Datos Generales del expediente Legislativo Camioncito2

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Expediente: 550/LXV-I

Iniciativa
Reforma Adición

Persona Diputada

LXV
Segundo Año de Ejercicio Legal Segundo Periodo Ordinario

Suscripción

Notariado Convocatoria equivalencia notarial Fiat
Iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato para implementar acciones tendentes a fortalecer las instituciones y mecanismos que se relacionan con la actividad notarial, así como la creación del procedimiento de equivalencias y permitir que los notarios auxiliares obtengan la calidad de notarios titulares.

Presentación a Pleno Camioncito2

Presentación a Pleno
27/07/2023

Diputado Armando Rangel Hernández - Muchas gracias, con el permiso de la diputada Katya Soto Escamilla, presidenta de esta Mesa Directiva de la Comisión Permanente, me permito saludar a mis compañeras a mis compañeros diputados, saludar también al público que hoy nos acompaña, así como los ciudadanos que también siguen esta sesión a través de los diversos medios electrónicos, con su permiso diputada presidente. - La función notarial es fundamental en el sistema jurídico de nuestro país los actos que involucran, pretenden seguridad pública y darle certeza, a las decisiones que toman los ciudadanos relativas sobre todo a su patrimonio propio y el de la familia, la presente iniciativa que por mi conducto presenta el Grupo Parlamentario del PAN, a esta soberanía, fortalece la función notarial, al establecer normas precisas respecto a las funciones de los notarios auxiliares. - Esta iniciativa tiene por objeto regular, el procedimiento de equivalencia notarial, mediante el cual un notario auxiliar, podrá una vez cumplido con los requisitos y con los trámites correspondientes obtener la titularidad de la notaría, donde ha estado actuando, esto en la falta del titular de la propia notaría, ya sea por renuncia, por fallecimiento, o porque se le haya retirado el FIAT, este proceso establece que los interesados participen en un concurso teórico y práctico conducido por tres jurados quienes durante el mismo valorarán la capacidad material del solicitante sus actitudes y sus antecedentes la creación de un procedimiento de equivalencias en la Ley de Notariado pretende aprovechar la experiencia y el conocimiento acumulado de los notarios auxiliares reconociendo la formación y especialización que han recibido a lo largo de su trayectoria laboral aprovechará también la estabilidad y la confianza que estos personajes han construido durante su desempeño en la comunidad en donde han laborado, en donde andes empeñado en la función notarial, desde la notaría auxiliar. - Además de permitir con esa medida la profesionalización del servicio notarial, está medida beneficia también en dos vertientes, que considero importante señalar, otorga en primera instancia seguridad a los notarios auxiliares en su desempeño profesional, les garantiza laboralmente la expectativa de crecimiento a futuro lo cual para todo profesionista y para todo trabajador es un tema de suma importancia pues le da certeza y seguridad a él y a su familia, al mismo tiempo se asegura la continuidad en la atención y eficiencia en la prestación de los servicios notariales a los ciudadanos usuarios de estos puestos trámites con este procedimiento de cambio de titular no se verán interrumpidos abruptamente cuando éste fallece, renuncia, o se le retire el FIAT, esta asunto es principalmente relevante en situaciones donde los trámites notariales tienen plazos legales o tienen implicaciones económicas importantes para sus usuarios, buscamos que la ausencia del titular no se traduzca en la detención de procesos que inciden en la afectación a su patrimonio o a sus intereses. - Actualmente por otra parte el marco jurídico que regula la función notarial en su artículo 14 establece los principios que debe de observar una aspirante a ser notario, una aspirante a pretender una notaría e incluso una notario auxiliar y esos principios los circunscribe a la buena fe, la certeza, la imparcialidad, la Independencia y la máxima publicidad, el procedimiento que hoy nosotros proponemos a esta soberanía de equivalencias fortalece los principios que actualmente acabo de mencionar y que actualmente cuenta con nuestra ley, pues a ellos se suma también la experiencia práctica de los notarios auxiliares que han acumulado como dije a lo largo de su desempeño, pero también los conocimientos que han adquirido y que son relevantes para ejercer su función. - Por ello, el fijar un procedimiento de equivalencia va a permitir satisfacer exigencias que hoy demandan los ciudadanos respecto de los servicios de los notarios en esta entidad, en atención a las disposiciones que establece nuestra Ley Orgánica de este Poder Legislativo, hago mención que la propuesta contempla en su escrito los impactos que la propia ley nos demanda, sin embargo, quisiera precisar que esta propuesta no tiene implicaciones de vendo le administrativo, toda vez que no incluye la creación de nuevas estructuras orgánicas, también carece de implicaciones presupuestales, pues no demanda recursos públicos para su aplicación, por tanto compañeras y compañeros diputados esperemos contar con la aprobación de todos y cada uno de ustedes primero en la comisión correspondiente y después en el Pleno de este Congreso a fin de contar en Guanajuato con un cuerpo notarial y un servicio notarial acorde a las nuevas realidades que requiere y demanda la sociedad. - Por su atención ¡muchas gracias!


Proponen procedimiento para otorgar titularidad a notarios auxiliares

En sesión de la Diputación Permanente, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propuso una iniciativa a fin de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, con el objeto de regular el procedimiento de equivalencia notarial mediante el cual un Notario Auxiliar podrá, cumplidos los trámites y requisitos, obtener la titularidad de la Notaría en la que actúa, en los supuestos de fallecimiento, renuncia o retiro del fíat del titular.

Recepción en Comisión Camioncito2

Recepción en Comisión
03/08/2023
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Metodologías Camioncito2

Metodologías
31/10/2023

1. Remisión de la iniciativa para solicitar opinión, concediendo un plazo de 10 día hábiles para su presentación a:

Supremo Tribunal de Justicia;

Coordinación General Jurídica;

Secretaría de Gobierno; 

Colegio Estatal de Notarios;

Universidad LaSalle Bajío; y

Universidad de Guanajuato.

2. Reunión de análisis con la participación de funcionarios a quienes se solicitó opinión.

Estudios, análisis u opiniones Fecha límite de entrega Estatus Documento
Supremo Tribunal de Justicia. 15/11/2023 No rendida
Coordinación General Jurídica. 15/11/2023 Rendida de forma extemporánea Ver detalle
Secretaría de Gobierno. 15/11/2023 No rendida
Colegio Estatal de Notarios. 15/11/2023 No rendida
Universidad LaSalle Bajío. 15/11/2023 Rendida en tiempo Ver detalle
Universidad de Guanajuato. 15/11/2023 Rendida en tiempo Ver detalle
Actividades
Descripción Fecha y hora Lugar Sigue la transmisión
Radicación de la iniciativa 03/08/2023 12:30 Sala 4 Usos Múltiples
Acuerdos 31/10/2023 10:00 Salón 5 de Comisiones
Reunión de la Comisión para el análisis de la iniciativa con la participación del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía General, de la Secretaría de Gobierno, de la Coordinación General Jurídica, del Colegio Estatal de Notarios, de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad LaSalle Bajío 21/11/2023 10:00 Sala 4 de usos múltiples
Correspondencias, Minutas, Actas

Dictámenes en Comisión Camioncito2

Dictámenes en Comisión
04/12/2023
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA RELATIVO A CUATRO INICIATIVAS DE REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES A LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, DOS PRESENTADAS POR DIPUTADA Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (ELD 316/LXV-I) Y (ELD 416/LXV-I); Y DOS PRESENTADAS POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (ELD 550/LXV-I) Y (ELD 588/LXV-I)

