DICTAMEN DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO CON EXPEDIENTE LEGISLATIVO DIGITAL 91/LXVI-PPA, QUE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO. C. DIPUTADA PLÁSIDA CALZADA VELÁZQUEZ PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE P R E S E N T E. A la Comisión de Seguridad Pública le fue turnada para estudio y dictamen la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada María Eugenia García Oliveros integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato a efecto de exhortar al Congreso del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Paz para que se trabaje en la elaboración de protocolos de seguridad para los integrantes de este Poder Legislativo. ELD 91/LXVI-PPA. Analizada la propuesta de punto de acuerdo de referencia, esta Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 -fracción VI-, 123 -fracción III- y 186 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato rinde el dictamen, con base en las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Proceso Legislativo. En la sesión plenaria del 13 de marzo de 2025 por razón de materia fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública la propuesta de punto de acuerdo referida en el proemio del presente dictamen, con fundamento en el artículo 123 -fracción III- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. En reunión de la Comisión del 9 de abril de 2025 se radicó la propuesta de punto de acuerdo. Posteriormente, el 4 de junio de 2025, la propuesta se analizó en reunión de Comisión, recabándose los siguientes comentarios: El diputado Alejandro Arias Ávila apunto que: El tema es complicado, ya que se propone se realicen protocolos de seguridad para las y los diputados. Tomando en cuenta que se vive en un contexto difícil, señaló que es preferible que los esfuerzos de seguridad realizados por el Estado estén dirigidos a la ciudadanía. Concluido el análisis, la presidencia de la Comisión Seguridad Pública instruyó a la secretaría técnica, la elaboración del proyecto de dictamen en sentido negativo, tomando en consideración los comentarios vertidos por los integrantes de la Comisión. Lo anterior, con fundamento en los artículos 98 -fracción VIII- y, 276 -fracción VIII, inciso e- de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. El presente dictamen fue materia de análisis por quienes integramos la Comisión en atención a lo siguiente: Contenido de la propuesta de punto de acuerdo. La diputada proponente expuso en el apartado de consideraciones lo siguiente: Como legisladora electa por el Distrito 22 de Guanajuato, que abarca los siguientes municipios: Acámbaro, Apaseo el Alto, Coroneo, Jerécuaro, Tarandacuao y Tarimoro, he cumplido con mi responsabilidad de recorrer cada rincón del distrito para atender las demandas ciudadanas. Sin embargo, este compromiso me ha expuesto en riesgos graves derivados de la presencia de grupos delictivos que operan con impunidad en la región. Hace 15 días desde esta tribuna y en ejercicio de mi cargo como servidora pública, solicité mediante exhorto oficial al Ayuntamiento de Apaseo el Grande, que priorizara acciones contundentes para atender la crisis de inseguridad en su jurisdicción, hoy transcurridos 15 día de dicho exhorto, me presento no solo como legisladora, sino como ciudadana afectada por la incapacidad institucional de garantizar condiciones mínimas de seguridad en el territorio. Es curioso que a 15 días de haber hecho el exhorto el día de ayer aproximadamente a las 8 pm fui interceptada junto con mi familia por un grupo de delincuentes armados que me cerraron el paso en el Municipio de Apaseo el Grande, afortunadamente alcanzamos a evadir el intento de asalto, robo, secuestro o no sé qué intención tenían lo sujetos que nos interceptaron, persiguiéndome incluso en reversa por más de un kilometro y al marcar al 911, lejos de brindarme el apoyo del tan famoso “grupo de reacción” al que tanto alude el alcalde hubo ausencia del mismo lo que demuestra una brecha entre la retórica y la operatividad real, la operadora de seguridad pública me facilitó el número de la Guardia Nacional por lo que logre llegar a resguardarme en el cuartel de la Guardia Nacional que está en la entrada de la mencionada ciudad. Y lo que hoy vengo a manifestar como ciudadana, es lo que diario sufren los habitantes, transportistas y todos aquellos que transitan por las carreteras de Guanajuato, especialmente en la carretera 45D en el tramo Celaya-Querétaro. Al parecer al Alcalde le cuesta mucho coordinarse con los otros niveles de gobierno para hacer su