Datos Generales del expediente Legislativo Camioncito2

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Expediente: 36/LXV-I

Iniciativa
Reforma Derogación

Persona Diputada

LXV
Primer Año de Ejercicio Legal Primer Periodo Ordinario

Suscripción

Mujeres Derechos humanos Igualdad de género
Iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se deroga el artículo 155 y se reforman los artículos 320 fracción II y el primer párrafo del 391 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, el cual plantea eliminar la barrera existente en la legislación que establece un plazo obligatorio para que las mujeres del estado puedan contraer de nuevo matrimonio una vez disuelto el anterior.

Presentación a Pleno Camioncito2

Presentación a Pleno
28/10/2021

- Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá - « Igualdad es el alma de la libertad, de hecho no hay libertad sin ella» con el permiso del Presidente de la Mesa, Directiva y dándole siempre las gracias a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas y a los medios que nos acompañen ¡muy buenas tardes¡ compañeras compañeros así dijo un francés Right, y hoy quienes integramos el Grupo Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, con fundamento en la Constitución Política del Estado de Guanajuato y en nuestra Ley Orgánica sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto de conformidad a la siguiente exposición de motivos el principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrado en el primer párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático en la lógica de tal principio subyace permanentemente la consideración de la eminente dignidad de la persona humana en virtud de la cual todas las personas tenemos el mismo valor y los mismos derechos solo por el hecho de ser personas asimismo el artículo primero de la Constitución Política de nuestro estado establece esta Constitución reconoce y protege la participación de las mujeres en el desarrollo del estado promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género las autoridades adoptarán las medidas para erradicar la discriminación la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres, cierro cita. - Complementariamente la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato establece en su numeral cuatro como principios rectores de la misma las siguientes: - Primero igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio y respeto de sus derechos y correlativas obligaciones en atención a las condiciones específicas de cada cual; - Segundo no discriminación hacia la mujer; - Tercero equidad de género pues que son reducción de la pobreza con perspectiva de género; - Quinto reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las mujeres; y - Sexto dignidad y el valor de las mujeres yo no obstante lo anterior el principio de igualdad se ve vulnerado frecuentemente en diversos ámbitos de la vida pública de nuestra sociedad; - En el caso que nos ocupa abordaremos la violación al principio de igualdad ante la ley mediante el establecimiento de estereotipos y roles de género y específicamente de su sostenimiento mediante normas jurídicas vigentes, como la prohibición de las mujeres para encontrar nuevas nupcias después del divorcio; esta disposición vigente en el artículo 155 del Código Civil para el Estado, encuentra su origen histórico en el artículo 158, Civil Federal y de redacción y de ética de redacción vigente. - La tecnología de dicha norma obedeció a que, en la época, en la reforma del Código de ética haya de 1928, los medios científicos disponibles no permitían determinar, con certeza la paternidad de un hijo, por esta razón la Legislatura de aquella época, estableció, la restricción, para la celebración del matrimonio inmediatamente después del divorcio en aras de evitar la confusión con respecto de la paternidad de los hijos; - Más allá que en el presente los medios científicos disponibles permitan determinar con certeza el momento del inicio de la gestación así como la paternidad de un hijo por lo que quienes integramos este Grupo Parlamentario sostenemos que esta porción es un ejemplo claro de una norma discriminatoria en contra de las mujeres, tal como demostraremos a continuación razón por la que se propone la derogación de este artículo, consideramos, que una norma es discriminatoria cuando establece alguna distinción exclusión o restricción que no tenga otro sustento que no sea alguna categoría sospechosa respecto a los reconocido por el artículo primero de la Constitución Federal, en el caso específico que nos ocupa la restricción se basa definitivamente en el sexo del grupo poblacional destinatario de la norma pues es evidente que sólo nos afecta a las mujeres a quienes nos impacta directamente en las decisiones sobre la separación y acceso al matrimonio; el carácter diferenciado de las restricción se comprueba mediante el examen de las consecuencias jurídicas que recibe el grupo poblacional opuesto ya que en este caso los hombres pueden contraer matrimonio de forma inmediata y sin ninguna restricción, el examen de la norma, además permite afirmar que el resultado es desproporcional pues en la especie y pone cargas adicionales a las mujeres para el acceso a otros derechos. - En el caso específico resultan aplicables a la función de este Poder Legislativo en el ámbito local algunos de los mandatos dados a los juzgadores para brindar acceso a la justicia en condiciones de estricta e igualdad identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de sexo de cuenta de un desequilibrio entre las partes, cuestionar, los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo y de detectarse la situación de desventaja cuestionar la neutralidad del derecho aplicable así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una solución, una respuesta justa e igualitaria, los mandatos anteriores forman además parte de un criterio contenido en una tesis jurisprudencial de rubro acceso a la justicia en condiciones de igualdad; elementos para juzgar con perspectiva de género aprobada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido es importante resaltar que la discriminación por motivo de sexo está prohibida en casi todos los tratados internacionales de derechos humanos de los que el estado mexicano es parte; en primera instancia los artículos 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, aseguran a los hombres y a las mujeres a gozar de todos los derechos contenidos en esos documentos por igual, por otra parte el inciso f del artículo segundo de la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer mejor conocida como CEDAW establece que los estados partes se comprometen a adaptar las medidas adecuadas incluso de carácter legislativo para modificar o derogar leyes reglamentos usos y prácticas que constituyan discriminación contra las mujeres cabe resaltar que Guanajuato es una de las 7 entidades federativas junto con baja california sur Campeche estado de México Sonora Tamaulipas y Zacatecas que mantiene vigente alguna restricción para las mujeres para encontrar nuevas nupcias a nivel nacional. - Esta circunstancia ya se ha hecho notar por la comisión nacional de derechos humanos misma que hizo un llamado para dar cabal cumplimiento a los compromisos al que adquiridos por el estado mexicano e incorporar los principales estándares en materia de derecho internacional sobre derechos humanos de las mujeres. - Es por lo anterior que para el Grupo Parlamentario del PAN resulta de la mayor importancia generar todas aquellas acciones legislativas que tiendan a eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. - El compromiso de nuestro Grupo Parlamentario, con el respecto, a los derechos de las mujeres guanajuatenses, en condiciones de igualdad se ah plasmado ya, en diversas reformas que han establecido, cambios sustantivos en favor de todas nosotras, desde aquellas que están encaminadas a combatir cualquier forma de violencia contra nosotras a aquellas que han venido eliminando diversos obstáculos que nos impedían un igual goce de derechos respecto de los hombres. - Por esta razón, es necesario revisar esta adecuación normativa a fin de ser congruentes con el cambio paulatino que ha transformado ya nuestra legislación que, puesto en el centro de las decisiones, del pleno goce de los derechos, de todas y todos los Guanajuatenses en condiciones de igualdad. - Quienes integramos este Grupo Parlamentario, no omitimos considerar, como resultado de la erogación, del artículo 155 será necesario además armonizar otras disposiciones vigentes en el Código Civil para que mismas que establecen remisiones a dicho artículo y tal es el caso de la fracción II en el artículo 320 y el primer párrafo del artículo 391. - Dichas normas saludan directamente al artículo que se propone derogar por lo que las modificaciones son pertinentes en congruencia con lo que estamos proponiendo al derogar el 155 compañeras y compañeros la igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales económicos políticos referencia de confiana. - Por lo anterior mente expuesto, confianza por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a consideración de todos y todas ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, muchas gracias diputado presidente.


