C. DIPUTADO ROBERTO CARLOS TERÁN RAMOS PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E la Comisión de Atención a las Personas Migrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, recibimos por turno, para efecto de estudio y dictamen, cinco propuestas de punto de acuerdo formuladas: dos por personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; dos del Grupo Parlamentario del Partido MORENA y una del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Los expedientes legislativos de referencia son: 52/LXVI-PPA, 67/LXVI-PPA, 68/LXVI-PPA, 69/LXVI-PPA y 87/LXVI-PPA, respectivamente. Con fundamento en los artículos 92, fracción VI, 108, fracciones IV y V y 186 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se formula a la Asamblea el siguiente: D I C T A M E N I. Proceso Legislativo I.1. En sesión ordinaria del 31 de octubre de 2024, y de la Diputación Permanente del 24 de enero y 6 de marzo de 2025, ingresaron las propuestas de punto de acuerdo formuladas por: 1. Diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y por la diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se efectúa un respetuoso exhorto al Instituto Nacional de Migración para que el ejercicio de sus funciones se realice bajo principios que garanticen el derecho a la igualdad y no discriminación, al libre tránsito y a la libertad personal, con un enfoque de derechos humanos de las personas migrantes . 2. Diputado Antonio Chaurand Sorzano, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, efectúa un respetuoso exhorto al gobierno del Estado de Guanajuato, así como a la Secretaría de Derechos Humanos, para que: i) elaboren políticas integrales que protejan y garanticen los derechos humanos de los migrantes guanajuatenses, así como fortalecer los programas de apoyo y asesoría legal y servicios comunitarios dirigidos a los migrantes guanajuatenses en el extranjero; ii) Para que establezcan mecanismos efectivos de reintegración económica, social y emocional para quienes sean deportados, mediante acciones como la creación de oportunidades de empleo, acceso a educación, atención psicológica y programas que faciliten su reinserción en la sociedad . 3. Diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, a fin de exhortar a la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que atienda, de manera urgente, a las y los migrantes y sus familias, con el fin de garantizar sus derechos fundamentales en materia de salud, seguridad y reinserción laboral en el estado, así mismo, diseñar e implementar un Plan Integral con atención humanitaria y asistencia legal para las personas migrantes repatriadas, con un enfoque de justicia social y orientado a cerrar las brechas de desigualdad que afectan a esta población, con recursos económicos suficientes que garanticen su operatividad y la atención efectiva de las personas migrantes y sus familias . 4. Diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco y diputado Rodrigo González Zaragoza, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para efectuar un respetuoso exhorto a la titular de la Secretaria de Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano del Estado de Guanajuato, C. Liz Alejandra Esparza Frausto y a la titular de la Subsecretaría de Atención a las Personas Migrantes y sus Familias del Estado Libre y Soberano del Estado de Guanajuato, C. Susana Guerra Vallejo para que, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 32 quinquies, fracción II, III, V, VII, VIII, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, implementen una estrategia de carácter urgente para garantizar el debido cuidado de las personas migrantes del Estado de Guanajuato, así como las Casas Guanajuato que se ubican en los Estados Unidos funjan como centros de enlace y provisión de servicios . 5. Personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, efectúa un respetuoso exhorto al Instituto Nacional de Migración para fortalecer los mecanismos y garantizar una migración segura y ordenada, salvaguardando en todo momento los derechos humanos de las personas migrantes, particularmente de niñas, adolescentes y mujeres, observando el interés superior de la niñez y la perspectiva de género . I.2. En reuniones de la comisión de fechas 11 de diciembre de 2024, 12 de febrero y 9 de abril de 2025, se radicaron las propuestas de punto de acuerdo. I.3. Se acordó la celebración de una mesa de trabajo para analizar los alcances de cada uno de los cinco puntos de acuerdo y su relación entre estos, el 24 de julio de 2025, en reunión de la comisión. La mesa de trabajo se celebró el 21 de agosto de 2025, estando presentes las personas diputadas Yesenia Rojas Cervantes y Ernesto Millán Soberanes integrantes de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes, así como el diputado Antonio Chaurand Sorzano, integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura. De igual forma, estuvieron personas asesoras de los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional, MORENA y de Movimientos Ciudadano, así como la Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario a través de la secretaría técnica. Posterior a ello, se desahogó una mesa interna de asesores el 18 de septiembre de 2025 a efecto de cumplir la instrucción de la presidencia de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes y dar puntual seguimiento a la celebrada el 21 de agosto del año en curso. I.4. La presidencia de la Comisión instruyó a la secretaría técnica para que elaborara un proyecto de dictamen en sentido positivo, que considerará las cinco propuestas de punto de acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98, fracción VIII y 276, fracción VIII inciso e, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, mismo que fue materia de revisión por las personas diputadas integrantes de esta comisión dictaminadora. II. Contenido de las propuestas de punto de acuerdo Quienes integramos la comisión dictaminadora, referenciamos los alcances sobre los cuales versan las propuestas, a saber: ELD 52/LXVI-PPA: tiene como objeto efectuar un respetuoso exhorto al Instituto Nacional de Migración para que el ejercicio de sus funciones se realice bajo principios que garanticen el derecho a la igualdad y no discriminación, al libre tránsito y a la libertad personal, con un enfoque de derechos humanos de las personas migrantes. Las y los proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente: El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene la responsabilidad fundamental de garantizar que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto, sin importar su estatus migratorio. Esta obligación emana de los principios básicos de derechos humanos, que reconocen la igualdad inherente de todas las personas, así como de las normativas nacionales e internacionales que protegen a las personas en tránsito. El trato digno implica que las autoridades migratorias deben actuar con sensibilidad y humanidad, evitando prácticas que perpetúen abusos, estigmas o marginación hacia los migrantes. Asegurar un trato libre de discriminación significa que ninguna persona migrante debe ser tratada de manera desfavorable por su nacionalidad, raza, género, orientación sexual, religión, o cualquier otra característica personal. Los migrantes a menudo enfrentan múltiples vulnerabilidades. Por ello, el Instituto Nacional de Migración debe crear mecanismos efectivos que garanticen igualdad de trato y eviten la discriminación en todos los niveles de su operación. Sin embargo, el personal del Instituto Nacional de Migración ha sido señalado de no apegarse al Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas del Instituto Nacional de Migración, dado que, en recientes ocasiones se les ha visto interrogar a las personas que arriban al Aeropuerto Internacional del Bajío, respecto de su procedencia y origen. Esto, a través de cuestionamientos que discriminan, perjudican y afectan de forma sistemática las personas. Si bien, el Instituto Nacional de Migración tiene como atribución el vigilar la entrada y salida de personas al territorio mexicano de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación, eso no los exime del cumplimiento de principios en materia de derechos humanos, seguridad jurídica, libertad personal, la libertad de tránsito y, sobre todo, discriminar a las personas migrantes. Por lo anterior, es fundamental que el personal del Instituto, que es el encargado de la gestión migratoria, proteja de manera irrestricta y permanente los derechos humanos de quienes ingresan, transitan y salen del territorio Nacional, con el propósito de garantizar una migración segura, ordenada y regular. Los controles migratorios deben garantizar el trato digno a todas las personas, lo que implica evitar cualquier acción que resulte en maltrato, discriminación, violencia o prácticas que vulneren su integridad física, emocional y su dignidad humana. Asimismo, los procedimientos migratorios también deben estar diseñados y ejecutados con un enfoque prioritario en el respeto absoluto de los derechos humanos de todas las personas migrantes, sin importar su estatus legal. Dicho principio implica reconocer que la dignidad humana es inalienable y que todas las personas tienen derecho a ser tratadas con justicia, sin sufrir violencia, discriminación o abusos. El respeto irrestricto de los derechos humanos depende en gran medida de la formación y sensibilidad del personal encargado de implementar los controles migratorios. Por lo tanto, el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) debe fortalecerse en recibir capacitación especializada y continua en derechos humanos, legislación migratoria, atención a grupos vulnerables. Además, la capacitación debe ser integral y considerar la diversidad cultural y lingüística de las personas migrantes, así como las dinámicas complejas que enfrentan. Finalmente, garantizar el respeto de los derechos humanos y capacitar adecuadamente al personal migratorio son dos pilares fundamentales para construir un sistema migratorio justo, humanitario y eficiente. Estos elementos no solo cumplen con las obligaciones legales y éticas del Instituto, sino que también refuerzan la confianza pública en los servidores públicos y fomentan una gestión migratoria basada en la dignidad y el respeto hacia todas las personas. ELD 67/LXVI-PPA: que tiene como objeto efectuar un respetuoso exhorto al gobierno del Estado de Guanajuato, así como a la Secretaría de Derechos Humanos, para que: i) elaboren políticas integrales que protejan y garanticen los derechos humanos de los migrantes guanajuatenses, así como fortalecer los programas de apoyo y asesoría legal y servicios comunitarios dirigidos a los migrantes guanajuatenses en el extranjero; ii) Para que establezcan mecanismos efectivos de reintegración económica, social y emocional para quienes sean deportados, mediante acciones como la creación de oportunidades de empleo, acceso a educación, atención psicológica y programas que faciliten su reinserción en la sociedad. Las personas proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente: La emigración en Guanajuato es un fenómeno de gran importancia histórica, social y económica, ya que es una de las entidades con mayor población migrante y mantiene una estrecha relación con los Estados Unidos. De acuerdo con datos del INEGI, 93 de cada 100 guanajuatenses que deciden emigrar eligen como destino al país vecino del norte. Actualmente, se estima que alrededor de 1.2 millones de guanajuatenses residen en Estados Unidos en condición migratoria irregular. Entre 2015 y 2020, 46,641 guanajuatenses emigraron, con una mediana de edad de 26 años. Los municipios con mayor flujo migratorio en este periodo fueron León, Dolores Hidalgo y Pénjamo. Mientras que en los Estados Unidos los principales destinos para los migrantes guanajuatenses son: Texas, California e Illinois. Además de la emigración, la migración de retorno forzado también ha sido significativa en Guanajuato. Entre 2010 y 2015, 32,147 personas retornaron al estado, lo que lo ubicó entre las entidades con mayor número de retornados . En 2021, el número de guanajuatenses repatriados fue de 11 mil 524. Esto hace que el grado de intensidad migratoria en Guanajuato sea clasificado como muy alto, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional. Los municipios de Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz y Cuerámaro destacan por tener niveles de intensidad migratoria también clasificados como muy altos. Por otro lado, la migración tiene un impacto económico directo en el estado, principalmente a través del envío de remesas. En 2024, Guanajuato ocupó el primer lugar a nivel nacional al recibir 4 mil 191 millones de dólares en remesas, lo que representó una dependencia económica del 8.7%. Los municipios que más se beneficiaron de estos recursos fueron León, Dolores Hidalgo, Celaya e Irapuato como los principales municipios