- Diputada Yulma Rocha Aguilar - - Gracias, Presidente. El pasado viernes 23 de febrero se dio a conocer que la fiscalía abrió una carpeta de investigación contra alumnos y alumnas de la división de Derecho, Política y Gobierno de nuestra Universidad de Guanajuato, por el delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico. Esto debido a su participación en las manifestaciones que tuvieron lugar el año pasado en el edificio de la Universidad de Guanajuato, con motivo de la renovación de la Rectoría. Nos encontramos ante una situación grave que refleja la manera en que en Guanajuato se está criminalizando la protesta y a quienes piensan distinto lo cuestionando y manifiestan, y es todavía más lamentable que sea en nuestra propia universidad, yo lo lamento mucho porque, yo soy abeja, soy UG, y que sea desde la propia universidad donde se orquesta una persecución que pretende silenciar una inconformidad a su interior, lo cual es contrario a lo que debe de imperar en un lugar, donde se debiera procurar el espíritu libre y crítico y que representa o que debería de presentar las máximas aspiraciones sociales, resulta por todos condenable, el hecho de que la fiscalía en delitos de alto impacto, esa que debería perseguir a asesinos, extorsionadores y secuestradores, ahora persiga estudiantes por la realización de las pintas en un edificio como parte de su protesta, como parte de la iconoclasia que se realiza durante este tipo de manifestaciones para expresar enojo, cambio o demandas y que de ninguna manera se puede considerar un acto delictivo, porque este tipo de manifestaciones de iconoclasia tienen una causa y un propósito que es la de visibilizar las problemáticas que aquejan a la sociedad, en este caso, a la comunidad universitaria. - Sobre la legitimidad de las protestas y las acciones que se llevan a cabo en ellas, incluso Amnistía Internacional señala que estas brindan oportunidades para defender y promover los derechos, así como para crear sociedades que los respeten. La universidad, nuestra universidad, debe mantenerse en todo momento como un espacio seguro para la comunidad estudiantil, no un lugar donde se amenace, se persiga o se criminalice por disentir o denunciar, nuestra universidad debe ser siempre interlocutor válido y legítimo, la universidad debe ser amigo, de todos, no puede ser enemiga de nadie, de lo contrario, esta, o estaría en riesgo, su estabilidad y su fortaleza institucional, y esto traspasa las fronteras las fronteras de la Colmena, repercutiendo también en la gobernabilidad del Estado. - Apenas ayer por la tarde, en un comunicado, la Universidad aceptó que sí fueron ellos mismos, las autoridades universitarias quienes dieron aviso a la Fiscalía sobre los daños que se causaron a sus instalaciones durante las manifestaciones y con este comunicado confirma lo que ya sabíamos y cada vez les resulta más difícil ocultar, a los organismos autónomos que muchas veces se considera que porque tienen esta categoría constitucional de autonomía están exentos de la vigilancia y el cuestionamiento y no lo es así y el hecho, de que nuestra universidad y la fiscalía, pareciera que quieran mandar un mensaje de intimidación y provocar temor a quien piense distinto es inaceptable, es inaceptable que se quiera perseguir a quien protestan contra el sistema y el status quo y eso, eso nos debe preocupar a todos, porque están usando las instancias, las instituciones de poder para acallar disidencias y perseguir opositores, y eso es inadmisible en una democracia. - Por eso, propongo que se solicite a la doctora Claudia Susana Gómez López, rectora de la Universidad de Guanajuato, para que la institución tenga a bien dirigir, deje de criminalizar a las y los estudiantes que participaron en las manifestaciones que tuvieron a lugar en las instalaciones el 11 de septiembre al 3 de octubre de 2023, así para que impulse prácticas democráticas que promuevan el diálogo y el respeto a la pluralidad de ideas, al pensamiento crítico y derechos de la comunidad estudiantil, al maestro Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General del Estado, para que garantice que la investigación de los delitos por daños por lo que se les acusa a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, con motivo de la participación en estas manifestaciones se realice, observando el debido proceso, con legalidad y respeto a sus derechos humanos y al arquitecto Jesús Oviedo Herrera, titular de la Secretaría de Gobierno, para que a través de la defensoría pública haga efectiva la garantía, de una adecuada defensa a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, acusados presuntamente de daños a edificios públicos y bienes de valor artístico e histórico, y que están siendo investigados como su fueran uso criminales, como si fueran asesinos, como si fueran distorsionadores. - Es cuanto, Presidente.