Buscan eliminar el plazo obligatorio para que las mujeres puedan volver a casarse

Guanajuato, Gto. – Con el objeto de fortalecer los derechos humanos de las mujeres guanajuatenses y contribuir a eliminar una forma de discriminación al quitar la restricción en su derecho a contraer nuevo matrimonio, las diputadas y los diputados que integran el Grupo Parlamentario del PAN formularon una iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato para que las mujeres puedan contraer nupcias una vez concluido su matrimonio anterior.

Recepción en Comisión Camioncito2

Recepción en Comisión
02/11/2021

Metodologías Camioncito2

Metodologías
19/01/2022

Iniciativa:

Iniciativa por la que se deroga el artículo 155 y se reforman los artículos 320, fracción II y 391, primer párrafo del Código Civil para el Estado de Guanajuato.

 

Iniciantes:

Diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

 

Propuesta de metodología

 

1.      Remisión de la iniciativa para solicitar opinión, por medio de correo electrónico, a:

●Supremo Tribunal de Justicia;

●Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado;

●Procuraduría de los Derechos Humanos; y

●Diputadas y diputados integrantes de esta LXV Legislatura.

 

Señalando como plazo para la remisión de las opiniones, 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la solicitud.

 

2.      Subir la iniciativa al portal del Congreso para consulta y participación ciudadana, por el término de 10 días hábiles.

 

3.      Elaboración, por parte de la secretaría técnica, de un comparativo y concentrado de observaciones que se formulen a la iniciativa.

 

4.        Elaboración, por parte de la secretaría técnica, de una tarjeta informativa de seguimiento a la metodología de trabajo.

