuales permanecen incomunicadas, tan solo el pasado lunes una familia me buscó porque su familia fue detenida en Texas, hasta hoy desconocen qué centros encuentran, la información disponible se actualiza de manera tardía y limitada, necesitamos seguimiento permanente oportuno, además, es importante señalar que cuando se trata de menores de edad, esto no aparece en el los registros públicos, lo que agrava aún más la situación, pues desconocemos el estado en el que se encuentran niñas y niños, adolescentes que han sido víctimas, de las redadas por todo ello reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando a nuestra comunidad migrante y de hacer todo lo necesario para que sus derechos sean protegidos, sin que ninguna barrera o frontera lo impida, a nuestros paisanos y paisanas no están solos, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene un familiar migrante. - Es cuanto presidenta, muchas gracias.


Plantean reforzar protección consular de migrantes detenidos en el extranjero

Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que coordine la integración y remisión de información a los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, en particular a la Relatoría sobre derechos de las personas migrantes, a fin de activar mecanismos de supervisión internacional que contribuyan a la prevención de violaciones a derechos humanos y al esclarecimiento de los hechos.

Recepción en Comisión Camioncito2

Recepción en Comisión
25/06/2026

Metodologías Camioncito2

Metodologías
Actividades
Descripción Fecha y hora Lugar Sigue la transmisión
Reunión de la Comisión para dar cuenta de la proposición de punto de acuerdo. 25/06/2026 09:00 Sala de la Constitución de la Biblioteca
Reunión de la Comisión para fijar fecha de la mesa de trabajo 20/08/2026 10:00 Salón 5 de Comisiones
Mesa de Trabajo para análisis del punto de acuerdo. 22/09/2026 11:00 Salón 5 de Comisiones
Reunión de la Comisión para discutir y aprobar el proyecto de dictamen. 29/10/2026 09:30 Sala de la Constitución de la Biblioteca
Correspondencias, Minutas, Actas

Dictámenes en Comisión Camioncito2

Dictámenes en Comisión
29/10/2026
Dictamen que presenta la Comisión de Atención a las Personas Migrantes de las proposiciones de punto de acuerdo suscritas por: 1. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que, por conducto de la Secretaría de Derechos Humanos, elabore, apruebe y ponga en operación un Plan Estatal de Atención a Migrantes Guanajuatenses y sus Familias; para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas, realice el análisis y, en su caso, la reorientación de recursos presupuestales suficientes, medibles y verificables para la atención integral de personas migrantes guanajuatenses y sus familias, a fin de fortalecer prioritariamente: reintegración, asesoría y acompañamiento jurídico, reunificación familiar, retorno, y atención humanitaria; y para que por conducto de la Secretaría de Derechos Humanos, formalice un mecanismo permanente de coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y su red consular, mediante la suscripción de instrumentos de colaboración y una ruta de acción para la atención de las personas migrantes y sus familias de Guanajuato —ELD 310/LXVI-PPA—. 2. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a efecto de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que fortalezca y ejerza de manera exhaustiva los mecanismos jurídicos, diplomáticos y de protección consular disponibles, con el objeto de garantizar la defensa integral de los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas que pudieran ser objeto de actos de abuso, arbitrariedad o uso indebido de la fuerza por parte de agentes del servicio migratorio de los Estados Unidos de América; y en coordinación con las instancias competentes, diseñe e implemente un Plan Familiar de Prevención y una Red de Respuesta Inmediata, orientados a brindar información, acompañamiento y asistencia oportuna a las personas migrantes y sus familias, a fin de complementar y robustecer las estrategias jurídicas y de protección consular del Estado mexicano, bajo un enfoque de derechos humanos, unidad familiar y atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad —ELD 322/LXVI-PPA—. 3. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a efecto de exhortar al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que coordine la integración y remisión de información a los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, en particular a la Relatoría sobre derechos de las personas migrantes, a fin de activar mecanismos de supervisión internacional que contribuyan a la prevención de violaciones a derechos humanos y al esclarecimiento de los hechos; a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que fortalezcan de manera prioritaria el presupuesto destinado a la protección legal de personas migrantes mexicanas en el exterior, reconociendo que la asistencia jurídica efectiva es un componente esencial de la protección consular; y a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para que convoque a un proceso de diálogo y análisis orientado a impulsar reformas que fortalezcan las obligaciones de protección consular, incorporando estándares de actuación reforzada en casos de detención y riesgo a la vida e integridad de personas mexicanas en el exterior y promueva el establecimiento de mecanismos de seguimiento y control parlamentario que permitan evaluar de manera periódica la actuación de la política exterior en materia de protección a personas migrantes —ELD 336/LXVI-PPA—. 4. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instruya una Ampliación Presupuestaria Líquida y Extraordinaria a las partidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de dotar de suficiencia financiera y capacidad operativa real a la red consular ante las acciones en contra la comunidad migrante; y para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca la protección consular mediante mecanismos sistemáticos de seguimiento, visitas periódicas a centros de detención, evaluación de condiciones de salud y atención prioritaria a casos que impliquen un riesgo inminente a la vida o integridad de las personas migrantes; así como a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para que, en ejercicio de sus facultades exclusivas en materia de política exterior, convoque a un proceso de diálogo y análisis plural con instituciones académicas, organismos de derechos humanos y sociedad civil, orientado a impulsar reformas que robustezcan las obligaciones de protección consular e incorporen estándares de actuación reforzada en casos de detención y promueva el establecimiento de mecanismos de seguimiento y control parlamentario que evalúen periódicamente la eficacia de la política exterior en la materia —ELD 391/LXVI-PPA—. 5. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a su órgano de control interno, para la atención y seguimiento a la queja del ciudadano José David Castro; al Gobierno Federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores implemente mecanismos de mejora para los servicios consulares y protocolos de actuación para evitar acciones de discriminación o criminalización en sus tratos con las connacionales o personas que solicitan los servicios; y al Congreso de la Unión para que establezcan las acciones para fortalecer las capacidades operativas e institucionales a los consulados que prestan los servicios a nuestros connacionales en los Estados Unidos —ELD 418/LXVI-PPA—. 6. El diputado Ernesto Millán Soberanes integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA por el que se exhorta a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que fortalezca la estrategia MigranTeQuiero, incorporando mecanismos específicos de atención integral para las familias de personas migrantes guanajuatenses fallecidas, detenidas o retornadas de los Estados Unidos de América, así como para que asigne una partida presupuestal específica de atención al programa MigranTeQuiero; se manifieste en contra de las acciones realizadas por ICE en las que han fallecido tres guanajuatenses; y se pronuncie en favor y apoye las acciones tomadas por el Gobierno de la República en favor de los migrantes mexicanos y en contra de las acciones de ICE; así como a la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura de este Congreso del Estado para que se pronuncie en favor y apoye las acciones tomadas por el Gobierno de la República en favor de los migrantes mexicanos y en contra de las acciones de ICE —ELD 420/LXVI-PPA—. 7. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA A efecto de expresar su respaldo al llamado de la ciudadana presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, a la unidad nacional en defensa de las mexicanas y los mexicanos que viven en los Estados Unidos de América, a las acciones diplomáticas, consulares, jurídicas e institucionales emprendidas por el Gobierno de México para exigir la investigación y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en operativos y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como a la determinación y, en su caso, la sanción de las personas responsables; demandar ante las autoridades competentes de los Estados Unidos de América el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas mexicanas; evitar que estos hechos queden impunes, y brindar acompañamiento integral a las familias de las víctimas —ELD 424/LXVI-PPA—. 8. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y Luz Itzel Mendo González a efecto de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de la Red Consular de México en los Estados Unidos de América, fortalezca las acciones de asistencia jurídica y protección consular de las personas mexicanas y realice las gestiones diplomáticas conducentes ante las autoridades de los Estados Unidos de América, a efecto de solicitar que se abstengan de autorizar, implementar o emplear dispositivos de descarga eléctrica, incluidos los denominados guantes Trax, por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, particularmente en acciones de detención, custodia o control migratorio; valore la procedencia de poner en conocimiento del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, la información relativa a la eventual implementación y uso de dispositivos de descarga eléctrica por autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, a efecto de que dicha información pueda ser examinada, conforme a las competencias y procedimientos aplicables, a la luz de las obligaciones internacionales asumidas por ese Estado en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y para que, a través de la Red Consular de México en los Estados Unidos de América fortalezca las acciones de información, orientación, asistencia jurídica y protección consular de las personas mexicanas sujetas a detención, custodia, procedimientos migratorios o repatriación, así como los mecanismos para documentar y dar seguimiento a los casos en que se reporte, en su caso, el uso de dispositivos de descarga eléctrica por parte de autoridades migratorias estadounidenses, a fin de facilitar el acceso oportuno a los mecanismos de protección y defensa que resulten procedentes —ELD 447/LXVI-PPA—.