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA RELATIVO A CUATRO INICIATIVAS DE REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES A LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, DOS PRESENTADAS POR DIPUTADA Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (ELD 316/LXV-I) Y (ELD 416/LXV-I); Y DOS PRESENTADAS POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (ELD 550/LXV-I) Y (ELD 588/LXV-I) La Comisión de Justicia de la Sexagésima Quinta Legislatura recibió, en su momento, para su estudio y dictamen las siguientes iniciativas: la primera, por la que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo, recorriéndose el subsecuente del artículo 27, y se reforman la fracción I del artículo 27-A y los artículos 27-B y 27-C; y se adiciona un artículo 27-D a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato presentada por diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (ELD 316/LXV-I); la segunda, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato presentada por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (ELD 416/LXV-I); la tercera, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (ELD 550/LXV-I); y la cuarta, a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (ELD 588/LXV-I). Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 fracción I y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, analizamos la iniciativa referida y presentamos a la consideración de la Asamblea, el siguiente: Dictamen Las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora analizamos las iniciativas descritas al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones: I. Antecedentes. I.1. Presentación de las iniciativas. Las diputadas y los diputados iniciantes en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 56 fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 167 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, presentaron ante la Secretaría General de este Congreso del Estado, las iniciativas que se describen en el preámbulo del presente dictamen. I.2. Turno de las iniciativas. De acuerdo con la materia de las propuestas, la presidencia de la mesa directiva turnó para estudio y dictamen las iniciativas a esta Comisión de Justicia de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en sesiones plenarias de fechas 20 de octubre de 2022, 8 de diciembre de 2022, 27 de julio de 2023 y 26 de octubre de 2023, respectivamente. I.3. Estudio de las iniciativas. Radicadas, en su momento, las iniciativas, se acordó para: la primera, en fecha 29 de noviembre de 2022, llevar a cabo reunión de análisis con la participación del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía General, de la Coordinación General Jurídica y del Colegio Estatal de Notarios, para lo cual se les remitió la iniciativa; la segunda, se remitió para opinión al Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía General, de la Coordinación General Jurídica, de la Secretaría de Gobierno y del Colegio Estatal de Notarios; y la tercera y cuarta, fueron consultadas al Supremo Tribunal de Justicia, a la Coordinación General Jurídica, a la Secretaría de Gobierno, al Colegio Estatal de Notarios, a la Universidad De La Salle Bajío y a la Universidad de Guanajuato y, en el caso de esta última también a la Fiscalía General. Se recibieron opiniones por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de la Coordinación General Jurídica, del Colegio Estatal de Notarios, de la Universidad de Guanajuato, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y del cuerpo docente de la Universidad De La Salle Bajío. Posteriormente, esta Comisión de Justicia acordó realizar el estudio de las iniciativas con la participación de las autoridades e instituciones mencionadas, lo que se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2023, previa anuencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. En dicha reunión participaron la Coordinación General Jurídica, la Secretaría de Gobierno, el Colegio Estatal de Notarios, la Universidad de Guanajuato y la Universidad De La Salle Bajío. Dichas autoridades e instituciones expresaron de manera general su coincidencia en la necesidad de reformar y adicionar diversos artículos; así como derogar artículos y fracciones de la Ley materia del presente dictamen a fin de actualizar diversas disposiciones, lo cual redundará en la probidad, honestidad y objetividad de la función notarial, de gran trascendencia para la sociedad, coadyuvando a garantizar a la ciudadanía la certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos pasados ante la fe notarial. Cabe destacar que por cuestiones de agenda los representantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y los integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia no acudieron a esta reunión, no obstante, se analizaron puntualmente las opiniones previamente remitidas. Al término del análisis y con base en los planteamientos, tanto de los funcionarios participantes, como de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, se acordó por unanimidad de votos proceder a su dictaminación en sentido positivo con los ajustes que fueron expuestos en dicha reunión. Posteriormente al desahogo de esta reunión se recibieron las observaciones por escrito de la Coordinación General Jurídica y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. I.4. Objeto de las iniciativas. La primera de las iniciativas presentada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional pretende actualizar y ampliar los supuestos para que, los notarios públicos y quienes no tienen esa calidad, y que comentan actos que constituyan irregularidades notariales, les sean aplicadas en forma equiparada la pena del delito de usurpación de profesiones establecido en el Código Penal para el Estado de Guanajuato y la revocación del fíat. Para ello proponen reformar el primer párrafo y adicionar un segundo, recorriéndose el subsecuente del artículo 27; reformar la fracción I del artículo 27-A y los artículos 27-B y 27-C; y adicionar un artículo 27-D a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato. La segunda de las iniciativas, igualmente presentada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propone una reforma integral al sistema administrativo sancionador en materia notarial para adecuarla a las necesidades actuales de respuesta a las irregularidades de los notarios públicos que lesionan gravemente la fe pública delegada por el Estado, así como la probidad, honestidad y objetividad con que deben actuar en la función notarial. Para ello proponen reformar los artículos 119; 120 en su primer párrafo y la fracción IV; 121 en su primer párrafo; 122 en su primer párrafo; 123 en su primer párrafo; y 124 en su primer párrafo y las fracciones IV, VIII, IX y XI. La adición de una fracción X al artículo 122; las fracciones XVI a XX al artículo 123; las fracciones XIV a la LIII al artículo 124; y el artículo 27-D. La derogación de la fracción I del artículo 121; y las fracciones III, IV y VI del artículo 123. La tercera iniciativa presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone la creación del procedimiento de equivalencia y permitir que los notarios auxiliares obtengan la calidad de notarios titulares, mediante la reforma a los artículos 11-B; 14, primer párrafo; 17; 18 y 19 y la adición de un Capítulo IV, el cual se integra con los artículos 23-A; 23-B; 23-C; 23-D; y 23-E, recorriéndose en su orden los actuales capítulos IV al XVIII, para ubicarse como capítulos V al XIX, respectivamente. La cuarta iniciativa igualmente presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al establecer la tipificación específica en el caso de falsificación contra la fe notarial, busca establecer sanciones específicas a quienes incurran en conductas que afecten bienes jurídicos. La propuesta pretende con ello evitar conductas que lesionen a la sociedad. Para ello, proponen reformar los artículos 27–A; 109 y 118-A; adicionar una fracción V al artículo 27; un artículo 27–D; una fracción IX al artículo 31; un segundo párrafo al artículo 65; una fracción XI al artículo 118; una fracción XVI al artículo 123 y las fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 124; y derogar las fracciones V, VI, VIII y IX correspondientes al artículo 123. I.5. Opiniones recibidas a las iniciativas. A. La primera, por la que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo, recorriéndose el subsecuente del artículo 27, y se reforman la fracción I del artículo 27-A y los artículos 27-B y 27-C; y se adiciona un artículo 27-D a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato presentada por diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En relación con la primera de las iniciativas el Supremo Tribunal de Justicia emitió la siguiente opinión: “En lo que corresponde al primer párrafo del artículo 27, de la iniciativa en comento, no corresponde a este semipleno emitir opinión, en virtud de que se trata de la reforma a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato en la que no tiene implicaciones la materia Penal. En lo que toca al segundo párrafo del artículo 27 de la iniciativa, donde se establece que: "Se equipara al delito de usurpación de profesiones al notario que...”. Primeramente, se sugiere respetuosamente que sí se pretende establecer un delito, se incluya en el Código penal, por otra parte, la equiparación de una conducta a otro delito, vulnera el principio de taxatividad, establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, pues si se pretende establecer que una determinada conducta debe de considerarse como delito, no es dable equipararla a otra, debe tipificarse de manera independiente, argumentando un diverso enfoque a la protección del mismo bien jurídicamente tutelado.” En los demás artículos, se considera su inclusión al Código penal por las razones ya expuestas, sin mayores comentarios. Respecto la primer iniciativa, la Coordinación General Jurídica reflexiona que: “La iniciativa tiene por objeto reformar la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato con la finalidad de ampliar los supuestos para que a las personas titulares de notarías públicas y quienes no tienen esa calidad, les sea equiparada la pena del delito de usurpación de profesiones y la revocación del fíat. En cuanto a ello, dado que la función notarial es de orden público y su ejercicio constituye una cuestión de interés general, se considera pertinente contar con un marco legal que permita asegurar el estricto apego a los principios que rigen la función en comento por parte de las personas autorizadas para su ejercicio, así como el debido cumplimiento a los deberes que tienen a su cargo. Sin embargo, como comentario general en relación con la iniciativa se estima necesario llevar a cabo una revisión integral de la ley cuya reforma se pretende con el objeto de armonizar la reforma con las disposiciones que prevén la descripción típica de las infracciones y regulan la aplicación de sanciones. Además, es importante tener presente que la función notarial no solo es desempeñada por las notarias y notarios titulares, pues pese a que las notarias y notarios auxiliares no cuenta con un Fíat, sí colman la definición de notaria o notario en términos del artículo 3 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato y, por ende, no podrían incurrir en los delitos cuya adición se pretende.” En relación con las iniciativas primera, segunda y cuarta, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, emite la opinión que se expone a continuación: “Se hace mención del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, el cual establece que solo se puede sancionar un acto si su castigo está previsto en la ley antes de su comisión. Bajo esta premisa, la taxatividad se presenta como un requisito indispensable para la configuración del delito penal y constituye el fundamento principal del principio de legalidad. En este contexto, el principio de legalidad, en su aspecto de taxatividad, se refiere a la necesidad de que la ley contemple de manera completa los elementos de una hipótesis delictiva. Esto implica que, una vez que se han llevado a cabo los hechos que presumiblemente constituyen un delito, debe existir una correspondencia exacta entre lo establecido por la legislación y los hechos concretos ocurridos y probados en el mundo real. Por lo tanto, la garantía de legalidad en materia penal se ve comprometida cuando existe una tipificación confusa o incompleta que requiere interpretación analógica o por mayoría de razón. En el ámbito punitivo, se exige la existencia de normas claras, precisas y concretas, aspectos que parecen no cumplirse en el caso concreto bajo la estructura y terminología propuestas. La pretensión de equiparar al tipo penal de usurpación de profesiones y falsedad ante autoridad con las conductas mencionadas en las iniciativas podría generar incertidumbre en cuanto al encuadramiento de la conducta que llevaría a cabo el sujeto activo, de acuerdo con lo establecido en la ley. Además, en este caso específico, la Ley del Notariado, cuyo propósito fundamental es regular la función notarial en el Estado de Guanajuato, no debería contemplar tipos penales. Esto se justifica en la ausencia de disposiciones en nuestro Código Penal que prevean el delito de usurpación de profesiones equiparado o el de falsedad ante autoridad equiparado. En virtud de lo expuesto, la implementación de las propuestas de reforma implicaría una vulneración del principio de legalidad en su aspecto de taxatividad y del debido proceso, tal como lo prevén el segundo y tercer párrafos del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” En lo que refiere a la teoría de la equiparación de delitos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato señaló: “Dado que el objeto de la Iniciativa se centra en la ampliación de los supuestos que de actualizarse se equipararían al delito de usurpación de profesiones y falsedad ante autoridad, en primera instancia resulta trascedente entender el sentido gramatical del verbo “equiparar” que, según la Real Academia de la Lengua Española, se tiene que: Del lat. aequiparāre. 1. tr. Considerar a alguien o algo igual o equivalente a otra persona o cosa,” Es decir, en el ámbito penal, el concepto de equiparación implica la obligación de imponer la misma pena a dos situaciones que, aunque no son idénticas, son consideradas equiparables debido a que las diferencias entre ellas se consideran irrelevantes para la aplicación de una misma normativa, ya que ambas lesionan el mismo bien jurídico. En otras palabras, un delito equiparado es aquel que se considera igual o equivalente a otro. En este contexto, es necesario analizar si las nuevas hipótesis propuestas por el legislador son equiparables y si lesionan el mismo bien jurídico protegido por los artículos 235 y 255 del Código Penal, respectivamente. Para contribuir a esta reflexión, es crucial determinar si la aprobación de las modificaciones propuestas implicaría que un Notario Público que realiza actos o hechos jurídicos fuera de su ámbito de competencia estaría usurpando la profesión, a pesar de contar con el título y la autorización legal para ejercer las funciones propias de fedatario público. Se debe considerar si estas acciones se ajustan a la naturaleza, escenarios y alcances de tales conductas. En cualquier caso, la falta de observancia de su ámbito de competencia conllevaría a la sanción prevista por la legislación notarial en su artículo 123, fracción IX. Por su parte, el principio de la última ratio impone un límite fundamental al ejercicio del poder punitivo por parte del Estado. Según Raúl Carnevali Rodríguez, este principio establece que el Derecho Penal debe ser la última opción a la que la sociedad recurra para proteger ciertos bienes jurídicos, siempre y cuando existan otros medios de control menos perjudiciales. En este sentido, si es posible lograr la misma eficacia disuasiva mediante métodos menos gravosos, la sociedad debería abstenerse de utilizar el instrumento penal más severo. Se prefieren sanciones menos severas si se puede alcanzar el mismo objetivo. Por lo tanto, solo en circunstancias excepcionales y cuando sea verdaderamente necesario, se debe recurrir a la sanción penal para conductas que amenacen la convivencia social (principio del Derecho Penal mínimo). En el marco de un Estado Democrático de Derecho, es crucial priorizar el diseño de políticas públicas e implementarlas en lugar de depender exclusivamente de normas penales punitivas como respuestas reactivas a la comisión de ciertos actos. En consecuencia, resulta pertinente evaluar las propuestas dentro de este contexto, considerando la premisa de privilegiar enfoques preventivos y menos coercitivos. B. La segunda, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato presentada por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Respecto a la segunda iniciativa el Supremo Tribunal de Justicia señaló lo siguiente: “No corresponde para su estudio a este semipleno penal, empero es dable destacar que advertimos positivo el manejo del lenguaje inclusivo y lo relativo a la figura de la notaria o notario auxiliares. Por otro lado se observan dos figuras que sí tienen que ver con la materia penal y que se encuentran previstas, la primera de ellas, en el artículo 124 fracción IV, que indica una causa de revocación del fíat, consistente en el pronunciamiento de un auto de vinculación a proceso por delito grave o de corrupción que amerite prisión preventiva; al respecto razonamos que dicha consecuencia vulnera el principio de presunción de inocencia al ser (la revocación del fíat) un adelanto de una sanción