Presidencia de la Mesa Directiva Congreso del Estado Presente Correspondió a esta Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones analizar y dictaminar la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional mediante el cual se efectúa un respetuoso exhorto a los titulares del Ejecutivo Federal y de la Fiscalía General de la República para que, realicen medidas urgentes y contundentes para impedir que, en las fronteras, litorales y aduanas se introduzcan armas de fuego y proyectiles, y se persiga y sancione con eficacia a quienes introduzcan, acopien, trafiquen y/o porten estos instrumentos en nuestro país. Agotado su estudio y discusión, con fundamento en el artículo 119 fracción II y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se procede a realizar el siguiente: D i c t a m e n I. Antecedentes. La propuesta de acuerdo fue presentada en la sesión ordinaria celebrada en fecha 21 de abril de 2022. Su radicación en la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones se realizó en reunión de la misma fecha del presente dictamen. II. Consideraciones de quien propone. Si bien, la inseguridad y la violencia que impera en nuestro país y nuestra entidad poseen orígenes multifactoriales, en las que todas las causas deben ser atendidas con el rigor que exige nuestra Constitución, y los más altos principios sobre los que se rige el Estado de Derecho, existen factores que tienden al complejizar la labor de todas las autoridades para combatir estos fenómenos, su gradualidad y escalamiento, y que se reflejan en el alto grado de impunidad y diversidad de crímenes que se cometen en México. Uno de estos principales factores que agrava esta problemática, es la innegable realidad del poder de fuego que tienen los criminales en México que, independientemente del fuero con el que se les persiga, poseen una capacidad armamentista envidiable, incluso, para grupos beligerantes. Dicha situación se ha visto agravada por la ineficacia que ha tenido el Estado Mexicano en impedir, perseguir y castigar, la introducción, tráfico, acopio y posesión de armas de fuego, ilícitos que, aunque, a algunos no les guste reconocer, se encuentran dentro del monopolio de seguridad y procuración de justicia del fuero federal, pues dicho armamento y cartuchos no llegan solos, se introducen por donde los fabrican, comercializan y son terceros los que los introducen al país por su fronteras, litorales y aduanas. Y lo anterior es así porque, en materia de control fronterizo y tráfico de mercancías, las únicas autoridades que tienen injerencia directa son las federales, es decir, si bien las consecuencias del contrabando de estos instrumentos de la muerte afectan a todas las Entidades, sólo la Federación es la responsable de evitar que las mismas ingresen a nuestros territorios, lo que nos deja en un verdadero estado de indefensión. Si bien, es común recurrir al infundado debate de ¿a qué orden de gobierno se debe responsabilizar por la inseguridad?, la realidad es que, por cada delito en el que se involucra un arma de fuego, existen cuando menos otros cuatro que le precedieron con impunidad, los de contrabando; acopio; tráfico; y portación de armas. Parece broma, pero es verdad que, un país en donde el tráfico de armamento y su portación sin permiso están prohibidos, sea uno de los más castigados por los crímenes que involucran estos instrumentos, pues basta con ver las cifras oficiales, así: • En el año 2020, cerca del 30% de los delitos se cometieron con la portación de algún tipo de arma de fuego, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021); y • En el año 2021, casi el 70% de los homicidios dolosos se cometieron con arma de fuego, conforme lo señalan indicadores de incidencia delictiva del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que refleja una realidad alarmante. En resumen, en nuestro país, la gran mayoría de los homicidios dolosos se realizan con armas de fuego y casi un tercio de todos los delitos, las involucran, lo que, sin lugar a duda evidencia la relación directa entre el tráfico, acopio y portación de estas y la violencia que impera en el país y que castiga con especial énfasis a algunas Entidades más que a otras, como en el caso de Guanajuato. Si bien, este posicionamiento no pretende exculpar ni justificar, la ineficacia que hasta el momento han tenido los tres órdenes de gobierno para disminuir los índices de inseguridad y violencia, si es indispensable visibilizar, que la tarea de los cuerpos de seguridad locales se dificulta, ante la ineficacia del Gobierno Federal de cumplir con su deber. Innumerables son los casos en donde la facilidad con que los criminales se allegan de armamento asegura el incremento de la violencia, la crueldad y el número de homicidios que se cuentan por millares cada año, sin que a la fecha se tengan medidas contundentes para blindar nuestras fronteras y aduanas del trasiego de armas. Estamos conscientes de las acciones en la materia que actualmente realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores, como: • Demandar civilmente a los fabricantes de Armas en Estados Unidos; o • Los pronunciamientos realizados en algunos foros internacionales. No obstante, las mismas, aunque pudiesen en todo caso prosperar, resultan insuficientes, pues la estrategia de responsabilizar a los demás o al pasado, de las deficiencias institucionales y de gobierno que hoy tenemos, no son más que intentos de desviar la atención y evadir las obligaciones que Constitucionalmente le devienen al Poder Ejecutivo Federal, poder en el que todas las Entidades de la Nación han cedido una parte de su soberanía, para que este fuese quién protegiera a la Federación que conformamos todos, una tarea que no ha cumplido y de la cual constantemente culpa a quienes debe proteger. Estamos de acuerdo que las Entidades y los municipios tienen un papel preponderante respecto a la seguridad en cada región de nuestro país, sin embargo, la misma se ve dificultada por el poder de fuego que concentran no sólo quienes pertenecen al crimen organizado, también, los delincuentes del fuero común, pues, difícilmente nuestros policías, a pesar de la preparación que puedan tener y su enorme valentía, pueden, en muchos casos, contrarrestar a quienes utilizan instrumentos equiparables al de las fuerzas militares y que, además, atacan arteramente desde su camuflaje civil. La tarea preventiva y disuasoria, de los cuerpos de seguridad se ve imposible, cuando a quien se pretende disuadir de