Presidencia de la Mesa Directiva Congreso del Estado Presente Correspondió a esta Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones analizar y dictaminar las propuestas de punto de acuerdo formuladas por las diputadas y diputados siguientes: • Diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que inicie un proceso de revisión y rediseño de la política estatal de seguridad pública, incorporando las mejores prácticas en la materia; de la cual se dio cuenta en pleno de fecha 12 de mayo de 2022. ELD 140/LXV-PPA • Diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el que se exhorta al Presidente de la República para que diseñe urgentemente una estrategia de seguridad pública integral y de alcance nacional. Asimismo, para que, en su carácter de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, proteja la vida de sus elementos, así como de los integrantes de la Guardia Nacional; de la cual se dio cuenta en pleno de fecha 19 de mayo de 2022. ELD 146/LXV-PPA • Diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que en coordinación con las entidades locales y municipales garanticen la seguridad de la ciudadanía derivado de los sucesos de violencia suscitados en algunos estados en procesos electorales, esto con la finalidad de establecer mecanismos de seguridad; de la cual se dio cuenta en pleno de fecha 2 de junio de 2022. ELD 151/LXV-PPA • Diputado Cuauhtémoc Becerra González integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Ejecutivo Estatal, así como a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que reelaboren el diagnóstico que busca atender el fenómeno delictivo en la entidad con la finalidad de focalizar sus esfuerzos y recursos en dar respuesta al conflicto penal, la adecuada atención a la víctima y mejorar el acceso a la justicia de la población guanajuatense; de la cual se dio cuenta en pleno de fecha 9 de junio de 2022. ELD 157/LXV-PPA • Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Diputado Alejandro Arias Ávila a efecto de exhortar al titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a reconfigurar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; al Senado de la República, a efecto de que, en ejercicio de sus atribuciones, realice un análisis urgente y exhaustivo sobre la Estrategia Nacional de Seguridad, y emita las recomendaciones correspondientes a efecto de reconfigurar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; así como al titular del Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que realice todas las medidas de coordinación necesarias con el Gobierno Federal a fin de que, en caso, de aprobarse una eventual reestructura de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, realice todas las acciones necesarias para su efectiva aplicación; de la cual se dio cuenta en Diputación Permanente de fecha 21 de julio de 2022. ELD 175/LXV-PPA • Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar exhorto al Titular del Poder Ejecutivo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades fortalezca los mecanismos de coordinación con el Gobierno Federal a fin de revisar las acciones realizadas hasta el momento y replantear la estrategia conjunta que permita atacar eficazmente a los cárteles del crimen organizado que operan en la entidad, así como al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, a fin de que investigue los videos en los que presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación amenazan a un grupo de mujeres con quitarles la vida si no cumplen con sus demandas de pago y en su caso persiga los delitos a que haya lugar a fin de evitar que se continúen difundiendo y realizando este tipo de conductas y grabaciones; de la cual se dio cuenta en pleno de fecha 29 de junio de 2023. ELD 310/LXV-PPA Agotado su estudio y discusión, con fundamento en el artículo 119 fracción II y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se procede a realizar el siguiente: D i c t a m e n I. Antecedentes. Las referidas propuestas se turnaron por la presidencia a esta Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen, con fundamento en la fracción II del artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. II. Consideraciones de quien propone. En la propuesta de la Diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que inicie un proceso de revisión y rediseño de la política estatal de seguridad pública, incorporando las mejores prácticas en la materia, se indica: Guanajuato merece que el partido que gobierna se tome en serio su papel en el combate a la violencia y la delincuencia. Hay mucho que hacer para mejorar la política de seguridad pública estatal, y mucho de eso se puede aprender de la política nacional en la materia, así como de la política de otras entidades como la Ciudad de México, en donde sí se ha combatido la violencia y la delincuencia a través de una política de seguridad pública que se ha traducido en reducciones significativas de la incidencia delictiva. A nivel nacional, se ha atendido