Diputado Roberto Carlos Terán Ramos Presidente del Congreso del Estado Presente. A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efecto de estudio y dictamen, la iniciativa suscrita por diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA por la que se expide la Ley de Austeridad, Ahorro y Transparencia en el Ejercicio de Recursos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios ELD 151/LXVI-I. Con fundamento en los artículos 98, fracción VIII; 115, fracción XVI y 186 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, analizamos la iniciativa referida, y acordamos presentar a la consideración de la Asamblea el siguiente: D I C T A M E N I. Competencia Es facultad del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato el expedir, reformar y adicionar cuanta legislación o decretos sean conducentes, que no estén de manera exclusiva reservados a la federación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 63, fracción II de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, en este sentido el objeto de la iniciativa materia del presente dictamen no contraviene lo señalado en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las competencias exclusivas del Congreso general, cobrando aplicación la facultad residual, a partir del enunciado jurídico constitucional del artículo 124, y por el que pragmáticamente se significa su existencia de manera negativa: lo no otorgado a las autoridades federales se entiende es facultad de los estados. La facultad de las personas diputadas al Congreso del Estado de Guanajuato para iniciar leyes o decretos se fundamenta en lo establecido en el artículo 56, fracción II de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, por lo que las personas diputadas iniciantes son competentes para iniciar el proceso legislativo de análisis y dictaminación de la propuesta objeto del presente dictamen. Esta Comisión de Hacienda y Fiscalización es competente para conocer de las iniciativas materia del presente decreto, de acuerdo con lo señalado en la fracción XV del artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; por lo que el objeto de la iniciativa objeto del presente dictamen coincide con dicho precepto. II. Proceso legislativo II.1. En sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2025 se presentó la iniciativa suscrita por diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA por la que se expide la Ley de Austeridad, Ahorro y Transparencia en el Ejercicio de Recursos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. La presidencia del Congreso turnó dicha iniciativa a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen, misma que radicó la iniciativa el 5 de marzo de 2025. II.2. Las personas diputadas iniciantes manifiestan en la exposición de motivos de la iniciativa: « La austeridad republicana se advierte como un principio fundamental que debe ser acato por todos los niveles de gobierno del país, debido a que los recursos económicos son limitados y las problemáticas públicas van en crecimiento. A nivel federal se ha implementado la austeridad republicana desde el inicio del mandato del ex Presidente de la República Andrés Manuel Lopez Obrador, con medidas como la reducción en salarios de altos funcionarios, sin afectar al personal operativo, así como la eliminación de seguros de gasto médicos y de separación individualizados. De igual forma se redujo el gasto de viáticos y publicidad, mientras que se generaron ahorros gracias al combate frontal a la corrupción, pudiendo orientar más recursos a programas integrales de bienestar y desarrollo. A nivel federal, la austeridad republicana tiene sus fundamentos en los artículos 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,. Mientras que en el 127 se establece que los funcionarios públicos recibirán una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades, en el numeral 134 se contempla que los recursos económicos gubernamentales se deberán de administrar bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. En este sentido, la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión logró un consenso entre las diferentes fuerzas políticas, aprobando por mayoría la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019. Por su parte, en el ámbito local, estos principios rectores de la austeridad republicana se materializaron en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Tal es el caso del artículo 136, en el que se señala que las remuneraciones de los servidores públicos deberán ser equitativas a su responsabilidad, sin que puedan ser iguales o mayores a la percibida por el Gobernador del Estado, y en el caso de los Ayuntamientos, al del Presidente Municipal. El principio de austeridad republicana se debe tener como eje estratégico del gasto público y, por ende, de observancia general, a fin de que los servidores públicos podamos ser acreedores a la confianza de los gobernados, al momento de ejercer el presupuesto aportado a través del pago de sus impuestos. Debemos destacar que hay entidades federativas que ya cuentan con una Ley de Austeridad, tal es el caso de la pionera, la Ciudad de México, donde se publicó la Ley de Austeridad el 