Datos Generales del expediente Legislativo Camioncito2

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Expediente: 651/LXV-I

Iniciativa
Reforma

Persona Diputada

LXV
Tercer Año de Ejercicio Legal Primer Periodo Ordinario

Suscripción

  • PRI Partido_version_front_pri_s
  • Requisitos persona titular Secretaría Transparencia
    Iniciativa signada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de reformar el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, en materia de los requisitos que debe reunir la persona que asuma la titularidad de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

    Presentación a Pleno Camioncito2

    Presentación a Pleno
    23/11/2023

    Diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes - Gracias presidente, con su permiso, saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados, de igual manera a los chavos que nos acompañan el día de hoy aquí, en este salón legislativo, y a las personas que nos acompañan a través de los medios virtuales. - Acudo a está soberanía a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 17, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, en materia de los requisitos que deben reunir, la persona que asuma la titularidad de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a la siguiente: - Exposición de motivos: - En el Partido Revolucionario Institucional, siempre estaremos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, hemos visto con agrado cómo se han hecho reformas en materia de combate a la corrupción, pero también somos escrupulosos, en la observancia al régimen constitucional y sobre todo al respeto a los derechos humanos de todas las personas, buscando siempre fortalecer el régimen de libertades y propugnando siempre, por el principio de legalidad para así soportar el estado de derecho; por lo que el Poder Legislativo, a raíz de la reforma constitucional de mayo del 2015, dio el primer paso para poner en alto y combatir la corrupción de manera frontal, fue por eso que, en fecha 10/11/2016 en este Congreso, se produjeron reformas y adiciones a diversos artículos, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y se construyó la redacción actual, del segundo párrafo del artículo 17, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, estableciéndose como prohibiciones para asumir el cargo, que la persona titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, no podrá ser o haber sido dirigente de partido o asociación política a nivel nacional, estatal o municipal o candidato a un puesto de elección popular, ni ministro de ningún culto religioso, en los 5 años anteriores a su designación. - Hoy, con las nuevas corrientes constitucionales y de evolución de los derechos humanos, bajo el principio de progresividad y atendiendo, al derecho fundamental de no discriminación establecidos en los artículos 1 y 96 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, consideramos que dichas prohibiciones, han quedado superadas y en la presente iniciativa, no representa un debilitamiento al génesi o estatal anticorrupción, por lo que quienes integramos la fracción parlamentaria iniciante, consideramos que la actual redacción del párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica referida, hace nugatorio el derecho contenido, en el artículo 23 fracción octava, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, relativo a las prerrogativas del ciudadano guanajuatense como es, el de poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, de igual manera, en la presente propuesta incluimos el concepto de persona, a fin de emplear de manera progresiva el lenguaje incluyente, ello con el fin, de recordar siempre que la población está compuesta de mujeres y varones. - Finalmente, estamos convencidos de que es posible mantener vigentes normas, que atentan contra los principios constitucionales de proporcionalidad y racionalidad, que tienen tintes de ser discriminatorias, por ello debemos fortalecer la constitucionalidad de nuestra legislación, homologando las normas locales, a las disposiciones constitucionales para equilibrar la igualdad, con respecto de otras personas que asuman la titularidad de otras secretarías de estado, en la administración pública centralizada estatal, por lo que tales prohibiciones deben ser erradicadas y en su lugar proponemos que el titular de dicha secretaría, sea guanajuatense y cuente con 21 años al día de su designación. - La presente iniciativa cumple con los requisitos establecidos, en el artículo 209 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este Honorable Congreso del Estado, el siguiente decreto: - Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, para quedar como sigue: - Artículo 17, primer párrafo, los titulares de las secretarías. - Segundo párrafo, la persona titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, será nombrada por el Gobernador del Estado, con la ratificación de las 2/3 partes de los integrantes del Congreso del Estado, en tanto se apruebe el nombramiento aquel, podrá designar un encargado de despacho, la persona que nombre del Gobernador del Estado, debe ser ciudadano guanajuatense, estar en ejercicio de sus derechos y tener 21 años cumplidos. - Transitorios - Artículo único el presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. - Es cuanto Presidente.


