Diputada Dessire Angel Rocha - Gracias presidenta, muy buenos días compañeras, compañeros, personas que nos acompañan el día de hoy en el público y compañeras, compañeras de la prensa, no solo tenemos derechos a la movilidad y a la seguridad vial, también tenemos derechos a la buena administración pública, es decir a la buena gobernanza, la oficina del alto comisionado de las naciones unidas, para los derechos humanos ACNUR, estableció que la nueva gobernanza añade, una dimensión normativa al proceso de gobernar desde la perspectiva de los derechos humanos, la gobernanza se refiere al proceso por el que las instituciones dirigen en los asuntos públicos, gestionan los recursos comunes y garantizan la realización de los derechos humanos, se sostiene en cinco pilares, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, participación y capacidad de respuesta, a las necesidades de la para Frank Hendrix el buen gobierno depende también del equilibrio de intereses de la institución, institucionalización de las fuerzas compensatorias y las responsabilidades, en nuestro país hay un estudio pionero que pone a prueba el modelo de buena gobernanza urbana de Hendrix aplicada específicamente al transporte público como componente de la movilidad y seguridad vial Sandra Acosta García y Alex Covarrubias realizaron un análisis comparativo de la gobernanza del transporte público urbano en México, tomando como referencia a León Guanajuato y a Hermosillo Sonora. - El estudio detalla, las diferencias y similitudes en la evolución del servicio de transporte público urbano en ambas ciudades y se aproxima a la buena gobernanza de cada sistema a través del modelo de Hendricks como guía metodológica, como resultados principales el estudio muestra que el sistema de León obtuvo un mayor alcance de indicadores que dan soporte a la tesis sobre las capacidades de organización y los poderes compensatorios como factores claves para la buena gobernanza urbana, concluye que, para que la política pública sea exitosa, debe existir un repertorio de mecanismos que permitan que la estructura institucional y que los actores públicos y privados que participen en el transporte público puedan llegar a acuerdos para mejorar integralmente el servicio público de transporte urbano para la realización de una buena gobernanza urbana aplicada a la movilidad y seguridad vial es necesario que se incorporen a la legislación instrumentos fiscales y de inversión que fortalezcan la capacidad institucional de respuesta y efectividad, la política pública, requiere asignaciones presupuestales, sin embargo, que en el caso mexicano la mayoría de los recursos públicos que reciben las entidades federativas y los municipios pues provienen de asignaciones y participaciones federales y aquí pues los recursos económicos son más bien limitados. - El Instituto de Políticas para el transporte y el desarrollo en su documento invertir para movernos, diagnóstico de inversión y movilidad en la zona metropolitana de México 2011-2017 realizó un seguimiento exhaustivo del gasto federal asignado a la zona metropolitana del país, haciendo énfasis en el gasto destinado a proyectos de movilidad urbana y espacio público, sabemos que la inversión ha ido decreciendo y que continúa la prioridad de la inversión al uso del automóvil privado lo que incentiva su continuidad, aun cuando la mayoría de las personas en el país y también en este estado y en sus municipios no tienen acceso a automóvil privado y dependen mayoritariamente del transporte público. - Los datos consultados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que el 15% de los fondos federales destinados a zonas metropolitanas fueron ejercidos para beneficio del transporte privado, lo que a su vez representa el 70% de los recursos destinados a la movilidad urbana, en el mismo hilo argumentativo con datos de la encuesta intersexual de INEGI 2015, que fue la más cercana a ese estudio se sabe que el 31% de los viajes en automóvil privado fueron al trabajo y el 24% a la escuela, eso significa que una proporción importante de la población no goza de los beneficios de la inversión pública que se destinan a ello, encontraste como lo afirma el diagnóstico el transporte público concentra el 45% de los viajes al trabajo y el 32% de los viajes a la escuela y sin embargo sólo recibió el 14% del presupuesto de la movilidad, esto no tiene sentido lo anterior obliga a que desde la ley se permita al estado y a los municipios a contar con instrumentos financieros, fondos, fideicomisos, financiamientos e instrumentos de participación público privada, que nos doten de recursos para mejorar la movilidad y la seguridad vial para revertir la tendencia nacional y ¡que seamos honestos! ¡no va a cambiar! poner a la ciudadanía en el centro y crear el nuevo paradigma de la movilidad tan anhelado significa romper el molde y priorizar las inversiones conforme a la jerarquía de movilidad a la nueva jerarquía de movilidad más recursos públicos para mover a la mayoría de la población son necesarios para atender adecuadamente sus necesidades y garantizar el derecho humano a la movilidad y a la seguridad vial de todas las personas de acuerdo a sus condiciones y con base en datos y evidencia de los resultados de las políticas públicas implementadas y ninguna política pública está completa, lo sabemos, si el ciclo no interviene de manera directa desde la ciudadanía y con la ciudadanía, es necesario, que la ciudadanía participe en la planeación ejecución y vigilancia de la política estatal de movilidad y seguridad vial pues son las personas y sus trayectorias de vida, quienes deben de ser los protagonistas de la actuación estatal, la ley, debe contemplar los mecanismos de participación ciudadana a través de consejos comités u