30 de diciembre de 2003 en su Gaceta Oficial. En el mismo supuesto se encuentran entidades como Jalisco, Veracruz, Hidalgo, Sonora, Tamaulipas, Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Zacatecas las cuales ya cuentan con una Ley de Austeridad, colocando la eficiencia de los recursos públicos cómo principio rector en la toma de decisiones en favor de sus gobernados. El objetivo de la presente iniciativa es sentar las bases para aplicar medidas de austeridad republicana que se puedan reflejar en economías y ahorros que permitan destinar más recursos al apoyo directo de los guanajuatenses. Esto actualmente no sucede, pues basta con observar que en el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2025 se destinan más de 117 millones de pesos para la Coordinación General de Comunicación Social, mientras que hay Secretarías como la de Salud donde la asignación presupuestal apenas es de poco más de 153 mil pesos, misma que del año pasado. De la información presupuestal debemos enfatizar que el Estado de Guanajuato ha generado una insana dependencia del presupuesto que la federación proporciona mediante aportaciones y participaciones, pues desde 2014 esta dependencia nunca ha sido menor a 80%, alcanzando el 87% en 2024 y para este 2025. En este sentido, para seguir funcionando y mantener una política del gasto orientada hacia los privilegios de los altos funcionarios, el gobierno del estado ha recurrido a financiamientos que complementen su pobre recaudación de ingresos propios, de tal forma que hoy en día únicamente el gobierno estatal tiene deudas por poco más de 9 mil millones de pesos. Los datos expuestos son muestra de que hay áreas de oportunidades en las que se pueden ejercer más recursos públicos para mejorar las vidas y oportunidades de los guanajuatenses. Un ejemplo de ello es que se podría impulsar políticas públicas, programas y acciones gubernamentales para mejorar la capacitación y salarios de los trabajadores de nuestra entidad, ya que, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expone en su índice de competitividad Estatal 2024, el subíndice Mercado de Trabajo, donde se mide la eficiencia del capital humano siendo el principal factor de producción, Guanajuato se encuentra en el sitio 24 de las 32 entidades federativas. Una de las finalidades de la Ley que se presenta, es reducir el gasto corriente, tomando en consideración que este rubro es en el que más se gasta, el gasto público se ejerce con 94 mil millones de pesos Presupuesto de Egresos total del Estado de 2025. Otro objetivo de la presente iniciativa es que al ejercer con eficiencia y eficacia los recursos públicos, se eleve la confianza de las y los guanajuatenses así como de los inversionistas nacionales y extranjeros, para que el Estado sea una entidad competitiva, aumentando las oportunidades de desarrollo económico y social. El IMCO, en su Índice de Competitividad Estatal 2024, posiciona a Guanajuato en el lugar 22 de las 32 entidades federativas del país. El mismo documento refiere que, al medir el porcentaje de población ocupada que trabaja jornadas laborales de más de 48 horas corresponde al 32%; y apenas el 17% de la población de más de 25 años cuenta con educación técnica o superior, lo que da como resultados un desbalance en el mercado laboral que se tiene en guanajuato teniendo así muchas áreas de oportunidad para mejorar estos porcentajes con programas y mayores incentivos en educación. El Subíndice de Sistema Político y Gobiernos del IMCO, que mide la estabilidad y funcionalidad de los sistema políticos y gobiernos locales en función de que con ello se estimule la inversión teniendo un entorno de competencia saludable, medir la implementación de políticas públicas para el desarrollo económico local, así como la capacidad de generar ingresos propios, la calidad de la información de las finanzas públicas y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos nos coloca en el lugar 25 de 32. Los datos expuestos son muestra de que hay áreas de oportunidades en las que se pueden ejercer más recursos públicos para mejorar las vidas y oportunidades de los guanajuatenses. Un ejemplo de ello es que se podrían impulsar políticas públicas, programas y acciones gubernamentales para mejorar la capacitación y salarios de los trabajadores de nuestra entidad, ya que según Data México, CON DATOS obtenidos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el tercer trimestre de 2024, la tasa de participación laboral fue del 60%, lo que implicó una disminución de 0.29 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. En consecuencia, la Ley de Austeridad que se propone en la presente iniciativa, va encaminada a realizar ajustes tales como: Prohibir los regímenes especiales de retiro, separación, jubilación o pensiones; eliminar espacios de secretarios particulares y plazas de estructura para mandos superiores; limitar el presupuesto que se destina para servicios profesionales externos, excluyendo los concernientes a proyectos estratégicos y de inversión; limitar el uso de autos blindados sólo a servidores públicos que por su naturaleza requieran de protección; limitar el presupuesto de publicidad, comunicación, pautas en internet y redes sociales; consolidar las adquisiciones de bienes y servicios; limitar el presupuesto para congresos y convenciones; establecer que no podrá gastarse el erario público en vuelos de primera clase y todos los traslados de servidores públicos deberán ser mediante vuelos comerciales. Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; de aprobarse la presente iniciativa se generarían los siguientes impactos: Jurídico. De aprobarse la presente iniciativa se crearía un nuevo ordenamiento jurídico destinado a establecer medidas que permitan generar ahorros en el uso de los recursos públicos, denominada Ley de Austeridad, Ahorro y Transparencia en el Ejercicio de Recursos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. Administrativo. Se tendrán que llevar a cabo modificaciones a las estructuras ocupacionales de las dependencias y elaborar un Programa de Austeridad, Ahorro Y Transparencia que contemple las medidas que cada dependencia implementará para determinar las medidas que les permitan generar ahorros y aquellas tendientes a eliminar los trámites innecesarios, agilizar los procesos internos y reducir los costos de operación y administración. Además, se deberán realizar las adecuaciones correspondientes a las percepciones de los servidores públicos y emitir los tabuladores para regular el pago de viáticos. Presupuestario. De la presente iniciativa no se advierte un impacto presupuestal, contrario a ello, su fin es generar ahorros presupuestales a través del uso eficiente y racionalizado de los recursos públicos. Social. Con la iniciativa de ley propuesta se coadyuvará a mejorar las finanzas públicas, se transparentará el uso de recursos públicos y se generarán economías que permitan financiar proyectos de inversión en educación y salud. En este sentido, el impacto social que se generará con la aprobación de la presente iniciativa implica el contar con más recursos para proyectos que beneficien directamente a la ciudadanía a través de la eliminación de gastos innecesarios en todos los niveles del gobierno del estado..» II.3 En la reunión de esta Comisión que tuvo verificativo el 5 de marzo de 2025, se acordó la metodología para el análisis y dictaminación de la iniciativa, la cual consistió en lo siguiente: a) Remisión de la iniciativa para comentarios y observaciones que estimen pertinentes, con un plazo de 30 días hábiles, a la Consejería Jurídica, Secretaría de Finanzas, Presidencia del Consejo del Poder Judicial del Estado, Organismos Autónomos, Ayuntamientos, Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; b) Difusión de la iniciativa a la página web del Congreso del Estado, para consulta y participación ciudadana, la cual estuvo disponible por un plazo de 30 días hábiles; c) Las observaciones remitidas a la secretaría técnica serán compiladas y además se elaborarán documentos con formato de comparativos que se circularán a la Comisión de Hacienda y Fiscalización; d) Llevar a cabo una mesa de trabajo, para discutir y analizar las observaciones remitidas, con las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Fiscalización que deseen participar, personal de asesoría de quienes conforman la misma, personas funcionarias en representación del Poder Ejecutivo del Estado, Poder Legislativo del Estado, la secretaría técnica; asimismo, los diputados y las diputadas de la LXVI Legislatura; e) La presidencia instruirá a la secretaría técnica la elaboración del proyecto de dictamen. f) Reunión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización para la discusión del proyecto de dictamen. Se recibió opinión de la Universidad de Guanajuato, de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, del Poder Judicial del Estado, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo y de los municipios de Salamanca, Irapuato y Guanajuato. Los municipios de Yuriria, Doctor Mora, Cortazar, Romita, San Diego de la Unión y Moroleón se manifestaron aprobando la iniciativa observando que no sea una sobre regulación; no tener comentario o sugerencia; a favor y sin observaciones; considerar viable la iniciativa; aprobarla por unanimidad y manifestar una opinión favorable a la iniciativa. Los municipios de Tarimoro, Santiago Maravatío, san Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Uriangato, Coroneo y Santa Cruz de Juventino Rosas comunicaron haberse dado por enterados de la iniciativa. El municipio de Abasolo se pronunció en contra. De conformidad con la metodología aprobada, se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2025 la mesa de trabajo en la que participaron las personas diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora; personal de asesoría; personas servidoras públicas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría Técnica de la Comisión. La presidencia de la Comisión de Hacienda y Fiscalización instruyó a la Secretaría Técnica la elaboración del proyecto de dictamen, conforme lo dispuesto en los artículos 98, fracción VIII y 276, fracción VIII, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, mismo que fue materia de revisión por esta Comisión dictaminadora. III. Consideraciones de la Comisión