C. DIPUTADA KAROL JARED GONZÁLEZ MÁRQUEZ PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E La Comisión de Atención a las Personas Migrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, recibimos por turno, para efecto de estudio y dictamen, ocho proposiciones de punto de acuerdo formuladas: cinco por personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; y tres del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. Los expedientes legislativos de referencia son: 310/LXVI-PPA, 322/LXVI-PPA, 336/LXVI-PPA, 391/LXVI-PPA, 418/LXVI-PPA, 420/LXVI-PPA, 424/LXVI-PPA y 447/LXVI-PPA respectivamente. Con fundamento en los artículos 92, fracción VI, 108, fracciones IV y V y 186 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se formula a la Asamblea el siguiente: D I C T A M E N I. Proceso Legislativo I.1. En sesiones ordinarias del 19 de marzo, 9 y 23 de abril, 18 de junio de 2026, y de la Diputación Permanente del 9 y 23 de julio y 20 de agosto de 2025, ingresaron las proposiciones de punto de acuerdo formuladas por: 1. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que, por conducto de la Secretaría de Derechos Humanos, elabore, apruebe y ponga en operación un Plan Estatal de Atención a Migrantes Guanajuatenses y sus Familias; para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas, realice el análisis y, en su caso, la reorientación de recursos presupuestales suficientes, medibles y verificables para la atención integral de personas migrantes guanajuatenses y sus familias, a fin de fortalecer prioritariamente: reintegración, asesoría y acompañamiento jurídico, reunificación familiar, retorno, y atención humanitaria; y para que por conducto de la Secretaría de Derechos Humanos, formalice un mecanismo permanente de coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y su red consular, mediante la suscripción de instrumentos de colaboración y una ruta de acción para la atención de las personas migrantes y sus familias de Guanajuato . 2. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a efecto de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que fortalezca y ejerza de manera exhaustiva los mecanismos jurídicos, diplomáticos y de protección consular disponibles, con el objeto de garantizar la defensa integral de los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas que pudieran ser objeto de actos de abuso, arbitrariedad o uso indebido de la fuerza por parte de agentes del servicio migratorio de los Estados Unidos de América; y en coordinación con las instancias competentes, diseñe e implemente un Plan Familiar de Prevención y una Red de Respuesta Inmediata, orientados a brindar información, acompañamiento y asistencia oportuna a las personas migrantes y sus familias, a fin de complementar y robustecer las estrategias jurídicas y de protección consular del Estado mexicano, bajo un enfoque de derechos humanos, unidad familiar y atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad . 3. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a efecto de exhortar al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que coordine la integración y remisión de información a los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, en particular a la Relatoría sobre derechos de las personas migrantes, a fin de activar mecanismos de supervisión internacional que contribuyan a la prevención de violaciones a derechos humanos y al esclarecimiento de los hechos; a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que fortalezcan de manera prioritaria el presupuesto destinado a la protección legal de personas migrantes mexicanas en el exterior, reconociendo que la asistencia jurídica efectiva es un componente esencial de la protección consular; y a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para que convoque a un proceso de diálogo y análisis orientado a impulsar reformas que fortalezcan las obligaciones de protección consular, incorporando estándares de actuación reforzada en casos de detención y riesgo a la vida e integridad de personas mexicanas en el exterior y promueva el establecimiento de mecanismos de seguimiento y control parlamentario que permitan evaluar de manera periódica la actuación de la política exterior en materia de protección a personas migrantes . 4. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática por la que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instruya una Ampliación Presupuestaria Líquida y Extraordinaria a las partidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de dotar de suficiencia financiera y capacidad operativa real a la red consular ante las acciones en contra la comunidad migrante; y para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca la protección consular mediante mecanismos sistemáticos de seguimiento, visitas periódicas a centros de detención, evaluación de condiciones de salud y atención prioritaria a casos que impliquen un riesgo inminente a la vida o integridad de las personas migrantes; así como a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para que, en ejercicio de sus facultades exclusivas en materia de política exterior, convoque a un proceso de diálogo y análisis plural con instituciones académicas, organismos de derechos humanos y sociedad civil, orientado a impulsar reformas que robustezcan las obligaciones de protección consular e incorporen estándares de actuación reforzada en casos de detención y promueva el establecimiento de mecanismos de seguimiento y control parlamentario que evalúen periódicamente la eficacia de la política exterior en la materia . 5. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a su órgano de control interno, para la atención y seguimiento a la queja del ciudadano José David Castro; al Gobierno Federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores implemente mecanismos de mejora para los servicios consulares y protocolos de actuación para evitar acciones de discriminación o criminalización en sus tratos con las connacionales o personas que solicitan los servicios; y al Congreso de la Unión para que establezcan las acciones para fortalecer las capacidades operativas e institucionales a los consulados que prestan los servicios a nuestros connacionales en los Estados Unidos. 6. El diputado Ernesto Millán Soberanes integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA por el que se exhorta a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que fortalezca la estrategia MigranTeQuiero, incorporando mecanismos específicos de atención integral para las familias de personas migrantes guanajuatenses fallecidas, detenidas o retornadas de los Estados Unidos de América, así como para que asigne una partida presupuestal específica de atención al programa MigranTeQuiero; se manifieste en contra de las acciones realizadas por ICE en las que han fallecido tres guanajuatenses; y se pronuncie en favor y apoye las acciones tomadas por el Gobierno de la República en favor de los migrantes mexicanos y en contra de las acciones de ICE; así como a la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura de este Congreso del Estado para que se pronuncie en favor y apoye las acciones tomadas por el Gobierno de la República en favor de los migrantes mexicanos y en contra de las acciones de ICE . 7. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de expresar su respaldo al llamado de la ciudadana presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, a la unidad nacional en defensa de las mexicanas y los mexicanos que viven en los Estados Unidos de América, a las acciones diplomáticas, consulares, jurídicas e institucionales emprendidas por el Gobierno de México para exigir la investigación y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en operativos y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como a la determinación y, en su caso, la sanción de las personas responsables; demandar ante las autoridades competentes de los Estados Unidos de América el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas mexicanas; evitar que estos hechos queden impunes, y brindar acompañamiento integral a las familias de las víctimas . 8. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y Luz Itzel Mendo González a efecto de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de la Red Consular de México en los Estados Unidos de América, fortalezca las acciones de asistencia jurídica y protección consular de las personas mexicanas y realice las gestiones diplomáticas conducentes ante las autoridades de los Estados Unidos de América, a efecto de solicitar que se abstengan de autorizar, implementar o emplear dispositivos de descarga eléctrica, incluidos los denominados guantes Trax, por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, particularmente en acciones de detención, custodia o control migratorio; valore la procedencia de poner en conocimiento del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, la información relativa a la eventual implementación y uso de dispositivos de descarga eléctrica por autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, a efecto de que dicha información pueda ser examinada, conforme a las competencias y procedimientos aplicables, a la luz de las obligaciones internacionales asumidas por ese Estado en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y para que, a través de la Red Consular de México en los Estados Unidos de América fortalezca las acciones de información, orientación, asistencia jurídica y protección consular de las personas mexicanas sujetas a detención, custodia, procedimientos migratorios o repatriación, así como los mecanismos para documentar y dar seguimiento a los casos en que se reporte, en su caso, el uso de dispositivos de descarga eléctrica por parte de autoridades migratorias estadounidenses, a fin de facilitar el acceso oportuno a los mecanismos de protección y defensa que resulten procedentes . I.2. En reuniones de la comisión de fechas 16 de abril, 25 de junio, 20 de agosto y 22 de septiembre de 2026, se dio cuenta con las proposiciones de punto de acuerdo. Se acordó por unanimidad la celebración de una mesa de trabajo para analizar los alcances de cada uno de las proposiciones de acuerdo y su relación entre estos, en las fechas en las cuales se dio cuenta de cada una de ellas, en sendas reuniones de la comisión. La mesa de trabajo que concentró los expedientes legislativos digitales: 310, 322, 336 y 391 se celebró el 22 de septiembre de 2026, estando presentes las personas diputadas Yesenia Rojas Cervantes, Ernesto Millán Soberanes y Roberto Carlos Terán Ramos integrantes de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes. De igual forma, estuvieron personas asesoras de los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional y MORENA, así como la Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario a través de la secretaría técnica. Posterior a ello, se desahogó una mesa interna de asesores el 13 de octubre de 2026 a efecto de cumplir la instrucción de la presidencia de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes y dar puntual seguimiento a la celebrada el 22 de septiembre del año en curso. I.3. La presidencia de la Comisión instruyó a la secretaría técnica para que elaborara un proyecto de dictamen en sentido positivo, que considerará las ocho propuestas de punto de acuerdo —enlistadas en líneas anteriores—. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98 —fracción VIII— y 276 —fracción VIII, inciso e— de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, mismo que fue materia de revisión por las personas diputadas integrantes de esta comisión dictaminadora. II. Contenido de las propuestas de punto de acuerdo Quienes integramos la comisión dictaminadora, referenciamos los alcances sobre los cuales versan las propuestas, a saber: ELD 310/LXVI-PPA: tiene como objeto efectuar un respetuoso exhorto a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que, por conducto de la Secretaría de Derechos Humanos, elabore, apruebe y ponga en operación un Plan Estatal de Atención a Migrantes Guanajuatenses y sus Familias; para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas, realice el análisis y, en su caso, la reorientación de recursos presupuestales suficientes, medibles y verificables para la atención integral de personas migrantes guanajuatenses y sus familias, a fin de fortalecer prioritariamente: reintegración, asesoría y acompañamiento jurídico, reunificación familiar, retorno, y atención humanitaria. Las personas diputadas proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente: El panorama mundial en materia de migración no puede entenderse como un fenómeno aislado, dado que es un suceso continuo de movilidad humana que abarca migración laboral, reunificación familiar, desplazamiento forzado, movilidad mixta y tránsito internacional, con impactos directos en derechos humanos, seguridad humana, mercados de trabajo y cohesión social. En ese sentido, la evidencia comparada muestra que los Estados han intensificado políticas de control y gestión migratoria en paralelo a un incremento sostenido de los factores expulsivos (conflicto, violencia, persecución, crisis económicas y eventos climáticos extremos), lo que eleva el riesgo de vulneración de derechos, particularmente en rutas irregulares y en contextos de detención . A su vez, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reafirma que la movilidad humana es un fenómeno multicausal, dinámico y altamente complejo, cuya comprensión exige evidencia y análisis para evitar decisiones públicas basadas en narrativas simplificadoras. En esa lógica, el propio Informe subraya la necesidad de desmitificar