    Buscan modificar requisitos para aspirantes a titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

    El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa a efecto de reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, con respecto a los requisitos para ser Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato.

    Recepción en Comisión Camioncito2

    Recepción en Comisión
    27/11/2023

    Metodologías Camioncito2

    Metodologías
    27/11/2023

    Metodología de estudio y dictamen de la iniciativa signada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de reformar el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. ELD 651/LXV-I


    1. Se remitirá vía electrónica para opinión a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado quienes contarán con un término de 20 días hábiles, para remitir los comentarios y observaciones que estimen pertinentes.

    2. Se establecerá un enlace en la página web del Congreso del Estado donde se acceda a la iniciativa para efecto de consulta y aportaciones ciudadanas.

    3. Se integrará un documento que consolidará todas las propuestas emitidas en las consultas por escrito o vía electrónica que se hayan remitido previamente a la Comisión para el análisis de la iniciativa. Dicho documento será con formato de comparativo.

    4. Se celebrará una mesa de trabajo para analizar las observaciones remitidas, a través del documento comparativo.

    5. Se presentará un proyecto de dictamen para que sea analizado en reunión de la Comisión.
     

    Estudios, análisis u opiniones Fecha límite de entrega Estatus Documento
    Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado. 27/12/2023 Rendida en tiempo Ver detalle
    Actividades
    Descripción Fecha y hora Lugar Sigue la transmisión
    Reunión de la Comisión para radicar y aprobar metodología de estudio y dictamen. 27/11/2023 10:00 Salones 3 y 4 de comisiones
    Reunión de la comisión para analizar los alcances de la iniciativa, una vez lo cual se instruyó la elaboración de un proyecto de dictamen en sentido positivo para discutirlo en posterior reunión de la comisión legislativa. 15/12/2023 17:00 VIDEOCONFERENCIA
    Reunión de la Comisión para discutir y aprobar el proyecto de dictamen. 18/12/2023 21:05 SALONES 4 Y 5 DE COMISIONES
    Correspondencias, Minutas, Actas

    Dictámenes en Comisión Camioncito2

    Dictámenes en Comisión
    18/12/2023
    Dictamen que suscribe la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la iniciativa signada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de reformar el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. ELD 651/LXV-I

