C. Diputado Presidente del Congreso del Estado P r e s e n t e. Las diputadas y el diputado que integramos la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, recibimos para efecto de estudio y dictamen la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y los diputados Enrique Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez Albo del Grupo integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA en la Sexagésima Cuarta Legislatura, para exhortar al Patronato de la Universidad de Guanajuato y al Consejo General Universitario, para que lleven a cabo las acciones necesarias a fin de reducir en su totalidad los aranceles de inscripción a todos los programas académicos de nivel medio superior y superior de la Universidad de Guanajuato. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 89, fracción V; 109 fracciones II y VI y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, sometemos a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en las siguientes: Consideraciones Antecedentes En sesión ordinaria de 10 de junio del año 2021, la presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo referido en el proemio del presente dictamen, con fundamento en el artículo 109 fracciones II y VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Posteriormente, el 04 de agosto del mismo año, la comisión dictaminadora radicó la propuesta de punto de acuerdo acordando como parte de la metodología para su estudio y dictamen remitirla vía electrónica a la Universidad de Guanajuato, a efecto de que turnarán sus observaciones a la Secretaría Técnica de la Comisión en un plazo de ocho días. Al respecto, se remitió respuesta mediante oficio SG/231/2021 de fecha 23 de septiembre del año en curso. Quienes integramos la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, recibimos los pendientes legislativos de la Sexagésima Cuarta Legislatura en fecha 12 de octubre del año 2021, dentro de los cuales se encontraba la propuesta de punto de acuerdo que ahora se dictamina. Finalmente, la presidencia de esta Comisión Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura con fundamento en los artículos 94 fracción VII y 272 fracción VIII inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen, mismo que fue materia de revisión por quienes integran esta comisión. Análisis de la propuesta Las y los proponentes manifestaron en la parte expositiva del acuerdo lo siguiente: “El derecho a la educación no sólo es uno de los pilares de todo Estado de Bienestar, sino que es un bien público que permite a las personas desarrollarse plenamente y contribuir al desarrollo de su comunidad. Por esto, la principal finalidad que suele atribuirse a la educación en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos es precisamente el desarrollo de la personalidad humana, y como tal, se le reconoce como un derecho clave para acceder al ejercicio tanto de la ciudadanía, como de otros derechos fundamentales. En el mismo sentido, nuestro artículo tercero Constitucional, reconoce el derecho a la educación, y precisa que toda la educación que imparta el Estado, será gratuita, incluyendo la media superior y superior. En tanto la educación puede facilitar el acceso a un ingreso digno, a la libertad de expresión o a la participación política, no puede considerársele una mercancía o un servicio que pueda ser diferido, pospuesto o negado; sino que tiene un carácter de derecho exigible y justiciable por las consecuencias que provoque su violación o irrespeto. Por otro lado, la educación no es únicamente un derecho que debemos garantizar, sino también una herramienta que contribuye al desarrollo social y económico de la entidad. Ejemplo de esto es que la evidencia muestra a la educación de calidad como un factor que ayuda a explicar la producción económica, la pobreza y la desigualdad, pues en sociedades con altos niveles de equidad en acceso a la educación de calidad, es probable encontrar mayores niveles de crecimiento económico, menores niveles de pobreza4 y una distribución del ingreso más igualitaria. Así, la educación ayuda a que las hijas e hijos de las familias de las clases trabajadoras se conviertan en profesionales de la medicina, el derecho, la economía o la construcción, si es que así lo desean. De esta manera, en tanto que las comunidades han reconocido públicamente la necesidad de profesionales en los diferentes rubros de las ciencias y artes, históricamente se han generado luchas sociales que impulsaron a las instituciones públicas a construir sistemas educativos financiados por el Estado. Tal es el caso de la política educativa del actual gobierno federal, según la cual se han otorgado becas universales a la par de que se han construido y financiado universidades públicas gratuitas a lo largo de todo el país. Pese a la importancia de la educación, existen muchas barreras financieras a las que se enfrentan tanto las personas que buscan ejercer el derecho a la educación, como sus familias. La primera es el costo de oportunidad que representa estudiar para las personas en situación de vulnerabilidad por falta de ingresos; es decir, para las familias con menor capacidad económica es un reto mayúsculo mantener a sus hijas e hijos lo suficientemente fuera del mercado laboral como para que puedan continuar su formación, pues la contribución económica que estos pueden realizar al ingreso familiar es casi indispensable para el sostenimiento de la misma. En segundo lugar, están los gastos indirectos que conlleva estudiar; esto es, aquellos relacionados con el transporte, la comida diaria y, muchas veces, el costo de la renta que deben cubrir quienes vienen desde otros municipios para formarse en la Universidad de Guanajuato. Si bien estas dos barreras por sí mismas ponen en duda la capacidad que tenemos como sociedad para garantizar el derecho a la educación, existe una tercera barrera financiera que termina por suprimir este derecho y convertir a la educación en un privilegio de quien pueda pagarla. Esta tercera barrera la constituyen los gastos directos; es decir, las cuotas escolares que deben cubrirse para intentar ingresar a los niveles medio superior y superior, así como al inicio de cada ciclo escolar. En la Universidad de Guanajuato, durante este 2021, los gastos directos incluyen $1,240 pesos sólo por el derecho a presentar examen de admisión, a los que se suman $1,600 pesos por inscripción semestral al nivel medio superior y $1,840 cuando se trate del nivel superior en licenciatura o en grado de técnico superior universitario; sin considerar los $1,930 que cuesta la inscripción a programas de lenguas extranjeras, necesarios para cubrir las exigencias lingüísticas exigidas por