C. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E. A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG), la cual deberá abarcar la totalidad de los recursos ejercidos por los ejercicios fiscales 2020, 2021 y concomitante a 2022. Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato nos permitimos rendir el siguiente: D i c t a m e n I. Antecedentes La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en sesión ordinaria celebrada el 3 de marzo de 2022 presentó la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que a más tardar el 16 de junio de 2022 inicie una auditoría al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG), la cual deberá abarcar la totalidad de los recursos ejercidos por los ejercicios fiscales 2020, 2021 y concomitante a 2022. La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó el 8 de marzo de 2022. En dicha fecha se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso, por dicho funcionario. II. Consideraciones de la proponente En las consideraciones expuestas por la proponente se refiere lo siguiente: El Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública, también conocido como FIDESSEG, es un fideicomiso que se encuentra sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. El sustento jurídico que tiene el FIDESSEG es un decreto emitido por el Gobernador del Estado en 2019. Dicho decreto surgió explícitamente como un acuerdo entre las cúpulas de un sector empresarial muy concreto (el Consejo Coordinador Empresarial) y el gobierno panista, para aceptar una subida al Impuesto Sobre Nóminas que en ese momento modificó su tasa de un 2% a un 2.3%. Ese incremento de 0.3% al Impuesto sobre Nóminas, se aceptó con la condición de que todo lo recaudado por el incremento se ejerciera mediante un fideicomiso creado específicamente para eso: el FIDESSEG, cuyo patrimonio termina estando constituido por el 13.04% de lo recaudado por dicho impuesto. De esta manera, para 2020, luego de modificaciones presupuestales el FIDESSEG tuvo asignado un presupuesto de 539.9 millones de pesos , de los cuales se ejercieron 443.1 millones , es decir, el 82%. Para 2021, el presupuesto modificado ascendió hasta los 607.2 millones , de los cuales únicamente se ejercieron 162.8 millones de pesos , es decir, apenas el 26.8%. Así, hasta el momento se han ejercido 606 millones de pesos mediante el FIDESSEG, sin que la Cuenta Pública especifique qué obras, programas o acciones se llevaron a cabo, con qué resultados, con qué contratistas, ni con qué intereses de por medio. Del mismo modo, al cierre de 2021 en el FIDESSEG quedó un saldo de 444.4 millones de pesos , a lo cual se sumarán por lo menos 615.8 millones adicionales mediante el proyecto Q3081, con lo cual este año se estaría llegando a 1,060.2 millones de pesos manejados al amparo del FIDESSEG. Uno de los problemas fundamentales de operar los recursos públicos mediante fideicomisos se encuentra en su carácter contractual que implica la carencia de personalidad jurídica del instrumento financiero , por lo cual la mayor parte de reglamentación jurídica que se le aplican son normas de derecho mercantil, y puesto que en el derecho privado todo lo que no está expresamente prohibido se asume permitido, se genera un riesgo de deficiencias en la rendición de cuentas . En el caso particular de la estructura institucional que se construyó para el funcionamiento del FIDESSEG, se presentan grandes espacios de oportunidad para el mal ejercicio de recursos públicos. Primero, la máxima autoridad del fideicomiso es un comité técnico conformado de la siguiente manera: • 5 titulares de Secretarías de Estado (Finanzas, Gobierno, Desarrollo Social, Rendición de Cuentas, y Seguridad Pública). • La persona titular del DIF estatal. • 5 miembros de la sociedad civil que específicamente son designados por los representantes de las sedes del Consejo Coordinador Empresarial de León, Irapuato, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende. En segundo término, las reglas de operación (que permanecen sin cambio alguno desde su generación en 2019) otorgan al Comité Técnico la facultad amplia, exclusiva e inmediata de aprobar la liberación de recursos y la celebración de actos, contratos y convenios del Fideicomiso, e incluso ampliar los calendarios y montos de ejecución de los proyectos aprobados , por lo cual hay un espacio muy importante de discrecionalidad. En tercer lugar, es necesario señalar que a ese espacio de discrecionalidad se le suma una carencia de mecanismos adecuados de control interno: la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas forma parte del Comité Técnico, pero también nombra al comisario propietario y suplente encargados del control y vigilancia del FIDESSEG. Por otro lado, sumado al ejercicio presupuestario y a la cuestionable estructura institucional del fideicomiso, es pertinente señalar que existen deficiencias y desapego a la normativa dignas de investigarse. Primero, el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que los fideicomisos que constituya el Gobernador deben contar con un estudio previo que justifique su creación; sin embargo, la realidad es que el FIDESSEG no contó con dicho estudio previo a su constitución. De hecho, el propio gobierno del estado ha señalado que “la justificación de creación del fideicomiso se expuso en el apartado de considerandos del decreto gubernativo número 21” . No obstante, dicha justificación se da al mismo tiempo de su creación, incumpliendo la característica de anterioridad a la creación del mismo; además, el apartado referido del decreto de creación consta de escasos 7 párrafos que están lejos de constituir un estudio. Además, lo cierto es que en dicho apartado jamás se contempla un apartado de análisis de alternativas, ni se da cuenta acerca de las razones técnicas que acrediten que era necesario constituir un fideicomiso en vez de hacer un ejercicio directo del presupuesto para los fines descritos en el decreto. Por su parte, pese a que el artículo 13 fracción I del decreto de creación del FIDESSEG otorga al Comité Técnico la facultad de aprobar el