Diputado Martín López Camacho Presidente del Congreso del Estado P r e s e n t e. Las diputadas y el diputado, que integramos la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura de la Sexagésima Quinta Legislatura, recibimos la iniciativa formulada por la diputada Martha Edith Moreno Valencia integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de adicionar un sexto párrafo al artículo 3 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, recorriéndose en su orden los subsecuentes; así como adicionar la fracción VIII recorriéndose en su orden las subsecuentes, y reformar la fracción IX del artículo 128 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, en cuanto a la ley referida. De conformidad con los artículos 89, fracción V; 109, fracción I y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, sometemos a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en las siguientes: Consideraciones 1. Antecedentes El 24 de marzo del año 2022 la presidencia de la Mesa Directiva de la Sexagésima Quinta Legislatura, para efectos de su estudio y dictamen turnó a esta comisión, la iniciativa referida en el proemio del presente dictamen, con fundamento en el artículo 109 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Posteriormente, el 14 de junio del año 2022, la comisión dictaminadora radicó la iniciativa y acordó la metodología para su estudio y dictamen. Ahora bien, la presidencia de esta Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, con fundamento en los artículos 94 fracción VII y 272 fracción VIII inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen, mismo que fue materia de revisión por quienes integran esta comisión. 1.1 Metodología de trabajo La metodología de trabajo aprobada se estableció lo siguiente: 1. Remitir la iniciativa para efectos de su consulta, con fecha límite de respuesta el 15 de julio a: • La Secretaría de Educación, • La Coordinación General Jurídica. 2. Establecer un micrositio en la página web del Congreso del Estado para consulta ciudadana de la iniciativa, hasta el día 15 de julio. 3. Elaborar comparativo con las respuestas derivadas de la consulta de la iniciativa, por parte de la secretaría técnica. 4. Mesa de trabajo en las que participarán las diputadas y los diputados integrantes de la comisión, representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y de la Coordinación General Jurídica; así como los asesores de los grupos representados en la comisión y la secretaría técnica. 5. Solicitar a la Unidad Estudio de las Finanzas Públicas elabore un estudio de impacto presupuestal de la iniciativa a nivel estatal, con fecha límite de respuesta el 15 de julio. 6. Reunión de la Comisión de Desarrollo Económico y Social para la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen. En fecha 02 de agosto del año en curso, se llevó a cabo la mesa de trabajo en las que participaron integrantes de la comisión, representantes de Secretaría de Educación y la Coordinación General Jurídica, así como los asesores de los grupos representados en la comisión y la secretaría técnica, donde se recibieron las opiniones y comentarios de los participantes, así como de las dependencias del Ejecutivo del Estado consultadas, las cuales fueron consolidadas por la Coordinación General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado, así como el estudio solicitado a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Estado, del Congreso del Estado. 2. Contenido de la Iniciativa Quienes integramos esta comisión dictaminadora, identificamos el objetivo principal de la iniciativa que es adicionar la fracción VIII recorriéndose en su orden las subsecuentes, y reformar la fracción IX del artículo 128 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de otorgar un apoyo económico universal y no selectiva, con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para que más niñas, niños y adolescentes del nivel básico acudan a la escuela, eleve el nivel académico y el porcentaje de escolarizados. El proponente manifestó en la parte expositiva de la iniciativa lo siguiente: La educación es un derecho humano que permite el desarrollo pleno de las personas, les otorga autonomía y asegura la igualdad de oportunidades en el goce de otros derechos fundamentales y en el acceso equitativo a otros bienes sociales; se encuentra reconocido en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estipula que la educación deberá ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Asimismo, la educación es una herramienta para poder mejorar las