impuesta en sentencia condenatoria. La segunda propuesta de naturaleza penal, es la que atañe a la creación de un delito en el artículo 27-D, mismo que por razones de política criminal reflexionamos acertada su creación, sin embargo, dicho ilícito debe estar previsto y contemplado en el Código Penal -y no en la Ley que se examina-, con todos los requisitos que debe contener una figura típica, respetando los principios reguladores del derecho penal.” Por su parte, el Colegio Estatal de Notarios, haciendo referencia también a la segunda iniciativa expresó: “Por lo que respecta a la iniciativa de reforma de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, dicha iniciativa principalmente se refiere a las sanciones que se impondrían a las y los Notarios Titulares y Auxiliares por actos cometidos indebidamente o en contra de la Ley, en el ejercicio de su función, lo cual ya está contemplado actualmente en dicha Ley, solo se propone incrementar los actos a sancionar, pero que varios de ellos van en contra de disposiciones legales ya vigentes y que a nuestra consideración es un exceso y fuera de orden dicha propuesta, teniendo ésta diferentes inconsistencias que la hacen a nuestro saber y entender inviable.” Respecto la segunda iniciativa, la Coordinación General Jurídica opina que: “La iniciativa tiene por objeto reformar la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato con la finalidad de ampliar las infracciones que podrán ser cometidas por notarias y notarios, así como el establecimiento de las respectivas sanciones. En cuanto a ello, dado que la función notarial es de orden público y su ejercicio constituye una cuestión de interés general, se considera pertinente contar con un marco legal que permita asegurar el estricto apego a los principios que rigen la función en comento por parte de las personas autorizadas para su ejercicio, así como el debido cumplimiento a los deberes que tienen a su cargo. Ahora bien, en cuanto a la intención de diferenciar los instrumentos notariales de los documentos notariales, de considerar tal distinción pertinente, estimamos oportuno adicionar a la ley la definición de ambos conceptos, con la finalidad de facilitar la comprensión, interpretación y aplicación de las disposiciones. En relación con el empleo del lenguaje incluyente y no sexista, coincidimos en la importancia que reviste su objeto; sin embargo, su incorporación en solo una parte de los artículos de la ley podría romper la sistemática de la misma, al referirse de diversas maneras a un mismo concepto.” C. La tercera, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por su parte, la Universidad de Guanajuato, en referencia a la tercera iniciativa expresó: “La función notarial, siendo de orden público, destaca la importancia de que el legislador garantice, a través de la norma, que la delegación de esta función satisfaga las necesidades de interés social, como otorgar autenticidad, certeza y seguridad jurídica a los actos y hechos jurídicos bajo la fe pública de las personas investidas. Dada la obligatoriedad de la función notarial, se reconoce que no puede suspenderse excepto en los casos contemplados por la ley. Sin embargo, se plantea la necesidad de prever mecanismos que eviten vacíos en la prestación del servicio. La iniciativa se centra en colmar esta necesidad normativa para garantizar la continuidad del servicio tanto para los comparecientes como para la sociedad en general. La propuesta parte de la premisa de la alta importancia de la función notarial y reconoce la naturaleza humana de quienes la desempeñan, señalando el inevitable deterioro de las capacidades intelectuales y el fallecimiento. Ante estas circunstancias, se busca contribuir a generar certeza jurídica para la sociedad y para aquellos que ejercen la función notarial, ya sea como titulares o como auxiliares.” La Universidad De La Salle Bajío, en referencia a la tercera iniciativa opinó lo siguiente: La aportación del Mtro. José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, dice que “resulta pertinente, prudente, necesario y oportuno regular el procedimiento de equivalencia notarial a partir del cual un notario auxiliar, cumplidos los trámites y requisitos, obtenga la titularidad de la notaría en la que actúa, tras actualizarse algún supuesto, tal como fallecimiento, renuncia o retiro del fíat del titular, mediante una contienda a través de un examen evaluado teórico y práctico.” “B. Por lo antes expuesto, en aras de asegurar la continuidad y eficiencia de la función notarial y dando certeza y claridad al procedimiento de equivalencia notarial que permita al notario auxiliar contender por la titularidad de la notaría acéfala, resulta prudente, oportuna, pertinente y necesaria la iniciativa planteada.” La Coordinación General Jurídica emite la siguiente opinión de la tercera iniciativa: “Sobre el particular se coincide en la necesidad de privilegiar la operación de las notarías, a fin de (en la medida de lo posible), no detener su trámite, pues baste destacar que, a partir de la consulta de la publicación de los avisos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, del año 2020 a la fecha se han presentado treinta y un fallecimientos de notarios y diez renuncias de notarios en el mismo periodo. Lo cual evidencia la necesidad de buscar dar continuidad a las notarías, pues a la fecha de 463 Notarías públicas existen 217 notarías sin titular, y 234 con titular en ejercicio. Por lo que respecta al fondo de la propuesta, consistente en incorporar un procedimiento ex profeso para que aquellos notarios que tienen la calidad de notarios auxiliares, desahoguen un procedimiento para que, de ser de su interés y satisfechos los requisitos, puedan acceder a la titularidad de una notaría y al correspondiente fíat, ello en razón a que como se narra en la parte considerativa de la Iniciativa, se busque privilegiar la no suspensión de labores ante los supuestos de cese de la función del notario titular (excepto por revocación del fíat), a efecto de que el notario auxiliar continúe en el desempeño no solo los seis meses sino en forma permanente de aprobar los requisitos de la reforma. Se destaca que a la fecha, varias entidades federativas contemplan en sus respectivas leyes del notariado disposiciones similares, tales como Baja California, en el artículo 62 de la Ley del Notariado para el Estado de Baja California; Baja California Sur, en el artículo 29 de la Ley del Notariado del Estado de Baja California Sur; Campeche, en el artículo 124 de la Ley del Notariado para el Estado de Campeche; Coahuila de Zaragoza, en el artículo 119 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila; Colima, en el artículo 124 BIS de la Ley del Notariado; Chiapas, en el ordinal 56 de la Ley del Notariado para el Estado de Chiapas; Estado de México, en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley del Notariado del Estado de México; Michoacán de Ocampo, en el artículo 29 Bis de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán; San Luis Potosí, en el artículo 151 de la Ley del Notariado para el Estado de San Luis Potosí; Tabasco, en el ordinal 161 de la Ley del Notariado para el Estado de Tabasco; y Tlaxcala, en el artículo 491 de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala.” D. La cuarta, a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. De igual manera la Universidad de Guanajuato vertió su opinión referente a las iniciativas segunda y cuarta, en el sentido siguiente: “Estas modificaciones también buscan reforzar la función del notariado en Guanajuato al establecer sanciones proporcionadas a la gravedad de diversas conductas de aquellos que tienen la importante responsabilidad social de cumplir con la ley y comportarse de manera ejemplar en su vida personal y profesional. Para asegurar el seguimiento adecuado de los procedimientos en caso de incumplimiento por parte de notarios, se sugiere la creación de un órgano específico con atribuciones legales para supervisar y abordar estos asuntos. Aunque la Dirección General de Registros Públicos y Notarías ya cuenta con instancias encargadas de este propósito, se plantea la conveniencia de analizar la posibilidad de contar con un área dedicada que pueda actuar de manera inmediata una vez que se tenga conocimiento del incumplimiento de la ley por parte de la persona encargada de la fedataria.” A su vez, la Coordinación General de Justicia, en referencia a la cuarta iniciativa opinó lo siguiente: “Con el fin de salvaguardar los derechos del notario, se plantea fortalecer el proceso para determinar la incapacidad y otorgar un tratamiento distinto al de la visita de inspección general. En caso de adoptarse esta propuesta, se dejaría intacto el artículo 118-A. Se busca fortalecer la intención del proponente al extender el supuesto a cualquier individuo con interés, no limitándolo exclusivamente a aquellos que colaboran con el notario. Resulta pertinente establecer un procedimiento que garantice la audiencia y el derecho de defensa del notario que pudiera encontrarse en la mencionada situación. Además, se contempla la posibilidad de la suspensión como medida precautoria si, durante una visita de inspección, el inspector identifica una incapacidad que evidentemente obstaculice la continuación de la función notarial. Este procedimiento permite también brindar un tratamiento especial, ya que incluirlo en lo revisable durante una visita de inspección general estaría fuera de la naturaleza de esta, que no se enfoca directamente en la persona en cuestión. La propuesta de redacción se extendería al artículo 109.” II. Consideraciones. Las cuatro iniciativas objeto del presente dictamen reflejan la necesidad de actualizar la ley al tenor de la evolución histórica, jurídica y tecnológica a fin de dar las herramientas jurídicas a quienes ejercen la función notarial para que proporcionen un servicio capaz de satisfacer las demandas de la sociedad con la mayor calidad, eficacia, eficiencia y celeridad a efecto de garantizar a la ciudadanía la certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos pasados ante la fe notarial. Por una parte, se expresa la necesidad de regular un procedimiento de homologación notarial, mediante el cual un notario auxiliar podrá, cumplidos los trámites y requisitos, obtener la titularidad de la notaría en la que actúa en los supuestos establecidos en las fracciones I, II, IV y V del artículo 107 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato; y de esta manera garantizar la continuidad del servicio notarial, aprovechar la experiencia y conocimiento de los notarios auxiliares, reconocer la formación especializada recibida y promover la estabilidad y confianza en quienes, con tal carácter, han desempeñado la función notarial. Por otra parte, se enuncia en las iniciativas, que hoy la ciudadanía cuestiona severamente el servicio notarial ante la serie de irregularidades que los propios fedatarios cometen en la función notarial o por actos realizados por particulares que carecen de fíat y se ostentan como notarios; que existe un deterioro de la función notarial debido a la actuación de ciertos fedatarios públicos que realizan esta noble función apartados de los principios de la ética, la moral, el profesionalismo, la objetividad, la legalidad y la imparcialidad. Por ello, es necesario fortalecer el régimen sancionatorio establecido en la materia para prever mayores controles administrativos, además de ampliar el espectro de personas obligadas por la autoridad, a partir de la naturaleza jurídica del bien jurídico a proteger, que es la fe pública. En este contexto, quienes integramos la Comisión de Justicia abordamos el análisis de las propuestas, en los términos expuestos en el punto relativo al estudio de las iniciativas del presente dictamen, lo que se llevó a cabo, primeramente, con un enfoque general de las diversas pretensiones de los iniciantes para continuar con el análisis particular de cada artículo propuesto y las diversas opiniones de quienes participaron en este ejercicio. Derivado de lo anterior, y existiendo coincidencia generalizada en los temas que abordan las iniciativas, el presente dictamen se ocupa de dos grandes rubros: la regulación de la figura de homologación de la función notarial y el fortalecimiento del régimen sancionatorio. Respecto de las propuestas normativas contenidas en las iniciativas que se dictaminan, quienes integramos la Comisión de Justicia expresamos las siguientes consideraciones: Homologación de la Función Notarial. 1. En principio, en lo que se refiere al artículo 11-B, esta Comisión coincide con el Maestro Chávez Muñoz, en que es relevante establecer la periodicidad con la que se emiten las convocatorias públicas para la obtención de la calidad de aspirante y así, poder abordar de manera más inmediata las necesidades sociales y jurídicas que atañen a la función notarial. Por otro lado, esto permitiría realizar auditorías periódicas para verificar la justificación en la emisión de dichas convocatorias, al establecer dicha periodicidad en dos años. 2. Se introduce el concepto de Homologación de la Función Notarial en el artículo 14, partiendo de que, una de las premisas de la tercer iniciativa, es la de incorporar un mecanismo de continuidad en la prestación de los servicios notariales ante la falta definitiva del titular de la notaría, cuando se encuentre en funciones un notario auxiliar. La iniciativa propone el término de equivalencia notarial lo que resulta confuso y sin antecedentes claros en el ámbito notarial en México, por lo que, tomando en consideración la opinión de la Maestra Eugenia del Socorro Balcázar Alpuche, la Comisión de Justicia determinó que es preferible utilizar un término que permita abordar de manera más clara el objeto de la propuesta. Fue así que, en el desarrollo del análisis, en un primer momento, se propuso el término de suficiencia notarial, mismo que denota una conformidad a lo estrictamente necesario, contrario a lo que se busca en un ejercicio de calidad y alta profesionalización por parte de los fedatarios públicos, por lo que se determinó señalar que la denominación más adecuada al procedimiento que se incorpora para equiparar a los notarios auxiliares a los notarios titulares, es la de homologación en la función notarial. 3. En el artículo 17, fracción VI, quienes integramos la Comisión de Justicia consideramos mantener un límite temporal con el fin de evitar incertidumbre jurídica para los interesados en participar de la convocatoria. La norma vigente señala un plazo de sesenta días, que, en opinión de los participantes en el análisis de las iniciativas, no es tiempo suficiente para la preparación y aplicación de la prueba, teniendo en cuenta que una prueba de esa naturaleza, debe ser diseñada con el rigor académico, metodológico y pedagógico que amerita, por lo que, con la intención de colmar tanto la necesidad temporal como la certeza y seguridad jurídicas del sustentante sobre el tiempo máximo que puede transcurrir entre la publicación de la convocatoria y la aplicación del examen, se acordó que la fecha para aplicar el examen deberá encontrarse dentro de los ocho meses contados a partir de la publicación de aquella. Con ello, se busca equilibrar la necesidad de plazos definidos con la complejidad de los procesos logísticos y administrativos. Aunado a lo anterior, se consideró necesario establecer la previsión legal para que, en la convocatoria para presentar el examen de oposición, se establezcan, en sus bases, los criterios para la asignación de las notarías cuando fueren varias vacantes o de nueva creación, por lo que se integró una fracción X al artículo 17. 4. Respecto al primer párrafo del artículo 18, la Comisión de Justicia consideró necesario que se mantenga la aplicación de la prueba práctica por escrito, incorporando la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas para su realización. En el mismo sentido se coincide en la necesidad de incorporar al texto legal, en el penúltimo párrafo del artículo 18, la facultad de la Secretaría de Gobierno de llevar a cabo acciones preparatorias, con la finalidad de facilitar la generación del material idóneo que permitirá, a los integrantes del jurado, integrar el cuestionario y determinar el instrumento notarial, objeto de la prueba práctica, el día del examen. Ahora bien, la adición del último párrafo al artículo 18, tiene por objeto garantizar la igualdad de condiciones para los sustentantes, tanto en la aplicación de los exámenes en lo particular, como cuando se desarrollen de manera simultánea o escalonada. Finalmente, se clarifica la redacción de diversas porciones normativas del artículo 18, a efecto garantizar la certeza jurídica. 5. En el artículo 19, se agregó la porción normativa referente a la consideración de los criterios de asignación que en la convocatoria se deben establecer conforme a la fracción X del artículo 17, para ser considerados, en conjunto con las calificaciones de las pruebas teórica y práctica, para la asignación de la o las notarías concursadas y el consecuente otorgamiento del fíat. Con el objeto de clarificar el supuesto de que varios sustentantes empaten, se acordó establecer que será el jurado quien determine la prueba complementaria a que habrán de sujetarse para la asignación del fíat respectivo. 