la migración y de construir respuestas públicas informadas, pues la discusión global suele estar contaminada por desinformación y politización, factores que distorsionan prioridades y reducen la capacidad institucional para atender la dimensión humanitaria y de desarrollo del fenómeno . Desde la perspectiva cuantitativa, el mundo registra niveles históricamente altos de migración internacional: para 2024 se estima que 304 millones de personas vivían en un país distinto al de su nacimiento, lo que equivale aproximadamente a 3.7% de la población mundial, de acuerdo con estimaciones de la División de Población de Naciones Unidas (UN DESA), difundidas en fichas y compendios estadísticos recientes. Este dato permite dimensionar que la movilidad internacional no es marginal, sino un componente estructural de la economía y la demografía global, con implicaciones para políticas de integración, servicios, empleo y protección social. De manera complementaria, y para dimensionar la tendencia histórica inmediata, estimaciones internacionales indican que en 2020 la población migrante internacional alcanzó aproximadamente 281 millones (alrededor de 3.6% de la población mundial). Este punto es clave para el análisis legislativo, pues permite mostrar una trayectoria de crecimiento que antecede a coyunturas específicas y que convive con restricciones y choques globales (pandemia, crisis económicas, conflictos), sin que ello haya revertido la dinámica de movilidad humana . En este contexto, el Informe 2024 enfatiza un aspecto metodológicamente relevante para el debate público: la mayor parte de la migración ocurre de manera regular, relativamente segura y con fuerte componente regional, es decir, no toda movilidad responde a “crisis fronterizas” mediáticas . Precisamente por esto, cobra relevancia el señalamiento de Adela Cortina: en donde existe discriminación y exclusión hacia las personas migrantes no se trata de un rechazo al extranjero, sino al pobre. En este sentido, el cambio de enfoque en Estados Unidos hacia una política migratoria de mayor control, en la que la seguridad fronteriza y el control interior ocupan un lugar central en la agenda pública y presupuestaria. Este endurecimiento no se expresa únicamente en el discurso político, sino en el diseño presupuestal y en el fortalecimiento de capacidades operativas de las agencias responsables de ejecutar detenciones, custodia y remociones, con impactos previsibles en los países de origen y retorno . Bajo esa premisa, resulta relevante precisar que, dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) es la unidad con atribuciones destacadas para la aplicación interior de la ley migratoria, incluyendo la custodia migratoria (detención) y las remociones y/o deportaciones, principalmente a través de su estructura de Enforcement and Removal Operations (ERO); además, desarrolla funciones de investigación y cumplimiento a través de sus áreas de investigación (HSI), lo que refuerza su papel como brazo ejecutor del endurecimiento en la política migratoria. Ahora bien, desde la perspectiva estrictamente presupuestal, la solicitud presidencial de Trump para el ejercicio fiscal 2026 (FY2026) incorpora a ICE como uno de los componentes prioritarios: el Congressional Budget Justification reporta un presupuesto para ICE de 11.3 mil millones de dólares, con 21,808 posiciones y 21,786 Full-Time Equivalent FTE (persona trabajando tiempo completo), lo cual confirma una orientación a sostener y ampliar la capacidad institucional para ejecutar acciones de control migratorio en territorio estadounidense. De manera específica, el diseño presupuestal vincula el fortalecimiento institucional con un objetivo operativo determinante: sostener capacidad de detención. Tanto el Budget in Brief del DHS como el Budget Justification de ICE refieren que el esquema presupuestal soporta una capacidad de 50,000 camas de detención durante 2026, lo que revela que la detención constituye un instrumento estructural del modelo de control migratorio y no una medida excepcional; en términos de política pública, esto implica un incentivo operativo a incrementar el volumen de aseguramientos, custodias y traslados para ejecutar remociones . Adicionalmente, la tendencia operativa reciente apunta a que el endurecimiento no se limita al piso de 50,000 camas de detención: información periodística sustentada en documentos gubernamentales ha reportado planes de expansión de infraestructura y de capacidad total de detención hacia 92,600 camas con horizonte de operación hacia finales de 2026, lo que, de confirmarse en su despliegue, elevaría de forma significativa la escala de aseguramiento y custodia migratoria; este dato es relevante para el análisis legislativo porque anticipa presiones crecientes sobre mecanismos de retorno, reintegración y atención de familias en los territorios de origen. (…) En este contexto, se deduce que si el escenario estadounidense consolida un enfoque de control intensificado (con detención como instrumento principal), entonces la respuesta mexicana —y particularmente la respuesta estatal en entidades con alta movilidad internacional— debe transitar de acciones reactivas a un modelo preventivo de capacidad instalada, con coordinación formal con la Secretaría de Relaciones Exteriores y suficiencia presupuestal verificable para recepción, atención, reintegración y protección de derechos. (…) En ese sentido, el Gobierno de México ha sostenido una arquitectura nacional de respuesta para el retorno, particularmente mediante la estrategia “México Te Abraza”, cuyo objetivo es garantizar un retorno digno con atención integral y respeto de derechos. De acuerdo con información reportada públicamente por la Secretaría de Gobernación, del 20 de enero al 17 de diciembre de 2025 se registraron 145,537 repatriaciones de personas mexicanas desde Estados Unidos, de las cuales 116,156 ocurrieron por vía terrestre y 29,381 por vía aérea. (…) Por ello, ante el endurecimiento en EE. UU., descrito anteriormente, la respuesta estatal debe transitar de apoyos dispersos a capacidad instalada verificable: planeación con escenarios, metas e indicadores, y coordinación formal con la Secretaría federal y la red consular para protección, documentación y reintegración en territorio. En Guanajuato, la política migrante estatal actualmente se instrumenta en la Secretaría de Derechos Humanos (SEDEH), cuyo ámbito de responsabilidad incluye explícitamente a personas en contexto de movilidad humana y la coordinación de programas para grupos en condición de vulnerabilidad. (…) En consecuencia, esta situación justifica, con base en el propio diseño del gasto y en sus metas, la necesidad de reforzamiento presupuestal y de una articulación formal con la SRE para protección consular, documentación y reintegración. ELD 322/LXVI-PPA: que tiene como objeto efectuar un respetuoso exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que fortalezca y ejerza de manera exhaustiva los mecanismos jurídicos, diplomáticos y de protección consular disponibles, con el objeto de garantizar la defensa integral de los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas que pudieran ser objeto de actos de abuso, arbitrariedad o uso indebido de la fuerza por parte de agentes del servicio migratorio de los Estados Unidos de América; y en coordinación con las instancias competentes, diseñe e implemente un Plan Familiar de Prevención y una Red de Respuesta Inmediata, orientados a brindar información, acompañamiento y asistencia oportuna a las personas migrantes y sus familias. Las personas diputadas proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente: Durante los primeros tres meses del presente año, hemos observado la ocurrencia de diversos hechos violentos contra la población migrante que reside en los Estados Unidos: tragedias y abusos como los registrados en Mineápolis, que evocan algunos de los momentos más oscuros de la humanidad en la década de 1930. Particularmente conmovedora resulta la escena del menor Liam, envuelto en su pequeño abrigo de cuadros y su gorro tejido azul con forma de conejo, con la mirada perdida mientras agentes se agrupaban a su alrededor antes de llevarlo a custodia federal junto con su padre. A ello se suman los abusos sufridos por trabajadores de origen guatemalteco, quienes, con el propósito de evitar el pago de sus servicios, fueron denunciados por su empleadora para propiciar su detención. Otro hecho relevante es la reciente muerte de un ciudadano guanajuatense en un centro de detención de la referida agencia gubernamental, en la ciudad de Los Ángeles, California. Nos encontramos, por tanto, ante un patrón claramente identificable de una política violatoria de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. Ejemplo de ello es la publicación del New York Times sobre un reporte de la organización sin fines de lucro 1800Migrante, con sede en Nueva York, en el que se expresa preocupación por “los miles de niños no acompañados que han llegado a Estados Unidos y cuyo paradero aún se desconoce”, mientras agentes migratorios continúan deteniendo menores en operativos a lo largo del país. De acuerdo con dicho estudio, al menos 37,088 menores han desaparecido tras ser entregados a personas sin vínculo alguno con ellos, sin que las autoridades estadounidenses ni las de sus países de origen conozcan su paradero. Asimismo, la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes, conocida por sus siglas en inglés como CHIRLA, ha reportado que durante 2025 y los primeros meses de 2026 se ha registrado una escalada sin precedentes en la agresividad de los operativos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En este contexto, diversas organizaciones han alzado la voz. El pasado 3 de marzo, Amnistía Internacional exhortó al Estado mexicano a mantener acciones “firmes y sostenidas” para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos en Estados Unidos, tras la exigencia del Gobierno de México de investigar la muerte de, al menos, 14 connacionales en centros de detención. La protección de los derechos de las personas migrantes constituye un eje transversal de la política humanitaria del Estado. Guanajuato, al igual que entidades como Jalisco y Michoacán, ha sido históricamente expulsor de personas que aportan sus sueños, talento y fuerza de trabajo en el exterior; por ello, la coordinación para la protección de nuestros ciudadanos en el extranjero reviste carácter prioritario. Los hechos recientes, particularmente aquellos relacionados con la muerte de ciudadanos originarios de nuestra entidad, evidencian posibles actos de negligencia médica y operativa en centros de detención del ICE, así como violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de las familias afectadas. Se reconoce como positivo el posicionamiento del Gobierno Federal al intervenir como amicus curiae (amigo de la corte), figura que ya ha sido utilizada en acciones legales contra normativas como la ley SB4 del estado de Texas, la cual criminaliza el cruce irregular de la frontera y faculta a autoridades locales para detener, encarcelar y promover la deportación de personas migrantes, en contravención de principios de competencia y de derechos humanos. Actualmente, las detenciones migratorias en el país vecino se han transformado en procesos caracterizados por la opacidad jurídica, donde las personas detenidas quedan, en muchos casos, incomunicadas y sin acceso efectivo a una defensa técnica adecuada. Lamentar las deportaciones resulta insuficiente. Atendiendo al llamado de Amnistía Internacional, es necesario que el Gobierno Federal transite de la asistencia administrativa a una defensa litigante efectiva, así como a una respuesta coordinada como Estado. Debe subrayarse que las detenciones por autoridades migratorias no constituyen una sentencia de culpabilidad, sino un procedimiento administrativo que, conforme al derecho estadounidense y al derecho internacional, exige el respeto irrestricto de garantías mínimas, actualmente vulneradas. (…) Ante la gravedad y reiteración de estos hechos, resulta indispensable fortalecer la coordinación entre órdenes de gobierno para acompañar y respaldar las denuncias en cortes estadounidenses, así como para exigir condiciones dignas para nuestros connacionales. La soberanía nacional también se ejerce mediante la protección de sus ciudadanos más allá de sus fronteras. El acceso a la salud y el trato digno son derechos universales que no se extinguen por la condición migratoria. En ese sentido, la judicialización de estos casos constituye un precedente necesario para inhibir prácticas sistemáticas de maltrato. No obstante, debe advertirse que estas acciones impactan directamente en las familias de las personas migrantes. A la fecha, se desconoce cuántas niñas, niños y adolescentes han sido entregados a personas sin vínculo familiar, así como la situación jurídica de sus núcleos familiares. Finalmente, es evidente la necesidad de fortalecer la coordinación del Estado mexicano con organismos internacionales como UNICEF y otras instancias del sistema de Naciones Unidas, así como con organizaciones de la sociedad civil que coadyuvan en la protección de nuestros connacionales y sus familias. La falta de un Plan Familiar de Prevención y de una Red de Respuesta Inmediata, condena a nuestros ciudadanos a la indefensión, la pérdida de su patrimonio y, lo más grave, la separación definitiva de sus hijos. (…) que ante la situación de agresividad de las políticas antiinmigrantes que vienen todos nuestros connacionales, debemos tener una respuesta integral del Estado Mexicano, urge que se activen todos los protocolos de derecho