condiciones de vida de las personas y, por esto, forma parte de uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Este reconocimiento público del valor de la educación, desde el ámbito federal, se ha traducido en importantes esfuerzos para garantizar el derecho humano a la educación. Ejemplos de esto son la reforma constitucional de 2019 que reconoció el derecho a la educación inclusiva hasta el nivel superior, y el enfoque de derechos humanos y respeto irrestricto a la dignidad humana como base de la propia educación. Asimismo, pueden recordarse esfuerzos como las Universidades para el Bienestar Benito Juárez que, tan sólo en el estado de Guanajuato, cuenta con presencia en San Diego de la Unión, Cuerámaro y San José Iturbide, en donde se están formando anualmente más de 700 profesionistas de la medicina, ingeniería y veterinaria; de igual forma, se han implementado programas como la escuela es nuestra, o las becas de jóvenes escribiendo el futuro, así como diferentes becas para madres solteras y para educación básica y media superior. Lamentablemente, estos esfuerzos por sí solos son insuficientes para garantizar el derecho humano a la educación. Actualmente, siguen existiendo muchas áreas de oportunidad para implementar las garantías que lo hagan efectivo. Debemos señalar que la ineficaz garantía de este derecho vulnera de forma desproporcionada a quienes menos tienen. Por esto, algunos gobiernos subnacionales se han sumado a estos esfuerzos para complementar las intervenciones públicas de la federación. El ejemplo más claro es el gobierno de la Ciudad de México, que ha implementado becas universales en todos sus planteles de escuelas públicas de nivel básico. De acuerdo con el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa CDMX), el cambio de gobierno federal dado en 2018 supuso una reestructuración de la política social en el campo educativo también a nivel subnacional, con lo cual se modificaron programas que establecían criterios meritocráticos para acceder a becas y otros beneficios, sustituyéndolos por programas universales como la beca de educación básica. Los resultados de este cambio son sumamente positivos, de tal forma que el propio Evalúa CDMX señala lo siguiente: Una de las virtudes del programa es que resulta muy efectivo para llegar a la población con menores recursos […] al beneficiar a los estudiantes matriculados en escuelas públicas, se logra un efecto que claramente favorece a los deciles más pobres y a los sectores más vulnerables de la sociedad. […] La posibilidad de que el programa sea tan efectivo se relaciona con el hecho de que los hogares en los deciles más pobres suelen tener un número promedio mayor de menores en edad de estudiar y que asisten a escuelas públicas. Por otra parte, en lo que corresponde al estado de Guanajuato, la problemática educativa es grave. En 2020, el 93% de las niñas y niños de 6 a 14 años de edad en nuestra entidad asistieron a la escuela, sin embargo, esta cifra está un punto porcentual por debajo de la media nacional. En el mismo sentido, el propio Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) encontró que, en 2020, el rezago educativo era de 23.2%, en un momento en que la media nacional se encontraba 4.2 puntos porcentuales por debajo de esta cifra Esto postpone de forma grave el derecho a la educación para varios sectores de la población que ya se encuentran en posición de desventaja, profundizando así la brecha de desigualdad. De igual modo, en la entidad 5 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir, por lo cual carecen de herramientas indispensables para enfrentarse a la vida diaria, limitando con ello la posibilidad de prepararse y tener la posibilidad de salir de su posición de desventaja. Lo anterior se ha agravado con la pandemia, cuyos efectos residuales siguen y seguirán afectando la garantía del derecho humano a la educación. Así, con el regreso a clases presenciales del 30 de agosto pasado, la propia Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) señaló registrar una deserción escolar de más de 80 mil alumnos, de los cuales aproximadamente 7 mil 600 son de educación básica. Esto, a su vez, explica la caída de 7% en matrícula preescolar y 6.9% en la matrícula de educación media superior en Guanajuato, identificada por México Evalúa. De igual forma, la misma organización de la sociedad civil encontró problemas de aprendizaje en tanto que 6 de cada 10 alumnos se ubicaban en el nivel de logro educativo más bajo en matemáticas, así como 3 de cada 10 en la asignatura de