DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO, DE DOS PROPUESTAS DE PUNTO DE ACUERDO ELD 188/LXVI-PPA Y ELD 191/LXVI-PPA. C. DIPUTADO ROBERTO CARLOS TERÁN RAMOS PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E. A la Comisión de Seguridad Pública le fueron turnadas para estudio y dictamen dos propuestas de punto de acuerdo, la primera con número de ELD 188/LXVI-PPA , formulada por la diputada María Eugenia García Oliveros integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a fin de exhortar respetuosamente al Secretario de Seguridad y Paz del estado Juan Mauro González, para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a este Congreso el estatus que guarda la investigación interna realizada por la Secretaría de Seguridad y Paz en contra de Christian Eduardo Morales Palomino con respecto a los acontecimientos señalados en información difundida a través de un video que lo involucra en violaciones a los derechos humanos de dos detenidos en el municipio de Celaya en el año 2020, a fin de generar certeza a los ciudadanos apaseoaltenses de que se respetarán sus derechos humanos sin correr el riesgo de se les violenten; y la segunda con número de ELD 191/LXVI-PPA , signada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar respetuosamente a la Presidenta Municipal de Apaseo el Alto, Monserrat Mendoza Cano, para que, en el ámbito de sus atribuciones reconsidere la permanencia de Christian Eduardo Morales Palomino como subdirector de Seguridad Pública Municipal, toda vez que fue cesado previamente por autoridades estatales tras comprobarse su participación en actos de abuso policial en agravio de derechos humanos fundamentales, y que dicha reincorporación contraviene los principios de ética pública, legalidad, respeto a los derechos humanos y confianza ciudadana indispensables en toda estrategia de seguridad municipal. Analizadas las propuestas de punto de acuerdo de referencia, esta Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 -fracción VI-, 123 -fracción III- y 186 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, rinde el dictamen con base en las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Proceso Legislativo. En sesión de la diputación permanente del 7 de agosto de 2025 la presidencia informó del turno a la Comisión de Seguridad Pública de ambas propuestas de punto de acuerdo con fundamento en el artículo 123 -fracción III- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. En reunión de la Comisión de Seguridad Pública de fecha 14 de agosto de 2025 se dio cuanta con las propuestas de punto de acuerdo, mismas que se analizaron registrándose las siguientes participaciones: El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor apuntó que: El actuar de todas las autoridades y en especial de aquellas que ejercen funciones de seguridad pública independientemente del orden de gobierno al que pertenezcan, deben realizarse en favor de la protección de los derechos humanos. El diputado Alejandro Arias Ávila apuntó que: Lo que se debe revisar es el aspecto de la legalidad, por ello con base en el derecho especial sancionador se debe contemplar los principios de presunción de inocencia y garantía de audiencia por lo que su responsabilidad y culpabilidad se determina hasta que exista una resolución firme de la autoridad competente para efectos de solicitar su destitución. La diputada Martha Edith Moreno Valencia apuntó que: Un personaje que actúa de esta manera es preocupante, la evidencia muestra que el actuar no es correcto y que es preciso tomar medidas para no dejar en el desamparo a los ciudadanos de Apaseo el Alto. El diputado José Erandi Bermúdez Méndez apuntó que: Actualmente, la persona a la que alude la propuesta de punto de acuerdo, no tiene un proceso sancionador o una sanción que le impida ocupar un cargo. Por lo tanto, el estado de derecho debe prevalecer. Agotado el análisis, la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto dictamen en sentido negativo, consolidando ambas propuestas de punto de acuerdo, con fundamento en los artículos 98 -fracción VIII- y, 276 -fracción VIII inciso e- de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Contenido de las propuestas de punto de acuerdo. Quienes integramos la comisión dictaminadora, referenciamos los alcances sobre el cual versa cada propuesta. Respecto a la propuesta formulada por la diputada María Eugenia García Oliveros integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, se expuso lo siguiente: El proceso de degeneración que conduce a las prácticas de abuso policial no inicia en las academias, sino que, por el contrario, en éstas se forma a los policías en derechos humanos, ética y otros valores orientados por la función pública. El proceso comienza al ingresar a las