programa anual de trabajo, el gobierno del estado ha referido que no se ha elaborado ningún documento que estrictamente corresponda a un programa anual de trabajo . Con esto, se confirma el carácter discrecional de la actuación del Comité Técnico gobernado, en los hechos, por el sector privado. Adicionalmente, pese a que el artículo 11 del decreto de creación se abre la posibilidad de que el Comité Técnico invite a participar en sus sesiones a representantes de los órdenes de gobierno federal, académicos o miembros de la sociedad civil organizada, entre otros, que puedan contribuir a enriquecer el objeto del FIDESSEG, lo cierto es que el gobierno del estado ha manifestado que no se ha dado la participación de ningún invitado, lo cual vulnera la pretensión de incorporar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones más allá de la cúpula empresarial cercana al gobernador. Todo lo anterior se suma al problema de origen de este fideicomiso: no es legítimo regresar a los empresarios los impuestos que se les cobran para que ellos mismos administren lo recaudado. Evidentemente, esto vulnera el carácter unilateral de las contribuciones sin que necesariamente se acredite que dichos recursos se están ejerciendo en favor del interés público más allá del coto empresarial que decide cómo ejercerlos. Es un privilegio fiscal que el resto de la ciudadanía no tiene. Por todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena consideramos pertinente que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato lleve a cabo una revisión a los recursos públicos ingresados y ejercidos mediante el FIDESSEG. III. Consideraciones de la Comisión En las consideraciones expuestas en la propuesta que se dictamina se señala la necesidad de fiscalizar una auditoría específica los recursos ejercidos por el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG) por los ejercicios fiscales 2020 y 2021 y concomitante a 2022. En tal sentido, quienes integramos esta Comisión consideramos que la vigilancia y el control del ejercicio de los recursos públicos encomendados a los sujetos de fiscalización son primordiales paea el Poder Legislativo como responsable originario de la función de control. La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos deben destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables. El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos. El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: «Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.» La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal son sujetos de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XVIII y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. De la propuesta podemos desprender la pretensión de la realización de una auditoría específica con enfoque financiero y de cumplimiento al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG), por los ejercicios fiscales de 2020 y 2021 y concomitante por lo que respecta al ejercicio fiscal de 2022. Al respecto, cabe mencionar que a través del decreto gubernativo número 21 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 75, tercera parte, de fecha 15 de abril de 2019, se autorizó la constitución del «Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras, Infraestructura, Proyectos y Acciones Prioritarias en Materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato» (FIDESSEG). El 17 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 251, tercera parte se publicaron las Reglas de Operación de dicho fideicomiso. El 9 de agosto de 2019 se firmó el contrato de fideicomiso público identificado con el número 23425. Respecto al Objeto del Fideicomiso, se establece: El «Fideicomitente» establece que el «FIDESSEG» tiene como objeto el constituir y administrar un patrimonio autónomo destinado a financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública para el Estado de Guanajuato. Por lo que hace al tipo de apoyo que otorgará dicho fideicomiso, se apoyará a las asociaciones civiles legalmente constituidas y registradas, fundaciones con modelo de responsabilidad social compartida, así como dependencias y entidades de la administración pública estatal con una aportación económica no recuperable (recursos líquidos), pudiendo ser el 100% de los recursos requeridos para el proyecto o bajo el esquema de coinversión, según lo determine el Comité Técnico. En la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, se señala que en la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado correspondiente al ejercicio fiscal de 2019 se realizaron procedimientos analíticos preliminares de planeación; por lo que hace al ejercicio fiscal de 2020 se realizaron procedimientos analíticos respecto a las aportaciones al Fideicomiso; y en el avance para 2021, se han realizado procedimientos analíticos preliminares de planeación. Derivado de lo anterior y atendiendo a que en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados. En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que en la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado del ejercicio 2021 la Auditoría Superior del Estado podrá incluir los hechos que correspondan a dicho ejercicio planteados por la proponente en la planeación y ejecución de dicha revisión, lo cual se contendrá en el informe de resultados de la revisión de la citada cuenta pública. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o Único. Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que a más tardar el 16 de junio de 2022 inicie una auditoría al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG), la cual deberá abarcar la totalidad de los recursos ejercidos por los ejercicios fiscales 2020, 2021 y concomitante a 2022. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo. Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes. Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022 La Comisión de Hacienda y Fiscalización Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia Diputado Miguel Ángel Salim Alle Diputado José Alfonso Borja Pimentel Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández