Datos Generales del expediente Legislativo Camioncito2

Iniciativa-back

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LXIV
Tercer Año de Ejercicio Legal Primer Periodo Ordinario

Suscripción

Iniciativa formulada por el Ayuntamiento de León, Gto., mediante la cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato.

Presentación a Pleno Camioncito2

Presentación a Pleno

Recepción en Comisión Camioncito2

Recepción en Comisión

Metodologías Camioncito2

Metodologías
12/05/2021

aprobó por unanimidad la metodología de trabajo el 12 de mayo de 2021, en los siguientes términos:

1.    Remitir la iniciativa para efectos de su consulta, por un término de 20 días hábiles a:
•    Los ayuntamientos;
•    La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, y
•    La Coordinación General Jurídica.

2.    Establecer un micrositio en la página web del Congreso del Estado para consulta ciudadana de la iniciativa, por un término de 20 días hábiles.

3.    Elaborar comparativo con las respuestas derivadas de la consulta de la iniciativa, por parte de la secretaría técnica.

4.    Mesas de trabajo en las que participarán la diputada y los diputados integrantes de la comisión, representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y de la Coordinación General Jurídica; así como los asesores de los grupos representados en la comisión y la secretaría técnica.
5.    Reunión de la Comisión de Desarrollo Económico y Social para la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen.

Correspondencias, Minutas, Actas

Dictámenes en Comisión Camioncito2

Dictámenes en Comisión
09/11/2021
Dictamen suscrito por la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la Sexagésima Cuarta Legislatura que fue no presentado al Pleno del Congreso del Estado, relativo a la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato, formulada por el ayuntamiento de León, Gto., para los efectos del artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

A la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, le fue devuelto el dictamen suscrito por la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la Sexagésima Cuarta Legislatura que fue no presentado al Pleno del Congreso del Estado, relativo a la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato, formulada por el ayuntamiento de León, Gto., para los efectos del artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 89, fracción V; 107, fracción I, 171 y 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, sometemos a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en las siguientes: CONSIDERACIONES 1. Antecedentes El 7 de octubre de 2021 las diputadas secretarias de la Mesa Directiva de la Sexagésima Quinta Legislatura, mediante oficio 57 y expediente 7.0 comunicaron el acuerdo mediante el cual se devolvió el dictamen aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la Sexagésima Cuarta Legislatura, que no fue presentado al Pleno del Congreso del Estado, relativo a la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato, formulada por el ayuntamiento de León, Gto., para los efectos del artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. El 12 de octubre de 2021 se instaló la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la Sexagésima Quinta Legislatura y se dio cuenta de la devolución del dictamen referido en el párrafo que antecede, determinando la presidencia dejarlo a disposición de quienes integramos la comisión para imponernos de su contenido. En reunión del 27 de octubre de 2021, con base en lo previsto en los artículos 94, fracción VII y 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, la presidencia instruyó la elaboración del presente dictamen para su ratificación en los mismos términos del dictamen devuelto. En virtud de ello, esta comisión legislativa dictaminadora acordó hacer suyas las valoraciones, razones y fundamentos sobre los que recayó el estudio y análisis de la iniciativa sujeta a dictamen. En consecuencia, se procedió a reproducir en los mismos términos el dictamen devuelto: 1.1 Consideraciones del dictamen El 15 de octubre de 2020, la de la Mesa Directiva del Congreso del Estado turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Social, para su estudio y dictamen, la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato, formulada por el ayuntamiento de León, Gto., con fundamento en el artículo 107, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. La comisión legislativa radicó la iniciativa el 21 de octubre del mismo año y aprobó por unanimidad la metodología de trabajo el 12 de mayo de 2021, en los siguientes términos: 1. Remitir la iniciativa para efectos de su consulta, por un término de 20 días hábiles a: • Los ayuntamientos; • La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, y • La Coordinación General Jurídica. 2. Establecer un micrositio en la página web del Congreso del Estado para consulta ciudadana de la iniciativa, por un término de 20 días hábiles. 3. Elaborar comparativo con las respuestas derivadas de la consulta de la iniciativa, por parte de la secretaría técnica. 4. Mesas de trabajo en las que participarán la diputada y los diputados integrantes de la comisión, representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y de la Coordinación General Jurídica; así como los asesores de los grupos representados en la comisión y la secretaría técnica. 5. Reunión de la Comisión de Desarrollo Económico y Social para la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen. Los municipios que dieron respuesta a la consulta de la iniciativa fueron Coroneo, Cortazar, Celaya, Doctor Mora, Irapuato, Santiago Maravatío y San José Iturbide. Concluida la etapa de consulta, se convocó a mesa de trabajo la cual se desarrolló el 1 de julio del presente año. En la que participaron representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable: el Lic. David A. Orozco Pérez, director de Asuntos Jurídicos; Lic. Francisco Javier Contreras Pérez, director Normativo y de Atención a Órganos Colegiados; y Lic. Miriam Lizette Hernández Márquez, directora de Mejora Regulatoria; por parte la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas el Lic. Carlos Alvarado Briones, director General de Simplificación Administrativa e Impacto Regulatorio; así como de la Coordinación General Jurídica los licenciados José Manuel Bribiesca Pérez, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco y José Federico Ruiz Chávez. En dicha mesa de trabajo se vertieron las razones y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen y que a continuación se señalan. 1.2 Valoración de la iniciativa Se destaca de la exposición de motivos de la iniciativa, lo siguiente: […] (…) en aras de lograr una eficiente armonización con la Ley General de Mejora Regulatoria es que se considera reformar el artículo 11 ter de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato para establecer la discrecionalidad de cada uno de los municipios del Estado en la conformación de los consejos municipales de mejora regulatoria y no como una obligación como actualmente se encuentra en dicha Ley, en virtud de que se debe tomar en consideración que no todos los municipios cuentan con temas o asuntos, tanto en calidad como en cantidad, en la materia que requieran analizarse en un consejo de estas características y por consecuencia la emisión de alguna opinión o contribución en particular. Refuerza lo anterior, el que la propia Ley General de la materia establece esa discrecionalidad para los municipios al definir el concepto de Consejo Local dentro de su Glosario. Aunado a lo anterior, la motivación para la creación de mecanismos de participación ciudadana a partir de una obligatoriedad normativa no parece por sí misma constituir una estrategia de implantación de estructuras de participación ciudadana sostenible en el tiempo, por el contrario se demuestra que los mecanismos participativos cuya iniciativa parte de una clara voluntad persisten con el paso del tiempo. No obstante ello, no se deja de observar la importancia de contar con órganos de opinión y consulta en los municipios ya que implica aprovechar y aplicar la experiencia y conocimientos provenientes de la participación social a través de los sectores social, económico y académico en el cumplimiento de los principios