 

5.        Reunión de la Comisión de Justicia para seguimiento de la metodología de trabajo y, en su caso, acuerdos.

 

Estudios, análisis u opiniones Fecha límite de entrega Estatus Documento
Opinión del Supremo Tribunal de Justicia 02/02/2022 Ver detalle
Opinión de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 02/02/2022 Rendida en tiempo Ver detalle
Correspondencias, Minutas, Actas
28/10/2021

Correspondencia


17/03/2022
La coordinadora general jurídica del Gobierno del Estado remite respuesta a la consulta de dos iniciativas: la primera, que deroga el artículo 155, y reforma los artículos 382 y 383 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y reforma el artículo 56 y adiciona el artículo 56 Bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, en lo que corresponde al primero de los ordenamientos; y la segunda, que deroga el artículo 155 y reforma el artículo 320, fracción II, y el primer párrafo del artículo 391 del Código Civil para el Estado de Guanajuato.

Correspondencia


14/02/2022
El procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato remite respuesta a la consulta de seis iniciativas: la primera, que reforma diversos artículos del Código Penal del el Estado de Guanajuato, en materia de despenalización del aborto; la segunda, por la que se deroga el artículo 155 y se reforman el artículo 320, fracción II, y el primer párrafo del artículo 391 del Código Civil para el Estado de Guanajuato; la tercera, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en materia de matrimonio igualitario; la cuarta, a efectEl procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato remite respuesta a la consulta de seis iniciativas: la primera, que reforma diversos artículos del Código Penal del el Estado de Guanajuato, en materia de despenalización del aborto; la segunda, por la que se deroga el artículo 155 y se reforman el artículo 320, fracción II, y el primer párrafo del artículo 391 del Código Civil para el Estado de Guanajuato; la tercera, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en materia de matrimonio igualitario; la cuarta, a efecto de reformar los artículos 138 y 139, y adicionar los artículos 139 Bis, 139 Ter, 139 Quater y 139 Quintus del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y adicionar la fracción XX al artículo 8 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato; la quinta, por la que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 153-a del Código Penal del Estado de Guanajuato; y la sexta, por la que se reforma la fracción V del artículo 153-a del Código Penal del Estado de Guanajuato.o de reformar los artículos 138 y 139, y adicionar los artículos 139 Bis, 139 Ter, 139 Quater y 139 Quintus del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y adicionar la fracción XX al artículo 8 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato; la quinta, por la que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 153-a del Código Penal del Estado de Guanajuato; y la sexta, por la que se reforma la fracción V del artículo 153-a del Código Penal del Estado de Guanajuato.

Dictámenes en Comisión Camioncito2

Dictámenes en Comisión
22/03/2022
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA RELATIVO A DOS INICIATIVAS: LA PRIMERA, A FIN DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 382 Y 383 Y DEROGAR EL ARTÍCULO 155 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; ASÍ COMO REFORMAR EL ARTÍCULO 56 Y ADICIONAR UN ARTÍCULO 56 BIS A LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, EN SU PARTE RELATIVA AL PRIMERO DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS; Y LA SEGUNDA, POR LA QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 155 Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 320, FRACCIÓN II Y 391, PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, AMBAS PRESENTADAS POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA Y DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA, RESPECTIVAMENTE.