    C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALIM ALLE PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E Las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, recibimos para efecto de estudio y dictamen, la iniciativa signada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de reformar el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, ante la Sexagésima Quinta Legislatura. ELD 651/LXV-I Con fundamento en los artículos 111, fracción II y 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, formulamos a la Asamblea el siguiente: D I C T A M E N I. Del Proceso Legislativo I.1. En sesión del 23 de noviembre de 2023 ingresó la iniciativa signada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de reformar el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, turnándose por la presidencia del Congreso a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. I.2. En la reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, del 27 de noviembre de 2023, se radicó la iniciativa. Se acordó como metodología de análisis y estudio lo siguiente: 1. Se remitirá vía electrónica para opinión a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado quienes contarán con un término de 20 días hábiles, para remitir los comentarios y observaciones que estimen pertinentes. 2. Se establecerá un enlace en la página web del Congreso del Estado donde se acceda a la iniciativa para efecto de consulta y aportaciones ciudadanas. 3. Se integrará un documento que consolidará todas las propuestas emitidas en las consultas por escrito o vía electrónica que se hayan remitido previamente a la Comisión para el análisis de la iniciativa. Dicho documento será con formato de comparativo. 4. Se celebrará una mesa de trabajo para analizar las observaciones remitidas, a través del documento comparativo. 5. Se presentará un proyecto de dictamen para que sea analizado en reunión de la Comisión. I.2.1 Desde este mecanismo, remitió comentarios y observaciones la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado. Se estableció un enlace en la página web del Congreso del Estado donde se accediera a la iniciativa para efecto de consulta y aportaciones ciudadanas siendo el siguiente: https://congresogto.gob.mx/contacto_iniciativas/new?iniciativa_id=6220 I.2.2. La Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, manifestó en su oportunidad que: «(…) Precedente de la reforma. El párrafo segundo del artículo 17, derivó de la reforma contenida en el Decreto Legislativo 187, de la Sexagésima Tercera Legislatura, la Iniciativa fue suscrita por las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, consignando sobre el particular: «Entonces, por lo que se refiere a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, en materia de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, la presente iniciativa se dirige sobre, la facultad del Congreso del Estado para ratificar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, el nombramiento del Titular de la Secretaría del Poder Ejecutivo con atribuciones de Control Interno. Asimismo, se armoniza el contenido de la Ley en relación a la naturaleza y atribuciones que dicha secretaría debe atender en los términos de los principios de combate a la corrupción. En ese sentido, quienes hoy suscribimos esta iniciativa, lo hacemos al tenor de lo expresado en las iniciativas que, —en su momento se analizaron— de reformas y adiciones a diversos dispositivos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, y por ello, hemos asumido con verdadera convicción la obligación constitucional para el combate a la corrupción, cuyas bases se han ya sentado gracias al trabajo y a la voluntad política mostrados por las diferentes presencias parlamentarias de la actual Legislatura, pero cuyo andamiaje normativo secundario debe garantizarles que se conserve no solo su espíritu y fortaleza, sino su más amplio y visionario alcance. (…) En lo tocante a la facultad del Congreso del Estado para ratificar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, el nombramiento del titular de la Secretaría del Poder Ejecutivo con atribuciones de control interno, se señala que en tanto el Congreso apruebe el nombramiento, el Gobernador del Estado podrá designar un encargado de despacho, y que la persona nombrada no podrá ser o haber sido dirigente de partido o asociación política a nivel nacional, estatal o municipal o candidato a un puesto de elección popular, ni ministro de ningún culto religioso, en los cinco años anteriores a su designación. Asimismo, que dicho nombramiento que someta el Gobernador del Estado a ratificación deberá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta, en los términos previstos en la ley.» 1.2. Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, es la secretaría responsable de la vigilancia, seguimiento y evaluación de las dependencias y entidades, promoviendo la participación ciudadana en dichas funciones, así como la prevención de conductas constitutivas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, y en su caso, la aplicación del derecho disciplinario, esta dependencia tiene como antecedente a la Secretaría de la Contraloría en el siglo próximo pasado. 1.2.1. Antecedentes. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial número 34, del 27 de abril de 1980, no contemplaba a la Secretaría de la Contraloría, la que se incorporó después de la reforma implementada a través del Decreto número 148, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 23, de 20 de marzo de 1984, donde se consignó en el dictamen legislativo: «I.