bases de la mejora regulatoria. Además, que consolida la base para una adecuada gobernanza regulatoria toda vez que las regulaciones deben ser, diseñadas en conjunto con quiénes las deben acatar. Se considera importante reivindicar al Consejo Estatal como un órgano ciudadano, regresando la presidencia de este ente a un representante de los sectores de la sociedad civil organizada que son participantes. Esto además se adecua a la naturaleza y objeto de dicho ente pues sus pronunciamientos son de asesoría y opinión sobre políticas públicas que corresponde su implementación por disposición de Ley a través de la administración pública y por lo cual resultaría incongruente y alejado de su propósito general que se busque consulta sobre temas de gobierno en un ente auxiliar cuya presidencia y dirección se ostente por el propio titular de la función ejecutiva. De igual manera, se propone una temporalidad de cuatro años para la duración en el cargo de los representantes de los diversos sectores de la sociedad civil organizada, así como para el caso de ser ratificados. Dicha propuesta tiene como propósito agregar elementos que permitan continuidad y atención a los proyectos que se desarrollen en el seno del Consejo sin que sean interrumpidos por el cambio de administración pública a nivel estatal. Con ello, los representantes sociales podrán seguir contribuyendo con sus conocimientos y experiencia al cumplimiento de la política estatal de mejora regulatoria y sus principios. Por otra parte, la jerarquía organizacional, la conformación de la estructura orgánica y las atribuciones legales que actualmente corresponden a las autoridades de Mejora Regulatoria no facilitan ni son suficientes para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y tampoco la ejecución de las funciones en la materia, por tal motivo es necesario que en la conformación y creación de las unidades administrativas mencionadas sea imperativo se encuentren satisfechos dichos requisitos, por lo cual se propone: • Adoptar en lo sustancial lo establecido en el artículo 12 de Ley General de la materia, que establece que los titulares de las Autoridades de Mejora Regulatoria deberán tener nivel de subsecretario, oficial mayor o equivalente. • Si bien pueden inferirse de la Ley General de Mejora Regulatoria las atribuciones que pudieran corresponder a las autoridades en la materia, es necesario que se puntualice y disponga en forma expresa aquellas que deba corresponder y asignarse para el correcto desempeño de las funciones. • Exigir que la autoridad sea auxiliada con unidades administrativas que cuenten con funciones en diversas materias tales como las tecnologías de la información, simplificación de trámites y servicios. Como una estrategia de revisión permanente a las regulaciones vigentes, se propone instaurar el Análisis de Impacto Regulatorio Posterior como herramienta que se encuentra señalada en la Ley General de Mejora Regulatoria como Análisis de Impacto Regulatorio ex post y que sirve para evaluar el impacto de las normas vigentes y los efectos de su aplicación, con lo que se permitirá además contar con información objetiva para determinar la pertinencia de su abrogación, modificación o permanencia, y así poder alcanzar los objetivos originales y atender a la problemática vigente. […] Del examen de lo antes transcrito, las y los que integramos la comisión dictaminadora valoramos el contenido de propuesta en favor del fortalecimiento de la participación ciudadana como parte del ejercicio democrático de gobernanza en las actividades públicas; sin embargo, como legisladores no podemos ser ajenos al sistema normativo nacional, en el sentido de que la jerarquía del orden jurídico mexicano plasmado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala a las leyes generales como aquellos textos normativos que derivan del reparto competencial entre los tres órdenes de gobierno, establecido en la propia Constitución Federal y que, para el caso en concreto, en materia de mejora regulatoria se encuentra previsto en el artículo 73 de Ley Constitucional Federal, fracción XXIX-Y. Dicho precepto constitucional indica que la Ley General de Mejora Regulatoria establecerá los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias. De ahí que, la competencia del legislador local o la denominada libre configuración normativa en materia de mejora regulatoria se encuentra supeditada al ámbito competencial previsto en la referida ley marco. En consecuencia, bajo la premisa de la sistemática normativa nacional se analizó la iniciativa sujeta a dictamen en los siguientes términos. 1.3 Consideraciones particulares Como parte del análisis de la propuesta sujeta a dictamen, se esgrimieron argumentos respecto a la viabilidad de cada una de las propuestas del articulado que contiene la iniciativa, en los siguientes términos: Artículo 3 En este numeral se propone la adición de la fracción I, relativa a la definición del Análisis de Impacto Regulatorio, al respecto en la opinión del Poder Ejecutivo del estado, esta adición se encuentra considerada en el artículo 70 de la Ley General de Mejora Regulatoria; no obstante ello, el artículo 60 de la misma Ley General, en su tercer párrafo, prevé que se deberá estar en espera de atender los Lineamientos generales para la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio que emita el Consejo Nacional y en el caso del ámbito que compete a cada autoridad, la expedición del Manual correspondiente en apego a los lineamientos que se emitan, evitando así regular sobre lo ya normado y considerado en multicitada Ley General, por lo que no es necesaria la propuesta de adición. Al respecto, quienes dictaminamos coincidimos con la opinión de la autoridad de Mejora Regulatoria en el estado, en el sentido de seguir manteniendo la armonía normativa del texto vigente. En la propuesta de adición de una fracción I bis referente a la definición de la Autoridad de mejora regulatoria, se consideró no correcta por razones de técnica legislativa pues el uso del bis, en las divisiones del texto de la ley, sólo aplica para los artículos, pero no así para las fracciones, esta misma consideración aplicó para la propuesta de adición de fracción VI bis de la iniciativa. Además, la propuesta de cambio en su redacción se consideró innecesaria, pues no dota de mayor claridad