internacional, el trabajo en conjunto con organizaciones en materia de derecho internacional que pueden ser aliadas de nuestro país en estos momentos. Es fundamental apoyarnos en las redes de todos los liderazgos y organizaciones de todo los migrantes a lo largo del vecino país. Como lo hemos señalado en este Congreso, los consulados deben en su caso tener recursos de emergencia ante estos nuevos retos y utilizar todos los mecanismos legales al alcance del Estado Mexicano. Porque ninguna frontera puede estar por encima de la dignidad humana y el derecho a la unión familiar y muchos menos en contra del interés superior de la niñez. Todas estas acciones deben de ser coordinadas por la Secretaria de Relaciones Exteriores, que tiene en su cargo el desplegar estas funciones de derecho a nivel internacional y además de activar el acompañamiento del Congreso de la Unión y en lo que corresponda a las Legislaturas de los Estados. ELD 336/LXVI-PPA: a fin de exhortar al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que coordine la integración y remisión de información a los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, en particular a la Relatoría sobre derechos de las personas migrantes, a fin de activar mecanismos de supervisión internacional que contribuyan a la prevención de violaciones a derechos humanos y al esclarecimiento de los hechos; a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que fortalezcan de manera prioritaria el presupuesto destinado a la protección legal de personas migrantes mexicanas en el exterior, reconociendo que la asistencia jurídica efectiva es un componente esencial de la protección consular. Las personas diputadas proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente: En meses recientes se ha consolidado un entorno adverso para las personas migrantes en los Estados Unidos, marcado por el endurecimiento de prácticas de detención, la prolongación de estancias bajo custodia administrativa y condiciones que han sido señaladas por instancias internacionales como incompatibles con estándares mínimos de trato digno. Este contexto no sólo incrementa los riesgos a la integridad personal, sino que profundiza la situación de vulnerabilidad de quienes, al encontrarse bajo custodia estatal, dependen completamente de la autoridad para la garantía de sus derechos más básicos. Se han documentado casos de personas migrantes mexicanas cuya detención ha derivado en su fallecimiento dentro de centros bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Estos hechos no pueden entenderse como eventos aislados; por el contrario, obligan a analizarlos a la luz de una responsabilidad reforzada del Estado custodio, que conforme al derecho internacional debe garantizar la vida, la integridad personal y el acceso efectivo a la justicia. (…) La protección efectiva exige una respuesta articulada que combine instrumentos consulares, diplomáticos e internacionales, conforme a las obligaciones previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el ámbito consular, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de seguimiento a personas detenidas, mediante protocolos claros que aseguren visitas periódicas, evaluación de condiciones de salud y detección temprana de riesgos. Muchas de las situaciones críticas — enfermedades no atendidas, aislamiento prolongado o uso indebido de la fuerza— pueden prevenirse si existe una supervisión efectiva y oportuna. Es jurídicamente procedente activar mecanismos internacionales de supervisión. (…) La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, además, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales en materia de política exterior, debe convocar a un diálogo abierto, plural y técnicamente sustentado con instituciones académicas, organismos de protección de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de personas migrantes, con el objeto de analizar y proponer acciones legislativas que fortalezcan el alcance y eficacia de la protección consular. Este proceso debe orientarse a incorporar estándares de actuación reforzada en casos de detención y riesgo a la vida e integridad, así como a identificar áreas de mejora normativa que permitan dotar al Estado mexicano de herramientas más eficaces para la defensa de sus connacionales en el exterior, bajo un enfoque de derechos humanos, coordinación interinstitucional y rendición de cuentas. La gravedad de los hechos obliga a dejar atrás una lógica reactiva y avanzar hacia una política preventiva, capaz de anticipar riesgos, supervisar condiciones de detención y evitar que estas situaciones se repitan. Estas acciones no sólo encuentran sustento en el marco jurídico nacional e internacional, sino que responden a una obligación elemental: proteger la vida y la dignidad de las personas migrantes, incluso cuando se encuentran fuera del territorio nacional. ELD 391/LXVI-PPA: para efectuar un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instruya una Ampliación Presupuestaria Líquida y Extraordinaria a las partidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de dotar de suficiencia financiera y capacidad operativa real a la red consular ante las acciones en contra la comunidad migrante; y para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca la protección consular mediante mecanismos sistemáticos de seguimiento, visitas periódicas a centros de detención, evaluación de condiciones de salud y atención prioritaria a casos que impliquen un riesgo inminente a la vida o integridad de las personas migrantes. Las personas diputadas proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente: El entorno actual para las personas migrantes en los Estados Unidos es críticamente adverso. Se ha documentado un endurecimiento sin precedentes en las prácticas de detención y una extensión injustificada de la custodia administrativa en instalaciones que, de acuerdo con organismos internacionales, no cumplen con los estándares mínimos de trato digno ni de respeto a los derechos humanos fundamentales. El Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete financiero extraordinario de 70,000 millones de dólares para robustecer de manera drástica las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) . Esta inyección monetaria coincide críticamente con el despliegue oficial y permanente de agentes migratorios en las inmediaciones de los estadios de las 11 ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que transforma un evento de fiesta de hermandad internacional en la realización de operativos con un alto riesgo de detenciones arbitrarias basadas en el perfilamiento racial . Antes estos hechos que se produce en medio de una celebración mundial no sólo incrementan los riesgos a la integridad personal, sino que profundiza la situación de vulnerabilidad de quienes, y dependen completamente de del Estado Mexicano, para la defensa y protección de sus derechos más básicos. Anteriormente ya hemos hecho la denuncia sobre los casos de personas migrantes mexicanas cuya detención ha derivado en su fallecimiento dentro de centros bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Los que suscribimos este exhorto, hemos realizado posicionamientos ante esta soberanía de como por parte del Congreso de los Estados Unidos, se aprobó un presupuesto histórico de 170 mil millones de dólares destinados a reforzar la seguridad fronteriza, intensificar las deportaciones y ampliar la construcción y operación de centros de detención para personas migrantes. La actuación del Estado mexicano no puede limitarse a intervenciones consulares ordinarias. Frente a la magnitud de recursos adicionales de 70,000 millones de dólares. Es urgente que activen todos los Procedimientos Especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en particular las Relatorías sobre los derechos de las personas migrantes e inclusive sobre los operativos que han derivado en la muerte de personas. Frente a este colosal aparato financiero y operativo, la Red Consular de México en los Estados Unidos, compuesta por 53 representaciones se sitúa en una posición de extrema asimetría. La diplomacia consular es un pilar, no solo fundamental, sino constitutivo de la acción diplomática cotidiana de cualquier país. (…) Las funciones consulares atienden las necesidades de los connacionales que residen o viajan al extranjero, con particular énfasis en las personas que viven en Estados Unidos. Las funciones consulares son documentación, protección y vinculación con las comunidades mexicanas en el exterior y están centrados en atender las necesidades de los connacionales en ese país Hay toda una historia de trabajo diplomático que ha funcionado en la defensa de incluso de personas de otras nacionalidades para impedir incluso su muerte. El fortalecimiento de los consulados es una necesidad perentoria, robustecer estas sedes significa dotarlas de los recursos económicos líquidos e inmediatos para: Multiplicar el Estado de Fuerza Consular, como lo es contratar personal eventual de protección, traductores especializados y de asistencia. Consulados Sobre Ruedas de Emergencia, permitiendo verificar el actuar de las agencias del Gobierno de Estados Unidos y evitar detenciones arbitrarias basadas en el perfilamiento racial, donde incluso se han detenido a personas con doble ciudadanía. (…) (…) La protección de los mexicanos en el exterior es una obligación irrenunciable del Estado. Sobre todo, se sumen todos los esfuerzos institucionales para que se logre el objetivo, por ello es de hacer notar que ya tenemos más de 30 días que no ha nombrado una persona titular en el Instituto de Mexicanos en el Exterior, 4 con fines totalmente electorales, pero sin que se pueda construir un trabajo de conjunto con la comunidad binacional, esperamos que ya se tenga dicho nombramiento. Asimismo, se considera fundamental que el Senado, en su función de control político en materia internacional, intervenga junto con la Secretaria de Relaciones Exteriores en la activación de los instrumentos y mecanismos del derecho parlamentario internacional y del derecho internacional. ELD 418/LXVI-PPA: efectúa un respetuoso exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a su órgano de control interno, para la atención y seguimiento a la queja del ciudadano José David Castro; al Gobierno Federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores implemente mecanismos de mejora para los servicios consulares y protocolos de actuación para evitar acciones de discriminación o criminalización en sus tratos con las connacionales o personas que solicitan los servicios; y al Congreso de la Unión para que establezcan las acciones para fortalecer las capacidades operativas e institucionales a los consulados que prestan los servicios a nuestros connacionales en los Estados Unidos. Las personas diputadas proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente: Las representaciones diplomáticas de nuestra nación son una parte fundamental en el sistema de defensa y protección de los derechos de la ciudanía o de connacionales que se encuentran en otro país. Son la autoridad inmediata y cercana para atención de todas las personas que diversos motivos están fuera del territorio nacional. Para el caso particular de nuestro país, tenemos la red consular más grande y que tiene como prioridad la protección de toda nuestra diáspora mexicana en los Estados Unidos, con 53 y que tan sólo en 2025 atendieron a una cantidad aproximada un millón 180 mil 697 personas con diferentes servicios y concentrando dicho país la mayoría de la asistencia. Las personas migrantes, se componen de diferentes perfiles y están en diferentes ciudades de los Estado Unidos, Hay 12.0 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, de los cuales 4.1 son no documentados. En California, Texas, Arizona e Illinois residen 2 de cada 3 personas migrantes mexicanas en Estados Unidos California ha sido, al menos desde hace 50 años, el principal estado de residencia de la población migrante mexicana en Estados Unidos. En 1990, el 57.4% de la población migrante mexicana residía en ese estado. Ante los retos que representa la atención a dicha comunidad, los consulados enfrentan situaciones de debilidad institucional y que en comparación de los recursos presupuestales que se han aprobado como ampliación presupuestal por el Congreso del vecino país, para continuar con las acciones en contra de la migración en general. Hoy las representaciones diplomáticas que deben ser la base de defensa de nuestra comunidad que en su mayoría carece de documentación legal para poder acreditar su identidad que determine su situación jurídica para el ejercicio de sus derechos. Las representaciones diplomáticas, se encuentran imposibilitados para poder realizar su trabajo por limitaciones institucionales que, desde una visión pasiva, y lejos de la tradición mexicana de defensa de las personas y más en una contingencia de violación de derechos que no hace diferencia entre nacionales o migrantes. Toda persona que está en el servicio público y sobre todo los que están en el servicio exterior, buscan hacer una carrera que les permita defender los intereses de nuestra Nación, pero se ha encontrado con falta de pago de salarios y además, con un rezago por la falta de trámite de las visas de trabajo que corresponde para la realización de sus actividades laborales. Los medios de comunicación nos han dado a conocer dichas situaciones, v pero además se han presentado retrasos en pagos de sus salarios en el presente año vi situaciones que debe resolverse o evitar que se tenga esas condiciones laborales en dicho personal, porque no podemos tener esas asimetrías en temas que son obligaciones