comunicación. Lamentablemente, en nuestra entidad las estrategias de políticas y programas educativos consideran de forma residual los apoyos económicos, mediante becas focalizadas y/o condicionadas al desempeño académico. El problema de dichas estrategias es que, al orientarlas hacia el reforzamiento en los méritos y competencias profesionales, favorece el imaginario individualista y competitivo; además, la focalización y condicionamiento de los apoyos suponen un diseño que incrementa los costos de operación de los programas, sin establecer como objetivos la universalidad de la educación, ni garantizar el acceso a derechos. En este sentido, la presente iniciativa considera otorgar un apoyo económico universal con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para que más niñas, niños y adolescentes (NNA) del nivel básico acudan a la escuela, eleve el nivel académico y el porcentaje de escolarizados. Este apoyo económico de tipo beca, será universal y no selectiva, pues pretende ser un apoyo directo en el ingreso de las familias guanajuatenses y sus hogares, que beneficiaria en la mejora de su economía impulsando a su vez el aprovechamiento escolar. La oportunidad de asistir a la escuela no debe ser motivo de privilegio, ni debe ser exclusiva de un sector socioeconómico. El Estado tiene la obligación de generar condiciones de igualdad para toda la comunidad educativa, para garantizar no solo el acceso a la educación sino también su permanencia, de acuerdo con lo que establece la fracción II del artículo 16 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. Por lo anterior, con esta iniciativa se busca contribuir a la garantía del derecho a la educación mediante la creación de Becas Universales para las y los estudiantes de educación básica inscritos en los planteles educativos del sector público. De acuerdo con datos del Sistema Integral de Información Educativa de la SEG, para el ciclo 2020-2021, en los planteles educativos públicos de educación básica se contaba con una matrícula de 1.13 millones de estudiantes. De esta manera, otorgar una beca de $400.00 y $450.00 mensuales similar a la que está otorgando la CDMX, durante los 10 meses del ciclo escolar, significaría un gasto de entre $4,000 y $4,600 anuales por estudiante. Así, de acuerdo con la matrícula del último ciclo escolar registrado, el costo total de este derecho ascendería a poco más de 4 mil ochocientos millones de pesos. Si bien es cierto que el impacto presupuestal no es menor, lo cierto es que puede ser financiado mediante distintas fuentes. En primer lugar, para el cierre de 2021 el subejercicio del gobierno general estatal ascendió a más de 6 mil millones de pesos, situación que se replica año con año y que, sin duda, nos habla de la posibilidad de reorientar los presupuestos hacia la efectiva erogación de los mismos para garantizar el derecho humano a la educación. En segundo término, existe la posibilidad de etiquetar total o parcialmente el Impuesto Sobre Nóminas que, para este ejercicio 2022, proyecta recaudar más de 5 mil millones de pesos, de tal forma que, en vez de financiar Fideicomisos opacos como el FIDESSEG o consejos consultivos discrecionales para ejercer ese presupuesto, se utilice de forma directa para contribuir a garantizar el derecho humano a la educación. Como tercera opción, existe la posibilidad de establecer planes de austeridad republicana que, afectando sólo los privilegios de los altos funcionarios, permitan abonar a financiar esta beca. Estas opciones no son las únicas viables, y son mutuamente complementarias, por lo cual consideramos que en Guanajuato se cuenta con presupuesto suficiente para garantizar el presupuesto requerido para otorgar una beca universal. Adicionalmente, la presente iniciativa contempla dos mecanismos útiles para garantizar la viabilidad de este derecho que se propone reconocer constitucionalmente : Primero, se contempla una cobertura progresiva de dicha beca, por lo cual se propone comenzar la implementación en los planteles educativos públicos que se encuentren en Zonas de Atención Prioritarias definidas por los criterios de CONEVAL. Segundo, se propone que las autoridades encargadas de las becas busquen hacer sinergias y acciones de complementariedad con los programas federales y municipales afines al cumplimiento del derecho a la beca universal. Con todo lo anterior, será posible materializar el derecho a una beca universal que diferentes ámbitos y niveles de gobierno ya están esforzándose por garantizar. …" 3. Análisis de la propuesta Los derechos humanos a lo largo