- Diputado David Martínez Mendizábal - Gracias, Presidente, les saludo con afecto y este punto de acuerdo tiene que ver con el papel de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que está pues bien especificada en la Ley de Fiscalización de nuestra propia entidad y en donde se manifiesta que la auditoría tiene el papel de revisar el uso de los recursos públicos, emitir observaciones y promover las acciones de responsabilidad correspondientes cuando se detecten irregularidades, asunto que en ocasiones puede se les se les pasa un poquito y tiene que ver con las cuentas que debe rendir el municipio de Guanajuato. - La SEG, presentó el informe de resultados de la cuenta pública del ejercicio 2023, turnada al Congreso el 7 de noviembre del año pasado dentro de este informe se detectaron observaciones en materia de transporte público que evidencian omisiones graves de la administración municipal, la observación 004 documenta que de un total de 87 unidades de servicio público de transporte urbano y suburbano operaron durante 2023, sin contar con concesión vigente o con títulos de concesión vencidos, hoy esta situación constituye un incumplimiento directo al Reglamento de transporte público. - El análisis técnico de la SEG, confirma que las unidades prestaron el servicio sin autorización válida, además de acuerdo con la Ley de Ingresos Municipal, pues hay un impacto económico, pues el otorgamiento de concesiones genera derechos económicos que deben cobrarse, sin embargo, no se acreditó el ingreso correspondiente por concepto de derechos de concesión, ni se documentaron los procedimientos administrativos que otorgaron validez a dichas operaciones. - La recomendación 002, la primera fue la 004, esta es la 002 la que voy a hacer referencia, se exhortó al municipio a implementar un programa de regularización y actualización de concesiones del transporte público que incluyera la actualización del padrón de concesionarios, la integración de expedientes completos y mecanismos de control para el cobro de derechos, pese a ello, el municipio no acreditó acciones concretas ni avances verificables, no se presentaron evidencias de reuniones, acuerdos o resultados, por lo que la recomendación pues se considera no atendida. - Por tanto, corresponde a la SEG dar seguimiento a las observaciones no solventadas e iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa y o penal que resulten procedentes, sin embargo, a 5 meses de la publicación del acuerdo del Congreso que declaró revisada la cuenta pública municipal 2023, no se ha reportado avances en la sustanciación ni en la revisión de los casos en las autoridades competentes para la sanción. El que la auditoría, aún no haya iniciado los procedimientos correspondientes implica varios riesgos, como la prescripción de faltas administrativas, la caducidad de procedimientos, la pérdida o deterioro de evidencias e incluso la reincidencia de prácticas irregulares. Esto quiere decir que voltear para otra parte, sin cumplir su función, pues se puede incurrir en una especie como de complicidad con el municipio, cosa que no estamos afirmando, pero está como hipótesis de trabajo, se tiene que plantear así; por lo anterior, el punto de acuerdo plantea que el Congreso pida a la SEG que agilice la sustanciación, de las observaciones no solventadas y promueva las responsabilidades administrativas y penales que correspondan y/o penales que correspondan, asimismo, se solicita que en un plazo no mayor a 15 días hábiles remita un informe de avance a la comisión de Hacienda y Fiscalización, como se ha dicho aquí hasta el cansancio, pues el dinero público es dinero sagrado, vamos a ver si realmente el Partido Acción Nacional y la gente que en ocasiones le cuida las espaldas avala estas frases, eso es todo Presidente, muchas gracias.