al enunciado normativo. En la propuesta de adición de fracción VI bis, relativa a la definición de Mejora Regulatoria, se consideró como no necesaria, derivado de que la política pública ya se encuentra definida como tal en los principios, bases y objetivos de la mejora regulatoria en la Ley General; así como en la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria que la define como: (...) la política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. De ahí que se concluyó que era innecesaria su inclusión en la ley vigente. Artículo 11 En este artículo referente a la integración del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, el iniciante propone modificaciones en diversas fracciones para hacer el planteamiento de que la presidencia del consejo recaiga de entre los representantes de los sectores social, económico y académico, y colegios de profesionistas. Con base en ello, se propone en la fracción I que el Gobernador del Estado fungirá como un invitado especial, y en la fracción VII relativa a los representantes de los diversos sectores de la población se plantea la ampliación del periodo de su nombramiento de dos a cuatro años. Al respecto, el Ejecutivo estatal, señaló que la Ley General de Mejora Regulatoria, prevé en su artículo 29, segundo párrafo: El Consejo Local deberá de sesionar por lo menos una vez al año. Su integración se llevará a cabo conforme a lo establecido por las disposiciones jurídicas aplicables de cada entidad federativa y será presidido por el Titular del Ejecutivo de la entidad federativa. Por lo antes transcrito, no resultó procedente la propuesta, toda vez que es contraria a lo establecido en la Ley marco, al establecer de manera expresa que los consejos locales serán presididos por los gobernadores o titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, lo cual veda la posibilidad a que, la integración de los consejos locales, sea de libre configuración normativa para el legislador local para que éste determine que la presidencia pueda recaer en persona diversa al titular del Poder Ejecutivo. En consecuencia, se estimó como improcedente la propuesta presentada, al contravenir el mandato de la Ley General de la materia, en la que el legislador federal depositó la presidencia de los Consejos Locales de las entidades federativas, en los titulares del Poder Ejecutivo estatales. Artículo 11 ter. Este artículo el iniciante propone establecer como discrecional la facultad de la autoridad municipal de integrar consejos en materia de mejora regulatoria. Al respecto, cabe señalar que este artículo de reciente inclusión deriva del decreto número 219, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de fecha 7 de septiembre de 2020, y emitido en la presente Legislatura, en cuyo dictamen se argumentó lo siguiente: Así también, resaltamos la importancia de la inclusión en el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, como parte del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, a los consejos municipales de mejora regulatoria al considerarse órganos colegiados especializados en la política pública de mejora regulatoria, así lo revelan los datos plasmados en el documento denominado Mejores Prácticas Municipales de Mejora Regulatoria, elaborado de manera conjunta por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico en la cual se destaca en trabajo realizado por algunos consejos municipales del Estado de Guanajuato como referente nacional con las mejores prácticas. De ahí la trascendencia de su inclusión. […] Asimismo, de conformidad con el artículo 29 último párrafo de la Ley General de Mejora Regulatoria y con el propósito de fortalecer el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria en el que, a través de del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria participarán los consejos municipales de mejora regulatoria, se adicionó al dictamen un tercer párrafo al artículo 10 para señalar de manera expresa la atribución del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria para que establezca los mecanismos de coordinación entre éste y los consejos municipales para el cumplimiento de los objetivos de la política pública y garantizar el funcionamiento eficaz del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. […] Siguiendo la misma línea argumentativa relativa a los consejos municipales de mejora regulatoria, se adicionaron al dictamen el artículo 11 ter y su respectiva Sección Tercera denominada «Consejos Municipales de Mejora Regulatoria». En dicho numeral con base en los objetivos de la Ley marco, se estableció en términos generales su integración lo cual no representará una erogación para la autoridad municipal pues los cargos serán de naturaleza honorífica, lo que implica que no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna en apego al principio constitucional de libertad hacendaria contenido en la fracción IV del artículo 115. (Lo resaltado no forme parte de lo transcrito) Por su parte el artículo 29, último párrafo, de la Ley General de Mejora Regulatoria, señala: El Consejo Local de cada entidad federativa establecerá los mecanismos de coordinación entre éstos y los consejos de los municipios o alcaldías. Con base en lo anterior, la teleología del legislador federal y local que dieron origen a este enunciado normativo guardan perfecta armonía en el sentido de que, la Ley General establece el imperativo de la previsión de la existencia de los consejos en los municipios como parte de Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, por lo tanto, su naturaleza no es discrecional, es decir, no es una condición que queda al consentimiento o voluntad de la autoridad municipal su cumplimiento, como pretende la iniciativa. Aunado a lo anterior, se manifestó durante los trabajos de análisis por parte de los representantes del Poder Ejecutivo que tener un consejo municipal, es de suma importancia para mantener la estrecha comunicación y vinculación ante la autoridad estatal de Mejora Regulatoria como es la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable para efecto de coordinar las acciones de mejora regulatoria en la administración pública estatal, mediante los trabajos de vinculación entre el Sistemas Nacional y Estatal de Mejora Regulatoria, es decir, el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y ejecutar