6. En lo que se refiere a la adición del Capítulo IV denominado del Procedimiento de Homologación de la Función Notarial, los integrantes de esta Comisión de Justicia coincidimos con la opinión emitida por la Coordinación General Jurídica sobe la importancia de implementar un procedimiento específico para que, aquellos notarios que tienen la calidad de notarios auxiliares puedan acceder a la titularidad de la notaría en la que ejercen sus funciones, siempre que sea de su interés y una vez que hayan satisfecho los requisitos de ley que se incorporan en el presente dictamen. Lo anterior con la finalidad de que se garantice la continuidad en la prestación de los servicios notariales en los supuestos de cese de la función del notario titular (excepto por revocación del fíat) y reconociendo con ello la experiencia adquirida por los notarios auxiliares en funciones. 7. En el artículo 23-A de la iniciativa, además de que se introduce el Procedimiento de Homologación de la Función Notarial, se integran los supuestos de terminación de la función notarial relativos al fallecimiento o renuncia del notario; sin embargo, el artículo 107 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato contempla otras posibilidades de terminación de la función notarial, por lo que esta Comisión de Justicia considera necesario incorporar, también, los supuestos relativos al impedimento físico permanente e irreversible, así como la incapacidad mental permanente e irreversible, para ejercer la función notarial, dejando fuera de dichos supuestos el de la revocación del fíat por las características legales de tal supuesto. No escapa a la atención de los integrantes de esta Comisión el hecho de que de dos mil veinte a la fecha, se ha presentado el fallecimiento de treinta y un notarios y la renuncia de otros diez, lo que conlleva buscar alternativas que disminuyan el impacto que genera la falta del notario titular respecto de los usuarios a quienes se presta el servicio; es así, que la continuidad que se deriva de la instauración del procedimiento de Homologación de la Función Notarial, garantiza la culminación de los trámites pasados ante la fe del notario que, por cualquiera de las causas señaladas en el párrafo anterior, deje de ejercer las funciones que le han sido encomendadas con el otorgamiento del fíat. 8. Quienes integramos la Comisión de Justicia, coincidimos, con la iniciativa en comento, en que el notario auxiliar debe manifestar su interés de asumir la titularidad de la notaría pública en que ejerce sus funciones, sin embargo, consideramos que los plazos propuestos no son los idóneos, por lo que acordamos que a partir del fallecimiento o la notificación del acuerdo de terminación de funciones del notario titular, han de presentar su solicitud ante la instancia correspondiente en un término de diez días hábiles y obtener una definición en no más de treinta días hábiles, habiendo desahogado el procedimiento de Homologación de la Función Notarial, y no en treinta días hábiles y cinco meses, como se proponía en la iniciativa, pues ello representaría un retraso sustancial en el cumplimiento del objetivo de la propia iniciativa. Los acuerdos antes señalados se plasman en el artículo 23-B del proyecto de decreto del presente dictamen. Ahora bien, se establece la previsión de que en el trascurso del desahogo del procedimiento de Homologación de la Función Notarial y en tanto se resuelve, el notario auxiliar deberá concluir los actos pendientes en términos del artículo 48-L de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, en tanto que la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, al recibir la solicitud, tendrá que levantar acta circunstanciada del estado del protocolo, su apéndice e índice, del libro de ratificaciones, su apéndice e índice, el sello, hojas testimonio, hologramas, folios no utilizados y expedientes judiciales, los cuales deberán permanecer bajo el resguardo, en todo momento, del notario auxiliar, según la propuesta que esta Comisión formula en el presente dictamen. 9. Quienes integramos esta Comisión coincidimos con la iniciativa en la necesidad de adicionar el artículo 23-C cuyo contenido corresponde a los requisitos a cubrir por el notario auxiliar que solicite el procedimiento de Homologación Notarial. Se determinó adicionar, a propuesta realizada en la reunión de análisis de las iniciativas para tener certeza del momento en que se actualiza el supuesto que le da origen, el acta de defunción del notario titular o en su caso, copia certificada del acuerdo de terminación de la función notarial emitido por la persona Titular del Poder Ejecutivo, según corresponda, quedando como fracción I; quienes integramos esta Comisión dictaminadora coincidimos en que se trata de un elemento esencial para la iniciación del procedimiento citado. Derivado de dicha adición al dictamen, se recorren las subsecuentes fracciones respecto de la iniciativa, por lo que la fracción II, identificada con la I de la iniciativa, corresponde a la licencia de notario auxiliar, acordando que debe agregarse a dicha porción normativa la vigencia de la licencia al momento de la terminación de la función notarial del titular, para dar mayor certeza jurídica. Por lo que hace a la fracción II de la iniciativa, se acordó separar en fracciones independientes lo correspondiente a la certificación y lo referido a no haber sido suspendido por las causales previstas en el artículo 105 de la Ley del Notariado, para dar mayor claridad, integrándose como fracciones III y IV. A la correspondiente fracción III de la iniciativa, V del presente dictamen, se elimina el requerimiento de la opinión por parte de la delegación del colegio de notarios de la adscripción del notario auxiliar en funciones, y queda la responsabilidad directa al Colegio Estatal de Notarios de emitir la opinión favorable respecto de la función del notario auxiliar interesado, como parte de los requisitos a cubrir para iniciar el procedimiento de Homologación Notarial. Ahora bien, la fracción IV de la iniciativa responde a la necesidad de acreditar experiencia de por lo menos un año de ejercicio de las funciones notariales, y señala que debe acreditarse experiencia y conocimiento en el ámbito notarial. Por ello, y derivado de lo establecido en el artículo 23-D, esta Comisión determinó incorporar en una fracción aparte, correspondiendo el numeral VIII, lo referente a la constancia de acreditación de conocimientos vigente y expedida por la Secretaría de Gobierno. 10. Esta Comisión dictaminadora acordó que, en lo referente al artículo 23-D, eran atendibles las propuestas formuladas tanto por el Colegio Estatal de Notarios, como por la Coordinación General Jurídica a efecto de implementar un mecanismo más completo y revestido de certeza y seguridad jurídica para garantizar por un lado, la continuidad inmediate en la prestación de los servicios notariales de la notaría de que se trate y, por el otro, que el acceso de los notarios auxiliares a la titularidad de la notaría en que se encuentren en funciones se dé, atendiendo a los principios que rigen la función notarial; opinión que fue compartida por los representantes tanto de la Universidad de Guanajuato como de la Universidad De La Salle Bajío. Derivado de lo antes señalado, se acordó establecer la atribución de la Secretaría de Gobierno de realizar la convocatoria para la realización de la evaluación para obtener la constancia de acreditación de conocimientos, así como que dicha convocatoria sea emitida cada dos años, plazo que es concordante con las certificaciones notariales. Con esto se da certeza respecto del responsable de la evaluación de los notarios auxiliares, la temporalidad para la emisión de la convocatoria y la consecuente necesidad de que aquellos se mantengan preparados y actualizados en los temas que atañen a la función notarial, pues misma que requiere de un alto compromiso profesional. Para ello, se retomó la propuesta formulada por los iniciantes respecto de la integración del jurado por tres profesionales del Derecho, preferentemente relacionados con las materias notariales, así como de su función en la integración, aplicación y evaluación de un examen escrito, oral y práctico, aplicado a los notarios auxiliares que atiendan la convocatoria para obtener la constancia de acreditación de conocimientos. Con ello se garantiza la objetividad en la emisión de resultados y la constante profesionalización de los notarios auxiliares en funciones. Por otra parte, al mantener la vigencia de la constancia de acreditación de conocimientos, se da cumplimiento al requisito incorporado en el artículo 23-C en su fracción VIII, para el caso de que se configure alguno de los supuestos de terminación de la función notarial conforme a lo señalado en el artículo 23-A del presente dictamen. De igual manera, se determinó establecer una calificación mínima aprobatoria de ocho punto cinco en escala de cero a cien, para el examen aplicado a los notarios auxiliares, puntaje que coincide con la calificación requerida para el acceso a la función notarial mediante examen de oposición. Quienes integramos esta Comisión dictaminadora coincidimos en que para dar certeza jurídica, tanto del evaluado como de la autoridad, debe plasmarse en la norma la vigencia de la constancia de acreditación de conocimientos, de manera que no se constituya como una expectativa permanente e indefinida, por lo que se acordó que dicha vigencia sea de dos años, temporalidad que es concordante con los procesos de certificación notarial a que están obligados, tanto los notarios titulares, como los auxiliares. Con lo anterior, se busca que la evaluación para la acreditación de conocimientos que los notarios auxiliares tendrán que presentar para acceder a la titularidad de la notaría en donde se encuentren en funciones, se tenga acreditada de manera previa a la actualización de los supuestos, con lo que se logra la inmediatez y la continuidad en la prestación de los servicios notariales, objetivo esencial de las y los iniciantes. 11. En lo que respecta al artículo 23-E, quienes integramos esta comisión dictaminadora, derivado de los acuerdos que se tomaron respecto de los artículos anteriores, y para garantizar la certeza y seguridad jurídica respecto del procedimiento de Homologación de la Función Notarial, estimamos necesario establecer que habiendo cumplido los requisitos señalados en el artículo 23-C, la Secretaría de Gobierno, como encargada del desahogo del citado procedimiento, lo debe notificar al Titular del Poder Ejecutivo para el otorgamiento del fíat correspondiente, en atención a que esta atribución es exclusiva de dicho Poder Público. Asimismo, obedeciendo a los principios de continuidad e inmediatez, se consideró pertinente señalar un plazo de treinta días para el inicio de las funciones del notario auxiliar a quien se le otorgó el fíat, quien ejercerá la función notarial en su calidad de titular de la notaría de que se trate. Por otra parte, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos en que es imprescindible considerar los procesos que han de seguirse en caso de que el notario auxiliar que se haya sujetado al procedimiento de Homologación de la Función Notarial no lo acredite, o bien, no cumpla con los requisitos señalados en el artículo 23-C del presente dictamen, por lo que se acordó que los notarios auxiliares deberán concluir los trámites pendientes en términos del artículo 48-L de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato y la autoridad correspondiente deberá recoger el protocolo en un término que no exceda de diez días hábiles. 12. En congruencia con las reformas que se formulan con el presente dictamen, se hace necesario modificar el artículo 48-L para incorporar, aunado al fallecimiento del notario titular, la renuncia, el impedimento físico permanente e irreversible y la incapacidad mental permanente e irreversible, para ejercer la función notarial, establecidos en el artículo 107 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, como supuestos de terminación de la función notarial, obligando así a que el notario auxiliar desahogue los pendientes dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la función notarial por cualquiera de dichos supuestos, pues no solo habrá de dar continuidad a los asuntos pasados ante la fe del notario titular, cuando se trate del fallecimiento del mismo. 13. De igual manera, fue necesario modificar el artículo 48-M para brindar una mayor seguridad sobre los actos que son concluidos por el notario auxiliar, en los términos del artículo 48-L, pues dicho precepto, el artículo 48-M establece el cese inmediato de las funciones del notario auxiliar en caso de separación, suspensión o terminación de la función notarial del notario titular, por lo que la Comisión dictaminadora acordó establecer la excepción referente a la existencia de un notario auxiliar en funciones que solicite el procedimiento de Homologación de la Función Notarial en términos del artículo 23-A, con lo que se evitan contradicciones en la norma y se deja a salvo el derecho del notario auxiliar de acceder a la titularidad de la notaría en términos del presente decreto. En conclusión, el Derecho, a fin de asegurar su eficacia, debe adecuarse a las nuevas necesidades que surgen a partir de los cambios sociales que modifican la realidad y las estructuras existentes, lo que da pie a la actualización constante del marco legal. Bajo esta perspectiva, se concuerda con las y los iniciantes en los beneficios de las modificaciones propuestas toda vez que las mismas permitirán implementar de mejor manera los procesos de oposición para la asignación de notarías, la continuidad en los servicios notariales, misma que contribuye a mantener la continuidad en la atención a los usuarios y la gestión de asuntos en trámite, evitando retrasos y garantizando la eficiencia en el servicio notarial, así como la profesionalización de los fedatario públicos. Además, se hace hincapié en los principios que deben regir el procedimiento de Homologación de la Función Notarial, destacando la buena fe, certeza, igualdad, imparcialidad, independencia y máxima publicidad, aunado a que se reconoce la experiencia práctica de los notarios auxiliares y la motivación que puede generar el establecimiento de un camino claro hacia la titularidad. 2. Fortalecimiento del régimen sancionatorio. La fe pública es un atributo que el Estado otorga a profesionales del Derecho especializados y aptos para desempeñar la función notarial, lo que implica que el profesional del Derecho investido con la fe pública realice diversos actos que se traducirán en presunciones de veracidad e integridad como en juicios de legalidad, capacidad y legitimación, que permiten, a su vez, el correcto desarrollo de las atribuciones, facultades y derechos de otros operadores jurídicos. Lo anterior, en el entendido de que el Estado no puede verificar todos los actos jurídicos sobre los que se requiere una verificación o certificación, por lo que se auxilia de la figura del notario público. En este sentido, el notario público realiza, básicamente, las siguientes funciones: • Ejerce la fe pública notarial sobre la exactitud de los hechos de que es testigo, y sobre la autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones de voluntad que se formalizan ante él en instrumento público; y • Asesora sobre los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que el consultante se propone alcanzar. Por lo anterior, el notario público, al detentar la fe pública por el Estado, debe estar sujeto a un esquema que permita la prevención de la realización de conductas que afecten la fe pública, que afecten a terceros y que afecten al sistema de impartición de justicia, lo que se debe articular mediante un régimen sancionador que, en primera instancia, disuada la comisión de cualquier conducta que deba sancionarse y que, en segundo lugar, de la certeza a la ciudadanía de que cualquier conducta contraria a la fe pública sea castigada en la proporción del daño causado. Es así como esta Comisión dictaminadora coincide en la necesidad de fortalecer el régimen sancionador respecto de la función notarial dada la importancia y el impacto que tiene ésta en la vida de los guanajuatenses. Bajo esta perspectiva, se concuerda con los objetivos planteados por las y los iniciantes, sin embargo, dada la especificidad del derecho administrativo sancionador y de la propia materia notarial, así como el cumplimiento de los principios de certeza y seguridad jurídica, se formularon algunos ajustes a efecto de que el decreto sea acorde a nuestro marco normativo actual, atendiendo, además, a los principios del derecho penal. Es indispensable que aquellos fedatarios públicos que incurran en faltas sean sancionados conforme a la gravedad de la conducta y se procure la prevención de dichas acciones lesivas, pues son depositarios de la fe pública del Estado confiriendo veracidad y validez a los actos celebrados entre quienes ante él comparecen, ya que su sola intervención concede carácter público al acto pasado ante su fe. Por lo que respecta a las iniciativas presentadas por la diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (ELD 316/LXV-I) y (ELD 416/LXV-I) esta Comisión Dictaminadora acuerda que: En atención a la primer iniciativa (ELD 316/LXV-I): 1. En lo que refiere al primer párrafo del artículo 27, se concuerda con las observaciones del Supremo Tribunal de Justicia y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en el sentido que, la reforma se contrapone a lo establecido en los diversos 5 y 62 de la misma Ley. Por lo que, no es viable su modificación. 