receptores. En este contexto, la migración entre Guanajuato y los Estados Unidos se posiciona como un factor clave en la dinámica económica y social del estado, moldeando tanto las condiciones de vida de las familias que dependen de las remesas como los patrones demográficos y culturales, reflejando la importancia de este fenómeno para la población local. Por ello, es fundamental que el gobierno estatal desarrolle políticas integrales que protejan y garanticen los derechos humanos de los migrantes guanajuatenses, tanto de aquellos que residen en los Estados Unidos como de quienes puedan ser retornados. Las recientes amenazas de la administración entrante de implementar deportaciones masivas representan un riesgo significativo, ya que muchas de estas podrían llevarse a cabo sin respeto a los derechos humanos ni a los debidos procesos legales, dejando en situación de vulnerabilidad a miles de personas. Es indispensable que el gobierno estatal fortalezca los programas de apoyo consular, asesoría legal y servicios comunitarios dirigidos a los migrantes guanajuatenses en el extranjero. Asimismo, es prioritario establecer mecanismos efectivos de reintegración económica, social y emocional para quienes sean deportados, mediante acciones como la creación de oportunidades de empleo, acceso a educación, atención psicológica y programas que faciliten su reinserción en la sociedad guanajuatense. ELD 68/LXVI-PPA: a fin de exhortar a la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que atienda, de manera urgente, a las y los migrantes y sus familias con el fin de garantizar sus derechos fundamentales en materia de salud, seguridad y reinserción laboral en el estado, y, diseñar e implementar un Plan Integral con atención humanitaria y asistencia legal para las personas migrantes repatriadas, con un enfoque de justicia social y orientado a cerrar las brechas de desigualdad que afectan a esta población, con recursos económicos suficientes que garanticen su operatividad y la atención efectiva de las personas migrantes y sus familias. Las personas proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente: El pasado 20 de enero del presente año, el ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó posesión de su cargo y anunció la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur de su país, así como la implementación de deportaciones masivas de personas migrantes. Estas acciones vulneran significativamente los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por el norte de México y de las y los mexicanos que serían repatriados forzosamente y contra su voluntad a nuestro país. En este contexto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que, en caso de que las personas migrantes sean deportadas o decidan regresar voluntariamente, se implementará la "Estrategia de Repatriación: México te Abraza". Este programa integral tiene como objetivo garantizar un acompañamiento efectivo a las y los migrantes mexicanos, asegurándoles el acceso a diversos apoyos y servicios gubernamentales. Entre las medidas contempladas destacan: 1. La entrega inmediata y por única ocasión de una "Tarjeta Bienestar Paisano", con un monto de $2,000.00 (dos mil pesos mexicanos). 2. La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tanto para las personas repatriadas como para sus familias, incluyendo el acceso a guarderías. 3. La inclusión en programas sociales de la Secretaría del Bienestar, como becas educativas, apoyo a la vivienda y fomento a la agricultura. Sin embargo, en contraste con los esfuerzos del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Guanajuato carece de una estrategia clara y efectiva para atender a nuestras y nuestros migrantes repatriados. Aunque se ha anunciado un "Programa de Retorno Asistido" a cargo de la Subsecretaría del Migrante, este programa no cuenta con un presupuesto asignado1, ya que la Secretaría de Derechos Humanos, actualmente responsable de las funciones de la extinta Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, no dispone de los recursos necesarios para garantizar su implementación. Esta visión transversal, que tanto se esperaba, ha resultado contraproducente, pues afecta la operatividad y el alcance de los programas destinados a las y los migrantes debido a la falta de solvencia económica etiquetada y suficiente. Por lo anterior, resulta de carácter urgente que el Gobierno del Estado de Guanajuato desarrolle e implemente un Programa Integral Humanitario y de asistencia Legal no simulado, el cual cuente con recursos y estructura especializada, para atender las necesidades específicas de las personas migrantes repatriadas. Dicho programa debe ser gestionado por una unidad especializada que cuente con la capacidad técnica y operativa para adaptarse a las necesidades cambiantes de esta población vulnerable, en lugar de delegar estas funciones a una secretaría cuyo mandato incluye problemáticas distintas. ELD 69/LXVI-PPA: para efectuar un respetuoso exhorto a la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, C. Liz Alejandra Esparza Frausto y a la titular de la Subsecretaría de Atención a las Personas Migrantes y sus Familias del Estado Libre y Soberano del Estado de Guanajuato, C. Susana Guerra Vallejo para que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 quinquies, fracciones II, III, V, VII, VIII, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, implementen una estrategia de carácter urgente para garantizar el debido cuidado de las personas migrantes del Estado de Guanajuato, así como las Casas Guanajuato que se ubican en los Estados Unidos funjan como centros de enlace y provisión de servicios. Las personas proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente: Desde el regreso del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump ha implementado una serie de medidas migratorias que dejan en incertidumbre a millones de mexicanos y mexicanas. Entre las acciones más destacadas se encuentran Declaración de emergencia nacional en la frontera sur. Donald Trump ha declarado una emergencia nacional en la frontera con México, lo que ha permitido el despliegue de fuerzas militares para reforzar la seguridad y continuar con la construcción del muro fronterizo. Reinstauración del programa "Permanece en México". Se ha reactivado la política que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesan sus casos en Estados Unidos. Eliminación de la ciudadanía por nacimiento. El Presidente de los Estados