la violencia desde sus causas, combatiendo la pobreza. A la par, se ha construido y fortalecido la fuerza pública a través de la guardia nacional. Y todo ello sin dejar de lado las estrategias focalizadas en entidades que presentaban situaciones más preocupantes. La política federal y la de entidades como CDMX, demuestra que las políticas de colaboración entre la Federación y las Entidades, la atención a las causas de la violencia, y el uso de las mejores prácticas, permiten combatir la violencia y la delincuencia con eficacia. Eso necesitamos en Guanajuato, aunque lo que tenemos es algo muy distinto, por lo cual, no tenemos resultados exitosos. Por eso es necesario que en Guanajuato se revise la política estatal de seguridad pública y, con base en las acciones que se implementan de forma exitosa en otros ámbitos o lugares, se incorporen las mejores prácticas en la materia. De la propuesta presentada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se exhorta al Presidente de la República para que diseñe urgentemente una estrategia de seguridad pública integral y de alcance nacional. Asimismo, para que, en su carácter de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, proteja la vida de sus elementos, así como de los integrantes de la Guardia Nacional, se desprende como base de su contenido: Un informe elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional ubicó a México en el cuarto lugar de países con mayor crimen organizado. De acuerdo con el informe referido, México cuenta con unos de los grupos criminales más sofisticados del mundo. “Los cárteles de la droga controlan el territorio en gran parte de México, cooptando al Estado a través del soborno y la intimidación, con el objetivo de facilitar sus actividades ilícitas”. Indica también que uno de los factores que reduce la capacidad del Estado mexicano para combatir el narcotráfico es la pérdida de democracia. “Las deficiencias estructurales del sistema legal de México obstaculizan su capacidad para combatir el crimen organizado. Aunque el país ha ratificado una variedad de tratados internacionales y tiene numerosas leyes relacionadas con el crimen organizado, estas no se aplican bien y están paralizadas por la corrupción”. Por lo que corresponde a la propuesta de la Diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que en coordinación con las entidades locales y municipales garanticen la seguridad de la ciudadanía derivado de los sucesos de violencia suscitados en algunos estados en procesos electorales, esto con la finalidad de establecer mecanismos de seguridad, se desprende: Hacer valer este principio -contenido en el artículo 21 constitucional federal- es fundamental a nivel nacional y de manera local, hemos sido testigos que cualquier política pública exitosa contempla como prioridad el salvaguardo de la ciudadanía garantizando su seguridad para el adecuado desarrollo social. Si bien es cierto que Guanajuato es un estado libre y soberano no podemos ser indiferentes ante las circunstancias que acontecen en el resto del país, la seguridad pública no es un tema que tan solo compete al ámbito federal, es fundamental que de manera interna prevengamos acontecimientos tan lamentables como los reportados en otros estados. Derivado de estos hechos es que resulta esencial la colaboración entre los municipios, los estados con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que conforme a lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que deberá existir una coordinación constante para que las instituciones de Seguridad Pública sean de carácter civil, disciplinario y profesional, y su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La presentada por el Diputado Cuauhtémoc Becerra González integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Ejecutivo Estatal, así como a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que reelaboren el diagnóstico que busca atender el fenómeno delictivo en la entidad con la finalidad de focalizar sus esfuerzos y recursos en dar respuesta al conflicto penal, la adecuada atención a la víctima y mejorar el acceso a la justicia de la población guanajuatense, señala: Desde el Grupo Parlamentario de Morena hemos externado en numerosas ocasiones nuestra preocupación a través de diversas iniciativas que buscan atender el hecho de que cada vez hay más niñas, niños y adolescentes (NNA) que son víctimas de delitos como desaparición, homicidio y feminicidio; así como de reclutamiento forzado por grupos del crimen organizado. En segundo lugar, tenemos la frecuencia con la que se están dando este tipo de actos que transgreden la vida cotidiana de los ciudadanos guanajuatenses, los ciudadanos de a pie, quienes se encuentran en un estado de psicosis emocional ante el temor e inseguridad que impera en el día a día. Ante eso, es claro la urgencia de tomar las medidas necesarias tanto como para prevenir este tipo de hechos, como para dar atención y seguimiento, garantizando así el acceso a la