- la iniciativa de decreto que propone el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado se encamina a reorientar las labores encomendadas a las dependencias del Poder Ejecutivo mediante la creación de un nuevo órgano de administración, denominado Contraloría General estructurando además las atribuciones de la Secretaría de Fomento Económico y Social en la organización y expansión de la actividad económica del sector social. II.- Por lo que se refiere a la creación de la Contraloría el iniciante estimó conveniente sistematizar y diferenciar las facultades del Ejecutivo en materia del control de la administración pública, distinguiendo las correspondientes al control de gestión, que ejercerá la Secretaría de Programación simultáneamente a la ejecución de los programas, de las facultades de control de la eficiencia y la evaluación de los resultados de la acción pública, que son atribuidas a la dependencia propuesta. En esta etapa de su acción gubernamental el Ejecutivo del Estado considera importante incrementar el control de la eficiencia y la evaluación de las labores gubernamentales, lo cual motiva la creación de la Contraloría General. Las comisiones dictaminadoras consideran atendibles los argumentos que expresa el Gobernador del Estado en su exposición de motivos, puesto que es conveniente aumentar la eficiencia en la aplicación del gasto público, mediante la evaluación de sus resultados. También considera que la posible participación de profesionales externos a la administración pública, representa hoy una salida de orden administrativo. Cabe precisar que la creación de la Contraloría no demeritará la acción que ejerce la Contaduría Mayor de Hacienda dependiente del Congreso del Estado, ya que las facultades constitucional y legalmente le corresponden lejos de disminuirse se fortalecen y complementan. Independientemente de que las razones anteriores son válidas para justificar la creación de la Contraloría General, las comisiones no pierden de vista que el gasto corriente Estado no se afectará sensiblemente, puesto que los recursos humanos y materiales actualmente disponibles para atender las funciones de control de la eficiencia de la evaluación de los resultados, pasarán a formar parte de la dependencia propuesta. I.3. En cumplimiento a lo anterior, los diputados y las diputadas que integramos la comisión, nos abocamos al análisis de la iniciativa, en reunión del 15 de diciembre de 2023, donde se expuso los alcances a través del diputado iniciante y se desahogaron las observaciones y comentarios sobre dicha iniciativa. 1.4. Finalmente, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen en sentido positivo, atendiendo a las observaciones y comentarios emitidos por quienes conforman la comisión y quien remitió observaciones con fundamento en lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272 fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, mismo que fue materia de revisión por los diputados y las diputadas integrantes de esta Comisión Dictaminadora. II. Valoración de la iniciativa y consideraciones de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales En este apartado, consideraremos –los encargados de dictaminar- los puntos sobre los cuales versa el sustento de esta propuesta, que tiene como objeto reformar el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, en materia de los requisitos que debe reunir quien asuma la titularidad de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado. Los iniciantes, además de los impactos establecidos en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, manifiestan que: «(…) Por lo que desprendemos que los requisitos actuales del artículo 17, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, en el sentido de que la persona titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, no podrá ser o haber sido dirigente de partido o asociación política a nivel nacional, estatal o municipal o candidato a un puesto de elección popular, ni ministro de ningún culto religioso, en los cinco años anteriores a su nombramiento, no encontramos respaldo jurídico para ello, pues como lo hemos señalado para ser Secretario de Estado, nuestra Carta Magna, establece solo el requisito de la nacionalidad, de la edad y estar en ejercicio de sus derechos, porque no podemos ir más allá en cuanto a restricción de derechos de lo que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual consideramos necesario la reforma del artículo descrito, a fin de armonizar con la Constitución Federal, pues consideramos que los requisitos, sobre todo los relativos al tema de ejercer o haber ejercido la dirigencia de un partido o asociación política en cualquiera de los tres ámbitos de gobierno, impacta de los derechos de libre asociación y derechos políticos electorales, previstos respectivamente en el artículo 9 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahora bien respecto a no ser ministro de culto, históricamente ha prevalecido el Estado Laico, y ningún Gobernante ha mezclado la iglesia con el Estado, por lo que debe observarse en todo momento lo previsto en el artículo 129 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es propuesto, sin que ello signifique un debilitamiento al génesis y finalidad del Sistema Nacional Anticorrupción, pues subsiste el andamiaje jurídico de dicho sistema nacional, como la institución adecuada y efectiva encargada de establecer las bases generales para la emisión de políticas públicas integrales y directrices básicas en el combate a la