- Diputada Luz Itzel Mendo González - - Gracias diputada, presidenta, buen día nuevamente con el permiso de la Presidencia y la Mesa Directiva, saludo nuevamente con mucho aprecio a todas las diputadas y diputados presentes, así como a los medios de comunicación, personal del Congreso y aquellas personas que nos ven de manera remota, quienes suscribimos a la diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea la presente propuesta del punto de acuerdo bajo las siguientes: - Consideraciones. - En Guanajuato, la violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema alarmante que aumenta todos los días gracias a las omisiones de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de las y los guanajuatenses, pero no me crean a mí, los datos hablan por sí solos, basta mencionar que durante el último año nuestra entidad encabezó los primeros lugares en muchos rubros a nivel nacional, desde el tercer lugar en tráfico de niñas hasta el cuarto y quinto lugar en violencia familiar y violación. - Estos datos, si bien atienden a delitos de índoles muy distintas, resalta la problemática de violencia que sufren las mujeres en sus vidas diarias en los diferentes entornos en los que se desarrollan y si esto fuera poco, en muchas ocasiones las víctimas se ven obligadas a enfrentar no sólo las agresiones, sino también la falta de justicia y la re victimización por parte de las autoridades, que son el vivo reflejo de una sociedad machista, este contexto ha resultado, la urgente necesidad de reforzar e implementar medidas efectivas para combatir la violencia de género en Guanajuato, la magnitud de estos problemas ha obligado a los poderes del Estado, las instituciones y a la sociedad en general a realizar diversas acciones para garantizar la seguridad y los derechos de todas las mujeres. - Pero para ello, también ha sido necesario establecer la igualdad de género como principio rector dentro de nuestro marco legal, esto no sólo para resarcir la deuda histórica que se tiene con todas nosotras, las mujeres, sino que también para propiciar una sociedad con menos discriminación y violencia. - Si bien es cierto, se han tenido avances significativos en la creación de mecanismos para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, no solo basta con tenerlos en leyes o en acuerdos rimbombantes. Sino que es esencial garantizar su efectivo cumplimiento y aplicación, si algo debemos de reconocer, es que el Poder Legislativo ha hecho su parte de defensa, de los derechos de las mujeres guanajuatenses, en muchas ocasiones obligados pero atendiendo a un llamado urgente de la necesidad de un marco normativo que impulse la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de sus vidas. Desde el acceso a oportunidades laborales hasta la participación política para la toma de decisiones. Por mencionar algunos casos destacados, se han realizado reformas para garantizar la paridad de género en los espacios de tomas de decisiones, con la finalidad de que las mismas mujeres sean encargadas de proponer, evaluar e implementar las acciones necesarias para su protección, como lo fue la aprobación del expediente 313, donde se modificaron tanto la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como la Ley para el Gobierno y Administración de los municipios del Estado de Guanajuato. - Lo anterior con la finalidad de garantizar el principio de paridad de género en los puestos de tomas de decisión de la administración pública, tanto estatal como municipal, una reforma que ha sido trascendental para garantizar la participación de las mujeres en la vida pública y política de nuestro Estado. Como antecedente, lamentablemente este Congreso se negó rotundamente a realizar estas reformas, ya que en 2019 la exdiputada Vanessa Sánchez Cordero presentó una modificación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato en los mismos términos. Dictamen que fue rechazado por la Comisión de Gobernación de la legislatura pasada, tan dando así un duro golpe a la igualdad de género en este poder. - Por otro lado, el 09/09/2021 se presentó una iniciativa por parte del ex diputado Gerardo Fernández González, en la cual se reformaba la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, con la finalidad de que las instituciones de seguridad pública del Estado y los municipios garantizarán la operación y capacitación de sus elementos, bajo los protocolos de actuación en materia de violencia de género, iniciativa que actualmente se encuentra en la congeladora y que no fue tomada en cuenta por la Comisión de Seguridad de Igualdad de Género en la dictaminación de una iniciativa presentada por la Gobernadora en la misma materia. - Ahora, regresando al tema de seguridad, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado establece en su artículo 8-1, que las instituciones policiales deben conformar unidades especializadas para la prevención y atención de la violencia de género, una obligación que emana de una reforma reciente, pero que ha sido fundamental para evitar la revictimización y para garantizar una atención con perspectiva de género por parte de las corporaciones policiales, sin embargo, a pesar de contar con dicha obligación derivado de una solicitud de información a los 46 municipios de nuestro Estado, pudimos identificar que en 12 aún no cuentan con dicha unidad, por otro lado dentro de la misma solicitud pudimos identificar que en materia de capacitaciones, 12 municipios no tienen antecedentes de capacitaciones, ni para seguridad pública, ni para el personal administrativo municipal, ahora uno de los temas que más nos preocupan es el derivado del exhorto de obvia resolución aprobado por unanimidad en este congreso el pasado 23/11/2023, en el que la ex diputada Martha Lourdes Ortega logró que es exhortara al Poder Ejecutivo del Estado y a los 46 municipios, para establecer y operar de manera urgente refugios para la atención y protección de las víctimas. - Esto derivado de la obligación impuesta en el artículo 16 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que instruye dentro de las atribuciones del Estado y de los municipios en su fracción séptima, al contrario, operar con refugios para la atención y protección de mujeres víctimas de delitos. - Este punto de acuerdo, surgió de una investigación realizada en los municipios en la que en aquel entonces sólo 6 de los 46 ayuntamientos contaban con refugios. Sin embargo, de manera sorpresiva ahora nos encontramos con que hay respuesta de las actuales administraciones municipales, solamente León cuenta con dicho refugio. Sin duda, estos datos son indicativos de que hay un claro desinterés de los municipios de atender la violencia en contra de las mujeres. No nos bastó con tener una alerta de género. - Es por ello, por lo que, en aras de garantizar que haya condiciones de seguridad y equidad en nuestro Estado, desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentamos a esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo que busca, exhortar a los 46 ayuntamientos para que, actualicen sus reglamentos bajo el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las dependencias y paramunicipales. Que garanticen la capacitación en materia de perspectiva de género para todas las personas servidoras públicas de la administración municipal y que contemplen la presupuesta acción y planeación para el establecimiento de refugios de operación municipal para la atención y protección de mujeres víctimas de violencia. - Por otro lado, exhortar a los ayuntamientos que aún no cuentan con cuerpos policiales en materia de prevención y atención de la violencia de género para que presupuesten y conformen su unidad especializada a la brevedad. Así, que como para ello, aquellos que cuenten con su unidad especializada garanticen la adquisición del equipamiento para las mujeres que forman parte del cuerpo policial de seguridad pública municipal que sea anatómicamente adecuado para sus funciones. Con este punto de acuerdo, no sólo exigimos que los municipios cumplan con sus obligaciones, sino que también garanticen el acceso a una vida libre de violencia para las niñas, adolescentes y mujeres guanajuatenses, que tengamos instituciones sólidas y conscientes de su responsabilidad histórica. No podemos permitir que más vidas se pierdan por la inacción de quienes se comprometieron a cambiar las cosas, por lo que, si no cumplimos nosotros con nuestra facultad revisora, seremos cómplices de un sistema patriarcal y homicida, de ustedes depende de qué lado quieren estar. - Es cuanto Presidenta.