dictaminadora Todo sistema normativo, entendido como el conjunto de leyes y regulaciones emitidas dentro de un Estado, debe adherirse a principios fundamentales como la unidad y la coherencia. En el caso de México, este sistema es de carácter complejo, ya que involucra diferentes niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. La existencia de estos niveles requiere que las normas que los rigen mantengan una relación armónica y consistente, garantizando que las reglas no entren en conflicto ni generen contradicciones, conocidas como antinomias. Resulta esencial reconocer que las normas que conforman un sistema jurídico deben estar interrelacionadas y ser congruentes, formando un entramado regulatorio integrado. No se trata de disposiciones aisladas, sino de componentes que interactúan y se complementan para mantener la estabilidad y la coherencia del orden legal. En particular, la administración fiscal y la gestión del gasto público son actividades reguladas tanto por la Constitución como por leyes específicas. Estas actividades representan los mecanismos mediante los cuales las autoridades utilizan las contribuciones y otros recursos del patrimonio público para satisfacer las necesidades colectivas. La regulación de estas actividades busca garantizar la certeza jurídica en la aplicación de los recursos públicos, asegurando que se utilicen de manera adecuada y transparente. El objetivo principal es evitar la arbitrariedad en la asignación y el gasto de los recursos públicos, promoviendo un uso eficiente y responsable. La normativa busca también que las instituciones gubernamentales puedan cumplir con sus funciones de manera efectiva, brindando servicios y realizando actividades que beneficien a la sociedad en general. En resumen, la estructura normativa que regula estos aspectos es fundamental para mantener la legitimidad, la justicia y la eficiencia en la gestión pública, asegurando que las acciones del Estado se ajusten a los principios constitucionales y legales que rigen el orden jurídico mexicano. En ese sentido, las pautas generales consignadas en los artículos 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 136 de la Constitución local, que tienen aplicación para el Estado de Guanajuato, se desarrollan en diversos ordenamientos como los emitidos por el Congreso de la Unión: la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarias, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otros; y los emitidos por el Congreso del Estado: La Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y Municipios de Guanajuato, la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2025, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado, la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, entre otras. Tras realizar un análisis de la propuesta, esta Comisión concluye que la misma solo cubre parcialmente los aspectos establecidos por la normativa vigente. En particular, el tema relacionado con el objeto de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos en el Estado y los Municipios de Guanajuato no está completamente atendido. La normativa actual regula de manera coincidente y armonizada las disposiciones federales en materia contable, presupuestal y de disciplina financiera, alineándose con leyes como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre otras. Por ello, se considera que la propuesta de una nueva ley en el ámbito estatal, al establecerse a nivel local, podría generar una sobre regulación en la materia. Los enunciados normativos propuestos además de ser reiterativos de la normatividad local vigente pueden llegar a propiciar una invasión de competencias, como por ejemplo la injerencia en la autonomía hacendaria municipal y que si fueran aprobados incurrirían en inconstitucionalidad. Para esta Comisión es ineludible la responsabilidad que conlleva la creación de legislación por lo que se ha tenido el cuidado de mantener actualizado el marco normativo estatal con el federal a efecto de no generar una dispersión innecesaria que pudiera generar antonimias y falta de certeza jurídica. Quienes integramos esta Comisión de Hacienda y Fiscalización no encontramos coincidencia con la iniciativa ya que carece de unidad y coherencia con el orden jurídico local debido a que las propuestas de racionalidad, austeridad y disciplina que contiene, ya se encuentran reguladas en la legislación del Estado. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente: A C U E R D O Único. No resulta procedente la iniciativa suscrita por diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA por la que se expide la Ley de Austeridad, Ahorro y Transparencia en el Ejercicio de Recursos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios ELD 151/LXVI-I. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo de la iniciativa Guanajuato, Gto., a 12 de diciembre de 2025 La Comisión de Hacienda y Fiscalización Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta Presidente Diputada Karol Jared González Márquez Vocal Diputada Angélica Casillas Martínez Vocal Diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor Vocal Diputada María del Pilar Gómez Enríquez Secretaria