corrupción, difusión de la cultura de integridad en el servicio público, transparencia en la rendición de cuentas, fiscalización y control de los recursos públicos, así como de fomentar la participación ciudadana, como condición indispensable en su funcionamiento. En ese contexto, dentro del nuevo marco constitucional de responsabilidades, dicho sistema nacional se instituye como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, fiscalización, vigilancia, control y rendición de las cuentas públicas, bajo los principios fundamentales de transparencia, imparcialidad, equidad, integridad, legalidad, honradez, lealtad, eficiencia, eficacia y economía; mecanismos en los que la sociedad está interesada en su estricta observancia y cumplimiento. De igual manera, en la presente propuesta normativa, incluimos el concepto de “persona”, a fin de emplear de manera progresiva el lenguaje incluyente, ello con el fin de recordar siempre que la población está compuesta por mujeres y varones; que las mujeres deben ser visibles en el lenguaje, deben ser nombradas; se favorece la representación de las mujeres y los varones en el lenguaje en relaciones de igualdad y colaboración; se evita el uso del masculino genérico, se tiene presente que la lengua cuenta con los recursos suficientes para evitar el androcentrismo y que se tiene la capacidad de nombrar de acuerdo con el sexo de cada persona, y que además con ello se considera que mujeres y varones merecen el mismo trato, en tanto que personas. Consideramos con la presente propuesta que no podemos establecer diversos requisitos o imponer más cargas a las personas que las establecidas constitucionalmente para acceder a ocupar un cargo público, por el contrario debemos fortalecer la constitucionalidad de nuestra legislación homologando las normas locales a las disposiciones constitucionales, pues con la redacción vigente del artículo del cual proponemos la presente reforma, se establece un régimen de excepción, discriminatorio y desproporcional con el resto de las personas que asuman la titularidad de las otras Secretarías de Estado que conforman la Administración Pública Centralizada Estatal, debemos atender a las diversas resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acciones de inconstitucionalidad, en las cuales ha emitido pronunciamientos muy puntuales en cuanto a los requisitos que deben concurrir en las personas que accedan a cargos públicos, los cuales sin duda alguna en ningún momento trasgreden la dignidad humana, la libertad y la seguridad jurídica de poder acceder a ocupar un cargo público, cumpliendo con los requisitos que marca la Constitución Federal. […].». Quienes conformamos la comisión creemos y coincidimos que dada la importancia de la reforma es menester referir que con la iniciativa se respetan los derechos de libre asociación, así como los derechos político-electorales, garantizando con ello seguridad jurídica a los ciudadanos guanajuatenses, que los requisitos que se establecen para ser Secretarios de Estado, no van más allá de las limitantes que a nivel Constitucional están establecidas, fortaleciéndose así el Estado de Derecho. En ese sentido, podemos referir que dentro de los objetivos que se persiguen con esta propuesta se encuentra la función de rendición de cuentas, visualizándola como un sistema que obliga, tanto al servidor público a reportar detalladamente sus actos y los resultados de estos, como a la ciudadanía a tener mecanismos para monitorear el desempeño del servidor público. Así, para iniciar con la línea argumentativa sobre este análisis es importante resaltar que México forma parte de diversas convenciones internacionales que han marcado un precedente en el combate a la corrupción y que tienen como sustento institucional a la Organización de Estados Americanos (OEA), con la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1997; a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la Convención para Combatir el Cohecho de los Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales en 1999; y, a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en 2005 . Estas acciones tienen como objetivo el combate a la corrupción mediante diferentes estrategias y acuerdos. En la última, llamada la Convención de Mérida, nuestro país demostró su interés al adoptar una posición de liderazgo, además de ser anfitrión de la Conferencia Política para la firma de la Convención, celebrada en Mérida, Yucatán, en diciembre de 2003 . Con estas acciones, estamos conscientes y coincidimos con quien en su momento emitió la opinión por parte del Poder Ejecutivo, que se busca la armonización del marco normativo con el objeto de ajustar la legislación actual a cada una de las disposiciones que establece la CNUCC y demás instrumentos internacionales en la materia. De esta manera el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, el cual instituyó en el artículo 113 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. En ese sentido, el 18 de julio de 2016 se publicó en el DOF la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Bajo esta tesitura la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, es la secretaría responsable de la vigilancia, seguimiento y evaluación de las dependencias y entidades, promoviendo la participación ciudadana en dichas funciones, así como la prevención de conductas constitutivas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, y en su caso, la aplicación del derecho disciplinario. En el caso de nuestro estado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial, el 