- Diputado Juan Carlos Romero Hicks - Distinguidas legisladoras y legisladores, audiencia que nos acompaña, la presente iniciativa tiene como objeto armonizar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la Constitución Local, concentrándonos de manera principal en 2 elementos: Primero, la prisión preventiva oficiosa y segundo, la cláusula de soberanía y no intervención. - Quiero hacer una reflexión, porque esta propuesta para asumir la responsabilidad constitucional atiende a un flagelo que probablemente es de los más delicados y que tiene que ver con la extorsión, y se junta con otra propuesta que la próxima semana el Congreso de la Unión recibe la iniciativa presidencial ya dictaminada en la Cámara de Diputados en Comisiones Unidas para que el Congreso de la Unión pueda legislar de manera general el delito de extorsión; el gobierno nacional ha enviado señales muy claras de que este es un delito prioritario y el caso local lo ha venido acompañando. - Guanajuato es uno de los estados que tiene de los mayores flagelos de extorsión; la extorsión, ya sea telefónica, por cobro de piso, por derecho de paso, está presente en la mayoría de las estructuras criminales del país, en algunas ocasiones, prácticamente ha afectado a gran parte de las familias que conocemos. - El 6 de julio, el Gobierno Nacional presentó una estrategia inicial con 5 elementos a los que les damos la bienvenida: primero, el uso de la inteligencia e investigación criminal; segundo, la promoción de unidades antiextorsión; tercero, la aplicación sistemática del protocolo de atención a víctimas; cuarto, la capacitación de operadores con la introducción del número 089 en manejo de crisis; y quinto, el despliegue de una campaña nacional de prevención, pero esto no es suficiente, se van a tener que atender otro tipo de medidas. Anteriormente, con fecha de diciembre del año pasado, se expidió la modificación que aprobamos aquí a nivel local de la Constitución Federal del país, dando un margen de hasta 365 días, estamos en tiempo para que lo local se expida la legislación necesaria para perseguir el delito de oficio, reconocer el Estado como víctima y garantizar una protección efectiva a quienes sufren este ilícito. - En este sentido, la armonización que se propone incorpora en la Constitución de Guanajuato el delito de extorsión dentro de conductas sujetas a prisión preventiva oficiosa y que se vaya alineando a los parámetros de una coordinación estatal y federal. Debo advertir 2 aspectos: El primero es que está demostrado que la prisión preventiva oficiosa no basta ni es la solución única para poder atender el tema del delito; sin embargo, acompañamos la intención para enviar un mensaje a la sociedad y el otro mensaje es que esto no se puede arreglar desde el centro del gobierno nacional, requiere de la autoridad local, porque es donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. Esa estrategia de extorsión, en el caso siguiente, porque es muy probable que en pocos días nos llegue una minuta del Senado de la República para que la Diputación Permanente convoque a un periodo extraordinario y facultemos al Congreso de la Unión para hacer una Ley General de Extorsión. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que, lamentablemente, en el diseño institucional actual, los congresos locales ya no participamos en una ley general, ni una ley nacional, hay una propuesta de la Junta de Coordinación Política que estamos por procesar en el segundo año de sesiones para que el constituyente permanente también tenga participación activa como un sistema de congreso cuando haya una reforma constitucional nacional y cuando haya leyes generales y leyes nacionales. - Se requiere fortalecer el principio de soberanía y va a ser necesario que hagamos lo local en los 2 temas que ya enunciamos al principio y adicionalmente, que en lo que el Congreso de la Unión haga se atiendan aspectos como congelación de cuentas, los operativos en las cárceles, las lagunas que existen en materia de extorsión, la parte telefónica que hemos venido sufriendo en muchas de las familias, y esto va a requerir: uno, la presencia de policías municipales; dos, perímetros de seguridad en las zonas más delicadas con presencia de fuerzas coordinadas; tercero, la detección de líderes de bandas y pandillas; y cuarto, una línea de base de información sobre lo que está ocurriendo en el caso de la extorsión directa. - Nosotros estamos convencidos que este es un mensaje muy importante para poder preguntarnos ¿Qué es lo que estamos haciendo? y ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer?, porque quien cobra no es simplemente un delincuente, se convierte en un sustituto del Estado, amenaza, sanciona, cobra y en algunos casos hasta protege todo a cambio de una cuota, Es una soberanía criminal adaptada a una ausencia institucional de omisiones locales y omisiones nacionales, no es el centralismo, pero tenemos que tener una coordinación mejor, como lo señala Ángeles Mastretta, nada ganamos luchando por separado para caer vencidos juntos, la respuesta tiene que ser clara y hoy no lo tenemos, y tenemos que enviar un mensaje de que quien gobierna son las autoridades locales y no quien está en ocasiones en control del territorio. Los mexicanos no queremos adaptarnos a vivir bajo la extorsión, si el Estado no recupera su papel como garante de la vida y del patrimonio, la normalización del miedo sería irreversible, la solución no está en centralizar el poder, sino reconstruir el pacto institucional en Estados y municipios. De lo contrario, habríamos fracasado. ¡Es cuanto!