trabajo. Insisto de manera categórica al ayuntamiento de Apaseo el Grande para que el presidente como responsable directo de la seguridad municipal, priorice la revisión del nombramiento y ratificación del Director de Seguridad Pública y además se revise a fondo los informes trimestrales que deberán rendir al Ayuntamiento, así como el cumplimiento del plan y programas a su cargo en términos del artículo 283 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. Este incidente no es un caso aislado, sino un reflejo de la emergencia humanitaria que se vive e Guanajuato como legisladora del Distrito XXII, que incluye municipios catalogados como “zona roja”, he documentado y denunciado reiteradamente la ola de violencia extrema que azota a nuestras comunidades, evidenciada en los siguientes incidentes: 1. Masacre en Apaseo el Grande (1 de diciembre de 2024): 9 personas ejecutadas en un ataque en zona comercial (El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2024/12/01/masacre-en-guanajuato-ataque-en-zona-comercial-de-apaseo-el-grande-deja-9-personas-muertas/). 2. Triple homicidio en Tarimoro (2024): Asesinato de tres civiles en plena vía pública (El Sol del Bajío: https://oem.com.mx/elsoldelbajio/policiaca/apaseo-el-alto-masacran-a-cuatro-entre-ellos-un-menor-de-edad-en-san-antonio-calichar-20921912). 3. Masacre en Apaseo el Alto (2024): Cuatro víctimas, incluido un menor, asesinados en San Antonio Calichar (El Sol del Bajío: https://oem.com.mx/elsoldelbajio/policiaca/apaseo-el-alto-masacran-a-cuatro-entre-ellos-un-menor-de-edad-en-san-antonio-calichar-20921912). 4. Ataque a policías en Apaseo el Alto (2024): Dos elementos estatales muertos y dos heridos (El Sol del Bajío: https://oem.com.mx/elsoldelbajio/policiaca/ataque-armado-en-apaseo-el-alto-deja-dos-policias-muertos-y-dos-heridos-21902535). 5. Atentado con coche bomba en Acámbaro (2024): Explosión frente al edificio de Seguridad Pública (El Sol de México: https://oem.com.mx/elsoldemexico/mexico/estalla-coche-bomba-afuera-del-edificio-de-seguridad-publica-de-acambaro- Y estas son solo algunas de tantas que se han presentado en el Estado. Además, resido en Apaseo el Grande, municipio donde la violencia se ha normalizado, como demuestran los hechos antes citados. De acuerdo al artículo 25 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, sobre las atribuciones del Ayuntamiento, en la Fracción III inciso c) los municipios deben garantizar la seguridad pública en el territorio municipal y preservar la tranquilidad y el orden público, lo que hoy esta en duda. Hoy alzo la voz no solo por la experiencia vivida el día de ayer, me preocupar que no haya suficientes garantías de seguridad para los habitantes de nuestro municipio, que su servidora, como legisladora tenga que transitar por las carreteras del estado siempre pensando en que no vaya a pasar algo. La seguridad es una de las principales funciones que tiene que garantizar el gobierno en todos sus niveles: federal, estatal y municipal. Hago un llamado exigente para que exista la suficiente coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad pública federales, estatales y municipales. Sin seguridad no hay bienestar ni calidad de vida. Actualmente, las y los legisladores locales de Guanajuato carecemos de esquemas de seguridad, a diferencia de alcaldes y funcionarios del Ejecutivo. Por lo anterior, y en uso de mis facultades, EXHORTO RESPETUOSAMENTE a este Congreso y la Secretaría de Seguridad y Paz para que se trabaje en la elaboración de protocolos de seguridad para los integrantes de este Poder Legislativo. Mi deber es seguir trabajando en las calles, pero no puedo hacerlo si mi vida pende de un hilo. No pido privilegios, sino igualdad: la misma protección que se brinda a alcaldes y funcionarios del Ejecutivo. No permitiré que mi nombre se sume a la lista de víctimas de Guanajuato. La seguridad no es un favor, es una obligación del Estado. Consideraciones de la Comisión de Seguridad Pública. Esta Comisión comprende que el fenómeno delincuencial por el que atraviesa el estado de Guanajuato y en general el país es grave y complejo porque perturba severamente a todas las esferas de desarrollo de la sociedad. En este sentido, resulta fundamental que los recursos técnicos, financieros y humanos destinados a tareas de seguridad se distribuyan de tal manera que se garantice el derecho a la seguridad para todos los ciudadanos sin excepción ni condición. Es aquí donde nuestra labor como legisladores y legisladoras debe estar enfocada a diseñar un marco normativo que brinde las herramientas y