corporaciones, cuando los nuevos policías, con una visión diferente al de los miembros más antiguos, pone en riesgo la dinámica de prácticas informales sistematizadas por estos últimos como mecanismos de actuación cotidiana. Ese es el gran riesgo que se corre cuando se recurre a contratar, en este caso, a recontratar a Christian Eduardo Morales Palomino quien fue cómplice, por decir lo menos, de un acto de abuso policial en el año 2020 siendo integrante de la policía municipal del municipio de Celaya. Recordar que en diciembre del año pasado se difundió el video en el que se observa a Eduardo Morales cuando era coordinador operativo de la Policía de Celaya y a otros elementos, golpeando y obligando a dos detenidos a besarse, lo que generó que la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato a cargo de Juan Mauro González, lo cesara del cargo. Por tal motivo, quien fuera comisario regional de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) dejó de ejercer su cargo. Al parecer, lo habían escogido minuciosamente, según el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Morales Palomino contaba con sus exámenes de control y confianza, así como de ‘conducta intachable’. Sin embargo, los videos del 2020 mostraron abuso de poder por parte del excomandante, golpeando y obligando a los jóvenes a ‘divertirlo’. A pesar de que en ese momento el Gobierno Estatal prometió investigar al mando de la FSPE, hoy reaparece como subdirector de Seguridad Pública en la administración de Apaseo el Alto. De acuerdo con la información oficial y debido a la inexistencia de procesos legales en su contra. De acuerdo a lo declarado por la presidenta municipal, “…no hay nada, está limpio… se preguntó qué fue lo que paso y no hay nada que señalarle, buscamos si había un procedimiento por ahí o algo y no lo hay…” La misma declaró que: Morales Palomino tiene derecho a ejercer labores y ha demostrado ser un buen elemento, por lo que su nuevo cargo le permitirá reivindicarse. ¿Ser parte y cómplice de abuso de poder y de violar derechos humanos de una persona lo hace ser buen elemento?, ¿de esa forma se genera confianza ciudadana hacia la dirección de seguridad pública del municipio de Apaseo el Alto?, ¿debe tomarse como buen ejemplo por parte de los demás elementos?, ¿Por qué la Secretaría de Seguridad y Paz no procedió con alguna sanción?, ¿se continuará protegiendo a los policías ex federales colegas de Sophia Huett? Lo que más preocupa a los ciudadanos de Apaseo el Alto es que Morales Palomino dejo escuela en algunos elementos de seguridad pública de dicho municipio, hasta antes de la publicación de estos videos había varias quejas sobre el actuar de la policía municipal durante todo el trienio pasado, quejas internas y externas que llegaron a demandas laborales por la destitución sin argumentos de algunos elementos. Lo que parece increíble es el silencio que guardan la gobernadora y el secretario de Seguridad y Paz del Estado con respecto al tema, ¿será que lo expresado por Sophia Huett, exsecretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y pareja del secretario sea la posición oficial? Huett dijo: “que hay indignación porque un policía con buenos e históricos resultados en beneficio de la ciudadanía fue reintegrado tras estar presente en un evento lamentable donde no participo ni causo daño, y sobre el cual no existe proceso legal en su contra”. Si bien, no hay un proceso legal en su contra, la Secretaría de Seguridad y Paz el día que anuncio la destitución de Palomino reconoció su participación activa en dicho evento: “Derivado de la investigación interna que se inició a raíz de la difusión de un video en redes sociales, este lunes (16 de diciembre del 2024) se determinó la salida con efecto inmediato del servidor público involucrado”. Como diputada del Distrito XXII, que incluye el municipio de Apaseo el Alto, exijo desde esta tribuna congruencia y responsabilidad de parte de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado: Morales Palomino no solo debe ser destituido de su cargo sino también investigado y castigado por los hechos en donde aparece como uno de los involucrados en humillar, denostar, denigrar y exhibir a dos personas durante una detención. Que no sirva de ejemplo para otros policías, que no sea el modelo a seguir para pisotear los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos, es inmoral e injustificable mandarles el mensaje a los habitantes de Apaseo el Alto que: “más vale malo conocido que bueno por conocer”. Con relación a la propuesta signada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, se expone en sus consideraciones lo siguiente: Los abusos policiales no son hechos aislados. Son síntomas de una profunda crisis institucional que se agrava cuando, en lugar de actuar