justicia de las víctimas. Por lo que corresponde la propuesta de la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y el Diputado Alejandro Arias Ávila a efecto de exhortar al titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a reconfigurar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; al Senado de la República, a efecto de que, en ejercicio de sus atribuciones, realice un análisis urgente y exhaustivo sobre la Estrategia Nacional de Seguridad, y emita las recomendaciones correspondientes a efecto de reconfigurar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; así como al titular del Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que realice todas las medidas de coordinación necesarias con el Gobierno Federal a fin de que, en caso, de aprobarse una eventual reestructura de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, realice todas las acciones necesarias para su efectiva aplicación; se observa: Nuestra Carta Magna señala en el penúltimo párrafo del su artículo 21 que es facultad de la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, la formulación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; así mismo, el numeral 76 de nuestro Máximo Ordenamiento, señala como facultad exclusiva del Senado de la República, analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, previa comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad. Es necesario se realice un ejercicio oportuno y urgente que considere la situación actual de seguridad en el país y los nulos resultados de la vigente Estrategia Nacional de Seguridad. La presentada por la Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar exhorto al Titular del Poder Ejecutivo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades fortalezca los mecanismos de coordinación con el Gobierno Federal a fin de revisar las acciones realizadas hasta el momento y replantear la estrategia conjunta que permita atacar eficazmente a los cárteles del crimen organizado que operan en la entidad, así como al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, a fin de que investigue los videos en los que presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación amenazan a un grupo de mujeres con quitarles la vida si no cumplen con sus demandas de pago y en su caso persiga los delitos a que haya lugar a fin de evitar que se continúen difundiendo y realizando este tipo de conductas y grabaciones; de la cual se dio cuenta en pleno de fecha 29 de junio de 2023; resulta importante destacar: La forma en que los integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación amenazan a las mujeres en sus videos es una clara muestra del nulo respeto que tienen por la vida de las guanajuatenses y la facilidad con que buscan cobrar el denominado derecho de piso y extorsionar a negocios como bares y restaurantes. Al respecto, nuevamente los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, posicionan a Guanajuato en el segundo lugar con más carpetas de investigación por el delito de extorsión, contabilizando un total de 321 casos denunciados de enero a mayo de este año. Es evidente que hasta el momento no se han logrado frenar la violencia e inseguridad en el estado y que las estrategias para combatir a los cárteles no están dando los resultados necesarios para devolver la paz y la tranquilidad a las y los guanajuatenses. III. Consideraciones de quienes integran la comisión. Generales Los integrantes de esta comisión denotamos materia y propósito en común en las propuestas antes referidas: nos enfrentamos a coyunturas notablemente complejas respecto al delito, la seguridad y sus efectos, así como las correspondientes causas, mismas que repercuten y se encuentran diseminadas en todo el territorio nacional. Al respecto, los planteamientos son coincidentes al señalar la necesidad de realizar revisión y actualización de las estrategias específicas para velar por la construcción colectiva y la coordinación efectiva entre fuerzas de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno, emprender acciones para prevenir el delito, así como para dar pautas al correcto cauce e involucramiento de las autoridades cuya competencia incide en la procuración de justicia; ello, para dar cumplimiento a los principios y bases dispuestas por el artículo 21 de nuestra Constitución Federal, consistentes en salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. No obstante que dichas propuestas no refieren un fin estrictamente legislativo y, en su caso, un resultado de vinculación jurídica, su contenido es tanto vasto como justificado, y por tanto denotan la trascendencia de su estudio. La naturaleza y alcance jurídico de éstas presentan elementos notables en los cuales se soporta la admisión a revisión y su dictaminación positiva, solicitando respetuosamente al Pleno de esta honorable Asamblea que se exponga como un tema de vital importancia e interés público, así como para que el Poder Legislativo, como uno de los tres pilares de esta