legales. Ante esta deficiencia gubernamental, las opciones de buscar un sistema que realice un mejor servicio, en lugar de tener una solución directa, el gobierno federal busco un sistema de citas, el que provocó situaciones de corrupción y engaño; y es un sistema que no terminado de probar su eficiencia. (…) consideramos que estas acciones de personas que han sido contratadas por el Gobierno de México, son inadmisibles y totalmente reprobables y más cuando estas ante una situación aparente de uso de recursos públicos para actos que infieren toda discriminación y prepotencia de quien dice representar al Estado Mexicano. El hecho antes descrito, además de que debe de intervenir el órgano de control de la Secretaria de Relaciones Exteriores, o del titular del Consulado, así como de las propias autoridades de la ciudad de San Bernardino, California por haber ocurrido en la vía pública. Por ello además de recursos presupuestales, los consulados necesitan implementar protocolos de atención y sobre todo transparentes a fin de evitar actos de corrupción en los sistemas de citas. ELD 420/LXVI-PPA: efectúa un respetuoso exhorto a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que fortalezca la estrategia MigranTeQuiero, incorporando mecanismos específicos de atención integral para las familias de personas migrantes guanajuatenses fallecidas, detenidas o retornadas de los Estados Unidos de América, y asigne una partida presupuestal específica de atención al programa MigranTeQuiero; así como a la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura de este Congreso del Estado para que se pronuncie en favor y apoye las acciones tomadas por el Gobierno de la República en favor de los migrantes mexicanos y en contra de las acciones de ICE. Las personas diputadas proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente: A partir del endurecimiento de la política migratoria implementada por el Gobierno de los Estados Unidos, particularmente mediante el incremento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se ha registrado un aumento significativo en las detenciones de personas migrantes, la ampliación de centros de detención y un incremento en las denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos durante los procesos de aseguramiento y custodia. Lo anterior ha generado preocupación no solamente entre las comunidades migrantes y sus familias, sino también entre organismos internacionales, gobiernos nacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes han advertido sobre las condiciones en que permanecen miles de personas privadas de su libertad por motivos exclusivamente migratorios. (…) Esta preocupación dejó de ser únicamente una discusión sobre política migratoria para convertirse en una crisis humanitaria cuando comenzaron a documentarse diversos fallecimientos de personas mexicanas mientras permanecían bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios efectuados por autoridades estadounidenses. Estos acontecimientos representan una situación de la mayor gravedad. Ninguna política migratoria, por estricta que sea, puede justificar que personas pierdan la vida mientras se encuentran bajo la custodia de autoridades gubernamentales. La protección de la vida y de la integridad física constituye un principio fundamental reconocido por el derecho internacional y obliga a todos los Estados a garantizar condiciones dignas para cualquier persona sometida a procedimientos administrativos o de detención. (…) la Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre el fortalecimiento de la red consular mexicana en los Estados Unidos, la presentación de 11 notas de protesta diplomática formal dirigidas a EE. UU. para exigir el esclarecimiento de los hechos, y la solicitud formal de investigaciones exhaustivas acerca de las circunstancias de los fallecimientos. Asimismo, el Gobierno de México anunció la promoción de mecanismos de cooperación con organismos internacionales especializados en derechos humanos, destacando la gestión realizada ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la solicitud formal de revisión de los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas acciones reflejan el reconocimiento, por parte del Estado mexicano, de que los riesgos que enfrentan las personas migrantes han dejado de limitarse a los procesos de deportación o retorno, para convertirse en una problemática que compromete directamente su vida, su integridad personal y la protección efectiva de sus derechos humanos. Asimismo, distintas autoridades del Sistema de Naciones Unidas han sostenido que las políticas migratorias no pueden traducirse en la suspensión o disminución de derechos fundamentales, pues el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud y al debido proceso constituyen obligaciones inderogables que los Estados deben respetar en todo momento. En consecuencia, las muertes ocurridas bajo custodia de autoridades migratorias deben investigarse con independencia, transparencia y debida diligencia, garantizando además el acceso a la verdad y a la reparación para las familias de las víctimas. (…) Guanajuato ocupa una posición particularmente relevante. Históricamente, la entidad se ha consolidado como uno de los principales estados expulsores de población migrante hacia los Estados Unidos. Municipios como Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, San Felipe, Pénjamo, Valle de Santiago, Jerécuaro, Ocampo, Tarandacuao, Acámbaro, Yuriria, Salvatierra entre otros mantienen una relación histórica con los procesos migratorios, al grado de que una parte importante de su economía familiar depende de las remesas enviadas por sus habitantes radicados en el extranjero. Esta realidad implica que cualquier crisis humanitaria que afecte a la comunidad mexicana en los Estados Unidos repercute de manera inmediata en Guanajuato. (…) Precisamente ante este panorama desolador, el Gobierno del Estado de Guanajuato se limita a contraponer la estrategia denominada MigranTeQuiero, anunciada en febrero de 2025 y publicitada como un supuesta estrategia transversal que lejos de constituir una solución de fondo, esta medida oficial se reduce a una burocrática coordinación de dependencias y a la simple canalización a programas preexistentes en materia de identidad, empleo, salud y apoyos familiares, evidenciando una respuesta gubernamental insuficiente y acotada frente a la magnitud de la crisis y el dolor de las familias afectadas. En su presentación pública, esta estrategia fue anunciada como una respuesta institucional para hacer frente a los nuevos desafíos derivados del endurecimiento de la política migratoria estadounidense y del incremento en el número de personas migrantes retornadas a Guanajuato. (…) La ausencia de un presupuesto propio dificulta conocer cuánto invierte realmente el Estado de Guanajuato en la atención de las personas migrantes retornadas, impide medir la suficiencia de los recursos destinados a este propósito y limita la posibilidad de evaluar la eficacia de la política pública implementada. (…) Frente a una realidad de esta naturaleza, resulta indispensable preguntarse si los mecanismos institucionales existentes son suficientes para brindar acompañamiento integral a las familias afectadas. El acompañamiento para los familiares de personas fallecidas en el extranjero, mecanismos de apoyo psicológico especializados, esquemas de asesoría jurídica permanente o programas extraordinarios destinados a enfrentar las consecuencias económicas y sociales derivadas de estos acontecimientos. Tampoco se desprende la existencia de un diagnóstico técnico que evalúe el impacto que las recientes políticas migratorias estadounidenses pueden tener sobre la población guanajuatense y sobre las necesidades de atención institucional en el corto y mediano plazo. Por ello, resulta indispensable que el Gobierno del Estado fortalezca los mecanismos existentes, evalúe objetivamente la eficacia de la estrategia MigranTeQuiero, transparente sus resultados y genere instrumentos específicos que permitan brindar una atención integral a las personas migrantes retornadas y a las familias que enfrentan situaciones de especial vulnerabilidad derivadas del contexto migratorio internacional. ELD 424/LXVI-PPA: a efecto de expresar su respaldo al llamado de la ciudadana presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, a la unidad nacional en defensa de las mexicanas y los mexicanos que viven en los Estados Unidos de América, a las acciones diplomáticas, consulares, jurídicas e institucionales emprendidas por el Gobierno de México para exigir la investigación y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en operativos y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como a la determinación y, en su caso, la sanción de las personas responsables; demandar ante las autoridades competentes de los Estados Unidos de América el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas mexicanas. Las personas diputadas proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente: Dieciocho personas mexicanas han perdido la vida en hechos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Catorce murieron bajo custodia en centros de detención o en instalaciones médicas a las que fueron trasladadas. Cuatro murieron durante operativos migratorios. El Gobierno de México confirmó los primeros diecisiete casos y, tras la muerte ocurrida en Florida, incorporó el nuevo caso a las acciones diplomáticas y legales ya emprendidas . (…) Estos fallecimientos ocurren dentro de un sistema de detención que ha crecido con rapidez y en el que existen denuncias por falta de atención médica, uso indebido de la fuerza y ocultamiento de información. Human Rights Watch y Physicians for Human Rights documentaron que 52 personas murieron bajo custodia de ICE durante los primeros 500 días del segundo mandato de Donald Trump. El número de personas detenidas aumentó 77 por ciento durante el primer año, mientras que la tasa de muertes creció 140 por ciento . (…) El 14 de julio de 2026, Milenio informó que inspecciones sorpresivas del propio Departamento de Seguridad Nacional encontraron doce casos de uso indebido de la fuerza en solo cuatro de los 187 centros utilizados por ICE. Los reportes describen patadas, gas, llaves de estrangulamiento, sujeciones mecánicas y eliminación de grabaciones vinculadas con el empleo de la fuerza. También registraron fallas médicas y negligencia sanitaria. Los hallazgos, obtenidos en una pequeña parte de las instalaciones utilizadas por ICE, muestran que los abusos no se reducen a un solo centro de detención. El derecho internacional fija obligaciones cuando una autoridad mantiene a una persona bajo custodia. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege el derecho a la vida. Su artículo 10 dispone que “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.7 La nacionalidad, el origen y la situación migratoria no reducen estos derechos. La asistencia consular también forma parte de las obligaciones aplicables. El artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce el derecho de una persona extranjera detenida a comunicarse con su consulado y permite que el personal consular la visite, dialogue con ella y apoye su defensa . El acceso consular puede marcar la diferencia cuando existen barreras de idioma, aislamiento, enfermedad o temor a denunciar abusos. La política exterior mexicana incorpora entre sus principios el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, conforme al artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La defensa de connacionales bajo custodia extranjera se inscribe en ese mandato. Comprende la asistencia a las familias, la exigencia de información y el uso de las vías legales disponibles. (…) Hasta ese momento, el Gobierno de México había enviado once notas diplomáticas de protesta para exigir el esclarecimiento de los hechos. Las respuestas recibidas indicaban que las investigaciones seguían abiertas, sin ofrecer resultados suficientes a las familias. La presidenta instruyó que el reclamo avanzara hacia procedimientos penales y civiles. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Fiscalía General de la República, preparó una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, inició denuncias ante fiscalías de Texas, Georgia, California, Misuri y Arizona, así como ante autoridades de Chicago, por medio de la Embajada de México y de la red consular. Estas acciones buscan identificar a quienes resulten responsables por las muertes y llevar cada expediente ante autoridades con facultades de investigación. (…) Estas medidas reconocen que la responsabilidad puede alcanzar a agentes públicos, personal médico y empresas contratistas. Cada actor debe explicar qué hizo, qué dejó de hacer y qué registros conserva. Las familias tienen derecho a conocer esa información. La presidenta también instruyó brindar apoyo a quienes perdieron a un familiar y a las personas mexicanas que permanecen detenidas. En su mensaje del 9 de julio recordó que el Gobierno de México está obligado a otorgar atención consular y subrayó que muchas de las personas perseguidas por ICE tienen como única conducta atribuida haber trabajado de manera honesta en Estados Unidos. La protección anunciada comprende asesoría, contacto con familiares y seguimiento de las condiciones de detención. (…) El presente Punto de Acuerdo propone respaldar el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la unidad nacional y las acciones diplomáticas, consulares, jurídicas e institucionales emprendidas por su gobierno. El respaldo se vincula con la defensa de las personas mexicanas en Estados Unidos, el esclarecimiento de las dieciocho muertes y el acompañamiento a sus familias. ELD 447/LXVI-PPA: a efecto de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de la Red Consular de México en los Estados Unidos de América, fortalezca las acciones de asistencia jurídica y protección consular de las personas mexicanas y realice las gestiones diplomáticas conducentes ante las autoridades de los Estados Unidos de América, a efecto de solicitar que se abstengan de autorizar, implementar o emplear dispositivos de descarga eléctrica, incluidos los denominados guantes Trax, por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, particularmente en acciones de detención, custodia o control migratorio; valore la procedencia de poner en conocimiento del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, la información relativa a la eventual implementación y uso de dispositivos de descarga eléctrica por autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, a efecto de que dicha información pueda ser examinada, conforme a las competencias y procedimientos aplicables, a la luz de las obligaciones internacionales asumidas por ese Estado en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Las personas diputadas proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente: La relación entre México y los Estados Unidos de América se encuentra estrechamente vinculada por profundos lazos económicos, culturales, familiares y sociales. Millones de mexicanas y mexicanos residen en territorio estadounidense, contribuyendo significativamente al desarrollo y prosperidad de ambas naciones. Recientemente, diversos medios de comunicación han dado cuenta una serie de acciones de control migratorio en distintos estados de la Unión Americana. Una reciente preocupación ha generado la difusión de información relativa a la intención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) de adquirir y desplegar guantes con capacidad de generar descargas eléctricas para ser utilizados por agentes migratorios durante operativos de detención. Dichos dispositivos podrían representar un riesgo para la integridad física y los derechos humanos de las personas sujetas a procedimientos migratorios. De acuerdo con la información publicada, el ICE contempla una inversión de entre diez y veinte millones de dólares para la adquisición de los denominados dispositivos G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter), cuya finalidad es producir descargas eléctricas mediante contacto físico para controlar a personas durante procesos de arresto o detención. Organizaciones de derechos civiles en los Estados Unidos han expresado preocupación por el potencial uso excesivo de la fuerza y por la insuficiente supervisión de dichas herramientas . Asimismo, se han documentado nuevas disposiciones normativas y ejecutivas que podrían impactar a comunidades migrantes. Entre ellas destacan medidas impulsadas por la administración federal estadounidense relacionadas con la ciudadanía por nacimiento y restricciones asociadas a determinados supuestos de nacionalidad y turismo de nacimiento, las cuales han generado debate jurídico y constitucional en aquel país. (…) resulta indispensable que el Estado mexicano fortalezca la protección consular, jurídica, diplomática y humanitaria de las personas mexicanas que residen, trabajan o transitan en los Estados Unidos de América, garantizando la observancia irrestricta de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos por nuestro país y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. El Estado mexicano no puede permanecer indiferente ante medidas que pudieran comprometer la integridad física, la dignidad humana o el acceso a garantías fundamentales de personas mexicanas radicadas en el extranjero, particularmente cuando existen reportes sobre el uso de dispositivos de control mediante descargas eléctricas durante detenciones migratorias. (…) Por otra parte, para el estado de Guanajuato, que históricamente ha presentado una intensa movilidad migratoria y por contar con una de las comunidades de origen mexicano más importantes en los Estados Unidos. Miles de familias guanajuatenses mantienen vínculos permanentes con familiares que radican en aquel país. Los medios de comunicación han expuesto como producto de todas estas acciones antinmigrantes, somos la entidad que ha reportado un número considerable de repatriados con más 21mil guanajuatenses. De un total de 271 mil migrantes de origen mexicano que se contabilizan en las cifras oficiales. (…) La presente propuesta busca dar continuidad institucional y avanzar hacia un modelo permanente de protección de las y los migrantes. Hoy es indispensable que hagamos un frente de todos los estados e incluso de los diferentes órdenes de gobierno, así como de organizaciones, en defensa de nuestra comunidad migrante. Establecer una coordinación entre los diferentes actores gubernamentales que busque dar una respuesta para todas las personas que en estos momentos padecen de violaciones a sus derechos y retornan a nuestro país. Por ello, la presente proposición no pretende sustituir las investigaciones que corresponden a las autoridades estadounidenses ni atribuir responsabilidades sin una investigación concluida. Su objetivo es exigir que el Estado mexicano ejerza de manera preventiva y efectiva sus facultades de protección consular, diplomática y jurídica y que el Congreso del Estado pueda dar seguimiento institucional a los resultados. Además de sumar a otra autoridades para la coordinación institucional para la atención de todos los deportados, como es la Secretaria de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, al Instituto de Mexicanos en el Exterior, así como a los organismo internacional de las Naciones Unidas como es la organización internacional para las Migraciones, es indispensable que involucremos a todo el sistema de protección a los derechos humanos, encabezado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante un situación que se va agravar conforme transcurra el tiempo en el vecino país. III. Consideraciones de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes, con respecto a la acción de exhortar a autoridades del orden federal, estatal y municipal A esta Comisión de Atención a las Personas Migrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura le fueron turnadas ocho proposiciones de punto de acuerdo, mediante las cuales se plantean diversos exhortos dirigidos a autoridades de los ámbitos federal y estatal, relacionados con la atención y protección de las personas migrantes. Dichas proposiciones tienen como propósito contribuir al fortalecimiento de una atención integral a esta población, mediante la promoción, el respeto y la garantía de sus derechos humanos, el aseguramiento de un trato digno y libre de discriminación, así como la implementación de medidas orientadas a la protección, asistencia y reintegración de las personas repatriadas, entre otros aspectos estrechamente vinculados con la materia migratoria. Desde nuestra perspectiva, más allá del análisis particular de cada una de las proposiciones de punto de acuerdo referidas, resulta fundamental reconocer y destacar el trabajo institucional, el diálogo y la construcción de consensos que han caracterizado la labor de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes del Congreso del Estado de Guanajuato, así como el compromiso político y legislativo de este Poder Legislativo en favor de la atención, protección y defensa de los derechos de las personas migrantes. III.1. Alcances de cada una de las proposiciones de punto de acuerdo Resulta pertinente destacar que Guanajuato se mantiene como una de las entidades federativas con mayor tradición y vinculación migratoria con los Estados Unidos de América. El Índice de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2020, elaborado por el Consejo Nacional de Población —CONAPO— , refiere que la entidad se ubicó en el cuarto lugar nacional, con un grado de intensidad migratoria clasificado como muy alto. Asimismo, los registros oficiales señalan que, durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020, un total de 46,641 guanajuatenses emigraron al extranjero, principalmente hacia los Estados Unidos de América, siendo León, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional y Pénjamo los municipios con mayor número de personas emigrantes. A ello se suma la significativa contribución económica de la comunidad migrante, toda vez que, de acuerdo con las cifras del Banco de México, durante 2025 Guanajuato recibió aproximadamente 5,542 millones de dólares por concepto de remesas , posicionándose como la entidad federativa con mayor captación de estos recursos en el país. Estas cifras ponen de manifiesto la dimensión social, económica y territorial del fenómeno migratorio en Guanajuato y, al mismo tiempo, evidencian la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas y los mecanismos institucionales orientados a la atención, protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias. Así, la trascendencia económica y social del fenómeno migratorio en Guanajuato resulta particularmente significativa. De acuerdo con las cifras del Banco de México, durante el primer semestre de 2026, ingresaron a Guanajuato alrededor de 2 mil 707 millones de dólares, cifra que pone de manifiesto la estrecha vinculación económica existente entre las comunidades migrantes y sus familias de origen. Estos recursos constituyen una fuente fundamental de ingresos para numerosos hogares guanajuatenses, al contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas y al sostenimiento de las economías locales; sin embargo, también evidencian la importancia de impulsar políticas públicas que favorezcan mayores oportunidades de desarrollo, inclusión productiva y bienestar social, a fin de disminuir las condiciones de vulnerabilidad económica asociadas al fenómeno migratorio. Con esta consideración, la migración de retorno, tanto voluntaria como forzada, representa uno de los principales desafíos en materia de atención y protección de las personas migrantes. Al respecto, conforme a información oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, al 15 de diciembre de 2025 se habían brindado 876 atenciones a personas migrantes retornadas en la entidad, en el marco de las acciones institucionales implementadas para atender las posibles repercusiones de las políticas migratorias estadounidenses. Entre los registros reportados se identificaron 533 atenciones relacionadas con el retorno forzado y 67 con el retorno voluntario. Estas cifras permiten advertir la necesidad de contar con mecanismos permanentes de coordinación y respuesta institucional que faciliten el acompañamiento de las personas guanajuatenses que regresan a sus comunidades de origen. Quienes dictaminamos, consideramos que, el panorama migratorio de 2025 y 2026 debe analizarse a partir de las distintas circunstancias que motivan el retorno de las personas migrantes. Por una parte, el retorno voluntario responde a decisiones personales, familiares, laborales o económicas, y puede desarrollarse mediante mecanismos de asistencia humanitaria, como el Programa Regional de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), orientado a facilitar procesos de regreso seguros, dignos, informados y ordenados. Por otra parte, el retorno forzado se encuentra vinculado con procedimientos de expulsión, deportación o devolución derivados de la aplicación de las disposiciones migratorias de los países de destino. Ambas modalidades adquieren especial relevancia frente al endurecimiento de las políticas de control migratorio y las medidas de deportación impulsadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América durante la segunda administración del presidente Donald Trump, circunstancias que demandan una respuesta institucional oportuna, coordinada y con pleno respeto a los derechos humanos. Bajo esta perspectiva, los procesos de retorno migratorio plantean retos que trascienden el traslado de las personas a sus lugares de origen, pues implican la necesidad de garantizar condiciones efectivas para su reintegración familiar, comunitaria, educativa, laboral y social, así como el acceso a servicios de salud, atención psicológica, documentación e identidad jurídica. En consecuencia, estas circunstancias hacen indispensable fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, consolidar los mecanismos de atención institucional y promover acciones integrales que permitan a las personas migrantes retornadas reconstruir sus proyectos de vida en condiciones de dignidad, igualdad y no discriminación, reconociendo que la atención de este fenómeno constituye una responsabilidad pública permanente y no únicamente una respuesta frente a situaciones coyunturales. Desde nuestra responsabilidad como personas legisladoras, consideramos fundamental privilegiar el diálogo, la construcción de consensos y la suma de esfuerzos institucionales que permitan consolidar un frente común en favor de las personas migrantes y sus familias, por encima de cualquier diferencia política o partidista. Bajo esta convicción, estimamos necesario avanzar en el análisis y dictaminación de las diversas proposiciones de punto de acuerdo que, desde distintas perspectivas políticas, comparten el propósito de exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones y mecanismos destinados a garantizar el pleno ejercicio, respeto y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, desplazadas y de sus familias. Lo anterior, en el entendido de que tales derechos no constituyen concesiones de la autoridad, sino prerrogativas inherentes a la dignidad