Unidos ha propuesto eliminar el derecho a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país, lo que podría enfrentar desafíos legales por su posible inconstitucionalidad. Suspensión del programa de admisión de refugiados. Se ha detenido temporalmente la admisión de refugiados, afectando a quienes buscan protección en el país. Eliminación de la aplicación "CBP One". La suspensión de esto ha complicado el proceso migratorio para quienes buscaban programar citas en los puntos de entrada oficiales. Estas políticas reflejan un enfoque más estricto en materia migratoria, con implicaciones significativas tanto para los migrantes como para las relaciones internacionales de Estados Unidos. Según datos del INEGI, Guanajuato presenta diversas dinámicas migratorias que incluyen migración interna, emigración internacional, migración de retorno, migración en tránsito e inmigración. A continuación, se ofrece un resumen cuantitativo de cada una de estas categorías: Emigración interna. Entre 2015 y 2020, 92,215 personas salieron de Guanajuato para residir en otras entidades de México. Los principales destinos fueron Querétaro (19%), Jalisco (11%), Estado de México (9%), Michoacán de Ocampo (9%) y Ciudad de México (6%). Inmigración interna. En el mismo periodo, 117,626 personas de otros estados se establecieron en Guanajuato. Los principales estados de origen fueron Estado de México (14%), Ciudad de México (13%), Querétaro (13%), Michoacán de Ocampo (9%) y Jalisco (8%). Emigración internacional. En 2020, emigraron al extranjero 62,476 personas originarias de Guanajuato, de las cuales el 93% se dirigió a Estados Unidos. Inmigración de retorno. Durante los primeros cuatro meses de 2023, Guanajuato registró más de 4,000 migrantes devueltos desde Estados Unidos. Los municipios con mayor número de devoluciones fueron Guanajuato capital (553 casos), León (252), Comonfort (207) y Dolores Hidalgo (203). Emigración de tránsito. Guanajuato, ubicado en el corazón del sistema migratorio Meso-norteamericano, es una ruta de tránsito para migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos. Sin embargo, no se dispone de cifras exactas sobre el número de migrantes en tránsito que atraviesan el estado. Guanajuato es uno de los estados mexicanos con mayor intensidad migratoria hacia Estados Unidos. Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Guanajuato se coloca como una de las entidades federativas con mayor índice de emigración e inmigración tanto interna y externa. Sobre las causas de la migración en el estado, tenemos las siguientes gráficas: Emigrantes por entidad federativa (interna). Entre 2015 y 2020, salieron de Guanajuato 92,215 personas para radicar en otra entidad. Inmigrantes por entidad federativa (interna). Entre 2015 y 2020, llegaron a vivir 117,626 personas a Guanajuato, procedentes del resto de las entidades del país. Emigrantes por entidad federativa (externa). A 2020, de Guanajuato salieron 62,476 personas para vivir en otro país, 93 de cada 100 se fueron a Estados Unidos de América. A nivel nacional se registraron 802,807, de ellos 77 de cada 100 se fueron a Estados Unidos de América. Según la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, nos informa que la situación de emigración interna en Guanjuato son alarmantes, ya que las principales causas son por violencia o inseguridad, tan solo en el periodo de 2015 a 2020 salieron 6,515 personas se fueron a otro estado por esta situación y en la emigración externa resalta que Guanajuato ocupa el primer lugar como entidad expulsora de personas a otros países, entre 2015 a 2020 salieron 50,442 personas y en la cuestión de inmigración externa, tan solo del 2015 a 2020 retornaron de manera voluntaria e involuntaria más de 22,000 personas a Guanjuato que Vivian en el extranjero. En la actualidad hay lugares para apoyar a la comunidad migrante derivada del Estado de Guanajuato, mejor conocidas como "Casas Guanajuato" son organizaciones establecidas en Estados Unidos con el objetivo de unificar y armonizar la situación de cualquier persona que lo ocupe. Estas agrupaciones, inscritas como entidades no lucrativas bajo las normativas de Estados Unidos, aspiran a consolidar los vínculos entre los guanajuatenses en el extranjero y su país de origen, proporcionando una variedad de servicios comunitarios, educativos y jurídicos. Actualmente, el Gobierno del Estado de Guanajuato, en colaboración con la comunidad migrante, ha establecido cinco "Casas Guanajuato" oficiales en las siguientes ubicaciones Dallas, Texas Chicago, Illinois Los Ángeles, California Carolina del Norte Georgia En agosto de 2024, la gobernadora electa de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anuncio iniciativas para reactivar y robustecer las "Casas Guanajuato" en los Estados Unidos de América. Este esfuerzo, se dijo, tiene como objetivo fortalecer estos lugares como núcleos de atención completa para los migrantes, simplificando procesos como la doble nacionalidad, la rectificación de registros de nacimiento y la obtención de permisos de conducir, entre otros servicios. ELD 87/LXVI-PPA: efectúa un respetuoso exhorto al Instituto Nacional de Migración para fortalecer los mecanismos y garantizar una migración segura y ordenada, salvaguardando en todo momento los derechos humanos de las personas migrantes, particularmente de niñas, adolescentes y mujeres, observando el interés superior de la niñez y la perspectiva de género. Las personas proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente: Nuestro país enfrenta una crisis migratoria, lo cual ha tenido un impacto significativo en los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias. Y dadas las recientes políticas migratorias que ha implementado el actual presidente de los Estados Unidos de América, miles de personas han sido deportadas a sus países, incluyendo México. Así, más de 10,000 mexicanas y mexicanos han sido deportados. Personas que construyeron una vida, formaron sus familias y trabajaron para salir adelante. Estamos ante una de las situaciones más devastadoras para las familias migrantes y, en medio de una ola de deportaciones, de violencias, desplazamientos y miedo, se debe hacer frente con soluciones efectivas que beneficien a las personas migrantes, fortaleciendo las capacidades operativas y técnicas de las autoridades competentes. En ese sentido, el Instituto Nacional de Migración debe redoblar esfuerzos de manera permanente para instrumentar y atender