con responsabilidad y justicia, las autoridades eligen reciclar perfiles que han sido señalados y destituidos por ejercer violencia desde el poder. En un Estado democrático de derecho, no puede tolerarse que quienes han sido protagonistas de violaciones a los derechos humanos sean reinsertados en cargos públicos, especialmente en corporaciones armadas. El 4 de noviembre de 2023, en el marco del lanzamiento de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen, el gobierno estatal encabezado por Libia García Muñoz Ledo presentó a Christian Eduardo Morales Palomino como comisario de la Región IV de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). Sin embargo, días después fue cesado de su cargo, al confirmarse su participación en un caso grave de abuso de autoridad ocurrido en 2020, cuando se desempeñaba como coordinador operativo de la policía municipal de Celaya. Los hechos fueron documentados en video y difundidos en redes sociales. En las imágenes se observa a Morales Palomino junto con otros elementos policiales golpeando, amenazando y humillando a dos jóvenes, obligándolos incluso a besarse entre sí como forma de abuso. Este acto no solo representa una violación flagrante a los derechos humanos, sino un uso cruel y denigrante del poder institucional en contra de personas vulnerables. La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reconoció públicamente la gravedad del hecho, y afirmó que no hay cabida para la impunidad ni para quienes traicionan los valores de respeto y justicia. Como medida de no repetición, anunciaron que se reforzarían los protocolos y la capacitación policial en derechos humanos. No obstante, en una decisión que contradice ese compromiso, la Presidenta Municipal de Apaseo el Alto, Monserrat Mendoza Cano, confirmó la contratación de Morales Palomino como subdirector de Seguridad Pública Municipal, apenas meses después de haber sido cesado por las autoridades estatales. No solo lo reincorporó, sino que además validó su permanencia argumentando que “durante su encomienda como subdirector de seguridad municipal se desempeñó de manera correcta”. Esta afirmación resulta sumamente preocupante, pues minimiza un hecho documentado de abuso de autoridad, y envía un mensaje profundamente erróneo a la ciudadanía: que la violencia institucional puede ser borrada con declaraciones administrativas y reacomodos burocráticos. El caso de Christian Eduardo Morales no es un incidente menor ni aislado. Representa un patrón estructural en el estado de Guanajuato, en donde los cuerpos de seguridad pública han acumulado señalamientos por prácticas sistemáticas de violación a derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, y ausencia de rendición de cuentas. Así lo ha señalado también el especialista en seguridad David Saucedo, quien advirtió que este tipo de nombramientos son una bofetada a la confianza ciudadana y un reflejo del descontrol en las estructuras de seguridad en regiones altamente violentas. Apaseo el Alto forma parte de esa misma región: una zona crítica, cruzada por la violencia, donde lo último que debería permitirse es la incorporación de perfiles con antecedentes oscuros en el ejercicio de la fuerza pública. Reincorporar a un mando policial destituido por abusos graves a personas detenidas no solo compromete la legitimidad institucional, sino que normaliza la impunidad. El derecho al buen gobierno, a la seguridad con enfoque de derechos humanos y al acceso a instituciones confiables, está siendo vulnerado por decisiones que anteponen intereses de grupo a la justicia social. La reincorporación de Morales Palomino no solo es una afrenta a las víctimas y a la sociedad celayense que exigió justicia en su momento, sino también un retroceso grave en el fortalecimiento de una cultura de legalidad en Guanajuato. No se puede hablar de paz con impunidad. No se puede construir seguridad con quienes representan justamente lo contrario. Consideraciones de la Comisión de Seguridad Pública. La primera propuesta tiene como objetivo exhortar al Secretario de Seguridad y Paz del Estado Juan Mauro González, para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a este Congreso el estatus que guarda la investigación interna realizada por la Secretaria de Seguridad y Paz en contra de Christian Eduardo Morales Palomino con respecto a los acontecimientos señalados en información difundida a través de un video que lo involucra en violaciones a los derechos humanos de dos detenidos en el municipio de Celaya en el año 2020, a fin de generar certeza a los ciudadanos apaseoaltenses de que se respetarán sus derechos humanos sin correr el riesgo de se les violenten. Con relación a la segunda propuesta, se propone el exhortar a la Presidenta Municipal de Apaseo el Alto, Monserrat Mendoza Cano, para que, en el ámbito de sus atribuciones, reconsidere la permanencia de Christian Eduardo Morales Palomino como subdirector de Seguridad Pública Municipal, toda vez que fue cesado previamente por autoridades estatales tras comprobarse su participación en actos de abuso policial en agravio de derechos humanos fundamentales, y que dicha reincorporación contraviene los principios de ética pública, legalidad, respeto a los derechos humanos y confianza ciudadana indispensables en toda estrategia de seguridad municipal. Atendiendo a los alcances de ambas propuestas de punto de acuerdo, consideramos que atienden una misma circunstancia: la solicitud de información en torno a la destitución de un mando policial en el municipio de Apaseo el Alto, derivado de su comportamiento videograbado en el año 2020. Al respecto, consideramos que el estado de derecho debe prevalecer en esta situación, toda vez que no existe un proceso sancionador o una sanción que le impida ocupar un cargo público a la persona señalada. Es fundamental observar los principios de presunción de inocencia y garantía de audiencia, toda vez que la presunta culpabilidad debe ser determinada por una resolución de la autoridad competente para efectos de solicitar su destitución. Con base en lo anterior, es importante retomar lo estipulado en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece un principio general del derecho que señala que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, principio que aplica tanto en materia penal como en derecho administrativo. De igual manera el artículo 109 de nuestra Carta Magna, señala que no podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones a la misma naturaleza. Asimismo, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece para los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública principios a observar, estos son: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, asi como la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos que invariablemente se deben cumplir por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Cabe aclarar que la persona señalada en las propuestas de punto de acuerdo no fue cesada, sino que presentó su renuncia a la Secretaría de Seguridad y Paz a raíz de la publicación del video en donde se observa una conducta inapropiada. Debido a que el video está fechado en el año 2020, correspondía al municipio de Celaya iniciar los procesos correspondientes para determinar la existencia de responsabilidades o no, y en su caso, presentar las denuncias correspondientes. Ahora bien, con base en el marco normativo local y federal que establece los requisitos de ingreso y permanencia en las instituciones de seguridad pública; refiere que las personas servidoras públicas no hayan sido condenadas por sentencias irrevocables por delitos dolosos relacionados con las funciones a desempeñar, circunstancia que a la fecha no se ha presentado. Sabemos también que hay otras instancias de investigación de hechos que pueden vulnerar los derechos humanos y que dado el conocimiento público de los hechos difundidos debieron integrarse los expedientes respectivos y posteriormente determinar fundada y motivadamente lo que proceda, circunstancia que actualmente no ha sucedido. Resulta improcedente que se quiera inducir con algún procedimiento originado desde este Congreso, imponer una sanción de índole administrativa como lo es la destitución de una persona sin que hoy en día, exista un procedimiento administrativo sancionador que así lo establezca. Es prioritario recalcar que este Congreso debe ser respetuoso del marco jurídico y legal aplicable. Ahora bien, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato establecen la división de poderes y reconoce la autonomía de determinados órganos constitucionales. En este sentido, cada Poder u órgano autónomo ejerce sus funciones de manera independiente, sin subordinación ni jerarquía respecto de los demás, salvo en los casos expresamente previstos en la ley. Por lo tanto, consideramos inviable la propuesta de solicitud de información respecto de un procedimiento interno y la solicitud de remoción de un funcionario debido a que podría implicar una intromisión indebida en la esfera de competencia de otro poder, lo que resultaría contrario a dicho principio constitucional. Aunado a lo anterior, no consideramos oportuno la solicitud de remoción dirigida a un Ayuntamiento, debido a que privilegiamos la autonomía de gestión y decisión que le implica a cada Poder u órgano autónomo, resultando ser responsable de su propio régimen interno, sin injerencias externas. En consecuencia, determinamos no viable las propuestas al considerarse que sus efectos resultarían en una presión externa que comprometa la independencia institucional