Presidencia de la Mesa Directiva Congreso del Estado Presente Correspondió a esta Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones analizar y dictaminar la propuesta de punto de acuerdo signada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Celaya, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Fiscalía General del Estado, para que actúen con prontitud y diligencia para esclarecer el multihomicidio de los jóvenes universitarios José Eduardo Freire Ortega, Pedro Francisco Mateos Puente, Bryan Jesús Amoles Gasca y los hermanos Jesús Virgilio y Fabián Orozco Mateos, garantizando justicia a las víctimas y a la sociedad celayense. (ELD 367/LXV-PPA) Agotado su estudio y discusión, con fundamento en el artículo 119 fracción IV y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se procede a realizar el siguiente: D i c t a m e n I. Antecedentes. La propuesta de acuerdo fue presentada en sesión ordinaria celebrada en fecha 7 de diciembre de 2023; realizándose su radicación en la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en reunión de 11 de diciembre de 2023. II. Antecedentes y consideraciones contenidas en la propuesta. La ciudad de Celaya lamentablemente vuelve a estar de luto, por el multi homicidio de 6 jóvenes, 5 de ellos se ha confirmado eran estudiantes de medicina, de la Universidad Latina de México. Jóvenes universitarios cuyas vidas han sido arrebatadas no solo para sus familias, sino a toda la sociedad celayense, que vuelve a estremecerse y sufrir una herida en su espíritu colectivo, con la pérdida de quienes eran hijos y ciudadanos dedicados a prepararse para servir en una de las más nobles profesiones, que es el ejercicio de la medicina. No hay palabras que puedan consolar esta pérdida irreparable, para sus familias, amigos, compañeros, maestros y cada celayense que nuevamente siente impotencia y dolor por esta tragedia. Es el llamado a que se haga justicia y verdaderamente pueda esclarecerse este trágico hecho, solo el primer paso de un camino en que deben los responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia, responder con la más estricta y pronta diligencia en el ejercicio de sus funciones. La tragedia que ha golpeado a la sociedad celayense con la pérdida de José Eduardo Freire Ortega, Pedro Francisco Mateos Puente, Bryan Jesús Amoles Gasca y los hermanos Jesús Virgilio y Fabián Orozco Mateos, nos ha dejado a los guanajuatenses el corazón afligido y la mente abrumada. La sensación personal y colectiva va desde la tristeza hasta la rabia, desde la confusión hasta el desaliento. En la oscuridad de la tragedia, debemos contribuir a que la justicia y la seguridad pública sean la luz que conduzca a reconfortar a la sociedad celayense, como permanente garantía, esfuerzo y destino. Ante esta gran tragedia que ha enlutado a Celaya, desde este Congreso tenemos el deber como representantes de las y los ciudadanos guanajuatenses de pronunciarnos con el más enérgico exhorto para conminar a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Celaya, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado, actúen con prontitud y diligencia para esclarecer este y cada uno de los multi homicidios y delitos que han ocurrido en ese municipio, garantizando justicia a las víctimas y a la sociedad celayense. III. Consideraciones de quienes integran la comisión. La reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia penal a través de la cual se implementó en el país el Nuevo Sistema de Justicia Penal, transitando de un sistema mixto a uno de naturaleza acusatorio y oral, materializándose instrumentalmente, entre otras, en el Código Nacional de Procedimientos Penales Conforme dicho Código en su artículo transitorio Décimo Primero cuyo epígrafe identifica el contenido como “Adecuación Normativa y Operativa” establece la necesidad de contar con los protocolos de investigación y actuación del personal sustantivo, para la operación del sistema. A partir de dicho fundamento es que se emite, como uno de dichos instrumentos, el Protocolo de Actuación Primer Respondiente cuyo objetivo sustancial es regir las actividades de los funcionarios de seguridad a nivel nacional que realicen acciones de primer respondientes. Se trata pues del instrumento jurídico que brinda seguridad y certeza jurídica a los funcionarios encargados de brindar seguridad pública en los tres niveles de gobierno, que incluye a los miembros de las Fuerzas Armadas en esa función. Lo anterior tiene relevancia para identificar y en su caso analizar en su contexto integral la propuesta de punto de acuerdo en análisis, pues conforme la definición que se desprende de dicho protocolo el Primer Respondiente, es la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la intervención que le compete corroborar la denuncia, localizar, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios, así como realizar las detenciones en caso de flagrancia, coordinado por la fiscalía cuya función continúa siendo la conducción y mando de la investigación de los delitos. Es en este orden y conforme las declaraciones realizadas por el primer edil del municipio de Celaya, así como de las noticias sobre los lamentables hechos que se desprenden de los diversos medios de comunicación, es la Guardia Nacional la autoridad quién primero ocurre al lugar del hallazgo y realiza la delimitación y protección correspondiente, acciones que entre otras deben encontrarse registradas en el apartado 5.5. “Preservación del lugar de los hechos o del hallazgo”, y en su caso del apartado 5.6 “Entrega – recepción del lugar de los hechos o del hallazgo” de la sección cinco del Informe Policial Homologado; procedimiento de reservación que se agota hasta en tanto ocurren autoridades con competencia y funciones de investigación, así como de procesamiento. Ello, además, en ejercicio de las atribuciones y obligaciones que le son asignadas a dicha autoridad por la Ley de la Guardia Nacional, en términos de las fracciones III y VII del artículo 7, fracciones VIII, XVI y XVII del artículo 9, así como del artículo 94 para efecto de realizar, bajo la conducción y mando del Ministerio Público competente, las investigaciones de los delitos cometidos, así como las actuaciones que les instruya aquel o la autoridad jurisdiccional, conforme a las normas aplicables, a fin de que sus actuaciones se lleven a cabo con legalidad y bajo las formalidades necesarias para que los resultados de las mismas puedan presentarse como evidencia válida ante los tribunales. Pretendiendo además con la presente propuesta dar énfasis en la obligación de coordinación, y utilización de los protocolos, entre el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno para cumplir los fines de la seguridad pública entre los que se encuentra la investigación de los delitos, las bases y principios que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 4, 40 fracción XI, 41 fracción III y 76 primer párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es así como resulta necesario se lleven a cabo las actuaciones coordinadas conforme al ámbito de su competencia para la debida integración de la investigación de este hecho reprobable, y una vez llevada a cabo la integración de la respectiva carpeta de investigación en caso de determinarse la existencia de delitos del fuero federal, los autores sean detenidos y puestos a disposición del Juez Especializado, para el respectivo juicio y aplicación de sentencia condenatoria. Considerando imprescindible que se trabaje desde la federación a través de las respectivas áreas de inteligencia e investigación de las instituciones de seguridad pública y seguridad nacional en coordinación con la Fiscalía General de la República, así como con la autoridades municipales y locales señaladas en la presente propuesta de punto de acuerdo, a fin de esclarecer los hechos y lograr con ello la paz social. Conforme todo lo anterior, desde este congreso del estado de Guanajuato, en el ámbito de sus competencias, así como el cumplimiento de nuestro deber como representantes de las y los ciudadanos guanajuatenses de pronunciarnos con el más enérgico exhorto para conminar para esclarecer este y cada uno de los delitos que han ocurrido en ese municipio, garantizando con ellos justicia a las víctimas y a la sociedad celayense; por lo que, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y habiendo valorado positivamente el propósito de la propuesta, sometemos a consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o Único. Esta Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, gira exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Celaya, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Fiscalía General del Estado, para que actúen dentro del ámbito de su competencia material con prontitud y diligencia para esclarecer los homicidios de los jóvenes universitarios José Eduardo Freire Ortega, Pedro Francisco Mateos Puente, Bryan Jesús Amoles Gasca y los hermanos Jesús Virgilio y Fabián Orozco Mateos, garantizando justicia a las víctimas y a la sociedad celayense. Comuníquese el presente acuerdo con su dictamen a las autoridades referidas, para los efectos conducentes. Guanajuato, Gto., a 11 de diciembre de 2023 La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones Dip. Martín López Camacho Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas Dip. Bricio Balderas Álvarez Dip. Gerardo Fernández González