la política migratoria bajo los principios de respeto y seguridad de las personas migrantes. Es fundamental que se garantice la gestión migratoria desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Porque cada mexicana y mexicano deportado es una historia de vida interrumpida, de sueños truncados, de familias separadas y, cuando llegan, enfrentan la incertidumbre y la reconstrucción social en todos los ámbitos. Esta situación los expone a una diversidad de riesgos que pueden comprometer su integridad física y emocional. Es imperativo que como sociedad y gobierno tomemos medidas concretas para proteger a las personas migrantes y, en especial, a las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Porque las mujeres migrantes, en particular, enfrentan desafíos únicos y desgarradores. A lo largo de su travesía, muchas de ellas son víctimas de violencia de género. Y para analizar la compleja articulación de la migración y la movilidad en que estamos viviendo, es preciso considerar las necesidades específicas y los determinantes de la vulnerabilidad de las personas migrantes y otras personas en movilidad, incluyendo los factores individuales comunitarios y estructurales, como los conflictos y la discriminación sistémica. Tal como el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres de todas las edades, entre las que destacan, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres adultas mayores y mujeres con alguna discapacidad. Cada una de ellas, enfrenta riesgos específicos, como la detención arbitraria sin el debido proceso, la falta de protección o representación legal adecuada, condiciones inhumanas en los centros de detención y la falta de información, acciones y redes de apoyo. Por estas razones, se deben maximizar los esfuerzos, para brindar las condiciones de un retorno seguro con perspectiva de género conforme al derecho internacional, priorizando la dignidad de las instalaciones y los espacios donde las mujeres migrantes se encuentran. Estas acciones deben ir acompañadas de la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres, tal como lo refiere el documento “Mujeres Migrantes, Acciones Prioritarias 2022”3 , que señala que el Instituto Nacional de Migración debe fortalecer las capacidades institucionales en la etapa del proceso migratoria, visibilizando los riesgos que enfrentan las mujeres y que las colocan en situaciones que afectan sus derechos humanos. Por lo tanto y, de conformidad con el artículo segundo de la Ley de Migración, la política migratoria del Estado Mexicano debe alcanzar los objetivos determinados, facilitando el retorno al territorio nacional y la reinserción social de las personas migrantes y sus familias, desde la perspectiva de género y el interés superior de la niña, niño o adolescente. La solidaridad y compromiso con las mujeres migrantes y sus familias, conlleva una responsabilidad colectiva y frente a los desafíos actuales, se requieren respuestas inmediatas y coordinadas. III. Consideraciones generales de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes, con respecto a la acción de exhortar a autoridades de los tres órdenes de gobierno A las personas diputadas integrantes de esta Comisión Dictaminadora, nos fueron turnadas cinco propuestas de punto de acuerdo, mediante las cuales se exhorta a diversas autoridades del ámbito federal y estatal en materia de migrantes, con el propósito de fortalecer la atención integral a la población migrante, garantizando el respeto irrestricto de sus derechos humanos, el trato digno y libre de discriminación, así como la protección y reinserción de las personas repatriadas, entre otros aspectos que convergen directamente sobre esa materia. Asimismo, se busca consolidar los programas de apoyo consular y comunitario, incluyendo el fortalecimiento de las Casas Guanajuato en los Estados Unidos de América, e implementar acciones con perspectiva de género, priorizando la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad. Así, esta comisión destaca que la migración constituye un fenómeno social de gran relevancia para México y, en particular, para el estado de Guanajuato. Su impacto se manifiesta en múltiples dimensiones: la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad, la gestión institucional de los flujos migratorios, la dinámica económica derivada del envío de remesas, así como los procesos de integración y reintegración social. El marco nacional e internacional en materia de derechos humanos obliga a las instituciones del Estado mexicano a garantizar un trato digno, libre de discriminación y con perspectiva humanitaria para todas las personas migrantes, independientemente de su condición jurídica. En este contexto, el Instituto Nacional de Migración —INM—, desempeña un papel central en la salvaguarda de los derechos de quienes ingresan, transitan o retornan al territorio nacional. Por su parte, Guanajuato es una de las entidades federativas con mayor intensidad migratoria del país. Millones de guanajuatenses residen en los Estados Unidos, y en otros países y sus comunidades mantienen un vínculo permanente con el estado de origen, ya sea a través de remesas, retornos forzados o voluntarios, o mediante la organización comunitaria en el extranjero. Ello coloca a la entidad en una situación particular, que demanda políticas públicas efectivas y coordinadas, tanto en el ámbito federal como estatal. Las recientes medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente Donald Trump, han recrudecido el escenario migratorio regional. La declaratoria de emergencia nacional en la frontera, la reinstauración de programas restrictivos como —Permanece en México—, y las amenazas de deportaciones masivas, generan una situación de vulnerabilidad que exige respuestas inmediatas y coordinadas por parte del Estado mexicano . Es decir, el Estado mexicano tiene la gran responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos de las personas migrantes en su territorio, reconociendo su derecho a la libertad de tránsito, a la no discriminación, al acceso a la salud, educación y justicia, y a la unidad familiar. Además, éste tiene la obligación de defender los derechos de sus connacionales en el exterior a través de la asistencia consular y acciones diplomáticas. Tenemos claro que —desde el ámbito de acción de cada autoridad— se deben garantizar derechos fundamentales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Migración establecen que toda persona