y de esta manera afectar el principio de autonomía funcional y de gestión que protege a cada poder frente a injerencias externas en sus procedimientos internos. Se robustece el apartarnos de las propuestas al considerar que no contamos con la atribución en alguna norma para solicitar información o solicitar la remoción que nos dé el carácter de autoridad competente y, podríamos vulnerar, en su caso, la autonomía de los poderes y la conducción de un posible expediente o procedimiento administrativo, debido a que tienen el carácter de reservado en tanto no hayan causado estado de conformidad con lo señado en los artículos 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, 23 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el 73 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En consecuencia, consideramos que el solicitar una remoción de funcionario o requerir información en trámite, en su caso, podría vulnerar la legalidad, la autonomía de los poderes, la imparcialidad y debido proceso de la persona involucrada, por lo que no consideramos viables las propuestas de punto de acuerdo. Asimismo, esta Comisión de Seguridad Pública reafirma su compromiso con el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas y coincide en que las conductas difundidas a través del video referido resultan abiertamente contrarias a los principios que rigen el ejercicio del servicio público. En tal sentido, corresponde a las autoridades municipales velar porque sus servidores públicos observen en todo momento los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, y que, de acreditarse la transgresión de dichos principios, se impongan, conforme a los procedimientos establecidos y al marco jurídico aplicable, las sanciones administrativas o legales que resulten procedentes. Agenda 2030. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se rigen por tres principios fundamentales: no dejar a nadie atrás; una agenda universal, pero de apropiación nacional; y una agenda integral. Ahora bien, sabedores de que el Poder Legislativo como parte del Estado mexicano, tiene una responsabilidad fundamental en el compromiso adquirido para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, a través de las cuatro dimensiones de acción, a saber: 1. Creación y reforma de leyes; 2. Seguimiento a la planeación y al presupuesto; 3. Promoción de la participación ciudadana; y 4. Monitoreo de la actividad gubernamental. Destacamos que este dictamen tiene incidencia en el objetivo 16. PROMOVER SOCIEDAS JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS. Con fundamento en los artículos 186 y 218 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente: A C U E R D O Único: No resultan procedentes las propuestas de punto de acuerdo, la primera formulada por la diputada María Eugenia García Oliveros integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a fin de exhortar respetuosamente al Secretario de Seguridad y Paz del estado Juan Mauro González, para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a este Congreso el estatus que guarda la investigación interna realizada por la Secretaría de Seguridad y Paz en contra de Christian Eduardo Morales Palomino con respecto a los acontecimientos señalados en información difundida a través de un video que lo involucra en violaciones a los derechos humanos de dos detenidos en el municipio de Celaya en el año 2020, a fin de generar certeza a los ciudadanos apaseoaltenses de que se respetarán sus derechos humanos sin correr el riesgo de se les violenten; y la segunda signada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar respetuosamente a la Presidenta Municipal de Apaseo el Alto, Monserrat Mendoza Cano, para que, en el ámbito de sus atribuciones reconsidere la permanencia de Christian Eduardo Morales Palomino como subdirector de Seguridad Pública Municipal, toda vez que fue cesado previamente por autoridades estatales tras comprobarse su participación en actos de abuso policial en agravio de derechos humanos fundamentales, y que dicha reincorporación contraviene los principios de ética pública, legalidad, respeto a los derechos humanos y confianza ciudadana indispensables en toda estrategia de seguridad municipal. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo de las propuestas de punto de acuerdo. Guanajuato, Gto., 8 de octubre de 2025 La Comisión de Seguridad Pública Diputado José Erandi Bermúdez Méndez Diputado Alejandro Arias Ávila Presidente Secretario Diputada Martha Edith Moreno Valencia Diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas Vocal Vocal Diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor Vocal LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO, DE DOS PROPUESTAS DE PUNTO DE ACUERDO (ELD 188/LXVI-PPA y ELD 191/LXVI-PPA).