Diputado Gerardo Fernández González - Muchas gracias, Presidente, es un gusto saludar a las compañeras, compañeros a los que nos acompañan el día de hoy y sobre todo, a los que nos siguen por vías remoto. El día de hoy, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, me permito someter a la consideración de esta Asamblea una iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, que tiene como propósito. Establecer un tope en cobro en materia de reinscripciones en las instituciones educativas básicas impartidas por particulares en razón de los motivos que expongo a continuación. - La educación es una obligación a cargo del Estado, quien debe garantizar el acceso universal, gratuito y de calidad a todos los niveles educativos. Este mandato constitucional se sustenta en el reconocimiento de la educación como un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para el desarrollo personal y social. - En México, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, preescolar, primaria, secundaria y media superior. - Para dichos fines, el artículo 30 constitucional otorga el derecho a los particulares de impartir educación en todos sus tipos y grados, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Educación y la Secretaría de Educación Pública. - La realidad en México nos muestra que aunque el Estado provea una oferta educativa gratuita, la creciente demanda, la limitación en las infraestructuras y los (Voz) diputado presidente, ¿Diputado permítame de guardar un poco la compostura y un poco de silencio para poder atender la intervención del diputado en comentó, muchísimas gracias, (Voz) diputado Gerardo, gracias Presidente, la realidad en México nos muestra que, aunque el Estado provee una oferta educativa gratuita, la creciente demanda, las limitaciones en la infraestructura y los limitados recursos del sistema educativo público generan un déficit de espacios educativos, especialmente en áreas urbanas y zonas de alta densidad poblacional. - Esta situación provoca que padres de familia, vean la educación impartida por particulares como una alternativa para asegurar la continuidad y calidad educativa de sus hijos e hijas, estas instituciones, de carácter particular, al complementar la oferta del Estado, desempeñan un papel crucial en la absorción de la demanda educativa y la diversificación de opciones pedagógicas. Las personas físicas y morales que ofrecen estos servicios educativos sabemos que tienen derecho a una contraprestación económica, proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos que utilizan para cubrir su objeto, existe la práctica entre instituciones particulares de hacer un cobro a las familias por concepto de reinscripción, que parece carecer de un sustento convincente, dado que no implica para el proveedor de servicios mayor ajuste, un trámite que la simple permanencia del educando en la institución a la que ya estaba inscrito. - Entendemos que las escuelas privadas se ven en la necesidad de hacer cobros para poder asegurar el mantenimiento correctivo y preventivo de sus planteles, así como para poder cubrir el pago de salarios para sus empleados durante los periodos vacacionales, pero ello no justifica de ninguna manera el costo de la reinscripción sea equiparable a lo que se cobra Por Primera Vez al realizar el trámite de inscripción, inclusive entendemos que con estas contraprestaciones se garantice la calidad y la continuidad del servicio educativo, se actualice materiales, se adecuen instalaciones, se paguen impuestos y seguros. - Sin embargo, si a esto se le suma el pago de colegiaturas mensuales, las reinscripciones, útiles escolares y uniformes ocasiona que los gastos en las familias se multipliquen, aunado a lo anterior, debemos considerar que los costos en las instituciones educativas han ido al alza, de acuerdo con el índice nacional de precios del consumidor de INEGI, las colegiaturas en las instituciones educativas privadas del ciclo escolar 2324 alcanzaron su nivel más alto en los últimos 14 años en este ciclo, se registró un incremento, de 5.35, el mayor desde la segunda quincena de 2009, por lo que exigir este pago de reinscripción, en montos muy superiores a lo que se cobra por una mensualidad de colegiatura, puede resultar abusivo y desproporcionado, afectando negativamente a las familias que hacen esfuerzos significativos para costear la educación privada de sus hijos. - Por ello, es necesario establecer regulaciones que eviten estos excesos y aseguren que los costos de reinscripción sean, razonables y proporcionadas, es innegable que los padres tienen el derecho de decidir qué tipo de educación recibe sus hijos e hijas y que nuestra parte, construyamos cualquier normativa que garantice la prevención de cualquier abuso por parte de particulares que imparten educación en nuestro Estado. - Por ello, desde el Partido Verde consideramos que establecer un parámetro en materia de pago por la inscripción, es un ajuste razonable que garantiza que más alumnos puedan acceder a este tipo de educación si así lo deciden, así como a sus beneficios. Además, permitirá que los alumnos que actualmente estudian bajo dicha modalidad sigan su educación, sin preocuparse de afrontar reinscripciones impagables que los obliguen a desistir en sus estudios. - De esta manera se protegen los derechos de los padres de familia y se fomenta una mayor transparencia y equidad en el ámbito educativo privado, con esta iniciativa estaríamos contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU a través de su objetivo cuatro, garantizar una educación inclusiva y equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. - Es cuanto Presidente.