migrante, sin importar su situación migratoria, tiene derecho a la no discriminación, al acceso a la justicia, a la salud, a la educación y a la protección de su unidad familiar. En ese contexto, la Ley de Migración simplifica procedimientos migratorios y despenaliza la migración no documentada, reconociendo a la persona migrante como sujeto de derechos. De igual manera promueve una migración humanitaria. Es decir, México desarrolla una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos, con un enfoque humanista que busca la movilidad regular, ordenada y segura. Coincidimos en el énfasis que se pone en la protección de niños, niñas, adolescentes no acompañados, personas con discapacidad, mujeres, personas indígenas y otras comunidades históricamente discriminadas. De esta manera coincidimos que se debe facilitar la integración, a través de la política migratoria, que busca integrar y reintegrar a personas en contextos de migración y movilidad internacional, considerando el desarrollo social y económico como base para esta integración. De igual forma tenemos claro el papel del Estado mexicano hacia el exterior, en relación a diversos rubros —tales como la política de protección a mexicanos—, donde el gobierno mexicano tiene como prioridad la protección de los derechos humanos de sus connacionales en el extranjero, fundamentada en principios de la política exterior y en convenciones internacionales. Por otro lado, nos encontramos con la —asistencia consular— donde los consulados mexicanos están autorizados para asistir a sus nacionales, quienes tienen el derecho a comunicarse con ellos y recibir visitas consulares en caso de detención; y, no podemos dejar de lado, el diálogo y coordinación, es decir, debe existir un constante diálogo con otros países, especialmente con los Estados Unidos de América, para coordinar esfuerzos y defender una perspectiva humanista en temas de migración. En este contexto, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de protección a las personas migrantes, la capacitación del personal encargado de su atención y la implementación de programas de reinserción social, económica y comunitaria que garanticen una migración segura, ordenada y digna. Por ello, para esta comisión dictaminadora el respeto irrestricto a la dignidad humana es la base de toda política migratoria. El personal del Instituto Nacional de Migración debe conducirse conforme a los principios de legalidad, humanidad, imparcialidad y sensibilidad cultural. Garantizar un trato libre de discriminación implica que ninguna persona migrante sea objeto de interrogatorios, cuestionamientos o procedimientos que lesionen sus derechos por motivos de origen, nacionalidad, género, orientación sexual, religión o cualquier otra condición personal. Así, el fortalecimiento de la capacitación del personal migratorio es un pilar fundamental. Dicha capacitación debe ser continua, especializada y con un enfoque diferenciado que contemple la diversidad cultural y lingüística de las personas migrantes, así como las dinámicas de vulnerabilidad que enfrentan. Este esfuerzo, además de cumplir con obligaciones legales y éticas, refuerza la confianza ciudadana en las instituciones y consolida un sistema migratorio humanitario y eficiente. En ese sentido, Guanajuato ocupa el cuarto lugar nacional en intensidad migratoria, con más de 1.2 millones de guanajuatenses residentes en los Estados Unidos de América, la mayoría en situación irregular. Entre 2015 y 2020, más de 46 mil guanajuatenses emigraron, siendo los municipios de León, Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional y Pénjamo los principales expulsores. De esta forma, el impacto económico de la migración es evidente: en 2024, Guanajuato se ubicó como el primer receptor nacional de remesas, con más de 4 mil millones de dólares. Estas divisas constituyen un soporte vital para miles de familias, pero también reflejan la dependencia estructural de amplios sectores de la población. La migración de retorno forzado y voluntario es igualmente significativa. Tan solo en 2021, más de 11 mil guanajuatenses fueron repatriados. Ahora, en 2025 la migración de retorno se caracteriza por dos tipos principales: el voluntario, apoyado por programas como el de la OIM que ofrece asistencia gratuita, segura y digna para quienes deciden regresar a su país de origen, y el forzado, que incluye deportaciones y situaciones de desplazamiento. Ambas modalidades están influenciadas por políticas migratorias cambiantes y por la situación socioeconómica de los países de tránsito y destino, como se observa en el aumento de retornos asistidos en México y en el incremento de deportaciones en el contexto de la segunda administración de Donald Trump en el vecino país. Ello genera una presión adicional sobre las capacidades estatales y municipales de atención, particularmente en lo que respecta a la reinserción social, educativa, laboral y emocional de las personas retornadas. Sin embargo, también entendemos que la política migratoria en México busca equilibrar el manejo de estos flujos, garantizando los derechos humanos y apoyando tanto la integración de migrantes como los retornos seguros. De esta manera, el Gobierno Federal ha puesto en marcha la Estrategia de Repatriación: —México te Abraza— , que contempla apoyos inmediatos y la inclusión en programas sociales. Estas medidas buscan garantizar un retorno digno y con oportunidades para la población repatriada. De igual manera, el Gobierno del estado de Guanajuato ha diseñado específicamente para la población migrante las —Casas Guanajuato— en los Estados Unidos de América, que fungen como espacios comunitarios y de apoyo jurídico, educativo y cultural. Su fortalecimiento constituye una oportunidad para robustecer los vínculos con la comunidad migrante y garantizar el acceso a servicios fundamentales, como trámites de doble nacionalidad o regularización documental. En este apartado es menester referir que la formación de clubes, asociaciones o casas de migrantes constituye una forma nueva de organización de las comunidades de migrantes mexicanas que trabajan o residen en Estados Unidos de América. Generalmente están conformadas por grupos de personas ciudadanas que comparten el mismo origen en México y que tienen como uno de sus principales objetivos maximizar recursos económicos para la puesta en marcha de una serie de actividades o proyectos que beneficien tanto a las comunidades de origen como a las