- Diputada Maribel Aguilar González - Muchas gracias, diputado, Presidente, muy buenos días, tengan todas y todos los compañeros y los aquí presentes, en este espacio. - El Gobierno del Estado, ha convertido la educación en un espacio de reparto político donde los cargos directivos se entregan no por capacidad sino por conveniencia, y eso, más que una falta administrativa, es una violación directa a la ley y un atentado contra el futuro de nuestras juventudes. - La educación debe garantizarse con calidad, equidad, transparencia y legalidad y esos principios no son ornamentales, son obligaciones. La ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros y la propia Ley de Educación del Estado de Guanajuato, señalan que las direcciones deben ocuparse mediante procedimientos públicos y basados en el mérito, pero en Guanajuato ese marco jurídico ha sido ignorado sistemáticamente, hoy tenemos instituciones dirigidas por personas que no cumplieron con una convocatoria que no cuenta con el perfil requerido, que carecen de experiencia directiva y que aun así, encabezan planteles enteros, la razón, su cercanía política con quienes gobiernan el mérito académico y la trayectoria profesional quedaron relegados a segundo plano, esto ha creado encargadurías, prolongadas, figuras que deberían ser temporales, pero que en el Gobierno del Estado utiliza como mecanismos para mantener el control sin asumir responsabilidad legal. - Hay casos documentados donde una persona nombrada como encargada de despacho se ostenta públicamente como rectora sin cumplir con los requisitos mínimos que exige la ley, este tipo de designaciones no son errores aislados son prácticas recurrentes y las consecuencias están a la vista, en lugar de fortalecer instituciones, se ha creado un clima de desconfianza, incertidumbre laboral y deterioro institucional, docentes con años de preparación son desplazados por criterios ajenos a la academia planteles enteros operan en la inestabilidad de decisiones improvisadas y todo esto repercute directamente en la calidad educativa que reciben, miles de estudiantes. - El Gobierno del Estado tenía la obligación de garantizar procesos transparentes, ha preferido garantizar control político, también existen denuncias en diversos subsistemas sobre despidos injustificados, presión laboral, manipulación de plantillas y cuotas sindicales discrecionales, la respuesta institucional frente a estas acusaciones ha sido en silencio, un silencio que confirma más que aclara, la educación no puede estar subordinada a intereses partidistas y un Gobierno que manipula los nombramientos educativos para preservar cuotas internas demuestra que su prioridad no es el aprendizaje, sino la convivencia, por eso, el punto de acuerdo que presentó hoy, tiene un objetivo concreto para poner fin a estas prácticas. - Primero, se solicita que la Gobernadora del Estado realice una revisión exhaustiva y verificable de todos los nombramientos en los subsistemas de educación media superior y superior para confirmar que cumpla con los perfiles profesionales que exige la ley; segundo, que se emitan convocatorias públicas y abiertas en todos los planteles donde hoy existe una encarga duraría y convocatorias reales, porque son simuladas, son reglas claras, requisitos y objetivos, mecanismo que garantice la idoneidad, para que prevalezca sobre la cercanía política, estas acciones no son opcionales, son obligaciones legales y son urgentes porque cuando un Gobierno coloca a personas sin el perfil adecuado al frente de instituciones educativas, están comprometiendo el derecho a una educación de calidad, está debilitando el sistema desde la raíz y está enviando un mensaje muy claro a la ley, la ley se aplica solo cuando conviene, nuestra responsabilidad es vigilar, señalar y exigir correcciones cuando la legalidad se vulnera, muchas gracias diputado, Presidente.