las políticas que dicte la federación en esta materia, y de esta forma dar cumplimiento a lo que establece la Ley General de Mejora Regulatoria. Por lo que la Comisión dictaminadora concluyó en la inviabilidad de la propuesta. Artículo 12 En este artículo propone establecer una estructura y organización administrativa, así como el funcionamiento aplicable para las autoridades de mejora regulatoria de los ámbitos estatal y municipal. Al respecto, el municipio de Irapuato derivado de la consulta de la iniciativa sujeta a dictamen señaló que dentro de su organización no se requiere para emitir un dictamen de análisis de impacto regulatorio, la creación de unidades dentro de su estructura organizacional, pues las dependencias tienen facultades asignadas en la materia, por lo que la Autoridad de Mejora Regulatoria municipal podrá contar con la participación de un grupo interdisciplinario para analizar y proponer mejoras al proyecto presentado por los sujetos obligados que solicitan el Análisis de Impacto Regulatorio. Adicionalmente, el municipio de Cortazar manifestó que la estructura organizacional mínima integrada por áreas administrativas con funciones separadas que se proponía, podría tener impacto presupuestal. Por su parte, el Ejecutivo en la mesa de trabajo precisó que, al establecer una estructura administrativa particular, se requiere modificaciones organizacionales o incluso presupuestales y de lo cual desconocía en ese momento de su accesibilidad. Asimismo, respecto a la propuesta de fracción I que refiere el nivel de jerarquía organizacional de nivel inmediato subordinado a las dependencias de la autoridad de mejora regulatoria estatal y municipal, manifestaron que se consideraba que limitaba la posibilidad de contar con autoridades de nivel jerárquico superior, como es el caso del Estado, el cual cuenta con dos autoridades titulares de dependencias. De igual forma, la autoridad estatal señaló que para el correcto funcionamiento e implementación de la política de mejora regulatoria las autoridades en la materia o los sujetos obligados podrán emitir cualquier normativa de carácter general en la materia, con base en los principios, bases y objetivos establecidos en la Ley General o en la Estrategia, como lo es en su reglamento de mejora en donde varios municipios del Estado han homologado su normativa con base a lo anterior. Bajo estos argumentos la Comisión dictaminadora nos decantamos por la no procedencia de la propuesta. Artículo 17 En congruencia con la adición propuesta en el artículo 3, relativo al glosario de términos, la iniciativa proponía la adición de un tercer párrafo en el numeral 17 para establecer el Análisis de Impacto Regulatorio Posterior. Al respecto, se consideró que era acorde a lo previsto en el artículo 70, fracción II de la Ley General de Mejora Regulatoria, que establece el Análisis de Impacto Regulatorio ex post. Sin embargo, en el último párrafo de este mismo numeral se señala que el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria aprobará los lineamientos generales para la implementación de dicho Análisis de Impacto Regulatorio ex post, mismos que cada Autoridad de Mejora Regulatoria podrá desarrollar para la implementación en su respectivo ámbito de competencia, situación que aún no se ha actualizado. Refuerza lo anterior lo establecido en la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria como acciones en la Meta 10.4 Implementar e institucionalizar Análisis de Impacto Regulatorio ex post y en la Línea de acción 10.4.1 Expedir los lineamientos generales del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, en las que señala que corresponderá al Consejo Nacional de Mejora Regulatoria emitirlos a más tardar en el segundo semestre de 2021, y para las entidades federativas y los municipios según la Línea de acción 10.4.2 Diseñar y desarrollar la herramienta tecnológica del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, se otorga un plazo máximo para desarrollarlo, una vez emitidos los lineamientos, a más tardar en el segundo semestre del año 2022; así como para la implementación y presentación de las entidades federativas del análisis ex post establecida en la Línea de acción 10.4.4, para el caso del gobierno del Estado se da un plazo de cumplimiento hasta el segundo semestre de 2027 y para los municipios en sus fases del I a la IV los plazos van del 2030 al 2039. Lo cual, hace ineficaz esta propuesta, al encontrarse sujeto a la condición de la emisión de los lineamientos que en este momento son inexistentes. Artículo 22 En este artículo se propone aclarar la redacción vigente en favor de las autoridades de mejora regulatoria para su observación y aplicación de la Ley Responsabilidades Administrativa para el Estado de Guanajuato. No obstante, contrario al efecto deseado la redacción propuesta contraviene las reglas de la técnica Legislativa en el sentido de que en materia de responsabilidades administrativas será la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato la que en armonía con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece la competencia de las autoridades encargadas de su aplicación, por esta razón es que en el texto vigente se hace un reenvío a la ley de la materia para que sea ésta la que rija el proceder de la autoridad, evitando con ello, la repetición innecesaria de textos normativos en otras leyes que puedan afectan la concordancia, precisión y concisión con las que deben ser redactados los textos normativos. 2. Consideraciones finales Quienes integramos la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la Sexagésima Quinta Legislatura, al haber concluido el análisis y estudio de cada una de las normas propuestas en la iniciativa, determinamos la inviabilidad de la misma; por ende, se propone su archivo definitivo. Por lo expuesto y fundado en el artículo 171 la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos proponer a la Asamblea la aprobación del siguiente: ACUERDO Único. Se ordena el archivo definitivo de la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato, formulada por el ayuntamiento de León, Gto.

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Consecutivo Parte No. publicación Dictamen firmado Decreto / Acuerdo firmado PO Transitorios
20 Dictamen firmado 1
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