mismas personas migrantes y, por tanto, a sus familias. Ante ese escenario, es importante destacar que la crisis migratoria afecta de manera diferenciada a las mujeres. Durante sus trayectorias enfrentan riesgos particulares tales como violencia de género, explotación, detención arbitraria sin debido proceso, condiciones inhumanas en centros de detención y falta de redes de apoyo. Por ello, la política migratoria debe incorporar de manera transversal la perspectiva de género, atendiendo las necesidades específicas de niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultas mayores y mujeres con discapacidad. El reconocimiento de estos riesgos diferenciados es indispensable para diseñar mecanismos de protección efectivos que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos. El retorno de mujeres migrantes debe garantizar condiciones seguras y dignas, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, resulta fundamental promover políticas que aseguren igualdad de oportunidades, acceso a servicios y programas de reintegración con enfoque diferenciado. El presente dictamen encuentra sustento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 1o establece el principio pro persona y la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De igual manera, la Ley de Migración en su artículo 2 dispone que la política migratoria del Estado mexicano debe orientarse bajo los principios de respeto a los derechos humanos, no discriminación, igualdad de género y unidad familiar. Asimismo, México es parte de diversos instrumentos internacionales, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que obliga a los Estados a garantizar condiciones de trato justo, digno y sin discriminación a las personas migrantes. La migración es un fenómeno complejo que plantea desafíos institucionales, económicos y sociales. Guanajuato, como una de las entidades con mayor intensidad migratoria, requiere respuestas integrales que atiendan tanto a quienes residen en el extranjero como a quienes retornan de manera forzada o voluntaria. Es imperativo que las autoridades federales y estatales trabajen de manera coordinada para fortalecer los programas de atención, garantizando siempre el respeto irrestricto a los derechos humanos, con un enfoque humanitario y de género. Es decir, quienes dictaminamos tenemos claro que la coordinación entre las autoridades federales y estatales en materia de migrantes implica la colaboración de diferentes órdenes de gobierno para formular políticas migratorias, proteger los derechos humanos de las personas migrantes, y gestionar flujos migratorios. Se utilizan diversos mecanismos, como la creación de comités interinstitucionales y protocolos de actuación, para asegurar una respuesta integral que incluye asistencia humanitaria, información y campañas de difusión de derechos. Para quienes dictaminamos es esencial que en una acción coordinada entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno —atendiendo al ámbito competencial de cada una— con base en principios constitucionales y atendiendo a la legalidad, se generen actividades de apoyo a las personas migrantes en Estados Unidos de América, tales como soporte logístico, orientación, capacitación e integración de grupos de familiares y amigos alrededor de actividades culturales y deportivas. En la misma sintonía esta lo concerniente al apoyo al desarrollo de las comunidades de origen, en coordinación con las autoridades locales y estatales, en actividades como el mejoramiento de infraestructura, reparación y construcción de escuelas y jardines infantiles, generación de fuentes de empleo, entre otros apoyos. Las casas de migrantes, al igual que los clubes y asociaciones, efectúan un conjunto de acciones con un alto sentido social, vinculándose en su actuar con los gobiernos estatales y municipales, generalmente en coordinación con las oficinas consulares de México en Estados Unidos. Por medio de estas asociaciones, las personas migrantes, al mismo tiempo que se adaptan a las nuevas circunstancias sociales en el país de arribo, logran mantener vínculos, lealtades y compromisos con sus comunidades de origen tanto en México como en Estados Unidos de América, convirtiéndose éstas en un importante capital social y económico de las personas migrantes. Desde este contexto, el marco de coordinación refiere a los órdenes de gobierno, pues esta involucra al gobierno federal —a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración —, y a las autoridades estatales y municipales. El marco legal, se fundamenta en leyes como la Ley de Migración y leyes estatales específicas para la protección de las personas migrantes, que establecen atribuciones y mecanismos de colaboración. De acuerdo a la Ley de Migración —vigente desde mayo de 2011— la política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios internacionales en los que nuestro país sea parte y dicha Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Son principios —entre otros— en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes: Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de una persona migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. Resulta necesario la congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio. Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras. Y, responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio. De igual manera la Ley de Migración, en sus artículos 72, 73 y 75 establece la celebración de convenios de coordinación y colaboración con dependencias y entidades de la administración pública de los estados y municipios del territorio nacional, que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las víctimas de delitos, las personas con discapacidad y las adultas mayores; en la atención de personas en situación de vulnerabilidad y, para establecer acciones en materia de prevención, persecución, combate y atención a las personas migrantes que son víctimas del delito. En el caso del estado de Guanajuato, la Ley para la Protección y Atención de las Personas Migrantes y sus Familias del Estado de Guanajuato —vigente desde 2017—, refiere en su objeto que: es de orden público y de interés social y tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes y sus familias; así como regular la hospitalidad, interculturalidad e interseccionalidad. En su artículo 2, fracciones III y IV —fines de la Ley—, establece que se da la coordinación interinstitucional entre las autoridades estatales y