27 de diciembre de 1985, siguió contemplando a la Secretaría de esta naturaleza como de la Contraloría del Estado —artículos 10 fracción VIII y 25—, figura que se incorporó también en la Ley Orgánica a partir de enero de 2001, como la dependencia encargada del control, vigilancia y evaluación interna de la Administración Pública Estatal y de aplicar el derecho disciplinario a los servidores públicos del Estado. Posteriormente y en atención a la natural evolución de los organismos fiscalizadores, y bajo la premisa de privilegiar los aspectos preventivos y de asesoramiento propios que había desarrollado la administración pública, en octubre de 2003, se formuló por el Titular del Ejecutivo del Estado el acto legislativo de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a efecto de generar que el sentido de la prevención y la transparencia en el ejercicio público se extendiera hacia el asesoramiento y apoyo en la gestión gubernamental a fin de generar un valor agregado a la entonces Secretaría de la Contraloría, transformándola en Secretaría de la Gestión Pública. De esta manera la Secretaría de la Gestión Pública fue concebida originalmente como la dependencia encargada de la fiscalización del uso de los recursos públicos, así como la investigación de actos u omisiones de los servidores públicos que constituyeran probables responsabilidades administrativas y la imposición de las sanciones correspondientes, también es cierto que a dicha Secretaría se le encargó la mejora de la gestión pública, la evaluación del desempeño, las tareas de mejora regulatoria en la Administración Pública Estatal, entre otras funciones. Se replanteó las funciones en materia de contraloría interna del Gobierno del Estado, lo que conllevó a la separación de funciones, que desempeñó en materia de impulso a la administración pública. La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas , asumió las funciones que involucraban la aplicación por la Secretaría de la Gestión Pública, de las leyes —de manera destacada— de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato; de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato; para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, entre otras, sin embargo se trasladaron en iniciativa por separado, las funciones en materia de Mejora Regulatoria, a efecto de consolidar su objeto, así la competencia que a la data referida había desplegado la Secretaría de la Gestión Pública en materia de mejora regulatoria, a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, quien ya contaba con competencia en la materia, pero circunscrita al ámbito económico empresarial. Ahora bien, aludiendo a los contenidos de la propuesta coincidimos con los iniciantes en que, no podemos establecer diversos requisitos o imponer más cargas a las personas que las establecidas constitucionalmente para acceder a ocupar un cargo público, por el contrario debemos fortalecer la constitucionalidad de nuestra legislación homologando las normas locales a las disposiciones constitucionales, pues con la redacción vigente del artículo del cual proponemos la presente reforma, se establece un régimen de excepción, discriminatorio y desproporcional con el resto de las personas que asuman la titularidad de las otras Secretarías de Estado que conforman la Administración Pública Centralizada Estatal , debemos atender a las diversas resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acciones de inconstitucionalidad, en las cuales ha emitido pronunciamientos muy puntuales en cuanto a los requisitos que deben concurrir en las personas que accedan a cargos públicos. No sin dejar de lado, que este Poder Legislativo cuando legisló sobre este apartado lo hizo en consciencia de generar perfiles a fines a la función de desempeñar el cargo de Secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas y acorde a los objetivos a desempeñar dentro de los sistemas Nacional Anticorrupción y Estatal Anticorrupción, pues sus funciones dentro y fuera de esos sistemas es esencial. Luego entonces de esta manera, los iniciantes proponen que quien ostente la titularidad de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas sea nombrado por el Gobernador del Estado con la ratificación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado; en tanto se apruebe el nombramiento aquél, podrá designar un encargado de despacho. La persona que nombre el Gobernador del Estado, debe ser ciudadano guanajuatense, estar en ejercicio de sus derechos y tener veinticinco años cumplidos. Eliminando del texto vigente requisitos como ser o haber sido dirigente de partido o asociación política a nivel nacional, estatal o municipal o candidato a un puesto de elección popular, ministro de ningún culto religioso, en los cinco años anteriores a su nombramiento. Tenemos claro como dictaminadores que el párrafo segundo del artículo 17, derivó de la reforma contenida en el Decreto Legislativo 187, de la Sexagésima Tercera Legislatura, cuyo acto legislativo fue iniciado por las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, manifestando en su momento que: «Entonces, por lo que se refiere a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, en materia de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, la presente iniciativa se dirige sobre, la facultad del Congreso del Estado para ratificar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, el nombramiento del Titular de la Secretaría del Poder Ejecutivo con atribuciones de Control Interno. Asimismo, se armoniza el contenido de la Ley en relación