entidad, asuma una postura institucional. Es entonces que, acorde con las características y la importancia del análisis y estudio de las referidas propuestas, la pertinencia y oportunidad para su análisis y discusión, así como por la evidente exigencia y necesidad de acciones inmediatas a consecuencia de su objeto, contenido y propósito, nos manifestamos conforme las siguientes consideraciones: En el marco jurídico. De conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Dicha función comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas; para cumplir los fines de la seguridad pública, el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este orden, la integración, organización y funcionamiento del referido Sistema Nacional de Seguridad Pública está regulado por la Ley Reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública, que además establece la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios. La coordinación para cumplimiento de los fines de la seguridad pública y conformación el Sistema Nacional de Seguridad Pública, está sujeto a bases mínimas, entre las que se encuentra la formulación de políticas públicas tendentes a prevenir la comisión de delitos, así como la existencia y asignación a nivel nacional de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que serán aportados a las entidades federativas y municipios para su destino exclusivamente a estos fines. A través de la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios y con respeto a su competencia, soberanía y autonomía, se establecen las bases para construir un sistema nacional que –entre otros propósitos- comparta capacidades y estándares de calidad homogéneos en la prestación del servicio de seguridad pública. Una debida coordinación implica armonía y sinergia en el ejercicio de las facultades que tienen asignada cada autoridad responsable en el ámbito de la seguridad pública, así como el despliegue de esfuerzos estratégicos adicionales dentro del marco de acción de todas las instancias constitucionales de gobierno. Acorde con el espíritu de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las normas jurídicas que se generan como resultado de la coordinación concertada del uso y destino de los recursos -entre la Federación, los estados y, en su caso, municipios- habrán de coadyuvar a la concreción de políticas, ejes, programas y acciones resultantes de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, relacionados entre otros puntos con la capacitación y profesionalización de los policías preventivos, la actualización de los registros nacionales de información, la modernización y ampliación de la infraestructura tecnológica, para el intercambio de información delictiva entre las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, y aplicación racional y efectiva de los recursos destinados a los programas contra la delincuencia. Puntualizándose también que, será conforme la respectiva legislación reglamentaria que se determinará la estructura orgánica y de dirección correspondiente al ente que estará adscrito a la secretaría del ramo de seguridad pública y al cual corresponderá la formulación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con sus respectivos programas, políticas y acciones. A este respecto, las referidas bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de la ahora Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse para formular, ejecutar, dar seguimiento y evaluar políticas integrales así como programas y estrategias, sistemáticas, continuas y evaluables, en materia de seguridad pública; además de distribuir a los integrantes del Sistema actividades específicas, así como realizar acciones y operativos conjuntos. Asimismo, de la normativa reglamentaria en primer término referida, se desprende que será a través del aprovechamiento y correcto funcionamiento de las Conferencias Nacionales que integran el sistema, como puede establecerse los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones, con participación especial y de suma importancia de del Secretariado Ejecutivo para realizar las acciones necesarias que aseguren que la efectiva y eficaz coordinación. Particularmente, y denotando que establecidos los mecanismos de coordinación y formuladas las políticas, programas y acciones para el cumplimiento de las multicitadas funciones, será competencia de las Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública y la de Seguridad Pública Municipal, a quienes corresponderá impulsar la coordinación de las actuaciones, así como emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo, entre las dependencias encargadas de la seguridad pública federales, locales y municipales. En consecuencia, es precisa la concurrencia de facultades entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, al indicar que corresponde a la Federación, por conducto de las autoridades competentes proponer las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; importante conocer y tener siempre