humana, cuyo reconocimiento y garantía encuentran sustento en nuestro orden constitucional y convencional. III.1.1. Plan Estatal de Atención a Migrantes Guanajuatenses y sus Familias El exhorto responde a una demanda social legítima y urgente de las familias guanajuatenses con miembros en movilidad humana, al requerir que el Ejecutivo Estatal asuma un rol protagónico en la protección integral de sus connacionales. Políticamente, impulsa la corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno y posiciona a Guanajuato como un estado que no solo recibe remesas, sino que protege activamente a su diáspora mediante políticas públicas con presupuesto etiquetado y mecanismos de coordinación interestatal e internacional. Desde la perspectiva institucional, la creación de un Plan Estatal de Atención a Migrantes Guanajuatenses y sus Familias fortalece la arquitectura de protección existente —como el programa MigranTeQuiero— al dotarla de suficiencia presupuestal, indicadores medibles y una ruta de acción clara en reintegración, asesoría jurídica, reunificación familiar y atención humanitaria. La formalización de un mecanismo permanente de coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y su red consular permite operativizar la atención en tres fases —en EE. UU., en frontera y en Guanajuato—, optimizando recursos y garantizando continuidad en la protección. Quienes integramos la Comisión de Atención a las Personas Migrantes del Congreso del Estado de Guanajuato, al dictaminar favorablemente este punto, reafirmamos su función constitucional de conocer, analizar y promover políticas públicas que atiendan las causas y efectos de la migración en la entidad. Este dictamen se inscribe en el trabajo político del Poder Legislativo guanajuatense, que mediante el ejercicio de su facultad de exhorto impulsa la mejora continua de los programas estatales y federales en beneficio de las personas migrantes y sus familias. III.1.2. Fortalecimiento de mecanismos jurídicos, diplomáticos y de protección consular El exhorto refleja un consenso político transversal sobre la necesidad de que el Estado mexicano ejerza plenamente sus facultades de protección consular frente a actos de abuso, arbitrariedad o uso indebido de la fuerza por parte de agentes migratorios estadounidenses. Políticamente, envía un mensaje de unidad nacional en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas, alineado con el llamado a la unidad nacional formulado por la Presidenta de la República. Institucionalmente, el diseño e implementación de un Plan Familiar de Prevención y una Red de Respuesta Inmediata complementa las estrategias jurídicas y de protección consular existentes, al brindar información, acompañamiento y asistencia oportuna a las personas migrantes y sus familias. Estos mecanismos operan bajo un enfoque de derechos humanos, unidad familiar y atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad, lo cual es congruente con los protocolos de atención en tres fases ya operados por el Gobierno del Estado de Guanajuato. Al dictaminar en sentido positivo, ejercemos la atribución de promover la coordinación intergubernamental y el fortalecimiento de los mecanismos de protección a personas migrantes. Este acuerdo evidencia el compromiso político del Poder Legislativo estatal con la defensa irrestricta de los derechos humanos de las guanajuatenses y guanajuatenses en el exterior, mediante exhortos que impulsan la mejora de la actuación consular y diplomática del Estado mexicano. III.1.3. Coordinación con procedimientos especiales de Naciones Unidas y fortalecimiento presupuestal El exhorto articula una estrategia política de alto nivel al solicitar la activación de mecanismos de supervisión internacional que contribuyan a la prevención de violaciones a derechos humanos y al esclarecimiento de hechos. Políticamente, posiciona a México y a Guanajuato como actores comprometidos con el multilateralismo y la rendición de cuentas en materia migratoria, alineándose con los estándares internacionales de protección a personas migrantes. Consideramos que, desde lo institucional, la integración y remisión de información a la Relatoría sobre derechos de las personas migrantes de Naciones Unidas fortalece los sistemas de monitoreo y evaluación de la política exterior mexicana. El fortalecimiento prioritario del presupuesto destinado a la protección legal de personas migrantes mexicanas en el exterior reconoce que la asistencia jurídica efectiva es un componente esencial de la protección consular, lo cual es consistente con las visitas consulares a centros de detención y la asistencia legal ya reportadas por la red consular mexicana. Esta Comisión legislativa del Congreso del Estado de Guanajuato, al favorecer este exhorto, cumple con su mandato de impulsar reformas y políticas que fortalezcan la protección de las personas migrantes guanajuatenses. Este ejercicio forma parte del trabajo político que mediante la promoción de diálogos y análisis en el Senado de la República busca consolidar mecanismos de seguimiento y control parlamentario en materia de política exterior migratoria. III.1.4. Ampliación presupuestaria líquida y extraordinaria a la red consular El exhorto responde a una necesidad política de dotar de suficiencia financiera y capacidad operativa real a la red consular mexicana ante el incremento de acciones en contra de la comunidad migrante. Políticamente, refleja la voluntad del Congreso del Estado de Guanajuato de exigir al Ejecutivo Federal recursos extraordinarios que permitan una protección consular efectiva y sistemática. La ampliación presupuestaria permitiría fortalecer mecanismos de seguimiento, visitas periódicas a centros de detención, evaluación de condiciones de salud y atención prioritaria a casos de riesgo inminente a la vida o integridad de las personas migrantes. Estas acciones son congruentes con el aumento del 33% en visitas consulares a centros de detención reportado en 2026, lo cual demuestra la necesidad de sostener y ampliar estos esfuerzos con recursos adicionales. Al dictaminar favorablemente, ejercemos la función de vigilar y promover la suficiencia de los recursos destinados a la protección de las personas migrantes. Este acuerdo evidencia el trabajo político del órgano legislativo guanajuatense, que mediante exhortos —como ya lo hemos realizado y lo hemos dicho— al Ejecutivo Federal y al Senado busca consolidar una política exterior con enfoque de derechos humanos y protección consular reforzada. III.1.5. Atención a queja ciudadana y mejora de servicios consulares Este exhorto atiende una demanda ciudadana concreta —queja del ciudadano José David Castro— y responde a la necesidad política de garantizar que los servicios consulares se presten sin discriminación ni criminalización. Políticamente, envía un mensaje de que el Congreso del Estado de Guanajuato está atento a las vulneraciones de derechos y exige la mejora continua de los servicios públicos a connacionales en el exterior. Desde nuestra perspectiva institucional, la implementación de mecanismos de mejora para los servicios consulares y protocolos de actuación es esencial para evitar acciones de discriminación o criminalización en los tratos con connacionales. El fortalecimiento de las capacidades operativas e institucionales de los consulados que prestan servicios a guanajuatenses en Estados Unidos de América es congruente con la operación de las Oficinas de Enlace del programa MigranTeQuiero en Atlanta, Chicago, Los Ángeles y San Antonio. De esta manera, cumplimos como personas legisladoras con la atribución de conocer y promover la mejora de los servicios de atención a personas migrantes y sus familias. Este dictamen forma parte del trabajo institucional, que mediante exhortos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Congreso de la Unión impulsa el fortalecimiento institucional de la red consular mexicana. III.1.6. Fortalecimiento de la estrategia MigranTeQuiero y pronunciamiento contra acciones de ICE El exhorto responde a una demanda política de las familias guanajuatenses afectadas por fallecimientos, detenciones o retornos forzados de personas migrantes en EE. UU. Políticamente, posiciona al Congreso del Estado de Guanajuato en defensa de los derechos humanos de sus connacionales y en respaldo a las acciones del Gobierno de la República frente a los operativos de ICE. Así, el fortalecimiento de la estrategia MigranTeQuiero mediante mecanismos específicos de atención integral a familias de personas migrantes fallecidas, detenidas o retornadas es congruente con el protocolo de atención en tres fases ya operado por el Gobierno del Estado. La asignación de una partida presupuestal específica al programa MigranTeQuiero es necesaria para garantizar su operatividad, dado que se ha denunciado la ausencia de presupuesto etiquetado para este programa en el Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Derechos Humanos. De esta manera —al pronunciarnos a favor— patentamos nuestra función de promover la mejora y suficiencia presupuestal de los programas estatales de atención a migrantes. Este acuerdo evidencia, que mediante exhorto se pronuncia en favor de la protección de las personas migrantes y en contra de las acciones de ICE, mostrando de esta manera nuestro trabajo político. III.1.7. Respaldo al llamado de unidad nacional de la Presidenta de la República El exhorto refleja un consenso político en torno al llamado de unidad nacional formulado por la Presidenta de la República en defensa de las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos de América. Políticamente, posiciona al Congreso del Estado de Guanajuato como un actor comprometido con la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y con el respaldo a las acciones diplomáticas, consulares y jurídicas del Gobierno de México. El respaldo a las acciones emprendidas por el Gobierno de México para exigir la investigación y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en operativos y centros de detención de ICE es congruente con el aumento del 33% en visitas consulares a centros de detención reportado en 2026. La demanda de respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas mexicanas y el acompañamiento integral a las familias de las víctimas se alinea con los protocolos de atención en tres fases del programa MigranTeQuiero. De esta manera, cumplimos con su mandato de promover la coordinación intergubernamental y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Esta acción forma parte de las acciones federales que en coordinación se impulsa en una política exterior con enfoque de derechos humanos y protección consular reforzada. III.1.8. Prohibición del uso de dispositivos de descarga eléctrica por ICE El exhorto responde a una demanda política de las personas migrantes mexicanas y sus familias ante el uso de dispositivos de descarga eléctrica —guantes Trax— por parte de agentes de ICE. Políticamente, nos coloca como Poder Legislativo siendo un actor comprometido con la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y con el rechazo a prácticas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que fortalezca las acciones de asistencia jurídica y protección consular, y realice gestiones diplomáticas para prohibir el uso de dispositivos de descarga eléctrica, es congruente con el aumento del 33% en visitas consulares a centros de detención reportado en 2026. La valoración de poner en conocimiento del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas la información relativa al uso de estos dispositivos es consistente con los mecanismos de supervisión internacional ya solicitados en otros exhortos. Al considerarla dentro de este acto de dictaminación, se cumple con la atribución de promover la coordinación intergubernamental y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, y con respecto al Comité contra la Tortura de la ONU impulsa una política exterior con enfoque de derechos humanos y protección consular reforzada. III.2. Marco constitucional y legal de protección a personas migrantes El artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las personas migrantes, sin distinción de nacionalidad, estatus migratorio o condición social. El artículo 12 de la Ley para la Protección y Atención del Migrante del Estado de Guanajuato establece como atribución de la —Secretaría de Derechos Humanos— diseñar, proponer, promover, instrumentar y evaluar políticas públicas para la atención integral de los migrantes. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en su artículo 108 —fracciones II, IV y V—, otorga a esta Comisión de Atención a las Personas Migrantes la facultad de conocer y dictaminar los asuntos relativos a la migración en el estado y los relativos al respeto de los derechos humanos de los migrantes guanajuatenses y la atención a las familias migrantes en las comunidades guanajuatenses en el extranjero. III.3. Convergencia temática y complementariedad de las proposiciones Las ocho proposiciones con punto de acuerdo materia de este dictamen comparten un objeto común: fortalecer la protección y atención integral a las personas migrantes guanajuatenses y sus familias. Si bien cada proposición tiene énfasis específicos —plan estatal, protección consular, presupuesto federal, movilidad temporal, prohibición de dispositivos de descarga eléctrica, etc.