a la naturaleza y atribuciones que dicha secretaría debe atender en los términos de los principios de combate a la corrupción. En ese sentido, quienes hoy suscribimos esta iniciativa, lo hacemos al tenor de lo expresado en las iniciativas que, —en su momento se analizaron— de reformas y adiciones a diversos dispositivos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, y por ello, hemos asumido con verdadera convicción la obligación constitucional para el combate a la corrupción, cuyas bases se han ya sentado gracias al trabajo y a la voluntad política mostrados por las diferentes presencias parlamentarias de la actual Legislatura, pero cuyo andamiaje normativo secundario debe garantizarles que se conserve no solo su espíritu y fortaleza, sino su más amplio y visionario alcance. (…) En lo tocante a la facultad del Congreso del Estado para ratificar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, el nombramiento del titular de la Secretaría del Poder Ejecutivo con atribuciones de control interno, se señala que en tanto el Congreso apruebe el nombramiento, el Gobernador del Estado podrá designar un encargado de despacho, y que la persona nombrada no podrá ser o haber sido dirigente de partido o asociación política a nivel nacional, estatal o municipal o candidato a un puesto de elección popular, ni ministro de ningún culto religioso, en los cinco años anteriores a su designación. Asimismo, que dicho nombramiento que someta el Gobernador del Estado a ratificación, deberá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta, en los términos previstos en la ley». Es decir, estos actos de carácter legislativo tienen su origen en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 113, donde se establece que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: (…) Con base en lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contempla requisitos para quien ostenta la titularidad de la Transparencia y Rendición de Cuentas, lo que se encuentra en armonía con lo que dispone la siguiente jurisprudencia de rubro y texto siguiente: ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE SUJETA DICHA PRERROGATIVA A LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY, DEBE DESARROLLARSE POR EL LEGISLADOR DE MANERA QUE NO SE PROPICIEN SITUACIONES DISCRIMINATORIAS Y SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, MÉRITO Y CAPACIDAD . Del análisis realizado podemos concluir que no existe diverso ordenamiento que limite o establezca mayores requisitos para el titular, por lo que, al no existir ninguna limitante para acceder al cargo de titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, es viable la propuesta que analizamos. Es decir, al estar ante un posible impacto desproporcionado en el acceso al cargo referido, para personas o grupos por encontrarse en cierta situación —no ser dirigente de partido o asociación política a nivel nacional, estatal o municipal o candidato a un puesto de elección popular, ni ministro de ningún culto religioso, en los cinco años anteriores a su nombramiento— sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable, nos encontramos ante una restricción o exclusión que podría generar un efecto discriminatorio, por el orden social al que pertenece y en consecuencia se puede generar un menoscabo o anulación del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos o libertades fundamentales. Pugnamos por la viabilidad, toda vez que resulta contrario a los derechos de igualdad y no discriminación, así como a la libertad de trabajo y el derecho a ocupar un cargo público. Es decir, para que una restricción de esa naturaleza sea válida, deben examinarse las funciones y las obligaciones del cargo y señalarse con precisión únicamente las conductas reprochables que se encuentren estrechamente vinculadas con el empleo en cuestión; lo que en el caso no acontece, porque la titularidad de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas se vincula con actividades de fiscalización, investigación y rendición de cuentas de ahí la viabilidad de la encomienda. No menos importante y coincidimos con los iniciantes al considerar acertado que se mantenga la mayoría calificada de la Asamblea del Poder Legislativo denominada Congreso del Estado para ratificar el nombramiento de la persona titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, lo anterior se inscribe bajo un esquema de colaboración entre los poderes en el que, con la ratificación en el nombramiento por parte del Congreso del Estado con una mayoría calificada busca generar consensos, a la vez de ejercer la legislatura la facultad de contrapeso del Poder Ejecutivo al ratificar el nombramiento de quien ostente la titularidad de la secretaría, como ocurre con el resto de los titulares de los órganos internos de control en los órganos autónomos, acto que resaltamos de la propuesta. III. Modificaciones a la iniciativa Las y los legisladores que integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en general, estimamos necesario hacer ajustes a la iniciativa para atender la propuesta y observaciones derivado del análisis al interior de la comisión, así como a la aportación derivada de la consulta por parte del Poder Ejecutivo a través de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado. Bajo esta tesitura, consideramos importante hacer las siguientes adecuaciones a efecto de generar un dictamen institucional acorde a las necesidades y situaciones actuales en nuestro Estado. 