2. Por lo que hace al párrafo segundo del artículo 27, se desprende un vicio de inconstitucionalidad al contravenir lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se estipula que, si se busca establecer que una conducta específica sea considerada como delito, no es apropiado equipararla a otra; más bien, debe ser tipificada de manera independiente, fundamentando un enfoque distinto para la protección del mismo bien jurídicamente tutelado, en la norma destinada a tales descripciones, esto es, el Código Penal. Aunado a lo anterior, las conductas que pretenden sancionarse, salvo la consistente en permitir que terceros suscriban el instrumento notarial, se contemplan en el artículo 123, fracciones III, VI y IX de la misma Ley, como causas de suspensión de notarios públicos; por lo que, tendría que definirse si la materialización de las conductas de mérito constituirá un delito, así como la revocación del fíat prevista en el artículo 124 o si su consecuencia será la suspensión de la notaria o notario público de que se trate, en ese sentido no se estima viable su inserción. 3. En relación con la fracción I del artículo 27-A, es necesario precisar las calidades de: «[…] gestor, asesor, empleado o prestador de servicios notariales propios o de terceros […]»; a efecto de observar el mandato de taxatividad de las normas penales derivado del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se traduce en la exigencia de que los textos que contengan normas sancionadoras describan claramente las conductas que están regulando y las sanciones que se pueden aplicar a quienes las realicen. Asimismo, porque la tesis 1a. CXCII/2011 (9a.)2 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, sino que el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por la persona destinataria de la norma. Aunado a lo anterior, existen notarías públicas que cuentan con personal calificado y profesional que podría desempeñarse como gestor, empleado o asesor al interior. Aspectos que pueden darse a conocer o anunciarse mediante tarjetas de presentación, en sus redes sociales o perfiles de redes sociales o de profesionistas. Situación que, no debería ser objeto de una sanción penal al no implicar, en sí misma, el ejercicio indebido de la función notarial. En cuanto a la fracción V del artículo 27-A, las conductas a que se refiere se encuentran previstas en el artículo 123, fracciones V y VIII, de la misma Ley, como causas de suspensión de las notarias y notarios. Asimismo, el artículo 124, fracción X, de la Ley, establece que procederá la revocación del fíat cuando las notarias y notarios tengan folios firmados en blanco. Por lo que se determinó que la propuesta no guarda congruencia con la legislación actual. 4. Respecto al artículo 27-B, es importante reflexionar sobre si el consentimiento a que alude el texto en vigor de dicha disposición podría exteriorizarse a través de actos como fomentar, propiciar y realizar por sí o a través de terceros las conductas objeto de sanción. Por lo que, es innecesaria la adición propuesta. 5. En relación con el artículo 27-C, se advierte que se tiene la intención de adicionar el supuesto consistente en que a una notaria o notario a quien se le haya revocado el fíat consienta o participe en las conductas descritas por los artículos 27 y 27-A de la Ley. Sin embargo, la revocación del fíat implica un cambio de situación jurídica al constituir una causa de terminación de la función notarial en términos del artículo 107, fracción III, de la Ley. En tal supuesto, la persona de que se trate deja de ser notario público, por lo que no se actualizarían las conductas descritas en los artículos 27 y 27-A. 6. En lo que atañe al artículo 27-D, se estima que no se tiene atribuciones para sancionar el indebido ejercicio de la función notarial conferida por autoridades de otras entidades federativas, partiendo del hecho de que en la jurisprudencia P./J. 72/20053, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que conforme al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a las legislaturas locales expedir las leyes que creen la figura de notaria o notario público y regulen su función. Asimismo, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 74/20054 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es cada Estado, a través del Ejecutivo local, el que otorga la patente de notaria o notario cuando las personas aspirantes reúnen los requisitos previstos por la ley correspondiente, siendo dicha autoridad local la encargada de vigilar que al realizar su actuación cumplan las normas que resulten aplicables. Lo anterior, toda vez que en términos de la jurisprudencia P./J. 73/20055, las notarias y notarios actúan por delegación del Estado y su función constituye un servicio público regulado por este. Con base en lo expuesto, la expedición de una norma legal relativa al ejercicio de la función notarial conferida por autoridades de otros Estados en términos de sus propias leyes que, a su vez, regulan el actuar de sus notarias y notarios públicos, podría dar pauta a la invasión de esferas competenciales de las demás entidades federativas, pues cada una goza de facultades para regular la función notarial, así como para vigilar su correcto ejercicio en términos de su normatividad. Con relación a la propuesta segunda (ELD 416/LXV-I) presentada por el Partido Revolucionario Institucional: 1. Sobre el empleo del lenguaje incluyente y no sexista, se coincide con la importancia que reviste su objeto; sin embargo, su incorporación en solo una parte de los artículos de la ley podría romper la sistemática de la misma, al referirse de diversas maneras a un mismo concepto. 2. En lo referente al artículo 122, fracción IX, es pertinente retomar la redacción de la fracción I del artículo 121 cuya derogación se propone en la iniciativa. Ello, debido a que desde el párrafo primero del artículo 122, se indica que establece las infracciones que podrán cometerse por notarios públicos, así como por los notarios auxiliares, por lo que, no resulta necesario que ello se reitere en la fracción IX del mismo precepto. 3. Respecto el artículo 123, que pretende agregar diversos supuestos para actualizar las causales de suspensión, no se estiman pertinentes puesto que contienen diversos errores de técnica legislativa, no se apegan a los principios del derecho penal o ya se encuentran previstos en la Ley de la materia. Por ejemplo, en relación con la fracción XVI, no es adecuada la porción normativa: «sin establecer el supuesto referido», ya que no cumple el principio de taxatividad, que exige la formulación de términos precisos del supuesto de hecho de las normas que será objeto de sanción, es decir, deben describirse claramente las conductas que se están regulando y las sanciones que se pueden aplicar a quienes las realicen. Además, el artículo 58 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, no prevé un término para dar aviso del extravío de folios. En cuanto a la fracción XVIII del artículo 123, estimamos que la hipótesis de extravío ya se encuentra regulada en el artículo 58 del mismo ordenamiento. De la fracción XIX, el supuesto que prevé ya está regulado en la fracción XIII del mismo artículo. 4. Por lo que hace al artículo 124, que se refiere a incluir causales de revocación, también contienen diversas cuestiones contrarias a la propia norma de la materia, en contra de los principios del ámbito penal, o ya se encuentran en la ley regulados. Por ejemplo, la fracción IV, estimamos importante no incluir su adición en virtud del principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, únicamente se pierde al existir una sentencia firme que declare la responsabilidad. Es de contenido orientador la sentencia emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 96/2019, en que se determinó que la presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado, en su dimensión extraprocesal, protege a las personas sujetas a proceso de cualquier acto estatal o particular ocurrido fuera del mismo, que refleje la opinión de que una persona es responsable del delito del que se le acusa, cuando aún no se ha dictado una sentencia definitiva en la que se establezca su culpabilidad. Otros ejemplos son que la fracción XXIII va en relación con el artículo 58 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato y no establece un término para tomar las previsiones referidas en la formulación normativa propuesta en la iniciativa. Las redacciones de las fracciones XXV y XXVI son iguales. Además, podría hacerse un reenvío a los artículos 77 y 78 de la ley, que establecen la forma en que se identificará a las personas interesadas y el requisito para que se haga constar que cuentan con capacidad legal. La fracción XXXIV, es necesario precisar qué se entenderá por «falta de probidad», a fin de cumplir el principio de taxatividad y, en consecuencia, otorgar seguridad jurídica a las personas destinatarias de la norma. En relación con fracción XXXIX, el artículo 31 de la ley establece prohibiciones para los notarios, por lo que las fracciones I, II y IV, prevén supuestos en que podría actualizarse un conflicto de interés. En atención a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (ELD 588/LXV-I) se emiten las siguientes consideraciones particulares: 1. En cuanto al artículo 27-A es importante verificar la numeración en las fracciones, pues no se incluye la fracción II con los puntos suspensivos para indicar que permanece intocada. Por lo que se refiere al primer párrafo del artículo, se considera oportuna la inclusión de lo referente a que quien carezca de la licencia del notario auxiliar e incurra en alguna de las conductas previstas en dicho numeral, será sancionado en los términos del Código Penal conforme a lo dispuesto en el artículo 235 de dicho ordenamiento; de igual manera se incorpora en la fracción I lo relativo la posibilidad de ostentarse como auxiliar, sin serlo; respecto a la modificación propuesta a la fracción III se mantiene el texto vigente pues, si bien se desprende que se busca que quienes funjan como notarios en otra entidad envíen libros de protocolo a firma a nuestro estado, la disposición vigente sanciona a cualquier persona que no tenga fíat o licencia expedida conforme a la ley del Estado, ya sea particular o notario de otra entidad, además, al hacer el señalamiento explícito se dejan fuera figuras como las de los gestores. Dentro del mismo artículo, la iniciativa impacta también la fracción V, sin embargo, no es jurídicamente viable la intención de equiparación al delito de usurpación de profesiones en atención a los comentarios que se han vertido supra líneas en el presente dictamen, por lo que no se adiciona en el decreto. 2. En seguimiento a la adición propuesta en la iniciativa de un artículo 27-D, se coincide respecto a la no viabilidad de incluir un delito en la Ley del Notariado, pues el mismo se debe insertar en el Código Penal; por otra parte, la equiparación de una conducta a otro delito, vulnera el principio de taxatividad, establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si se pretende establecer que una determinada conducta debe considerarse como delito, no es dable equipararla a otra, y debe tipificarse de manera independiente, argumentando un diverso enfoque a la protección del mismo bien jurídicamente tutelado, por lo que no se estima viable la adición de dicho artículo. 3. Esta Comisión dictaminadora, al abordar la propuesta de incluir como prohibición de los notarios públicos el desempeño de mandato judicial y la intervención como apoderado, abogado patrono, o cualquier carácter similar en cualquier tipo de asunto representando a un tercero, que se propone al adicionar una fracción IX al artículo 31, coincide con el Doctor Fernando Márquez Rivas, académico de la facultad de derecho de la Universidad De la Salle Bajío, en lo referente a que la exposición de motivos no justifica claramente la medida restrictiva al notario y sobre la inconstitucionalidad que le afectaría, de aprobarse, conforme al argumento del siguiente párrafo. El mismo artículo en su fracción VIII señala "intervenir como abogados en asuntos en los que hubiesen actuado como notarios o viceversa" lo que resulta lógico y es correcto, empero, pretender imponer la prohibición total de actuar como abogados patronos en todos los casos, va en contra de lo establecido por el articulo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala "a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos...", razón por la cual se determinó no adicionar el artículo 31, mismo que queda en sus términos vigentes. 4. En lo referente a la adición de un segundo párrafo al artículo 65, relativo a la obligación de enviar el protocolo y libro de ratificaciones en digital a la unidad administrativa correspondiente de la Secretaría de Gobierno, esta comisión dictaminadora acordó su viabilidad ubicándole en un artículo independiente, para loque hubo necesidad de crear una Sección específica, quedando así el artículo 65 intocado, pues se refiere únicamente al protocolo, no así a las ratificaciones, y, tomando en cuenta que la intención de las y los iniciantes es que la obligación de enviar la información digitalizada conlleva también el envío del libro de ratificaciones, se acordó la inserción de un artículo 68-A con una sección tercera bajo la denominación De la obligación de envío de información concerniente a los libros de Protocolo y de Ratificaciones. Dentro del mismo tema, y a partir de que la iniciativa establece un plazo de sesenta días naturales siguientes a aquel en el que cierre cada tomo del libro de protocolo y ratificaciones, para su remisión, se estima necesario ampliar el plazo que se le da al notario para enviar digitalizados los libros de protocolo y ratificaciones, tomando en cuenta que los notarios tienen un término de ciento veinte días hábiles para recabar las firmas en los instrumentos, de conformidad con el artículo 88 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato. En el mismo sentido, y para dar certeza sobre las condiciones para cumplir la obligación se contempla en Ley la emisión de los lineamientos respectivos por parte de la Secretaría de Gobierno, en los que se debe prever la forma en la que deberá darse cumplimiento a dicha obligación, considerando, también, dentro del régimen transitorio el término que tiene la dirección para emitir dichos lineamientos y para implementar los esquemas tecnológicos necesarios para recibir y almacenar los libros digitalizados, estimando como un tiempo prudente el periodo de dieciocho meses dada la necesidad de desarrollar la plataforma tecnológica adecuada para los efectos. Para dar congruencia a la creación de una sección para el envío digital de protocolo se adiciona, en consecuencia, el correlativo contenido en la fracción XII del artículo 118, y la fracción XVI del artículo 123. 5. Así también, la iniciativa contempla la obligatoriedad del notario de enviar de manera digital los libros de protocolo y de ratificaciones a la dirección junto con las respectivas razones de apertura y cierre, por lo que, para hacer exigible esta disposición, es necesario establecer en el artículo 67 la obligatoriedad a los notarios de efectuar las razones de apertura y de cierre de los tomos que integren su libro de ratificaciones, toda vez que conforme a la ley vigente los libros de ratificaciones no cuentan con dicha razón. 6. En el artículo 105, fracción I, se estipula que se suspenderá el ejercicio de la función notarial de contar con auto de formal prisión por delito intencional, encontrándose apartado de las disposiciones vigentes en materia procesal penal, no obstante se optó por mantener dicha fracción en sus términos ante la posibilidad de que existan procesos en trámite o conductas que, conforme al sistema penal anterior, pudieran sujetarse a dicho supuesto, por lo que, para incorporar el conforme a la norma penal vigente, los integrantes de esta comisión dictaminadora acordamos que es necesario adicionar una fracción II en el artículo referido, para incluir las medidas cautelares de prisión preventiva, o en su caso, de suspensión temporal en el ejercicio de actividades profesionales o laborales, o de resguardo en su propio domicilio. 7. En otro sentido, el artículo 109 aborda la incapacidad del notario para prestar el servicio, y la propuesta en análisis sugiere ampliar el espectro de quienes pueden hacer la denuncia a efecto de que sus practicantes y empleados puedan dar noticia a la autoridad en caso de fallecimiento o notoria incapacidad, sin embargo, para alcanzar el objetivo se adoptó la propuesta de ampliar aún más el dispositivo a toda aquél que tenga interés, sin circunscribirlo a los practicantes o empleados en los términos de la iniciativa. Dentro del mismo tema, y referente a la propuesta de los iniciantes con relación al procedimiento a seguir ante la noticia de una probable incapacidad para ejercer la función notarial en protección a los derechos del notario se acordó robustecer el procedimiento propuesto y darle un tratamiento diferente al de la visita de inspección general, garantizando la audiencia y derecho de defensa del notario que se pudiera encontrar en el supuesto, así como permitir la suspensión como medida precautoria si, de una visita, el inspector detecta una incapacidad que notoriamente impida que se continúe con la función notarial. Asimismo, estimamos viable adicionar que, para el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de las pruebas referidas en este artículo, se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. De igual manera este procedimiento permite darle un tratamiento especial, toda vez que se incluye dentro de lo que se puede revisar en una visita de inspección especial o general, por lo cual se dejaría intocado el artículo 118-A y se incluiría el procedimiento en el artículo 109. 8. Se estima procedente actualizar y armonizar las disposiciones de la Ley del Notariado para clarificar en el segundo párrafo del artículo 115, relacionado con las visitas de inspección notarial, que la unidad administrativa que corresponda calificará el acta de la visita realizada, acordando las manifestaciones del notario, las observaciones que hubieren realizado los inspectores, aquéllas que se desprendan del acta misma y/o de las constancias que se hubieren agregado a ella, así como aquellas que deriven de las constancias relacionadas con la queja o denuncia que, en su caso, corresponda, ampliándose así el objeto de calificación jurídica, de manera que se incluyan en ello todas aquellas constancias derivadas de la presentación de la queja o la denuncia correspondiente, y no sólo las que deriven de la visita de inspección notarial, permitiendo que la autoridad pueda allegarse de medios de prueba que pueden resultar indispensables para una adecuada determinación. 9. A propósito de las quejas o denuncias del artículo 118-B, como medios para poner en conocimiento de la autoridad administrativa las conductas u omisiones que probablemente constituyan infracciones sancionables en términos de los artículos 121, 122, 123 y 124 de la Ley; se considera necesario, a fin de distinguir y clarificar el tratamiento de unas y otras, que para la presentación de las quejas se requiere la acreditación del interés jurídico del quejoso, no así para la presentación de denuncias; debiendo en ambos casos la autoridad administrativa contar con facultades de investigación preliminar, exclusivamente para solicitar los informes o documentos que sean necesarios en relación con los hechos materia de la queja o la denuncia, para justificar la solicitud de una orden de visita de inspección especial, siempre que de los hechos en cuestión se presuma una probable responsabilidad administrativa notarial. Ahora bien, si de los hechos expuestos en la queja o denuncia se desprende la posibilidad de que se haya cometido un ilícito de naturaleza penal, la autoridad administrativa deberá dar vista de ello a la Fiscalía con las constancias correspondientes, lo que permite una mejor aplicación de las disposiciones relacionadas con los supuestos de sanción penal propuestos por las y los iniciantes. 10. En la misma línea, se considera necesario modificar la fracción II del artículo 126 de la ley, en lo que toca al procedimiento administrativo para imponer sanciones, a fin de dotar a la autoridad administrativa de la atribución para admitir y desahogar no sólo las pruebas que hubieren sido desahogadas por el notario, sino también las que obren en el expediente con motivo del trámite de la queja o denuncia, en su caso, así como de las que deriven de la propia visita de inspección notarial. Se hace necesario, a consideración de esta Comisión, cambiar en la fracción III del artículo 126, las palabras “las partes” por “al notario”, tratándose de la citación a la audiencia de alegatos. Ello, en razón de que el procedimiento administrativo para imponer sanciones es esencialmente de naturaleza disciplinaria, de manera que en él deben intervenir únicamente el Estado y los notarios sujetos a procedimiento, ya que por virtud de la delegación de la fe pública que en ellos se hace, es el Estado quien resulta interesado en verificar que su actuación se ciña al marco normativo que le rige; en cuyo trámite no resulta con alguna acción o derecho subjetivo los particulares que, en su caso, hayan presentado la queja o denuncia respectiva. Esto, con la finalidad de evitar confusiones y malas interpretaciones a partir de la lectura del precepto en cuestión. 11. Se coincide con las y los iniciantes que en el caso de las cuatro fracciones derogadas en este artículo 123, correspondientes a la V, VI, VII y IX (Por tener el protocolo, su apéndice e índice, el libro de ratificaciones, su apéndice e índice, el sello, hojas de testimonio, hologramas y folios no utilizados fuera del domicilio de la Notaría Pública sin causa justificada; Por establecer su oficina notarial en lugar distinto al de la ubicación de la Notaría Pública o que en oficina distinta atienda o permita atender al público en general bajo la creencia de que se trata de la notaría en cuestión; Por tener folios sin texto y sin inutilizar, habiendo utilizado los subsecuentes; Por actuar fuera del lugar de su adscripción, salvo los casos permitidos por la Ley), por su incidencia y gravedad, se establezcan como causales de revocación de fíat, y no de suspensión de la función notarial; y, por otra parte para robustecer la información a la autoridad de los actos que obran en los protocolos y en los libros de ratificaciones de los notarios, se sancionará con suspensión al notario que incumpla con brindar dichos informes adicionando la fracción XVI. 12. Finalmente, en lo que se refiere al artículo 124, esta Comisión dictaminadora, coincidió en la propuesta de los iniciantes de incorporar las fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, como causa de revocación del fíat, en seguimiento al comentario en el punto anterior. Por último, es importante mencionar que la coordinación, inspección y vigilancia de la función notarial no puede ser eficaz si no se dota a la Secretaría de Gobierno de un marco normativo procedimental que le permita la imposición de las sanciones por la comisión de infracciones administrativas en el ámbito notarial, con pleno respeto a los derechos humanos y a las garantías adjetivas, por lo que los integrantes de esta Comisión de Justicia consideramos que con el presente dictamen se da un paso importante en el fortalecimiento institucional respecto de la efectividad y la salvaguarda de la función notarial, como uno de los elementos esenciales con que cuenta el Estado para el desarrollo de su función al dar publicidad y dotar de certeza los actos que deben ser verificados. En ese orden de idas, de los acuerdos que recoge el dictamen, se debe priorizar la implementación de dos principios: el principio de realidad y principio de inmediación notarial. El primero es imperativo que prevalezca con responsabilidad. El notario, en su función, tiene la tarea de verificar este principio de realidad, que ahora se ha consolidado como fundamental en el ámbito del derecho laboral, superando los formalismos documentales. Esta perspectiva implica una consideración sustantiva de los hechos y las normas. En consecuencia, esta Comisión se adhiere a la opinión del Doctor Pérez Alonso en representación de la Universidad de Guanajuato en el entendido que el principio de realidad debe primar, y el notario asume la responsabilidad de verificar este principio de manera activa. En este contexto, no solo se espera que el notario garantice la legalidad y la veracidad de lo expresado, sino que también se le asigna el papel crucial de ser garante del principio de realidad. El segundo, denominado principio de inmediación, establece que el notario público debe estar directamente involucrado en la autorización de actos notariales, asegurando su presencia física en la realización de dichos actos. La inmediación busca garantizar que el notario utilice su fe pública de manera directa, verificando, atendiendo y constatando los hechos pertinentes. Al respecto la presidenta de esta Comisión dictaminadora, realizó el señalamiento de que el objeto de esta reforma a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, debe hacer realidad el principio de inmediación que es por el que las personas que participan en el otorgamiento de diversos actos notariales, principalmente escrituras públicas, tienen necesariamente que estar en presencia del Notario que la autoriza, y llevar a cabo en esa presencia notarial, sus respectivas actuaciones, en especial las declaraciones de voluntad que dan vida a los actos y contratos a que la escritura se contrae; es igualmente preciso que estén en presencia del Notario las personas, sus hechos o las cosas que son objeto de algunas actas notariales. Por este principio, los notarios públicos, deben tener relación directa con sus clientes, por lo que debe atenderlos y asistirlos personalmente y no a través del personal de apoyo que pudiera tener en la oficina notarial, por lo que, el notario debe de tener contacto directo con las partes, presenciar todo acto en que intervenga, ya sea por requerimiento o mandato de ley. La inmediación es un principio del derecho notarial por el que se pretende que el notario público haga uso de la fe pública que el estado le otorga y que los actos notariales no se realicen al cien por ciento por su personal de apoyo, es decir, el notario público se puede apoyar en otras personas, pero la verificación, la atención, la constatación de los hechos y la resolución de preguntas son actividades que el notario público debe hacer directamente. En razón de lo anterior, considerando que no se han otorgado fíats en los últimos años, la edad de los notarios, el déficit que existe actualmente, aunado a que existe una demanda y una carga de trabajo importante derivada de la misma, es que estas modificaciones a la Ley del Notariado deben tener como fin último establecer las condiciones necesarias para que las y los ciudadanos de Guanajuato cuenten con un servicio notarial de calidad, que cumpla con las expectativas que se tiene sobre un profesional del derecho especializado en la función notarial. Además, se destaca la importancia de que estos servicios se ajusten al crecimiento del estado y cumplan con los estándares éticos esperados de profesionales colegiados en constante capacitación. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 113 fracción I y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se propone a la Asamblea el siguiente: DECRETO Artículo Único. Se reforman los artículos 11-B párrafo primero; 14, párrafo primero; 17 fracciones I y VI; 18 primer y tercer párrafos, incisos a) y b) de la fracción I, incisos a) y c) de la fracción II; 19 párrafos tercero y quinto; 27-A primer párrafo y fracción I; 48-L; 48-M; 109 párrafos primero y segundo; 115 párrafo segundo; 118-B párrafos segundo, tercero y cuarto; y 126 fracciones II y III. Se adicionan una fracción X al artículo 17; los párrafos cuarto y quinto al artículo 18; el capítulo IV denominado Del Procedimiento de Homologación Notarial, comprendiendo los artículos 23-A; 23-B; 23-C; 23-D y 23-E, recorriéndose en su orden los vigentes capítulos del IV al XVIII para quedar como capítulos del V al XIX; un párrafo cuarto al artículo 67; la Sección Tercera al Capítulo X, denominada De la obligación de envío de información concerniente a los libros de Protocolo y de Ratificaciones, integrada con un artículo 68-A; una fracción II al artículo 105, recorriéndose las fracciones subsecuente; los párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el vigente párrafo segundo para quedar como párrafo quinto del artículo 109; una fracción XI al artículo 118; los párrafos cuarto y sexto al artículo 118-B, recorriéndose el cuarto párrafo vigente para pasar como quinto párrafo; una fracción XVI al artículo 123; y las fracciones de la XIV a la XVIII al artículo 124. Se derogan las fracciones V, VI, VIII y IX del artículo 123, de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, para quedar como sigue: «Artículo 11-B. La Secretaría de Gobierno emitirá cada dos años, una convocatoria pública y abierta a los interesados en obtener la calidad de aspirante a notario. La convocatoria deberá... I. a V. ... Artículo 14. Los procedimientos para obtener la licencia de notario auxiliar, la calidad de aspirante a notario, el de Homologación de la Función Notarial y el fíat de notario público se sujetarán a los siguientes principios: I. a VI. ... Artículo 17. Cuando una o… La convocatoria deberá… I. Motivos que sustenten la necesidad de la creación de la notaría, sujetándose a lo dispuesto por el artículo 11 de esta Ley; II. a V. … VI. Que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria se determinará la fecha, lugar y hora del examen, mismo que se celebrará dentro de los ocho meses posteriores a la publicación de la convocatoria; VII. a IX. … X. Cuando se trate de varias notarías vacantes o de nueva creación se establecerán los criterios para la asignación de las mismas. Concluido el plazo… La unidad administrativa… El acuerdo de… Desahogado el procedimiento… Artículo 18. El examen de oposición para obtener el fíat de notario, para cada notaría vacante o de nueva creación, consistirá en una prueba teórica y en una prueba práctica por escrito, pudiendo utilizar las herramientas tecnológicas idóneas para tal efecto, pruebas que se regirán por las siguientes reglas comunes: I. La prueba teórica… a) En sesión previa, el día del examen, el jurado integrará el cuestionario al que deberán dar respuesta los sustentantes el cual se conformará por un mínimo de cincuenta preguntas, de las cuales, por lo menos diez serán a propuesta de cada uno de los miembros del jurado. En la integración del cuestionario, el jurado deberá abarcar todos los temas previstos en la convocatoria para esta etapa del concurso; y b) El sustentante dispondrá de cinco horas continuas para desahogar el cuestionario, al término de las cuales, el jurado recogerá los exámenes e individualmente emitirá por escrito la calificación de los mismos. La calificación mínima... II. La prueba práctica… a) En sesión previa, el día del examen, el jurado determinará el tipo de instrumento notarial que será materia de esta prueba; b) Para el desarrollo… c) El sustentante dispondrá de hasta cinco horas continuas para la redacción del instrumento notarial, al término de las cuales, el jurado recogerá los exámenes e individualmente emitirá por escrito la calificación de los mismos. La salvaguarda e… Una vez desahogadas las pruebas teórica y práctica, el jurado sesionará las veces necesarias a fin de obtener la calificación definitiva de cada sustentante, promediando los resultados que éstos obtuvieron en sus pruebas teórica y práctica levantando el acta correspondiente, que será firmada por los integrantes del jurado. La Secretaría de Gobierno, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 13-A y 13-B, deberá llevar a cabo acciones preparatorias a efecto de que el jurado cuente con el material idóneo para la integración del cuestionario y de la evaluación práctica el día del examen. Cuando se lleven a cabo dos o más exámenes de manera simultánea o escalonada en una misma fecha, ya sea derivados de una o varias convocatorias, el jurado a cargo de cada evaluación deberá sesionar, previamente y de manera conjunta, para determinar el examen e instrumento que se aplicará a todos los sustentantes a efecto de garantizar igualdad de condiciones. Artículo 19. El jurado calificará… La calificación mínima… El jurado atendiendo a las calificaciones obtenidas en las pruebas teórica y práctica y a los criterios de asignación establecidos en la convocatoria, determinará quién de los sustentantes resultó aprobado para recibir el fíat concursado. Si ninguno de… En caso de que algunos de los sustentantes empaten en la máxima puntuación aprobatoria, el jurado instrumentará acciones afirmativas en materia de paridad de género para garantizar el acceso de las mujeres a la función notarial y, en caso de ser necesario el jurado ordenará la práctica, entre ellos, de una prueba complementaria a fin de obtener una nueva calificación. Si por cuestiones… En todos los… CAPÍTULO IV Del Procedimiento de Homologación de la Función Notarial Artículo 23-A. En caso de terminación de la función notarial por los supuestos establecidos en las fracciones I, II, IV y V del artículo 107 de esta Ley, cuando en la notaría se encuentre un notario auxiliar en funciones, este último podrá acceder a la titularidad de la notaría en la que actúa, sujetándose al Procedimiento de Homologación de la Función Notarial en los términos establecidos en el presente Capítulo. Artículo 23-B. La instauración del Procedimiento de Homologación de la Función Notarial deberá ser solicitado a la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno por el notario auxiliar dentro de los diez días hábiles posteriores al fallecimiento o a la notificación del acuerdo de terminación de la función notarial, y este procedimiento deberá desahogarse y resolverse dentro de los treinta días hábiles posteriores a la solicitud, lo anterior en los términos que establezca el Reglamento de la presente Ley. Al recibir la solicitud del Procedimiento de Homologación de la Función Notarial, la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, ordenará que se levante acta circunstanciada del estado en el que se encuentre el protocolo, su apéndice e índice, el libro de ratificaciones, su apéndice e índice, el sello, hojas testimonio, hologramas, folios no utilizados y expedientes judiciales, lo que permanecerá en poder y bajo la responsabilidad del notario auxiliar, quien deberá concluir los actos pendientes conforme a lo dispuesto por el artículo 48-L, en tanto se resuelve el Procedimiento de Homologación de la Función Notarial. Artículo 23-C. El notario auxiliar solicitará el inicio del Procedimiento de Homologación de la Función Notarial por escrito, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: I. Acta de defunción del notario titular o en su caso, copia certificada del acuerdo de terminación de la función notarial emitido por el Titular del Poder Ejecutivo, según corresponda; II. Licencia de notario auxiliar vigente al momento de la terminación de la función del titular de la notaría; III. Certificación notarial vigente en caso de tener más de dos años en funciones; IV. Constancia de no haber sido suspendido por las causales previstas en las fracciones I y III del artículo 105 de esta Ley dentro de los cinco años previos; V. Opinión favorable del correcto ejercicio de la función notarial emitida por el Colegio Estatal de Notarios; VI. Haber ejercido como notario auxiliar en la notaría de adscripción durante un período mínimo de un año; y VII. Constancia de acreditación de conocimientos vigente expedida por la Secretaría de Gobierno a que se refiere el artículo 23-D. Artículo 23-D. Cada dos años, la Secretaría de Gobierno emitirá convocatoria para los notarios auxiliares que quieran obtener la constancia de acreditación de conocimientos para los efectos del artículo 23-E, misma que se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Los interesados en participar deberán presentar solicitud ante la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno acompañada de los requisitos a que se refieren las fracciones II a VI del artículo 23-C. La evaluación para acreditación de conocimientos consistirá en una prueba presentada ante un jurado conformado por tres jurados quienes serán designados, uno por la Secretaría de Gobierno, uno por el Rector de la Universidad de Guanajuato a propuesta del Director de la División de Derecho, Política y Gobierno, preferentemente notario y profesor de la especialidad de Notaría Pública y uno por el Colegio Estatal de Notarios. El jurado evaluará a los solicitantes mediante un examen escrito, oral y práctico que incluirá, al menos, los siguientes aspectos: I. Conocimientos teóricos y prácticos del derecho notarial; II. Capacidad para redactar instrumentos públicos notariales; III. Habilidades para asesorar y resolver problemas notariales; y IV. Conocimiento de las leyes y regulaciones notariales vigentes. El jurado dentro de los tres días hábiles siguientes informará la calificación de los solicitantes a la Secretaría de Gobierno para que les notifique los resultados. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción del informe del jurado, la Secretaría de Gobierno emitirá la constancia de acreditación de conocimientos a aquellos que hubiesen obtenido una calificación mínima de ochenta y cinco puntos en una escala de cero a cien. La constancia tendrá una vigencia de dos años. Artículo 23-E. En el caso de que el notario auxiliar que solicite el Procedimiento de Homologación de la Función Notarial cumpla con los requisitos previstos por esta Ley, la Secretaría de Gobierno lo comunicará al Titular del Poder Ejecutivo para la expedición del fíat correspondiente. El notario auxiliar que haya obtenido el fíat deberá iniciar sus funciones en un plazo que no exceda de treinta días hábiles siguientes al otorgamiento de éste, habiendo cumplido previamente con lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley. En este supuesto, el notario auxiliar será titular de la notaría respectiva y sustituto definitivo del titular anterior. En el supuesto de que el notario auxiliar no cumpla con los requisitos del Procedimiento de Homologación de la Función Notarial, la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, en un plazo que no exceda de diez días hábiles, recogerá el protocolo correspondiente. El notario auxiliar terminará los actos pendientes en los términos del artículo 48-L. CAPÍTULO V Del ejercicio del notariado y de la prestación del servicio Artículo 27-A. Se aplicarán las penas previstas por el artículo 235 del Código Penal del Estado de Guanajuato a quien, careciendo del fíat de notario o de licencia de notario auxiliar, en los términos de esta Ley, realice alguna de las siguientes conductas: I. Ostentarse, anunciarse como tal o inducir a la creencia de que es notario titular, auxiliar, suplente o sustituto con el objeto de ejercer o simular ejercer funciones notariales; II. a IV. … CAPÍTULO VI De la suplencia y sustitución CAPÍTULO VII De las notarías asociadas Capítulo VIII Del notario auxiliar Artículo 48-L. El notario auxiliar terminará los actos que hubieren quedado pendientes por la terminación de la función notarial del titular por los supuestos establecidos en las fracciones I, II, IV y V del artículo 107 de esta Ley, dentro de los seis meses posteriores a la actualización de los supuestos, transcurrido este plazo entregará a la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno el protocolo, su apéndice e índice, el libro de ratificaciones, su apéndice e índice, el sello, hojas testimonio, hologramas y folios no utilizados. Artículo 48-M. En caso de separación, suspensión o terminación de la función notarial del notario titular, salvo por lo dispuesto en los artículos 23-A y 48-L, cesarán de inmediato las funciones del notario auxiliar, quedando sin efectos su licencia. La unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 125 de esta Ley. CAPÍTULO IX Del sello de autorizar CAPÍTULO X Del protocolo y del libro de ratificaciones Artículo 67. En el libro de … I. a VI. … El libro de … El libro de… El notario está obligado a efectuar las razones de apertura y de cierre de los tomos que integren su libro de ratificaciones, aplicándose en lo conducente lo dispuesto en los artículos 55 y 60 de esta Ley. Sección Tercera De la obligación de envío de información concerniente a los libros de Protocolo y de Ratificaciones Artículo 68-A. A más tardar dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a aquel en el que cierren cada tomo del Libro de Protocolo y del Libro de Ratificaciones, los notarios deberán enviar a la unidad administrativa correspondiente de la Secretaría de Gobierno, por medios electrónicos y firma electrónica, una imagen digitalizada de todos los folios, razón de apertura y razón de cierre que lo integran, sujetándose para ello a los términos, condiciones, medidas de seguridad y mecanismos que para su envío o remisión se dispongan en los lineamiento que al respecto emita la Secretaría de Gobierno. CAPÍTULO XI De los instrumentos notariales CAPÍTULO XII De las licencias, de la suspensión y de la terminación del ejercicio de la función notarial Artículo 105. Son causas de… I. Por dictarse en… II. Por ordenarse en contra de quien la ejerce medidas cautelares de prisión preventiva, o en su caso, de suspensión temporal en el ejercicio de actividades profesionales o laborales, o de resguardo en su propio domicilio, siempre que las mismas impidan el ejercicio de la función notarial, y hasta en tanto cesen las mismas; III. Cuando esté plenamente probado que quien ejerce la función, padece incapacidad temporal, física o mental, grave que impida su ejercicio; y IV. Por sanción de suspensión decretada en términos de esta Ley. Artículo 109. El Ministerio Público, el Oficial del Registro Civil, el Colegio Estatal de Notarios, el registrador público de la propiedad, el notario suplente, el notario auxiliar o cualquier otro interesado que conozca del fallecimiento o notoria incapacidad física o mental que impidan el ejercicio de la función de un notario o tuvieren noticia de ello, lo comunicarán inmediatamente a la Secretaría de Gobierno y al Colegio Estatal de Notarios. La unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, en cuanto tenga conocimiento de alguna denuncia sobre la incapacidad física o mental del notario, procederá de la siguiente manera: I. Dará vista al notario con copia de la denuncia respectiva, quien contará con un plazo de diez días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas periciales médicas de su interés; II. Proveerá al desahogo de las pruebas ofrecidas por el notario, ordenando en todos los casos el desahogo de las pruebas periciales necesarias para determinar en su caso, la capacidad física o mental del fedatario; III. Una vez rendidos todos los dictámenes periciales, concederá al notario la posibilidad de rendir alegatos dentro de un plazo de cinco días hábiles; y IV. Rendidos o no los alegatos por parte del notario, determinará si el notario cuenta o no con la capacidad física y mental necesaria para el ejercicio de la función notarial y procederá, de ser el caso, en términos de la fracción III del artículo 105 de la presente Ley. Para el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de las pruebas referidas en este artículo, se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Cuando con motivo de una visita de inspección especial o general, el inspector de notarías desprenda una notoria incapacidad del notario para ejercer la función, lo asentará en el acta para hacerlo de conocimiento a la unidad administrativa correspondiente. En este caso la Secretaría de Gobierno podrá decretar como medida cautelar la suspensión inmediata de la función notarial, procediendo en los términos del artículo 125 de esta Ley, e iniciar el procedimiento previsto en el presente artículo. Una vez que el titular de la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno se entere del fallecimiento de algún notario, de manera inmediata ordenará el cierre del protocolo y en un plazo que no exceda de diez días hábiles recogerá el mismo para depositarlo en el archivo de notarías y se procederá en los términos de esta Ley. En caso de que en la notaría respectiva se encuentre un notario auxiliar en funciones, la unidad referida deberá esperar diez días hábiles en términos del artículo 23-B, y en caso de no existir solicitud para iniciar el Procedimiento de Homologación de la Función Notarial, se estará a lo establecido por el artículo 48-L. CAPÍTULO XIII De la vigilancia e inspección de notarías Artículo 115. El inspector que... La unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno calificará el acta de la visita realizada, acordando las manifestaciones del notario, las observaciones que hubieren realizado los inspectores, aquéllas que se desprendan del acta misma y/o de las constancias que se hubieren agregado a ella, así como aquellas que deriven de las constancias relacionadas con la queja o denuncia que, en su caso, corresponda. Si de dicha... CAPÍTULO XIII De la vigilancia e inspección de notarías Artículo 118. Las visitas de... Las visitas de... La orden de... La orden de… Las visitas de… I. a X. … XI. Que el notario haya cumplido en tiempo y forma con la obligación contenida en el artículo 68-A. También se verificará… Artículo 118-B. Toda persona podrá… En el escrito de queja el promovente deberá acreditar su interés jurídico en el asunto de que se trate, precisar los hechos que fundan su queja y exhibir las documentales o las pruebas para acreditarlos. El escrito deberá suscribirse por el interesado señalando domicilio para recibir notificaciones, dentro del lugar de ubicación de la autoridad. Si faltare alguno de los requisitos previstos en los párrafos anteriores, la autoridad requerirá al promovente personalmente o por estrados en caso de no haber señalado domicilio, para que en un término de tres días hábiles corrija la omisión. En caso de que vencido dicho término el interesado no cumpla con el requerimiento, la autoridad desechará por improcedente la queja presentada. Lo mismo sucederá si de lo narrado no se desprende que el notario haya incurrido en una conducta que amerite responsabilidad notarial. Si de la narración de hechos planteados por el quejoso se desprende la posibilidad de que se haya cometido un ilícito de naturaleza penal, la autoridad administrativa dará vista de ello a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato con las constancias correspondientes. La unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, recibirá la queja o denuncia y, satisfechos los requisitos, le dará trámite pudiendo solicitar información o documentos de cualquier persona o autoridad, ya sea que pertenezca al notario o a terceros, para efecto de determinar y, en su caso, justificar la solicitud de la Secretaría de Gobierno de una orden de visita de inspección especial, misma que procederá a inscribirla en el registro de procedimientos sancionadores y le asignará el número de expediente. Cuando la autoridad administrativa reciba una denuncia, o tenga conocimiento por cualquier medio, de alguna irregularidad en el ejercicio de la función notarial, solicitará información o documentos de cualquier persona o autoridad, ya sea que pertenezca al notario o a terceros, para efecto de determinar y, en su caso, justificar la solicitud a la Secretaría de Gobierno de una orden de visita de inspección especial. CAPÍTULO XIV De la responsabilidad notarial y sus sanciones Artículo 123. Son causas de... I. a IV. ... V. Derogada. VI. Derogada. VII. Por actuar de... VIII. Derogada. IX. Derogada. X. a XV. ... XVI. Por no dar cumplimiento al envío a que se refiere el artículo 68-A de esta Ley. Estas causales prescribirán... Artículo 124. Se revocará el... I. a XIII. ... XIV. Por tener el protocolo, su apéndice e índice, el libro de ratificaciones, su apéndice e índice, el sello, hojas de testimonio, hologramas y folios no utilizados fuera del domicilio de la Notaría Pública sin causa justificada; XV. Por establecer su oficina notarial en lugar distinto al de la ubicación de la Notaría Pública o que en oficina distinta atienda o permita atender al público en general bajo la creencia de que se trata de la notaría en cuestión; XVI. Por tener folios sin texto y sin inutilizar, habiendo utilizado los subsecuentes; XVII. Por actuar fuera del lugar de su adscripción, salvo los casos permitidos por la Ley; y XVIII. Por reincidir en la falta prevista en la fracción XVI del artículo 123. Estas causales prescribirán... CAPÍTULO XV Del procedimiento para imponer sanciones Artículo 126. El procedimiento para… I. La unidad administrativa… II. Vencido el término a que se refiere la fracción anterior, se abrirá el periodo probatorio por el término de quince días hábiles, a efecto de resolver sobre la admisión y, en su caso, desahogo de las pruebas que hubiesen sido ofrecidas por el notario, de las que obren en el expediente con motivo del trámite de la queja o denuncia, así como de las que deriven de la visita de inspección. Serán admitidas todas… III. Cerrado el periodo probatorio a que se refiere la fracción anterior, la autoridad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno citará al notario a una audiencia de alegatos la que deberá celebrarse después de cinco y antes de diez días hábiles siguientes al de la citación; IV y V. … CAPÍTULO XVI De los medios de defensa CAPÍTULO XVII Del Archivo General de Notarías CAPÍTULO XVIII Del Colegio Estatal de Notarios CAPÍTULO XIX De la certificación notarial» TRANSITORIOS Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Artículo Segundo. El Poder Ejecutivo contará con un plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones al Reglamento de esta Ley. Artículo Tercero. Para la aplicación del Procedimiento de Homologación de la Función Notarial, la Secretaría de Gobierno emitirá a más tardar durante el primer semestre del año dos mil veinticuatro la primera convocatoria para quienes deseen obtener la constancia de acreditación de conocimientos. Artículo Cuarto. Si posterior a la entrada en vigor del presente Decreto, y antes de que se realice la primera convocatoria a que se refiere el artículo anterior, y el notario titular terminara la función por alguno de los supuestos previstos en las fracciones I, II, IV y V del artículo 107, el notario auxiliar podrá acceder al Procedimiento de Homologación de la Función Notarial, para lo que deberá solicitar el inicio del mismo dentro de los diez días hábiles posteriores al fallecimiento o a la notificación del acuerdo de terminación de la función notarial, acreditando los requisitos a que se refiere el artículo 23-C. Para el caso de la constancia de acreditación de conocimientos la Secretaría de Gobierno fijará fecha y hora para la realización del examen. En este supuesto, el procedimiento deberá desahogarse y resolverse dentro de los cinco meses posteriores a la solicitud. Artículo Quinto. Las infracciones relacionadas con el régimen de responsabilidades notariales que no hayan sido materia de un procedimiento de responsabilidad administrativa, o bien que el procedimiento se encuentre en trámite o pendiente de resolución a la entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán, tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables al momento de la comisión de los hechos respectivos. Artículo Sexto. La unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, contará con un periodo máximo de seis meses a partir de la vigencia del presente Decreto para emitir los lineamientos a que se refiere el artículo 68-A del presente Decreto y de doce meses para implementar los esquemas tecnológicos necesarios para recibir y almacenar los libros digitalizados. El plazo de ciento veinte días naturales para cumplir con la obligación, por primera vez, del envío de información a que se refiere el artículo 68-A, comenzará a contar al día siguiente del inicio de operación de los esquemas tecnológicos referidos en el párrafo anterior. Artículo Séptimo. Para efectos del artículo 11-B y por única ocasión, dentro de los doce meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Gobierno emitirá convocatoria pública y abierta a los interesados en obtener la calidad de aspirante a notario. Guanajuato, Gto., 4 de diciembre de 2023 La Comisión de Justicia. Laura Cristina Márquez Alcalá Diputada presidenta Susana Bermúdez Cano Bricio Balderas Álvarez Diputada vocal Diputado vocal Gustavo Adolfo Alfaro Reyes Cuauhtémoc Becerra González Diputado vocal Diputado secretario La presente hoja de firmas corresponde al dictamen emitido por la Comisión de Justicia relativo a cuatro iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, presentadas: la primera y la segunda, por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (ELD 316/LXV-I y ELD 416/LXV-I); y la tercera y cuarta por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (ELD 550/LXV-I y ELD 588/LXV-I), respectivamente.