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA RELATIVO A DOS INICIATIVAS: LA PRIMERA, A FIN DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 382 Y 383 Y DEROGAR EL ARTÍCULO 155 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; ASÍ COMO REFORMAR EL ARTÍCULO 56 Y ADICIONAR UN ARTÍCULO 56 BIS A LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, EN SU PARTE RELATIVA AL PRIMERO DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS; Y LA SEGUNDA, POR LA QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 155 Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 320, FRACCIÓN II Y 391, PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, AMBAS PRESENTADAS POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA Y DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA, RESPECTIVAMENTE. A la Comisión de Justicia le fueron turnadas, para su estudio y dictamen, dos iniciativas: la primera, a fin de reformar los artículos 382 y 383 y derogar el artículo 155 del Código Civil para el Estado de Guanajuato; así como reformar el artículo 56 y adicionar un artículo 56 Bis a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios, en su parte relativa al primero de los ordenamientos mencionados; y la segunda, por la que se deroga el artículo 155 y se reforman los artículos 320, fracción II y 391, primer párrafo del Código Civil para el Estado de Guanajuato, ambas presentadas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura y de la Sexagésima Quinta Legislatura, respectivamente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 fracción II y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se formula dictamen en atención a las siguientes: CONSIDERACIONES I. Presentación de las iniciativas. I.1. Facultad para la presentación de iniciativas. Las y los diputados iniciantes en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 56 fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 167 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, presentaron ante la Secretaría General de este Congreso del Estado, las iniciativas que se describen en el preámbulo del presente dictamen. I.2. Objeto de las iniciativas. El objeto de ambas iniciativas es la eliminación de supuestos discriminatorios y lograr un trato mas igualitario entre hombres y mujeres. Es importante destacar la justificación que exponen los iniciantes, a efecto de dar contexto a sus propuestas normativas: A decir de los iniciantes, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Cuarta Legislatura: La igualdad de derechos entre todos los guanajuatenses es un objetivo que surge del más elemental sentido de justicia y que no distingue colores o banderas. La verdad incómoda es que durante muchos años este no fue el caso en Guanajuato o en México en general. La discriminación se extendía en la convivencia social y en muchas ocasiones se infiltraba incluso en los textos legales, que nos hemos esforzado por modernizar y, en su caso, derogar. En el Congreso del Estado, como en el resto de las legislaturas de nuestro país, el impulsar las condiciones jurídicas e institucionales para una verdadera igualdad entre mujeres y hombres ha sido y sigue siendo prioridad. Sin embargo, no basta con ello. Necesitamos también mantener una mirada atenta sobre el resto del marco jurídico, para detectar y resolver aquellas situaciones donde la ley sigue estableciendo distinciones incorrectas, y quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos de que uno de estos casos ocurre dentro del Código Civil para el Estado de Guanajuato, específicamente en el Artículo 155, que establece que: La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. Consideramos necesario derogar el artículo antes citado, ya que bajo la redacción actual prevé una condición discriminatoria en razón de género, pues únicamente las mujeres están sujetas a la obligación de esperar un lapso de 300 días para contraer matrimonio después de la disolución de un matrimonio anterior. Entendemos que, en su momento, este artículo pudo ser entendible, ya que originalmente buscaba evitar confusiones respecto a la paternidad de un hijo que pudiera nacer en ese plazo, además de velar por el interés superior del niño. En este contexto, la norma se maneja con dos presunciones: la presunción de la concepción dentro del matrimonio, que se establece entre 180 y 300 días contados hacia atrás desde el día del parto; y la presunción de paternidad matrimonial, que como regla señala que se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación judicial de los cónyuges. Es importante destacar es que esta norma, perteneciente al Código Civil, se dictó en tiempos en los que, debido a la falta de avances científicos y tecnológicos, era muchas veces casi imposible la comprobación científica de paternidad de un hijo antes de los nueve meses, por lo que se estableció esa restricción suponiendo que, durante ese plazo, el progenitor siempre será el exmarido. Sin embargo, nuestro conocimiento de la genética y la medicina ha avanzado muchísimo desde entonces. Hoy contamos con las herramientas necesarias para que, en caso de ser necesario, se resuelva la duda respecto a la paternidad, en apenas una cuestión de días u horas, a través de exámenes de ADN. Es decir, la limitante contenida en el artículo 155 de nuestro código civil, se estableció cuando no se podía conocer con certeza el e tado de gravidez, una limitación que ya ha quedado ampliamente superada por los avances tecnológicos, lo que convierte al artículo 155 en un auténtico fósil jurídico, que ya no responde a la realidad de nuestro estado y se convierte en una medida gravemente discriminatoria, pues la mujer debe esperar los nueves meses para volver a casarse, mientras que el hombre, quien puede contraer nuevas nupcias apenas tenga la declaración de término de su matrimonio, independiente de la causal. Además, esta disposición afecta el libre desarrollo de la personalidad, lo que constituye una restricción indebida y va en contra de la Constitución Estatal y de la Constitución Federal, las cuales establecen la igualdad entre mujeres y