1. Respecto a la porción normativa que propone incorporar en el párrafo segundo del artículo 17, consistente en: «…debe ser ciudadano guanajuatense, estar en ejercicio de sus derechos y tener veinticinco años cumplidos.» Manifestamos que si bien el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la edad de 25 años para ser Secretario de Estado, en el orden federal. Sobre el particular cabe destacar el comentario que el Ministro Laynez Potisek, expuso al comentar el ordinal constitucional de previa cita: «A manera de conclusión, y tomando en cuenta que no solo en la Constitución, sino también en muchas leyes se reserva una gran cantidad de cargos públicos para los mexicanos por nacimiento, es momento de reflexionar si esta reserva resulta o no violatoria del principio de no discriminación por excluir sistemáticamente a los mexicanos por naturalización, cuyo vínculo con nuestro país deriva de una decisión personal y no de una cuestión ajena a su voluntad, como lo es el lugar donde nacieron o la nacionalidad de sus padres. Podría, en este sentido, considerarse que existen medios menos restrictivos de los derechos humanos para justificar el arraigo o la «mexicanidad» de una persona; por ejemplo, la exigencia de un mínimo de años de residencia y su real pertenencia e integración a la comunidad nacional.» Con estos argumentos determinamos no incorporar los requisitos de edad mínima, y la ciudadanía guanajuatense, toda vez que estos, aun cuando no rompen con los requisitos que pudieran ser establecidos para ostentar ese cargo, si lo es desproporcionado y un tanto discriminatorio con respecto al resto de los titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo, lo cual rompe con principios constitucionales de igualdad y equidad. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la igualdad reconocida en el artículo 1 Constitucional, es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual, invariablemente consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante. Asimismo, refiere que una modalidad o faceta del derecho a la igualdad es la prohibición de discriminar, la cual entraña que ninguna persona pueda ser excluida del goce de un derecho humano, ni tratada en forma distinta a otra que presente similares características o condiciones jurídicamente relevantes, especialmente cuando la diferenciación obedezca a alguna de las categorías que recoge el referido precepto constitucional, como lo es, el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas. Así, se ha considerado que el derecho humano de igualdad y la prohibición de discriminación, obligan a toda clase de autoridades en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación. De esta manera, quienes dictaminamos teniendo como precedente el citado, se observa que el requisito pretendido de elegibilidad a incluir en el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, por el que se exige ser ciudadano guanajuatense para ser titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, resulta inconstitucional, por establecer una diferencia injustificada que se traduce en una afectación al derecho que tiene todo ciudadano mexicano para ser nombrado en condiciones de igualdad, para cualquier empleo o comisión del servicio público, garantizado en los artículos 1, párrafos primero y último; y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Respecto al cambio del contenido normativo para incorporar el lenguaje de género relativa a: «La persona titular…», se destaca que incorporar el lenguaje de género en los textos normativos con la intención de visibilizar a ambos géneros dentro de las estructuras legales de los ordenamientos legales, la modificación es parcial toda vez que solo se realiza el ajuste en el párrafo segundo del artículo 17, cuando este artículo 17 contiene también referencias al género masculino que no sufren ajuste en otros párrafos, por ello a fin de guardar congruencia en todo el ordenamiento no se atiende la propuesta para así dotar a la norma de congruencia en su integralidad. Con este dictamen se contribuye al cumplimiento de lo que dispone la Agenda 2030 en lo que establece el objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países, relativos a potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición y garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato sometemos a consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: DECRETO Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, para quedar en los siguientes términos: «Artículo 17. Los titulares de... El titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas será nombrado por el Gobernador del Estado con la ratificación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado; en tanto se apruebe el nombramiento aquél, podrá designar un encargado de despacho. El titular de... El nombramiento del... Para auxiliar a... Los titulares de... Para el trámite...» ARTÍCULO TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. GUANAJUATO, GTO., A 18 DE DICIEMBRE DE 2023 LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Diputada Susana Bermúdez Cano Diputada Briseida Anabel Magdaleno González Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá Diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas Diputado Gerardo Fernández González Diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes

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    Consecutivo Parte No. publicación Dictamen firmado Decreto / Acuerdo firmado PO Transitorios
    1139 SEGUNDA PARTE 4 Dictamen firmado Decreto / Acuerdo firmado PO 1
    Fecha Estatus
    ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.