oficinas de atención directa, esta es la vía de atender de manera directa las necesidades de la ciudadanía, elaborar diagnósticos situados y comenzar el ciclo de la política pública, para que, pues finalmente, también sea la ciudadanía quien evalúen los avances y proponga soluciones a los retos en la materia, retos que ellos viven día a día. - En la participación ciudadana, reside el potencial de la buena gobernanza urbana, también resulta indispensable que la legislación sea coincidente y articulada con los sistemas de planeación y de seguimiento, que además, se cuente también con un repertorio de instrumentos y mecanismos para el diagnóstico, información, evaluación y auditoría de las políticas públicas de movilidad y seguridad vial, si la política pública no se basa en datos confiables, sabemos que no dará resultados, en Guanajuato no contamos con un sistema de información que condense datos en materia de movilidad y seguridad vial, los datos que existe están dispersos en varios instrumentos y en varias dependencias, por citar algunos ejemplos, pues no sabemos, cómo se correlacionan la baja en el número de unidades de transporte público con los kilómetros que recorren y el diseño tampoco de las rutas fijas o cómo se relacionan la circulación del parque vehicular del transporte público y los índices de la calidad del aire y también de la disminución de contaminantes que se emiten por parte de este servicio ¿no? o también no sabemos cómo contribuye la implementación de pruebas y operaciones en materia de factores de riesgo como la alcoholimetría, estas variables de análisis útiles, para la toma de decisiones públicas deben de ser parte para un sistema estatal de información, evaluación y seguimiento, por eso, se proponen tres ejes de reformas y adiciones: - La primera, reintegrar un capítulo específico sobre instrumentos financieros fiscales y de inversión debemos explicitar el destino de recursos presupuestarios en términos reales del estado y los ayuntamientos, no solo para temas de movilidad, sino también para temas de seguridad vial teniendo a la movilidad sustentable como criterio que se traduzca en mejoras a la infraestructura operación el control del transporte público, la movilidad no motorizada y peatonal y la infraestructura vial bajo los principios de calles completas y diseño universal, la creación de fondos fideicomisos financiamientos e instrumentos de participación público privada que doten de recursos a las autoridades competentes en la materia y garanticen el cumplimiento de los objetivos en la ley que se establezcan estrategias fiscales y tarifarias que promueven la movilidad sustentable segura y equitativa impuestos a la congestión vehicular, subsidios cruzados y tarifas diferenciadas y recuperación de plusvalías urbanas entre otros, se propone la constitución del fondo de movilidad sustentable y segura como programa presupuestal, con el objetivo de financiar programas y proyectos de movilidad urbana sustentable en el estado para las acciones de construcción, diseño mantenimiento de infraestructura vial peatonal, ciclista y de transporte público, sistemas de información reducción de riesgos viales, evaluación social de proyectos entre otros. - Segundo, prepara adicionar dos artículos al capítulo sobre participación ciudadana, para dar obligatoriedad de la participación ciudadana en la planeación ejecución y vigilancia de la política estatal de movilidad y seguridad vial, convocando a las organizaciones de los sectores social y productivo, a manifestar sus opiniones y propuestas también en el proceso de integración del programa respectivo de movilidad y seguridad vial, se propone la creación de consejos u observatorios intermunicipales un metropolitanos de movilidad garantizando una diversa representación de sectores sociales con la finalidad de garantizar la participación efectiva de la población en las políticas relacionadas con la materia; y por último en tercer lugar para integrar un capítulo específico sobre planeación información evaluación y seguimiento. - Es necesario establecer los instrumentos de planeación de la política estatal en materia de movilidad y seguridad vial necesitamos un programa estatal de movilidad y seguridad vial y programas municipales, intermunicipales y/o metropolitanos de movilidad y seguridad vial que estos programas y sus modificaciones sean formulados con base en los resultados que arrojen los sistemas de información y seguimiento de movilidad y de seguridad vial al fin de verificar su congruencia con otros instrumentos de planeación y determinar si los factores de aprobación de un programa persisten y en su caso modificar o formular uno nuevo, se propone que el seguimiento evaluación y control de la política así como de los programas y proyectos en materia de movilidad y seguridad vial, se realizará a través de indicadores, instrumentos, mecanismos de participación, registros, información y datos e infraestructura vial, previstos en la ley definidos por las autoridades competentes. - Finalmente, que los sistemas de información, planeación, evaluación y seguimiento, consideran la protección de datos personales, porque al debe de ser información pública, de acceso libre y datos abiertos. - Por ello, como en el caso de las propuestas realizadas en las semanas anteriores que fueron de movilidad feminista, seguridad vial e infraestructura, transporte público y en la de hoy que será la última, que es de presupuestos, participación ciudadana, información evaluación y seguimiento pido su análisis presidenta y su apoyo para que se pueda analizar con la iniciativa presentada por su Grupo de Acción Nacional para armonizar de manera integral nuestra legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. - Es cuanto ¡muchas gracias!