hombres que debe imperar en todas las leyes del sistema jurídico. Así lo estableció la reforma del 1O de junio del año 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las bases de un cambio radical en el derecho mexicano que implica el fortalecimiento a la observancia y el respeto de los derechos humanos, estableciendo de forma clara y tajante en el párrafo tercero del artículo 1º, la obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia de: "Promover, Respetar, Proteger y Garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad." Para resolver este problema, en el Grupo Parlamentario del PAN proponemos que la derogación de este precepto normativo sea el siguiente paso en favor de los derechos humanos y una real paridad de género en nuestro estado, contando además con el respaldo de las varias jurisprudencias, ya que la Primera Sala de la SCJN, ha establecido en la tesis 1 a. CCCLXXXIV /2014, que ostenta el rubro "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS", A FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL." Lo siguiente: "Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las distinciones basadas en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional, también conocidas como "categorías sospechosas" (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), requieren que el operador de la norma realice un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad. Al respecto, es de señalar que tanto la Constitución como los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano, prevén la posibilidad de otorgar un trato desigual a quienes no se encuentran en una paridad frente a los otros sujetos, si dicho trato implica una distinción justificada; pero si, por el contrario, la medida adoptada carece de razonabilidad, entonces será excluyente y, por ende, discriminatoria. Esto es, si bien la igualdad de trato implica la eliminación de distinciones o exclusiones arbitrarias prohibidas por la Constitución, lo cierto es que determinadas distinciones pueden ser favorecedoras y encontrarse justificadas, como ocurre con las acciones positivas, que buscan dar preferencia a sectores históricamente marginados y vulnerables para compensar las desventajas que sufren. De ahí que la interpretación directa del artículo 1 o. constitucional, en torno al principio de igualdad, no sólo requiere una interpretación literal y extensiva, sino que, ante su lectura residual a partir del principio pro persona, como aquella interpretación que sea más favorable a la persona en su protección, subyace como elemento de aquél, el de apreciación del operador cuando el sujeto implicado forma parte de una categoría sospechosa , para precisamente hacer operativa y funcional la protección al sujeto desfavorecido con un trato diferenciado; de lo contrario, esto es, partir de una lectura neutra ante supuestos que implican una condición relevante, como la presencia de categorías sospechosas, constituiría un vaciamiento de tal protección, provocando incluso un trato discriminatorio institucional, producto de una inexacta aplicación de la ley. De igual forma, la referida sala en la tesis la.CCCVl/2014, con el rubro: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR CUESTIONES DE GÉNERO. PARA ANALIZAR SI UNA LEY CUMPLE CON ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA DISCRIMINACIÓN PUEDE SER DIRECTA E INDIRECTA." ha señalado que: "Para analizar si una ley ordinaria cumple o no con el derecho humano a la igualdad y no discriminación por cuestiones de género, reconocido en el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se robustece con el numeral 4o., párrafo primero, de la propia Constitución, debe considerarse que dicha discriminación puede ser directa e indirecta. La directa se presenta cuando la ley da a las personas un trato diferenciado ilegítimo; mientras que la indirecta se actualiza cuando la discriminación se genera como resultado de leyes, políticas o prácticas que, en apariencia, son neutrales, pero que impactan adversamente en el ejercicio de los derechos de ciertos grupos o personas. Así, el legislador debe evitar el dictado de leyes que puedan crear una situación de discriminación de jure o de facto. Por tanto, al realizar el análisis en cuestión, debe verificarse que tanto el hombre como la mujer tengan las mismas oportunidades y posibilidades de obtener iguales resultados y, para ello, no siempre basta con que la ley garantice un trato idéntico, sino que, en ocasiones, deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre ellos y las que la cultura y la sociedad han creado para determinar si el trato que establece la ley para uno y otra es o no discriminatorio, considerando que en ciertas circunstancias será necesario que no haya un trato idéntico precisamente para equilibrar sus diferencias; sin embargo, en esos casos, el trato diferenciado deberá ser lo suficientemente objetivo y razonable y no atentar directa o indirectamente contra la dignidad humana; de ahí que no debe tener por objeto obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades." Al respecto, la SCJN ha resuelto que tal condicionamiento, considerado en legislaciones estatales, representa una limitación injustificada al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por tal motivo, en la presente iniciativa se propone suprimir tales impedimentos y establecer la libertad para que todas las personas que hayan obtenido el divorcio puedan volver a casarse a partir del momento en el que ·obtengan su sentencia. Por otro lado, cabe precisar que estar embarazada no debe ser motivo ni pretexto para afectar las prerrogativas laborales de una mujer, por el contrario, la Ley debe protegerla y lo último que debe ocurrir es que pierda su empleo. Al paso del tiempo, las leyes se han encaminado a proteger y fortalecer los derechos de la mujer, por ello, se han dado modificaciones diversos preceptos para dotar de mayor protección a las mujeres, pues todas tienen derecho a conservar su empleo. Proteger a la mujer debe ser esencial para cualquier gobierno, no podemos permitir que, como futura mamá, tema confesar