de la historia de la humanidad se perfilan como exigencias legítimas del ser humano tendientes a garantizar su desarrollo integral, los cuales han encontrado cabida con mayor facilidad en los ordenamientos jurídicos en la medida en que el propio Estado se transforma, haciendo pertinente su existencia y razón de ser con la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas. El derecho humano a la educación ha sido incluido dentro de los llamados derechos humanos de segunda generación, que se denominan «derechos económicos, sociales y culturales», y respecto de los cuales el Estado tiene la ineludible obligación de garantizar su efectivo ejercicio. En nuestro País, el derecho humano a la educación se encuentra reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a recibir educación ha estado presente desde los antecedentes de la Constitución de 1917, aunque su configuración actual como derecho es resultado de una interesante evolución. La educación como derecho también ha sido objeto de interpretación por parte del Poder Judicial Federal, que lo ha considerado como un derecho social y una prerrogativa de todo ser humano, reconocido en la Constitución y los tratados internacionales. La obligación a cargo del Estado es la que más se ha desarrollado en la interpretación constitucional, que impone una serie de deberes. La Primera Sala de la SCJN ha considerado que al derecho corresponde una diversidad de obligaciones a cargo de multiplicidad de sujetos para garantizar la disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que derivan de las obligaciones generales de promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos contemplados en el artículo 1 del texto constitucional. En el mismo sentido, el Estado tiene la obligación de verificar la correcta aplicación de recursos para cumplir con el derecho a la educación. Igualmente se ha considerado que la efectividad del derecho implica diversas obligaciones de carácter positivo y negativo a cargo tanto del Estado como de los particulares. La educación es obligatoria para los educandos, es decir, aquellos que deben concurrir a recibirla. Se trata de un derecho obligatorio, lo que supone que sus titulares no pueden renunciar a su ejercicio. Este tipo de derechos es común en el caso de las niñas y niños, pues por su condición de desarrollo no se les reconoce la capacidad jurídica para decidir sobre el cumplimiento de una buena parte de sus derechos humanos. Por otra parte, es obligación también de las personas adultas que tienen a su cargo el cuidado de niñas y niños. Según el artículo 6 de la Ley General de Educación, una de las obligaciones de las y los mexicanos es hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca la ley. Ahora bien, la iniciante refiere que se deben otorgar becas a cualquier estudiante en educación básica, pretendiendo ser un apoyo directo en el ingreso de las familias guanajuatenses y sus hogares, que beneficiaria en la mejora de su economía impulsando a su vez el aprovechamiento escolar, ejemplificando con el Sistema de Becas para el Bienestar Benito Juárez que otorga el Gobierno Federal. Al respecto, la Ley General de Educación, en sus artículos 9, fracción I y 72, fracción VIII, contemplan la previsión de políticas públicas encaminadas a otorgar becas y demás apoyos que prioricen a educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación. Dicho artículo es acorde con el contenido del antepenúltimo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone, que el Estado establecerá un sistema de becas para que las y los estudiantes de los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. Lo anterior se reitera en el artículo 34, fracción IX y XX, de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, en que se establece también que deben otorgarse becas y demás apoyos económicos, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, para útiles escolares, vestimenta relacionada con la educación y materiales indirectamente relacionados, priorizando a educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas adversas, por lo que se infiere que el otorgamiento de becas debe realizarse priorizando a educandos en condición vulnerable. Asimismo, el artículo 41, fracción II, de la ley antes referida, establece que corresponde al Poder Ejecutivo establecer las políticas para alcanzar los objetivos en materia educativa; las cuales, se diseñan a partir de las necesidades sociales, pero también con base en los recursos de los que se dispone para su atención. En el Estado se cuenta actualmente con