municipales a fin de implementar las políticas públicas en las materias de migración, interculturalidad y enlace internacional y, determina las bases de coordinación y colaboración entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para consolidar la presencia del estado de Guanajuato en el mundo. El artículo 6 dispone también que el Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos deberán coordinarse para el cumplimiento de los fines de la Ley, promoviendo la participación individual y colectiva de la sociedad organizada que procure la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias. Por su parte el artículo 13, fracción I, refiere que los ayuntamientos tendrán entre sus atribuciones, coadyuvar con la autoridad federal y estatal en la implementación de los programas y acciones en favor de las personas migrantes y sus familias. Con respecto a este apartado de igual manera, el Poder Ejecutivo del Estado coadyuvará con el Gobierno Federal y los ayuntamientos, en la realización de programas temporales o permanentes de atención y orientación a personas migrantes, en aeropuertos, centrales de autobuses y carreteras, así como en aquellos establecimientos y vías cuya idoneidad se determine. Así pues, esta Comisión legislativa considera que en un ejercicio institucional es menester cerrar filas en favor de las personas migrantes y sus familias a través de los mecanismos de coordinación, donde se fortalezcan comités y centros de coordinación, en el que se establecen grupos de trabajo interinstitucionales, como un Comité Coordinador a nivel federal y un Centro de Coordinación Operativa a nivel local para gestionar flujos migratorios masivos. Mismo énfasis con respecto a los protocolos de actuación, donde se desarrollen de manera idónea para la atención a migrantes, estableciendo procedimientos claros para la participación de las instituciones, garantizando la protección de sus derechos. En ese ejercicio, estamos convencidos que es fundamental, seguir fomentando desde cada campo institucional, la vinculación con otras instituciones gubernamentales, así como con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Pues en relación a las políticas migratorias, la coordinación permite formular y dirigirlas de manera coherente a nivel nacional. Otro factor fundamental es la atención humanitaria, donde se busca asistencia migratoria y primeros auxilios a las personas migrantes y sus familias, lo anterior garantiza, entre otras cosas, que las personas migrantes, sin importar su situación migratoria, ejerzan plenamente sus derechos. Es decir, desde este Congreso del Estado de Guanajuato, estamos conscientes que el funcionamiento de la coordinación idónea se traduce en la información y difusión, al realizar campañas a fin de difundir para informar a las personas migrantes sobre sus derechos y las políticas existentes. La gestión de flujos migratorios, donde se debe trabajar en conjunto para atenderlos, asegurando una respuesta eficiente por parte de las autoridades competentes y, por otro lado, la integración social y laboral, situación que promueve acciones para la integración laboral y social de las personas migrantes en el país. Con ello, se dará cumplimiento a las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, se protegerá a las personas migrantes guanajuatenses y se consolidará un modelo de gestión migratoria basado en la dignidad, la solidaridad y la justicia social. Este acto de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes tiene un claro mensaje. Cuando se trata de atender a personas migrantes y sus familias —este tipo de acciones de carácter institucional es crucial— para proteger sus derechos humanos, garantizar su seguridad y promover su integración social y económica, evitando la discriminación y la exclusión. Esto implica que, desde el ámbito competencial de cada autoridad, se deben crear políticas públicas coordinadas, asegurar el acceso a servicios básicos como salud y justicia, y fomentar la cohesión social en las comunidades de acogida. Por ello, desde este órgano legislativo, hacemos un llamado a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno que tienen entre sus principales atribuciones la atención de las personas migrantes y sus familias, respecto de la protección de los derechos humanos, la seguridad, el fortalecimiento de la cohesión social y la integración, el acercamiento de los beneficios económicos y sociales y el cumplimiento de la normativa a nivel nacional e internacional mediante un enfoque coordinado y transversal. Porque desde nuestro campo de acción como personas legisladoras de Guanajuato, sólo buscamos lo mejor para las personas migrantes —con este acto— no nos detenemos a señalar quien hace más o menos por ellas, de ahí la importancia de dialogar, consensar y buscar acuerdos que su objetivo único sea: la defensa integral de los derechos humanos de todas las personas migrantes y sus familias de Guanajuato y de México. Se destaca el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el presente dictamen, pues el mismo impacta e incide respecto al Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas con sus metas, 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades, y 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Con fundamento en los artículos 108, 186 y 218, tercer párrafo, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente: Acuerdo Primero. La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y a los 46 ayuntamientos de la entidad a efecto de fortalecer la coordinación para la atención de la población migrante guanajuatense, mediante capacitación del personal en derechos humanos y perspectiva de género, creación de apoyos para la reinserción y acompañamiento de personas migrantes y sus familias, y políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Segundo. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas con estricto respeto a su soberanía para que se adhieran a este acuerdo, a través de la generación de acciones desde su ámbito competencial, en un ejercicio institucional desde la coordinación entre autoridades federales y estatales, en pro de los derechos y apoyo a las personas migrantes. GUANAJUATO, GTO., A 16 DE OCTUBRE DE 2025 LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MIGRANTES Diputada Yesenia Rojas Cervantes Diputada Hades Berenice Aguilar Castillo Diputada Noemí Márquez Márquez Diputado Roberto Carlos Terán Ramos Diputado Ernesto Millán Soberanes