la propia universidad en sus diferentes programas de estudio. Estos costos son insorteables para las familias que ya de por sí hacen un esfuerzo importante para solventar el costo de oportunidad y los gastos indirectos que representan que uno de sus miembros estudie. Por esto, dichos costos también pueden convertirse en responsables de que las hijas e hijos de las familias de las clases trabajadoras de Guanajuato opten por abandonar sus estudios, o que ni siquiera intenten ingresar a los mismos. De esta manera, las cuotas contribuyen a perpetuar la desigualdad educativa que refuerza las diferencias de clase que existen en la sociedad, a tal grado que existe suficiente evidencia para afirmar que la culminación de los estudios superiores depende más del nivel de ingreso de las familias, que del esfuerzo individual de las y los estudiantes. Esta situación empeoró con la pandemia, pues en el ámbito nacional cerca de 5.2 millones de personas no se inscribieron a sus ciclos escolares del nivel medio superior y superior únicamente por falta de recursos u otros motivos asociados a la propia pandemia. Las y los estudiantes de la Universidad de Guanajuato no han sido inmunes a dichas problemáticas, encontrándose en más de una ocasión con barreras financieras para continuar con su formación en los niveles medio superior y superior. Sin embargo, la idea que ha justificado no eliminar el cobro de inscripción en la Universidad de Guanajuato es que, sin este, la Universidad sería incapaz de funcionar correctamente y subsistir; o que al menos no sería posible costear los casi $168 mil pesos mensuales que percibe el rector general o los más de $151 mil que percibe el secretario general mensualmente; sin embargo, la realidad es distinta, pues anualmente la Universidad de Guanajuato recibe recursos públicos suficientes para su óptimo funcionamiento. Por ejemplo, en 2020 recibió del erario poco más de 3 mil millones de pesos, sin perjuicio de lo que además recibe constantemente por concepto de donaciones, contraprestación de servicios, o recepción de herencias no reclamadas. La suficiencia presupuestal es tal que, al menos desde 2017, la máxima casa de estudios del estado tiene cantidades de subejercicio que van desde los 498 millones de pesos hasta los 890 millones de pesos, ambos anuales, que sin ningún problema darían solvencia presupuestal a eliminar los costos directos de la educación pública en dicha institución, sin tocar un solo peso de los sueldos y comodidades de sus directivos. Lo anterior, sin mencionar la totalidad de los remanentes de patrimonio generado por la institución a lo largo de los años, y que al primer trimestre de este 2021 ascienden a más de $2 mil 786 millones de pesos. Toda esta disponibilidad presupuestal es mucho más que suficiente para solventar, por ejemplo, los poco más de $149 millones 644 mil pesos que recaudaría este 2021 la Universidad de Guanajuato mediante el cobro de cuotas de inscripción a los programas de nivel medio superior, de técnico superior universitario y de licenciatura, a sus 42 mil 745 estudiantes. De esta manera, debemos reconocer que hay un largo camino por recorrer para garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Por esto, en consonancia con los esfuerzos del gobierno federal, es necesario que en esta entidad comencemos a realizar acciones en favor de este objetivo, de acuerdo con lo que establece la fracción X del artículo tercero constitucional. …” Derivado de las anteriores consideraciones, los que integramos la comisión dictaminadora valoramos la propuesta presentada coincidiendo que la educación es un derecho fundamental para las y los ciudadanos; sin embargo, como se desprende del comunicado remitido por la autoridad consultada corresponde al Estado garantizar y hacer efectiva la gratuidad de la educación superior, de forma progresiva y a partir de la constitución de un fondo federal especial, el cual deberá establecerse en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 y subsecuentes, lo anterior con base en los artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto transitorios del Decreto mediante el cual se reforma el artículo 3º constitucional , así como del artículo 64 de la Ley General de Educación Superior . Es decir, del establecimiento del fondo federal especial es que depende el aseguramiento de los recursos necesarios para implementar de manera gradual la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, estando entonces en posibilidades de conocer el presupuesto otorgado y asignado a las instituciones educativas -en este caso la Universidad de Guanajuato-. Ahora bien, en fecha 29 de noviembre del año 2021 mediante Diario Oficial de la Federación se publicó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, mediante el cual en el transitorio décimo tercero se establece que los recursos para la constitución del fondo especial podrá ejercerse a través de un fideicomiso público que deberá constituir la Secretaría de Gobierno Federal en coordinación con la Secretaría de Educación Pública sujetándose a los mecanismos específicos de control presupuestario que emita la primera. De lo anterior se desprende que una vez que exista la creación del fondo federal especial considerado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Educación Superior, se tendrán las condiciones presupuestarias suficientes que garanticen y permitan el cumplimiento progresivo en la eliminación de aranceles por parte de las instituciones públicas de educación superior, por lo que se determina que no es viable en este momento girar el exhorto propuesto por los formulantes. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 171 la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos proponer a la Asamblea la aprobación del siguiente: ACUERDO Único. Se ordena el archivo definitivo de la propuesta de punto de acuerdo formulada ante la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y los diputados Enrique Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez Albo integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA para exhortar al Patronato de la Universidad de Guanajuato y al Consejo General Universitario, para que lleven a cabo las acciones necesarias a fin de reducir en su totalidad los aranceles de inscripción a todos los programas académicos de nivel medio superior y superior de la Universidad de Guanajuato. Guanajuato, Gto., 13 de enero de 2022 La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura Dip. María de la Luz Hernández Martínez Presidenta Dip. Armando Rangel Hernández Secretario Dip. Yulma Rocha Aguilar Vocal Dip. Lilia Margarita Rionda Salas Vocal Irma Leticia González Sánchez Vocal