haber quedado embarazada en un trabajo y principalmente si llevan poco tiempo, por miedo a ser despedida. Sin embargo , aunque esta situación lamentablemente le ha ocurrido a muchas mujeres y ese hecho las orille a sentirse incómodas, cierto es que su condición no puede utilizarse legalmente en su perjuicio. Lo anterior puede sustentarse con la jurisprudencia cuyo rubro señala: TRABAJADORA EMBARAZADA. SI EL PATRÓN SE EXCEPCIONA ADUCIENDO QUE LA ACTORA RENUNCIÓ Y ÉSTA DEMUESTRA QUE AL MOMENTO DE CONCLUIR EL VÍNCULO LABORAL ESTABA EMBARAZADA, EL SOLO ESCRITO DE RENUNCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR QUE FUE LIBRE Y ESPONTÁNEA. De lo antes señalado puede colegirse la ilegalidad de que un superior jerárquico las trate de forma menos favorable debido a su embarazo, y eso es así desde el momento en el que la empleada sabe que está embarazada, así que no importa cuánto tiempo lleve trabajando, poco o mucho, no importa porque la Ley las ampara. Situación por la cual, en la presente iniciativa se propone un proyecto de decreto para modificar preceptos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios con la finalidad de salvaguardar los derechos de las mujeres previendo que la sola exhibición de una renuncia sea prueba fehaciente de haber decidido dejar su empleo, será necesario que además de la renuncia se presenten indicios que hagan prueba plena de la voluntad y libre decisión de dejar el cargo. Asimismo, se hace manifiesto en otro precepto que, en ninguna circunstancia, podrán solicitarse para el ingreso o ascenso, pruebas de gravidez. El libre desarrollo de la mujer no solo fortalece a dicho género, sino también al nuevo esquema familiar que la actualidad exige. Por su parte, las diputadas y diputados iniciantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Legislatura, exponen lo siguiente: El principio de igualdad entre hombres y mujeres, consagrado en el primer párrafo del artículo 4o de la Constitución Federal, es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático. En la lógica de tal principio subyace permanentemente la consideración de la eminente dignidad de la persona humana, en virtud de la cual todas las personas tienen el mismo valor y los mismos derechos por el sólo hecho de ser personas. Asimismo, el artículo 1o de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato establece: "Esta Constitución reconoce y protege la participación de las mujeres en el desarrollo del estado, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán las medidas, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres." Complementariamente, la Ley para la igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato establece en su numeral 4 como principios rectores de la misma los siguientes: "... I. Igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio y respeto de sus derechos y correlativas obligaciones, en atención a las condiciones específicas de cada cuales; II. No discriminación hacia la mujer; III. Equidad de género; IV. Reducción de la pobreza con perspectiva de género; V. Reconocimiento y respeto de los derechos humanos de la mujer; y VI. Dignidad y el valor de las mujeres." No obstante lo anterior, el principio de igualdad se ve vulnerado frecuentemente en diversos ámbitos de la vida pública de nuestra sociedad. En el caso que nos ocupa, abordaremos la violación al principio de igualdad ante la Ley mediante el establecimiento de estereotipos y roles de género y, específicamente, de su sostenimiento mediante normas jurídicas vigentes como la prohibición a la mujer para contraer nuevas nupcias inmediatamente después del divorcio. Esta disposición, vigente en el artículo 155 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, encuentra su origen histórico en el artículo 158 del Código Civil Federal (también vigente) de redacción idéntica. La teleología de dicha norma obedecía a que en la época en que fue publicado el Código Civil Federal (1928), los medios científicos disponibles no permitían determinar con certeza la paternidad de un hijo. Por esta razón la legislatura de aquella época estableció la restricción para la celebración de un nuevo matrimonio inmediatamente después del divorcio, en aras de evitar confusiones acerca de la paternidad de los hijos. Más allá que en el presente, los medios científicos disponibles permiten determinar con certeza el momento del inicio de la gestación, así como la paternidad de un hijo. Por lo que, quienes integramos este Grupo Parlamentario del PAN sostenemos que esta porción es un ejemplo claro de una norma discriminatoria en contra de las mujeres (como se demuestra a continuación), razón por la cual se propone su derogación. Se considera que una norma es discriminatoria cuando establece alguna distinción, exclusión o restricción que no tenga otro sustento que no sea alguna categoría sospechosa de las reconocidas en el artículo 1o de la Constitución Federal. En el caso específico que nos ocupa, la restricción está basada definitivamente en el sexo del grupo poblacional destinatario de la norma, pues es evidente que sólo afecta a las mujeres, a quienes impacta directamente en decisiones sobre su separación y acceso al matrimonio. El carácter diferenciado de la restricción se comprueba mediante el examen de las consecuencias jurídicas que recibe el grupo poblacional opuesto, ya que en este caso los hombres pueden contraer matrimonio de forma inmediata y sin ninguna restricción o condición. El examen de la norma además permite afirmar que resulta desproporciona!, pues en la especie impone cargas adicionales a las mujeres para el acceso a otros derechos. En el caso específico, resultan aplicables a la función de este Poder Legislativo en el ámbito local algunos de los mandatos dados a los juzgadores para brindar acceso a la justicia en condiciones de estricta igualdad, a saber: 1. Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de sexo den cuenta de un desequilibrio entre las partes, 2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo, 3. De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria. Los mandatos anteriores forman parte del criterio contenido en la tesis jurisprudencia! de rubro "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" , aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, es importante resaltar que la discriminación por motivo de sexo está prohibida en casi todos los tratados de derechos humanos de los cuales el Estado Mexicano es parte. En primera instancia, los artículos 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aseguran a los hombres y a las mujeres a gozar de todos los derechos contenidos en esos documentos por igual. Por otra parte, el inciso f) del artículo 2o de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) establece que los Estados Parte se comprometen a adaptar las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Más aún, en el caso específico de la regulación del matrimonio, resulta aplicable lo dispuesto en el primer numeral del artículo 16 de la CEDAW, el cual establece al tenor literal lo siguiente: "1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a) El mismo derecho para contraer matrimonio; b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución; d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; [. ..]". Cabe resaltar que Guanajuato es una de las siete entidades federativas Uunto con Baja California Sur, Campeche, Estado de México, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas) que mantienen vigente alguna restricción para las mujeres para contraer nuevas nupcias a nivel nacional. Esta circunstancia ya se ha hecho notar por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual hizo un llamado a dar cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos internacionalmente por el Estado Mexicano e incorporar los principales estándares internacionales en materia del Derecho Internacional de los derechos humanos de las mujeres, como los establecidos por la CEDAW. Es por lo anterior que para el Grupo Parlamentario del PAN resulta de la mayor importancia el generar todas aquellas acciones legislativas que tiendan a eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. El compromiso de nuestro grupo parlamentario con el respeto a los derechos de las mujeres guanajuatenses en condiciones de igualdad, se ha plasmado ya en diversas reformas que han establecido cambios sustantivos a favor de las mujeres, desde aquellas normas que están encaminadas a combatir cualquier forma de violencia contra las mismas, como aquellas que han venido eliminando diversos obstáculos que impedían un igual goce de sus derechos respecto de los hombres. Por esta razón es necesario realizar esta adecuación normativa a fin de ser congruentes con el cambio paulatino que ha transformado nuestra legislación y que ha puesto en el centro de las decisiones el pleno goce de los derechos de las y los guanajuatenses en condiciones de igualdad. Quienes integramos este Grupo Parlamentario no omitimos considerar que, como resultado de la derogación del artículo 155, será necesario armonizar otras disposiciones vigentes en el Código Civil para el Estado de Guanajuato que actualmente establecen reenvíos hacia dicha disposición. Es el caso de la fracción II del artículo 320 y el primer párrafo del artículo 391, normas que aluden directamente a la disposición que se propone derogar. Por esta razón, se proponen las respectivas modificaciones que permitirán dar certeza jurídica a dichas disposiciones una vez que el artículo 155 se derogue. En el caso particular de la fracción II del artículo 320 resulta necesario advertir que, como resultado de la reforma publicada en el Periódico Oficial el 24 de septiembre de 2018, los plazos a que se refiere con respecto al artículo 343 fueron derogados. Por esta razón, al derogarse también el artículo 155, resulta pertinente eliminar la porción normativa que alude a las disposiciones no vigentes. II. Turno de las iniciativas. De acuerdo con la materia de las propuestas, la presidencia de la mesa directiva turnó a la Comisión de Justicia de la anterior Legislatura la primera de las iniciativas, en sesión plenaria de fecha 17 de octubre de 2019; y la segunda, a esta Comisión en sesión plenaria del 28 de octubre de 2021, para su estudio y dictamen. Cabe precisar que la presidencia de la mesa directiva en funciones durante el primer periodo ordinario de sesiones de esta Sexagésima Quinta Legislatura, en sesión plenaria de fecha 7 de octubre de 2021, una vez declarada la integración de las comisiones permanentes, remitió las iniciativas y asuntos en trámite de las comisiones de la Sexagésima Cuarta Legislatura, a las presidencias designadas de cada Comisión, para los efectos conducentes, entre ellos la primera de las iniciativas mencionadas. III. Estudio de las iniciativas. III.1. Metodología de trabajo para estudio de la iniciativa. Una vez radicadas las iniciativas se remitieron, en su oportunidad, para opinión al Supremo Tribunal de Justicia y a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, así como a las diputadas y diputados integrantes de la Legislatura correspondiente. Cabe precisar que, en relación con la primera de las propuestas, la presidencia de la Mesa Directiva la turnó además para opinión a la Comisión Para la Igualdad de Género, y en relación con la segunda, se solicitó opinión también a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Señalando como plazo para la remisión de las opiniones, 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la solicitud. Se subieron las iniciativas al portal del Congreso para consulta y participación ciudadana, por el mismo término y se elaboraron los comparativos y concentrados de observaciones respectivos. III.2. Seguimiento a las metodologías de trabajo. En relación con la primera de las iniciativas se recibió la opinión de la Comisión Para la Igualdad de Género. Respecto a la segunda iniciativa se recibieron las opiniones del Supremo Tribunal de Justicia y de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Cabe destacar que la Coordinación General Jurídica remitió sus opiniones previo a la reunión de la Comisión de Justicia en la que se analizaron las mismas. Estas opiniones