en cuenta el criterio básico para distribuir las competencias entre el ámbito federal y el local como lo marca nuestra Constitución Federal en su artículo 124, donde se establece que todo aquello que no esté expresamente atribuido a las autoridades federales, se entenderá reservado a los Estados. En otras palabras, la coordinación es el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, las entidades federativas y los Municipios. Así, y de conformidad con el tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación -y análisis-, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. Ello, para la aprobación del Senado de la República de conformidad con el artículo 76 en su fracción XI. Dichas adiciones y modificaciones a las atribuciones del Senado, correspondientes al análisis y aprobación de instrumentos como la Estrategia Nacional proceden de la reforma constitucional–de fecha 10 de febrero de 2014- en la que se consideró establecer ajustes al sistema de planeación, así como al equilibrio y responsabilidad constitucional. Cabe señalar que la facultad que se otorga a la Cámara Alta de analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es en reconocimiento de que éste es, por esencia, el representante del Pacto Federal y por ende la salvaguarda de los intereses de la Nación en su conjunto, al igual que sus homólogos estatales. Agotado el análisis y otorgada la aprobación por parte del Senado sobre la Estrategia Nacional de Seguridad, estarán entonces constituidas las herramientas necesarias y fundamentales para lograr una adecuada corresponsabilidad, colaboración y coordinación entre los diversos poderes de la unión en el quehacer gubernamental, lo que redundará a su vez en la gobernabilidad el país. Ello permitirá contar con las directrices claras conforme a las cuales el mismo Poder Ejecutivo y este órgano de representación nacional perteneciente al Legislativo aportarán la visión sistémica e integral de los problemas de inseguridad que vive el país, como un instrumento que le permita a las autoridades competentes proyectar, aplicar y evaluar las acciones que les permitan prevenir, atender y resolver conjunta y coordinadamente el problema que nos aqueja. En el análisis de los hechos. La delincuencia es uno de los más peligrosos azotes que afecta nuestra sociedad, carcome la base de nuestras sociedades y plantea graves conflictos para permitir su desarrollo. Nos encontramos ante una crisis de violencia e inseguridad que ha impactado gravemente la vida de la población y la economía del país. La victimización en el país enmarca la crisis referida; situación que además afecta al sector productivo al aumentar los costos de operación e impide la existencia de escenarios propicios para la generación y el sostenimiento de negocios y empleos. La prevalencia delictiva genera una percepción negativa en la ciudadanía sobre la efectividad del Estado en el combate al crimen, lo que redunda en la disminución de la calidad de la democracia, considerando a la inseguridad y a la delincuencia como el problema más importante que aqueja a la sociedad en su conjunto. Sin la confianza en la capacidad de las instituciones para proveer seguridad e impartir justicia a su población se rompe un elemento del pacto social entre personas gobernantes y gobernadas. En consecuencia, no hay no denuncias o no se inician carpetas de investigación de los delitos cometidos, escenario que dificulta identificar, ubicar y asegurar tanto a personas como a organizaciones delictivas relacionadas con las referidas agresiones. No podemos continuar con la invocación de temas sobre seguridad pública, la paz social, como una moda o comunicación sin propuesta, y menos como un activo para la política electoral; la seguridad pública es una prioridad que las y los mexicanos debemos exigirnos y cumplir de manera cooperativa para poder vivir en paz. Los efectos de este problema público se pueden observar en el incremento de la incidencia delictiva, el aumento de la cifra negra, la falta de confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, además del aumento en la demanda de los servicios de seguridad privada por las diversas afectaciones a las personas y su patrimonio. Debemos transformar lo abstracto de la seguridad pública a una realidad que se vuelve tangible, dado que afecta la forma en que todas y todos vivimos, las decisiones que tomamos cotidianamente y las iniciativas en materia de política pública o económica que los gobiernos deben enfrentar. Su tratamiento y participación en la solución debe abordarse desde una perspectiva de interés común y prioritario, con coordinación y corresponsabilidad, es por ello que la diputada y los diputados integrantes de esta comisión se disponen a atender y participar en la solución a la problemática del deterioro de las condiciones de seguridad en nuestros municipios, nuestra entidad y nuestro país. Para atender la situación de inseguridad es necesario que desde la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se