ámbitos de actuación necesarios a la autoridad para abatir al crimen organizado que tanto daño ha hecho a nuestro estado. El diferenciar el tratamiento de seguridad pública en función de la ocupación que se ostente podría resultar discriminatorio para todas las demás personas, ya que cualquier individuo puede ser una víctima potencial de algún delito y por lo tanto el derecho fundamental a la seguridad debe ser garantizado para todos. Si bien es cierto que hay casos en donde se asignan recursos para la protección de presidentes municipales y funcionarios del Poder Ejecutivo, la razón radica en las características de sus funciones, particularmente aquellas sujetas a tareas de seguridad pública, como lo puede ser la coordinación de cuerpos policiacos, entre otras. Es en este tipo de contextos en donde el criterio de excepción resulta viable porque contribuye a garantizar la gobernabilidad de la entidad y sus municipios al proteger aquellas figuras que asumen la conducción de las políticas públicas de seguridad. Por otra parte, somos sensibles a la inquietud de la legisladora proponente debido al lamentable suceso del que fue víctima, sin embargo, resulta improcedente que el Congreso del Estado de Guanajuato dirija un exhorto así mismo. No obstante, en aras de coadyuvar en su exigencia, consideramos que existen otros mecanismos político-administrativos al interior del Congreso para canalizar su propuesta y llevarla a buen puerto. Bajo este contexto de igual manera se precisa que existen medidas que el Estado ha diseñado dentro del marco jurídico penal, en los supuestos de ser víctimas de algún delito, incluso cuando el mismo sea cometido en grado de tentativa y con ello se ponga en peligro nuestra vida, integridad física, la libertad y en general la seguridad personal, es decir, cualquiera de los bienes jurídicos de mayor valía socialmente, siendo acciones que salvaguardan dichos bienes jurídicos, las cuales son medidas de protección que puede emitir la autoridad ministerial. Por último, refrendamos nuestro total compromiso por generar los cambios que sean necesarios desde el ámbito legislativo para alcanzar la paz que las y los guanajuatenses nos merecemos, nuestro propósito es que ningún ciudadano vea coartada sus libertades por la acción del crimen. De igual forma, estamos en la disposición de contribuir a mejorar los mecanismos de coordinación entre todos los niveles de gobierno, ya que entendemos que la seguridad pública solo puede ofrecer resultados óptimos a través de la suma estratégica de esfuerzos entre la federación, el estado y los municipios. Agenda 2030. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se rigen por tres principios fundamentales: no dejar a nadie atrás; una agenda universal, pero de apropiación nacional; y una agenda integral. Ahora bien, sabedores de que el Poder Legislativo como parte del Estado mexicano, tiene una responsabilidad fundamental en el compromiso adquirido para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, a través de las cuatro dimensiones de acción, a saber: 1. Creación y reforma de leyes; 2. Seguimiento a la planeación y al presupuesto; 3. Promoción de la participación ciudadana; y 4. Monitoreo de la actividad gubernamental. Destacamos que este dictamen tiene incidencia en el objetivo 16. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS. Con fundamento en los artículos 186 y 218 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente: A C U E R D O Único: No resulta procedente el punto de acuerdo suscrito por la diputada María Eugenia García Oliveros integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA por el que se exhorta al Congreso del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad y Paz para que se trabaje en la elaboración de protocolos de seguridad para los integrantes de este Poder Legislativo. Toda vez que resulta prioritario garantizar la seguridad de la ciudadanía sin condición ni distingo alguno y es improcedente que el Congreso del Estado de Guanajuato se exhorte así mismo. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo de la propuesta de punto de acuerdo Guanajuato, Gto., 25 de julio de 2025 La Comisión de Seguridad Pública Diputado José Erandi Bermúdez Méndez Diputado Alejandro Arias Ávila Presidente Secretario Diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas Diputada Martha Edith Moreno Valencia Vocal Vocal Diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor Vocal LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO, DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO ELD 91/LXVI-PPA.