fueron remitidas a todos los integrantes de la Comisión como un insumo adicional para dicho análisis. El pasado 15 de marzo de 2022 la Comisión de Justicia de esta Legislatura, retomó el análisis de la iniciativa con la participación del Magistrado Supernumerario Civil Eloy Zavala Arredondo, de los licenciados José Federico Ruiz Chávez, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco y María Selene Saldaña Ramírez, por parte de la Coordinación General Jurídica; y por el Maestro Alberto Estrella, por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Al término de la reunión de análisis, la Comisión de Justicia acordó por unanimidad de votos la elaboración de un dictamen en sentido positivo en los términos de los planteamientos formulados por todos los que intervinieron con sus opiniones. IV. Consideraciones. Quienes integramos esta Comisión de Justicia coincidimos con los iniciantes de ambas propuestas, en la necesidad de actualizar algunas disposiciones civiles que aún contienen términos y supuestos discriminatorios en relación con la mujer. Esta armonización se enmarca en el cumplimiento de diversos instrumentos internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de eliminar supuestos de discriminación y lograr un trato más igualitario entre hombres y mujeres. En ello estriba la importancia de las propuestas normativas y la justificación que exponen los iniciantes. Ante ello, existió coincidencia plena de quienes dictaminamos, así como de quienes participaron con sus opiniones en el análisis de las iniciativas, tanto con los argumentos formulados en las exposiciones de motivos y, en general, en la forma de abordarlo normativamente, resaltando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto sobre el libre desarrollo de la personalidad que otorga la posibilidad a cada persona para determinar su proyecto de vida, frente al cual, el Estado no podrá interferir salvo para proteger derechos similares de terceros; sobre los límites al legislador en el sentido de que éste no goza de una libertad absoluta para restringir la libertad de las personas, sus proyectos de vida y la forma en que los desarrollan; y sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y la relevancia superior frente al principio de la conservación y desarrollo de la familia en caso de divorcio. Se entiende por las diputadas y los diputados que integramos esta Comisión dictaminadora que la teleología del artículo 155 era evitar la confusión de paternidades, sin embargo, estimamos que, en la actualidad, con los avances tecnológicos y científicos este tipo de normas ya no se justifican, toda vez que vulneran el derecho humano de la mujer divorciada con respecto al que fuera su marido, sobre lo cual los tribunales federales ya se han pronunciado. De igual forma se estimaron, en términos generales, viables las adecuaciones propuestas para los artículos 382 y 383, ya que en razón de los avances en genética es posible actualmente comprobar por medios científicos la filiación. Sólo estimamos pertinente establecer una redacción más genérica ya que la ciencia avanza rápidamente y es necesario contar con la regulación en caso de que otros medios más eficaces superen a la prueba pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico (ADN). En cuanto al artículo 391 se estimó pertinente abarcar la fracción III, para el supuesto en que se niegue la presunción que se establece en la misma, para lo cual también se admitirán los medios tecnológicos que permitan con certeza científica probar dicha negativa. Como precisamos líneas arriba es importante dejar en claro que estas reformas obedecen al fortalecimiento de la legislación sustantiva civil para eliminar supuestos discriminatorios y fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres, sin que implique modificar las normas relativas a la filiación. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 113 fracción II y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se propone a la Asamblea el siguiente: DECRETO Artículo Único. Se reforman los artículos 320, fracción II; 382, 383 y 391, primer párrafo; se adiciona un segundo párrafo al artículo 391; y se derogan el artículo 155 y el segundo párrafo de la fracción II del artículo 391, del Código Civil para el Estado de Guanajuato para quedar como sigue: «Art. 155. Derogado. Art. 320. Es ilícito pero... I. Cuando se ha... II. Cuando no se haya otorgado la previa dispensa que requiere el artículo 156. Art. 382. Contra las presunciones a que se refiere el artículo anterior se admitirán los métodos científicos que permitan probar con certeza la paternidad. Art. 383. El marido no podrá desconocer a los hijos alegando adulterio de la madre, aunque ésta declare que no son hijos de su esposo; a no ser que el nacimiento se le haya ocultado o que pruebe con certeza a través de los métodos científicos que la paternidad no le corresponde a él. Art. 391. Si la viuda, la divorciada, o la mujer cuyo matrimonio fuere declarado nulo, contrajeran nuevas nupcias dentro del plazo de trescientos días contados a partir de la disolución del mismo, la filiación del hijo que naciere después de celebrado el nuevo matrimonio, se establecerá conforme a las reglas siguientes: I. Se presume que… II. Se presume que… Derogado. III. y IV. … Contra las presunciones establecidas en las fracciones I, II y III se admitirán los métodos científicos que permitan probar con certeza que la paternidad no le corresponde a quien se atribuye. TRANSITORIO Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Guanajuato, Gto., 22 de marzo de 2022 La Comisión de Justicia. Laura Cristina Márquez Alcalá Diputada presidenta Susana Bermúdez Cano Bricio Balderas Álvarez Diputada vocal Diputado vocal Gustavo Adolfo Alfaro Reyes Cuauhtémoc Becerra González Diputado vocal Diputado secretario

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Consecutivo Parte No. publicación Dictamen firmado Decreto / Acuerdo firmado PO Transitorios
227 SEGUNDA PARTE 105 Dictamen firmado Decreto / Acuerdo firmado PO 1
Fecha Estatus
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.