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Dictamenes / Decretos
Consecutivo Parte No. publicación Dictamen firmado Decreto / Acuerdo firmado PO Transitorios
1050 SEGUNDA PARTE 248 Dictamen firmado Decreto / Acuerdo firmado PO 7
Fecha Estatus
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Artículo Segundo. El Poder Ejecutivo contará con un plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones al Reglamento de esta Ley.
Artículo Tercero. Para la aplicación del Procedimiento de Homologación de la Función Notarial, la Secretaría de Gobierno emitirá a más tardar durante el primer semestre del año dos mil veinticuatro la primera convocatoria para quienes deseen obtener la constancia de acreditación de conocimientos.
Artículo Cuarto. Si posterior a la entrada en vigor del presente Decreto, y antes de que se realice la primera convocatoria a que se refiere el artículo anterior, y el notario titular terminara la función por alguno de los supuestos previstos en las fracciones I, 11, IV y V del artículo 107, el notario auxiliar podrá acceder al Procedimiento de Homologación de la Función Notarial, para lo que deberá solicitar el inicio del mismo dentro de los diez días hábiles posteriores al fallecimiento o a la notificación del acuerdo de terminación de la función notarial, acreditando los requisitos a que se refiere el artículo 23-C. Para el caso de la constancia de acreditación de conocimientos la Secretaría de Gobierno fijará fecha y hora para la realización del examen. En este supuesto, el procedimiento deberá desahogarse y resolverse dentro de los cinco meses posteriores a la solicitud.
Artículo Quinto. Las infracciones relacionadas con el régimen de responsabilidades notariales que no hayan sido materia de un procedimiento de responsabilidad administrativa, o bien que el procedimiento se encuentre en trámite o pendiente de resolución a la entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán, tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables al momento de la comisión de los hechos respectivos
Artículo Sexto. La unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, contará con un periodo máximo de seis meses a partir de la vigencia del presente Decreto para emitir los lineamientos a que se refiere el artículo 68-A del presente Decreto y de doce meses para implementar los esquemas tecnológicos necesarios para recibir y almacenar los libros digitalizados. El plazo de ciento veinte días naturales para cumplir con la obligación, por primera vez, del envío de información a que se refiere el artículo 68-A, comenzará a contar al día siguiente del inicio de operación de los esquemas tecnológicos referidos en el párrafo anterior.
Artículo Séptimo. Para efectos del artículo 11-B y por única ocasión, dentro de los doce meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Gobierno emitirá convocatoria pública y abierta a los interesados en obtener la-calidad de aspirante a notario.