revisen y actualicen las acciones específicas para velar por la construcción colectiva y la coordinación efectiva entre cuerpos policiales municipales, estatales y federales, a fin de que las fuerzas de seguridad actúen de manera coordinada encauzando esfuerzos en el combate de la delincuencia organizada; operaciones con recursos de procedencia ilícita; la prevención de la entrada y circulación de armas de fuego ilegales en el país y la atención de los delitos de alto impacto. Para ello consideramos es necesario fortalecer y articular las policías municipales y estatales con el modelo de organización y las instituciones que se definan a nivel nacional, proponiendo efectivamente procedimientos que faciliten la eficiencia en la función policial y articulando a los actores relevantes para contribuir al suministro, intercambio y actualización de información en materia de seguridad para la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y estrategias. La participación en el diseño e implementación de la política pública en materia de prevención de la violencia y el delito para dirigirnos a una comunicación coordinada y efectiva entre las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, sector privado, sociedad civil, es responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto. En esta responsabilidad es que conminamos con el presente exhorto a que el estudio de los instrumentos de política pública y planeación estén dirigidos a la atención de los factores de riesgo y de protección con un enfoque de seguridad ciudadana, basado en la participación y la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, articulando los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades del gobierno federal, los estados y los municipios en materia de prevención; dotando con personal, infraestructura y el equipamiento necesario, así como con suficiencias para su operación; profesionalizando a los agentes encargados del diseño de los instrumentos de seguimiento y evaluación de los programas y acciones, así como a los elementos de seguridad pública con un enfoque siempre respetuoso de los derechos humanos . La índole y extensión que ha alcanzado la actividad de la delincuencia organizada exige respuestas colectivas sobre la base de la responsabilidad compartida. Cada vez, en mayor número y con armas más potentes, operan las fuerzas de terroristas, criminales, traficantes de drogas y grupos que mantienen a raya y desbaratan nuestras sociedades. Estos grupos sólo pueden prosperar si consideran y advierten que se enfrentan a instituciones débiles, pues no reparan en intimidar y recurrir a actos de violencia de que se distinguen por sus altos niveles de crueldad e inhumanidad. De manera aislada ningún orden de gobierno puede poner fin y combatir contra la fuerza financiera y corruptiva de la delincuencia. Sólo actuando de común acuerdo podremos hacerle frente a su poder y generar una cooperación realmente efectiva en contra de los diversos grupos delictivos que operan en todas las regiones de nuestro país. Sólo una respuesta integral y coordinada puede encerrar el potencial de una eficacia duradera, incluso frente a nuevas y emergentes formas de delincuencia que aparezcan en el futuro. Por ello es imperante definir con puntualidad el esquema que deberá seguirse en el sistema de seguridad pública y los principios de actuación para atender el crecimiento de la problemática de seguridad; lograr una eficiente coordinación entre todas las autoridades de los tres niveles de gobierno para lograr la seguridad pública en todas sus dimensiones, entre ellas, enfrentar con mayor capacidad la delincuencia organizada. Todas y todos vivimos con una profunda preocupación derivada de las adversas repercusiones económicas y sociales derivadas de la delincuencia organizada, pero también estamos resueltos y convencidos de la urgente necesidad de fortalecer la colaboración y coordinación para prevenir, perseguir y combatir más eficazmente esas actividades entre los tres órdenes de gobierno. Es así que proponemos generar en forma conjunta, ante la evaluación de las amenazas actuales, nuevas prácticas y herramientas que permitan la evolución de los organismos de seguridad y el aumento de su capacidad para hacer frente a la delincuencia, y en su caso crear nuevos espacios de cooperación y definir prioridades conjuntas que den oportunidad de optimizar la implementación de las herramientas y mecanismos existentes. México, Guanajuato y sus municipios debemos cerrar filas y demostrar voluntad política para abordar un tema nacional con una reacción organizada en todos los órdenes de gobierno. Es necesario que nuestros esfuerzos dejen de ser fragmentarios y se dirijan a fortalecer la cooperación en los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno. Es por esto por lo que proponemos que olvidemos nuestras divisiones, alejemos nuestras diferencias y acerquemos nuestras coincidencias e intereses comunes, que este propósito sirva para alentar a todas las legisladoras y legisladores que han hecho propuestas en el seno de esta soberanía para que votemos a favor de construir las bases de una paz duradera, uniéndonos y señalando acciones dirigidas a proteger el derecho que tienen todas las personas a vivir su vida y criar a sus hijos e hijos con dignidad y libres del temor a la violencia. Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o Único. - La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, exhorta: i. A la persona titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que, con fundamento en el artículo 15, primer párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública convoque y promueva la actividad efectiva y eficaz del Consejo Nacional de Seguridad Pública para que conforme a sus atribuciones revise y actualice los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como los correspondientes programas sectoriales y especiales de carácter nacional tendentes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública, así como la relativa a promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ii. A la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, fracción I, de la Ley de la Guardia Nacional, revise y actualice la Estrategia de Seguridad Nacional y remita dicha propuesta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en cumplimiento de sus facultades constitucionales la presente ante el Senado de la República y este proceda a su análisis y correspondiente aprobación. iii. A la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que una vez que se haya dado cumplimiento al punto inmediato anterior del presente exhorto y en ejercicio de las atribuciones que corresponden en su carácter de presidencia, con fundamento en el artículo 27, primer párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, convoque a sesionar a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública para impulsar la coordinación de las actuaciones que deberán llevar a cabo las dependencias encargadas de desarrollar las estrategias focalizadas según la naturaleza de los problemas locales y regionales, con la prioridad la recuperación de los espacios públicos, reafirmando el combate a los delitos que más afectan a la sociedad, como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el tráfico de personas, el contrabando y el comercio ilegal de armas, el feminicidio, la violencia de género y los crímenes de odio. iv. Al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que en el orden subsecuente y con fundamento en el artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instruya la actividad efectiva y eficaz del consejo local encargado de la coordinación, planeación e implementación del Sistema para dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, así como para instrumentar las acciones necesarias que permitan la implementación y ejecución puntual de la coordinación de las actuaciones que deberán llevar a cabo las dependencias y entidades encargadas de desarrollar las estrategias focalizadas en el estado de Guanajuato. v. A las personas titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General, del estado de Guanajuato, para que en el ejercicio de sus atribuciones, y en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables, se proporcione la información requerida y se realicen las acciones tendentes a asegurar la participación con la Federación que corresponden como Instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se elabore y presente ante dichos mecanismos de coordinación el diagnóstico con el que se identifique las circunstancias del fenómeno delictivo en la entidad con la finalidad de focalizar sus esfuerzos y recursos en dar respuesta al conflicto penal, la adecuada atención a la víctima y mejorar el acceso a la justicia de la población guanajuatense. vi. A los cuarenta y seis ayuntamientos para que en el ejercicio de sus atribuciones, y en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables, se proporcione la información requerida y se realicen las acciones tendentes a asegurar su participación con las autoridades competentes del Estado y la Federación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, identificando los elemento y datos que permitan denotar el papel estratégico y conocimiento de las dinámicas de violencia desde lo local como insumos ineludibles para el correcto cometido de las corporaciones que día a día enfrentan al crimen organizado. Comuníquese el presente acuerdo con su dictamen a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a las personas titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del estado de Guanajuato y a los cuarenta y seis ayuntamientos para los efectos conducentes. Guanajuato, Gto., a 11 de diciembre de 2023 La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones Dip. Martín López Camacho Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas Dip. Bricio Balderas Álvarez Dip. Gerardo Fernández González