- Diputada Plásida Calzada Velazquez - Con su venía diputada presidenta y de la mesa directiva, damos la más cordial de las bienvenidas a las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en el Congreso del Estado. - El día de hoy presentamos a consideración de esta soberanía una iniciativa que atiende no solamente un mandato legal, que responde a una exigencia ética a garantizar que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en Guanajuato se traduzcan en realidad concreta. Hoy nuestra Constitución Política ya los reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este reconocimiento no es simbólico, implica también obligaciones claras para el Estado, obligaciones como establecer políticas públicas que garanticen su desarrollo integral, intercultural y sostenible y que de manera específica, asignen recursos públicos bajo criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales, que además deben ser administrados directamente por las comunidades. - En armonía con este mandato, la Constitución Política del Estado de Guanajuato reconoce la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y establece también de manera expresa garantizar su desarrollo integral. Hoy el marco jurídico es claro, el reto es hacerlo efectivo, porque mientras en la ley estamos hablando de derechos, en la realidad seguimos viendo desigualdades profundas. Recordemos que en México de acuerdo con el catálogo nacional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas hay más de 16 mil comunidades pertenecientes a diferentes pueblos indígenas. Tan solo en Guanajuato contamos con más de 90 comunidades pertenecientes a los pueblos chichimeca y otomí y la mayor parte de estas comunidades se concentran en la zona noreste del estado y es ahí donde también los niveles de pobreza superan en muchos casos el 50%. - Por ejemplo, en Atarjea tienen un nivel de pobreza del 68.8%, en Xichú, 61.4% y Tierra Blanca, un 54%, según la última medición municipal de pobreza multidimensional. Esto no solamente refleja una condición económica, refleja más bien esa deuda estructural que hasta el momento no ha logrado saldarse y frente a ello, hoy debemos preguntarnos con responsabilidad. ¿Estamos actuando de acuerdo al mandato constitucional? ¿Lo estamos cumpliendo? Hoy la asignación de recursos públicos para estas comunidades no se realiza de manera directa, se canaliza principalmente a través de programas y dependencias y esto limita el ejercicio pleno de la autonomía, además, en la práctica, ni a nivel estatal ni a nivel municipal, hemos observado partidas presupuestales claramente identificadas y destinadas de manera directa a los pueblos y a las comunidades, como es un mandato constitucional, esto es una exigencia que el día de hoy se vive en las comunidades y no se trata de hacer señalamientos, es un área de oportunidad institucional. Por ello, en esta iniciativa proponemos armar nuestro marco legal para dar cumplimiento efectivo a lo que la constitución ya establece. Se plantea reformar la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los municipios de Guanajuato, a fin de que se incluyan partidas presupuestales específicas para los pueblos y las comunidades indígenas, garantizando que estos recursos sean entregados y ejercidos de manera directa. - Reformar la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, reconociendo en todo momento a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos en el manejo de esos recursos y fortalecer también a Ley para la Protección de los Pueblos y Comunicades Indígenas y Afromexicanas, incorporando mecanismos claros para la administración, para la vigilancia y la rendición de cuentas, desde las propias comunidades, todo esto bajo principios de legalidad, de transparencia, eficacia y respeto a la autonomía. - Esta iniciativa no se queda nada más en lo jurídico. Reconoce que el ejercicio del gasto público debe estar profundamente vinculado a las necesidades reales de cada comunidad. Por eso, de manera respetuosa, esta propuesta también hace un llamado a los municipios con presencia indígena para que fortalezcan y, en su caso, rediseñen sus políticas públicas orientándolas prioritariamente a atender las condiciones básicas de bienestar. Sin señalar, ni descalificar, es importante hoy reflexionar que en ocasiones los recursos públicos pueden no estar alineados con los recursos públicos reales de nuestra gente y es ahí donde debe actuarse con responsabilidad, porque gobernar también implica prioridad y priorizar significa también poner al centro a las personas, asegurar un acceso al agua, a la salud, a la educación y a la infraestructura básica no puede ser un tema secundario, este enfoque no está limitando la autonomía municipal, por el contrario, la fortalece, porque una política pública bien orientada genera mayor impacto social y genera mayor confianza de nuestros ciudadanos. - Además, esta iniciativa retoma experiencias que ya han demostrado resultados, como el modelo federal en el que los recursos llegan de manera directa a las comunidades. Cuando esto sucede, las decisiones se toman en asamblea, que resulta la máxima autoridad en cada una de las comunidades, se crean comités de administración, de vigilancia y de coordinación, y el recurso se traduce entonces en obras y acciones que de manera verdadera están respondiendo a las necesidades de nuestra gente. - Esto no solamente mejora la eficiencia del gasto, fortalece el tejido comunitario y materializa el derecho a la autonomía. Hoy estamos frente a la oportunidad de alinear nuestras leyes con nuestra Constitución, pero también de alinear nuestras decisiones con la realidad que viven miles de personas indígenas y afromexicanas en Guanajuato, esta iniciativa no busca sustituir instituciones, busca fortalecerlas, no busca centralizar decisiones, más bien devolverlas a quienes les corresponden. Se trata de reconocer que pueblos y comunidades indígenas no son beneficiarios pasivos, sino actores con capacidad plena para decidir sobre su desarrollo. - Es cuanto, presidenta, muchas gracias