cometer ilícitos, posee bajo el amparo de la impunidad, mayor fuerza armamentista que nuestros cuerpos de seguridad, que si están limitados respecto al tipo y manejo de las armas que pueden usar como instrumentos de trabajo. En tal tesitura, la indefensión con que se deja a las entidades para contrarrestar el número de crímenes que involucran armas de fuego, de los cuales son víctimas también nuestros cuerpos de seguridad, es una agravante que, en gran medida impide una efectiva labor por parte de las autoridades estatales y municipales, por la imposibilidad jurídica y material para contener este tipo de ilícitos, pues, mientras la federación no cumpla con su labor de impedir la entrada de armas a nuestro país y controlar el contrabando de las mismas, nuestras fuerzas de seguridad están sujetas al interminable y recurrente golpeteo del poder de fuego de los criminales, que día con día parece ir en aumento. Y es que la función del Estado en su conjunto no es la de competir con los criminales, es la de brindar seguridad a todos los ciudadanos, y si un gobierno es ineficaz con el cumplimiento de su deber, entonces es un mal gobierno, pues como lo dijo Rousseau, “en un pueblo bien gobernado hay pocos castigos, no porque se concedan muchos perdones, sino porque hay pocos criminales”, y en la actualidad, en México, crimen e impunidad es lo que impera. De qué sirve, que los legislativos de las Entidades o la Federación, agraven penas, modifiquen los sistemas penales, o creen nuevas figuras jurídicas, si quien debe ser el brazo ejecutor de la ley, prefiere la política de los abrazos, contrario a lo que profesara el primer Jefe del Ejecito Constitucionalista, Venustiano Carranza “que no hay arreglo posible entre el crimen y la ley”. III. Consideraciones de quienes integran la comisión. La Secretaría de la Defensa Nacional afirma que cada año ingresan al país más de 200.000 armas de todo tipo. Es un promedio de 567 al día, unas 22 cada hora. El 70% de ellas provienen de armerías estadounidenses y entran al territorio mexicano por su frontera norte. Puntualmente, siete de cada diez armas utilizadas por los criminales son de origen y procedencia estadounidense. El tráfico es parte de la ola de violencia en el país. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, cerca del 70% de los asesinatos en México se cometen con armas de fuego. Y de éstas, la mayoría son estadounidenses. En 1997 sólo 15 de cada 100 homicidios se cometían con armas de fuego. Deben atenderse de manera inmediata las obligaciones que tiene a su cargo el Ejecutivo Federal para realizar acciones de prevención y combate a la amenaza y actos ilícitos a los que nos hemos referido y que afecta la vida de las personas, su bienestar y su libertad. No debe olvidarse que se encuentran vigentes instrumentos jurídicamente vinculantes a nivel mundial, tales como el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, así como el Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas cuyo propósito es fortalecer la cooperación entre los Estados Miembro en la lucha contra la fabricación, el uso y el tráfico ilícitos de armas y definir conjuntamente las necesidades, desafíos y prioridades en la materia. Ambos de aplicación complementaria y armonizada pueden considerarse atienden uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en específico la meta 16.4, que establece la reducción de las corrientes financieras y de armas ilícitas. En este orden, y acorde a lo que indica el Tratado referido, en su artículo 11 establece que cada Estado que participe tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para evitar y hacer frente a su desvío, adoptando medidas de seguimiento e investigación, lo que indica puntualmente el establecimiento, cumplimiento y exigencia de medidas nacionales que comprende a todas las autoridades y organismos encargados de hacer cumplir la Ley como herramientas de implementación de los instrumentos internacionales citados. Conforme dichos instrumentos, particularmente en el Protocolo, se identifican medidas que pueden aplicarse para prevenir el tráfico de armas de fuego, tales como controles fronterizos, intercambio de información entre jurisdicciones, medidas para garantizar la seguridad y control de documentos, así como programas de sensibilización pública. Específicamente es conforme sus artículos 12 al 14 de este Protocolo que se denota que existe omisión y acciones deficientes en el cumplimiento del deber de cooperar en cuestiones de intercambio de información sobre personas involucradas en el comercio de armas, delincuentes organizados; esto complementado con lo que se señala en el párrafo 5 del artículo 11 del Tratado en el que para mejor comprensión y prevención del desvío de armas las medidas eficaces también se establece medidas eficaces que han dejado de implementarse tales como incluir datos sobre las rutas de tráfico, intermediario, fuente de suministro, métodos de ocultación, puntos comunes de envío o destinos utilizados por las organizaciones dedicadas a dichos ilícitos. Por tanto, es necesario que se generen respuestas eficaces del Ejecutivo Federal y sus autoridades para atender con urgencia este azote, con el que cada vez más se incrementa la violencia y las muertes por armas de fuego, afectando especialmente a mujeres y niñas, y a los sectores más vulnerables. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, sometemos a consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o Único.- La Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Guanajuato formula un respetuoso exhorto a los titulares del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Servicio de Administración Tributaria, así como de la Fiscalía General de la República para que, realicen medidas urgentes y contundentes para impedir que, en las fronteras, litorales y aduanas se introduzcan de manera ilícita armas de fuego y proyectiles, y se persiga y sancione con eficacia a quienes introduzcan, acopien, trafiquen y/o porten de manera ilícita estos instrumentos en nuestro país. Comuníquese el presente acuerdo con su dictamen al titular del Poder Ejecutivo de la Federación, así como de la Fiscalía General de la República, para los efectos conducentes. Guanajuato, Gto., a 28 de abril de 2022 La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones Dip. Martín López Camacho Dip. Alma Edwviges Alcaraz Hernández Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas Dip. Bricio Balderas Álvarez Dip. Gerardo Fernández González