—, todas convergen en la necesidad de una respuesta institucional coordinada entre los tres niveles de gobierno. Esta convergencia temática justifica la integración de un dictamen único que agrupe las ocho proposiciones en un solo acuerdo legislativo, toda vez que la aprobación fragmentada de cada proposición generaría duplicidad de exhortos, dispersión de esfuerzos institucionales y debilitamiento del mensaje político del Poder Legislativo estatal. Las proposiciones son pertinentes y oportunas dado que son respuesta a una demanda social legítima, las familias guanajuatenses con miembros en movilidad humana exigen una respuesta institucional coordinada ante el incremento de operativos de ICE, las detenciones en centros migratorios y los casos de fallecimientos de connacionales bajo custodia migratoria estadounidense. El fortalecimiento del programa MigranTeQuiero, donde el Gobierno del Estado de Guanajuato opera el Plan de Retorno Asistido denominado MigranTeQuiero, el cual cuenta con un protocolo de atención en tres fases. Sin embargo, consideramos que debe seguir fortaleciéndose el presupuesto etiquetado de la Secretaría de Derechos Humanos para el ejercicio fiscal 2026, para no limitar su operatividad y capacidad de respuesta. Por otro lado, existe la necesidad de coordinación con la red consular de México en los Estados Unidos, donde de acuerdo a fuente oficiales se ha realizado 9,929 visitas a centros de detención en 2026, un aumento de 33% respecto al año anterior, lo cual demuestra la necesidad de sostener y ampliar estos esfuerzos con recursos adicionales y mecanismos de coordinación permanente con el Estado de Guanajuato. De igual manera, las proposiciones se alinean con las acciones diplomáticas, consulares y jurídicas emprendidas por el Gobierno de México para exigir la investigación y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en operativos y centros de detención de ICE, así como con el llamado a la unidad nacional. Las proposiciones son viables en razón de que las atribuciones del Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Guanajuato tiene atribuciones para diseñar, proponer, promover, instrumentar y evaluar políticas públicas para la atención integral de los migrantes, incluyendo la elaboración de un Plan Estatal de Atención a Migrantes Guanajuatenses y sus Familias. De igual forma, las atribuciones del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión tienen atribuciones constitucionales y legales para fortalecer la protección consular, asignar recursos presupuestales adicionales y promover reformas legislativas en materia de política exterior migratoria. Por otro lado, sabemos de la vigencia de los mecanismos de coordinación existentes como el programa MigranTeQuiero ya cuenta con oficinas de enlace en Atlanta, Chicago, Los Ángeles y San Antonio, lo cual facilita la coordinación con la red consular mexicana y la implementación de un mecanismo permanente de colaboración entre el Estado de Guanajuato y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este acto institucional se funda en el consenso político transversal sobre la necesidad de que el Estado mexicano ejerza plenamente sus facultades de protección consular frente a actos de abuso, arbitrariedad o uso indebido de la fuerza por parte de agentes migratorios estadounidenses. Este consenso se refleja en la presentación de las proposiciones por parte de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y del Partido MORENA, lo cual evidencia un acuerdo político básico en torno a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes guanajuatenses. Este dictamen en sentido positivo se funda principalmente en la necesidad institucional de fortalecer la arquitectura de protección existente —como el programa MigranTeQuiero— al dotarla de suficiencia presupuestal, indicadores medibles y una ruta de acción clara en reintegración, asesoría jurídica, reunificación familiar y atención humanitaria. La formalización de un mecanismo permanente de coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y su red consular permite operativizar la atención en tres fases —en Estados Unidos de América, en frontera y en Guanajuato—, optimizando recursos y garantizando continuidad en la protección. De esta manera fundamos nuestro accionar en el marco constitucional y legal de protección a personas migrantes y sus familias, que establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de nacionalidad, estatus migratorio o condición social. La Comisión de Atención a las Personas Migrantes del Congreso del Estado de Guanajuato, reafirma su función constitucional de conocer, analizar y promover políticas públicas que atiendan las causas y efectos de la migración en la entidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Este dictamen se inscribe en el trabajo institucional de esta Comisión legislativa, que mediante el ejercicio de sus atribuciones promueve la coordinación intergubernamental, el fortalecimiento de los programas estatales y federales, y la protección integral de los derechos humanos de las personas migrantes guanajuatenses y sus familias. Es decir, las proposiciones con punto de acuerdo presentadas evidencia el compromiso político del Poder Legislativo guanajuatense con la defensa irrestricta de los derechos humanos de las personas guanajuatenses en el exterior, mediante exhortos que impulsan la mejora de la actuación consular y diplomática del Estado mexicano, así como el fortalecimiento presupuestal de los programas de atención a personas migrantes. Este acuerdo único forma parte del trabajo político del Congreso del Estado de Guanajuato, que mediante la promoción de diálogos, análisis y reformas en los ámbitos estatal y federal busca consolidar una política migratoria con enfoque de derechos humanos, protección consular reforzada y atención integral a las personas migrantes y sus familias. En ese sentido, podemos decir que Guanajuato es una de las entidades federativas con mayor tradición migratoria en México, con una diáspora significativa en los Estados Unidos de América que requiere protección consular reforzada ante el incremento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —ICE—, las detenciones en centros migratorios y los casos de fallecimientos de connacionales bajo custodia migratoria estadounidense. Que durante 2025 y 2026 se han registrado múltiples casos de guanajuatenses fallecidos, detenidos o retornados forzadamente, lo cual exige una respuesta institucional coordinada entre los tres niveles de gobierno. Así pues este dictamen se inscribe en el trabajo institucional de esta Comisión legislativa, que mediante el ejercicio de sus atribuciones promueve la coordinación intergubernamental, el fortalecimiento de los programas estatales y federales, y la protección integral de los derechos humanos de las personas migrantes guanajuatenses y sus familias. Y, en ese sentido, las proposiciones con punto de acuerdo presentadas evidencia el compromiso político del Poder Legislativo guanajuatense con la defensa irrestricta de los derechos humanos de las guanajuatenses y guanajuatenses en el exterior, mediante exhortos que impulsan la mejora de la actuación consular y diplomática del Estado mexicano, así como el fortalecimiento presupuestal de los programas de atención a personas migrantes. Por las razones expuestas y fundadas en los considerandos del presente dictamen, esta Comisión de Atención a las Personas Migrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura somete a la consideración del Pleno la aprobación del presente dictamen —dada su viabilidad política— relativo a las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y del Partido MORENA, en materia de protección y atención integral a personas migrantes guanajuatenses y sus familias. Finalmente, es esencial dejar claro que, para quienes dictaminamos la coordinación entre las autoridades federales y estatales en materia de migrantes implica la colaboración de diferentes órdenes de gobierno para formular políticas migratorias, proteger los derechos humanos de las personas migrantes, y gestionar flujos migratorios. Para esos efectos es necesario la utilización de diversos mecanismos, como la creación de comités interinstitucionales y protocolos de actuación, para asegurar una respuesta integral que incluye asistencia humanitaria, información y campañas de difusión de derechos. Es fundamental entonces que en una acción coordinada entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno —atendiendo al ámbito competencial de cada una— con base en principios constitucionales y atendiendo a la legalidad, se generen actividades de apoyo a las personas migrantes en Estados Unidos de América y en otros lugares del mundo, tales como soporte logístico, orientación, capacitación e integración de grupos de familiares y amigos. Desde este Congreso del Estado de Guanajuato, reconocemos que una coordinación institucional efectiva en materia migratoria debe traducirse en acciones concretas, articuladas y permanentes que garanticen la protección integral de las personas migrantes y sus familias. Ello exige fortalecer los mecanismos de información y difusión de sus derechos, impulsar estrategias conjuntas para la atención oportuna de los flujos migratorios y promover políticas públicas que favorezcan su integración social, económica y laboral. La coordinación entre autoridades no debe limitarse al intercambio de información, sino constituirse en un instrumento efectivo para generar respuestas institucionales oportunas, eficientes y acordes con las necesidades de esta población. Por ello, resulta indispensable consolidar una actuación transversal entre los tres órdenes de gobierno, sustentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano y el reconocimiento de la dignidad humana como principio rector de toda política migratoria. Solo mediante la corresponsabilidad institucional y la articulación de esfuerzos será posible avanzar hacia un modelo de atención que brinde certeza, protección y oportunidades reales de inclusión a las personas migrantes guanajuatenses y sus familias. En ese contexto, quienes integramos la Comisión de Atención a las Personas Migrantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura sostenemos que la atención de este fenómeno demanda mucho más que declaraciones de voluntad o esfuerzos institucionales aislados. Requiere decisiones responsables, mecanismos eficaces de coordinación y acciones públicas que se traduzcan en resultados verificables para las personas migrantes y sus familias. De ahí que resulte fundamental fortalecer, desde el ámbito de competencia de cada autoridad, las condiciones que permitan garantizar su seguridad, prevenir la discriminación y la exclusión, facilitar el acceso efectivo a los servicios de salud y justicia, así como propiciar su integración y el fortalecimiento del tejido social en las comunidades de origen, tránsito, destino y retorno. Por estas razones, esta Comisión Legislativa hacemos un llamado firme y respetuoso a las autoridades federales, estatales y municipales para que, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, fortalezcan los instrumentos de colaboración, optimicen los mecanismos de atención y consoliden políticas públicas integrales, transversales y sostenibles que coloquen en el centro de su actuación a las personas migrantes y sus familias. La protección de sus derechos no admite respuestas fragmentadas ni actuaciones desvinculadas; exige una visión de Estado, responsabilidad compartida y una coordinación institucional capaz de transformar las obligaciones jurídicas en acciones efectivas. Así, reafirmamos que la defensa de los derechos de las personas migrantes y sus familias constituye un compromiso permanente del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Nuestra responsabilidad no se agota en la construcción de disposiciones normativas, sino que comprende también el impulso de acuerdos institucionales, el fortalecimiento de la coordinación entre autoridades y la exigencia de que las políticas públicas respondan a las realidades y necesidades de quienes migran. Porque la dignidad humana no reconoce fronteras y la protección de los derechos no puede depender de la condición migratoria de las personas. En Guanajuato, la atención a nuestras personas migrantes y sus familias debe asumirse como una responsabilidad pública irrenunciable, sustentada en la legalidad, la solidaridad, la justicia social y, sobre todo, en el compromiso de traducir los principios constitucionales en resultados concretos. Con fundamento en los artículos 108, 186 y 218 —tercer párrafo, fracción III— de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente: Acuerdo Único. La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato acuerda girar un atento y respetuoso exhorto a las autoridades federales y locales competentes en materia migratoria; a los 46 ayuntamientos de la entidad; así como a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan los mecanismos de colaboración, coordinación y cooperación interinstitucional, mediante acciones conjuntas y permanentes que permitan garantizar la protección de los derechos humanos, la asistencia jurídica y consular, la atención integral y el acompañamiento oportuno de las personas migrantes guanajuatenses y sus familias, particularmente ante situaciones de detención, deportación, retorno o fallecimiento, así como impulsar estrategias de prevención, intercambio de información y fortalecimiento de capacidades institucionales y presupuestarias, con un enfoque de corresponsabilidad, dignidad humana y respeto al marco constitucional y convencional aplicable. GUANAJUATO, GTO., A 29 DE OCTUBRE DE 2026 LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MIGRANTES Diputada Yesenia Rojas Cervantes Diputada Hades Berenice Aguilar Castillo Diputada Noemí Márquez Márquez Diputado Roberto Carlos Terán Ramos Diputado Ernesto Millán Soberanes

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