el programa de becas que son otorgadas a través del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato, que se hace mediante reglas de operación y requisitos prácticos y eficientes. En ese sentido, el reconocimiento público al que hace referencia la iniciante del gobierno federal, no es de categoría universal como pretende se haga en el Estado pues dicho sistema adopta criterios de focalización hacia grupos en situación de vulnerabilidad y se limita a un apoyo por familia. El objetivo del programa federal es fomentar el bienestar social de las familias que:1. Tienen hijas o hijos estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria menores de 18 años; 2. Están inscritas o inscritos en escuelas públicas de modalidad escolarizada ubicadas en localidades prioritarias; 3. Tienen un ingreso mensual per cápita inferior a la línea de pobreza por ingresos o residen en una localidad prioritaria; y 4. No reciben de manera simultánea otra beca educativa. Aunado a lo anterior se considera que la iniciante no contempló el impacto presupuestal con los alcances que pretende pues de conformidad al estudio realizado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas se requiere un presupuesto estimado de 5,264.25 millones de pesos, que deberá distribuirse acorde a la estrategia que el ejecutivo estatal diseñe para lograr la cobertura que establece la presente iniciativa, considerando el matriculado publicado por la Secretaría de Educación, limitando la capacidad de administraciones públicas futuras de reorientar la política de gasto hacia nuevos retos que pudieran enfrentar, como la atención de contingencias y emergencias; aunado a que no favorece la optimización de los recursos públicos. Aunado a todo lo anterior, en la iniciativa no se establecen mecanismos a través de los cuales pueda verificarse el destino de los recursos entregados por concepto de becas; tampoco se contienen análisis, estudios o investigaciones especializadas con base en las cuales pueda considerarse que el otorgamiento mensual sea suficiente para combatir las necesidades educativas y económicas de las familias guanajuatenses, es decir, la deserción escolar no solamente podría deberse a la falta de ingresos, ya que también puede encontrar su causa eficiente en situaciones de violencia familiar o desintegración de su núcleo, el abandono de valores sociales, la distancia a recorrer para arribar a un centro educativo, la ausencia de condiciones apropiadas para educandos en situación de discapacidad o que no hablen español; entre muchas otras que, no en todos los casos, podrán ser atendidas mediante una beca. En el caso de la reorientación del recurso que refiere la iniciante, es importante resaltar que se deben sujetar a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y demás normativa aplicable que implicar se dejen de financiar programas prioritarios vigentes e integrales en apoyo y fomento a las familias guanajuatenses. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 171 la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, las diputadas el diputado que integramos esta Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, consideramos que el actual “Programa Sectorial Educación de Calidad” se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Estatal de Desarrollo 2040, así como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cumpliendo a la fecha, por parte de la Secretaría de Educación con las metas e indicadores que permiten el apoyo de becas educativas en el Estado, por lo que nos permitimos proponer a la Asamblea la aprobación del siguiente: ACUERDO Único. La Sexagésima Quinta Legislatura, ordena el archivo definitivo de la iniciativa formulada por la diputada Martha Edith Moreno Valencia integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de adicionar un sexto párrafo al artículo 3 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, recorriéndose en su orden los subsecuentes; así como adicionar la fracción VIII recorriéndose en su orden las subsecuentes, y reformar la fracción IX del artículo 128 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, en cuanto a la ley referida. Guanajuato, Gto., 27 de septiembre de 2022 La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura Firma Electrónica Dip. María de la Luz Hernández Martínez Presidenta Firma Electrónica Dip. Armando Rangel Hernández Secretario Firma Electrónica Dip. Yulma Rocha Aguilar Vocal Firma Electrónica Dip. Lilia Margarita Rionda Salas Vocal Voto en contra Firma Electrónica Dip. Irma Leticia González Sánchez Vocal