Presidencia de la Mesa Directiva Congreso del Estado Presente Correspondió a esta Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones analizar y dictaminar la propuesta de punto de acuerdo formulado, en la LXIV Legislatura, por la Diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA para exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, al Ciudadano Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y a la Presidenta Municipal de Celaya, Guanajuato, la C. Elvira Paniagua Rodríguez, para que informen a este Congreso el diagnóstico y el programa que están realizando para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales. Con fundamento en el artículo 119 fracción II y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se procede a realizar el siguiente: D i c t a m e n I. Antecedentes. La propuesta de acuerdo fue presentada en la sesión ordinaria celebrada en fecha 25 de septiembre de 2019 y su radicación se realizó en reunión del día 2 de octubre del mismo año. No habiéndose determinado acción posterior, en fecha 14 de septiembre de 2021, los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones de la Sexagésima Cuarta Legislatura, determinaron señalar la referida propuesta de acuerdo como pendiente legislativo dentro del Informe de Actividades Legislativas, para que fuera la siguiente Legislatura quien se pronunciara al respecto. Instalada la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones de la Sexagésima Quinta Legislatura, en fecha 12 de octubre de 2022, nos impusimos del contenido de los pendientes legislativos, encontrándose entre ellos la referida propuesta de acuerdo que se dictamina. Conforme a lo referido en el presente documento, la Presidencia de esta Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen en sentido negativo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272 fracción VIII inciso e) de nuestra Ley Orgánica, para su discusión y votación por la diputada y diputados integrantes. II. Consideraciones de quien propone (en lo medular). La Seguridad Pública es una materia que le compete a las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, toda vez que la finalidad primera de la organización Estatal lo constituye justamente salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de todas las personas. La seguridad y justicia para las personas le da sentido a la organización social y política de los ciudadanos. Sin embargo, la situación en nuestro estado y particularmente en el Municipio de Celaya, parecen ir en contra de cualquier lógica, los crímenes son parte del día a día, y el abandono en el que las autoridades tienen a la sociedad, es evidente. En el ámbito federal, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador presentó la nueva estrategia de seguridad, en donde se le da mucha más importancia el atacar las causas de los delitos, atender a los jóvenes a través de becas para el estudio o lugares para emplearse. Además, ante una Policía Federal mermada en el número de elementos, toda vez que dicha corporación únicamente contaba con diez mil efectivos, se tomó la determinación de crear la Guardia Nacional, institución de carácter civil que tiene por objetivo contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, y constituye un instrumento primordial del Ejecutivo Federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país. En ese sentido, el pasado 13 de agosto de 2019, el Presidente de México informó sobre los avances en la conformación de la Guardia Nacional, precisando que en esa fecha había desplegados en territorio nacional 58, 602 elementos; por lo que hace al estado de Guanajuato, se informó que hay 2,11O elementos de la Guardia Nacional. Asimismo, en el Municipio de Celaya, Guanajuato, hay desplegados 400 elementos de la citada corporación. Sin embargo, en dicho informe también se señaló que existe un déficit de las Policías Estatales y Municipales en prácticamente todo el país, incluyendo a nuestro Estado, el cual se encuentra entre los Estado con mayor déficit, pues a la fecha hace falta casi la mitad de las policías estatales. Ese hecho es inconcebible dada la situación de violencia e inseguridad que se padece en nuestra entidad. Sabemos que el esfuerzo que se está realizando por parte del Gobierno de México puede tener resultados todavía intangibles para la población, sin embargo hay un compromiso claro por atender la situación de crisis que se vive en la entidad. No obstante, como se ha dicho, en el Estado y el Municipio de Celaya carecemos de los elementos de seguridad pública suficientes para para proteger a las personas, para prevenir la violencia, para pacificar la ciudad. La sociedad celayense vive en un constante estado de miedo y desesperación, aunque por parte de las autoridades estatales se dan declaraciones sensacionalistas en las que "presumen" haber detenido al principal grupo de extorsionadores que operaba en el Municipio, el sentir de la gente es el mismo, las extorsiones siguen, tristemente van en aumento y lo más grave es que no se ven acciones claras por parte de las autoridades estatales ni municipales para buscar revertir la situación. Celaya es hoy una de las ciudades más violentas del mundo y no podemos olvidar que en medio de la crisis de extorsiones más fuerte que ha vivido la ciudad, la alcaldesa negó en repetidas ocasiones la situación. Debido a que la inseguridad y la violencia no se han reducido, al contrario, tal como se ha señalado y hemos vivido las últimas semanas, estos hechos tienen incluso manifestaciones más extremas, resulta apremiante que se realicen todas las actividades conducentes al fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales, además de que es deber de este órgano legislativo velar por el buen funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública, sobre todo ante la necedad del Gobernador del Estado de mantener al frente de la Seguridad Pública a quien ha estado al frente en los últimos años, con los pésimos resultados hasta ahora vistos y conocidos. III. Consideraciones de quienes integran la comisión. La Junta de Gobierno y Coordinación Política es el órgano de gobierno encargado de la dirección de los asuntos relativos al régimen Interno del Poder Legislativo con el fin de optimizar sus funciones legislativas, políticas y administrativas, conforme a lo dispuesto en su ley orgánica. Dicho órgano de gobierno expresa la pluralidad del Congreso del Estado y funciona como enlace entre los grupos y representaciones parlamentarias legalmente constituidos en el seno de la Legislatura y, en su caso, diputados independientes, con objeto de impulsar entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos que permitan al Congreso del Estado, a la diputación permanente y a las comisiones legislativas, adoptar las decisiones que constitucional y legalmente les corresponden, siendo una de sus principales atribuciones establecer la agenda legislativa común. Conforme lo anterior, en reunión de fecha 16 de marzo de 2022, la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a efecto de lograr una mayor eficiencia legislativa y agilizar los pendientes dónde se incluyen los trabajos presentados en legislaturas anteriores o que jurídicamente no son viables atendiendo a diversas reformas que reservan competencias legislativas al congreso de la unión, se aprobó una metodología propuesta por la secretaría general. En términos de dicha propuesta correspondería a las secretarías técnicas de cada comisión: • Hacer un concentrado de los pendientes legislativos por cada comisión; • Realizar un análisis técnico jurídico de cada uno de los pendientes legislativos y modificaciones, en su caso, de las metodologías; • Identificación de los pendientes legislativos que jurídicamente sean inviables y procedan en consecuencia a su dictaminación en sentido negativo, así como aquellas iniciativas o proposiciones de acuerdos que se presentaron en la LXII legislatura, y en su caso anteriores a esta, y que no fueron dictaminados en la inmediata anterior, las cuales serán también objeto de archivo definitivo; • En su caso, mesa de trabajo de la comisión para dar cuenta con el listado de los pendientes legislativos para su revisión y sentar bases de proyectos de dictamen; • Convocar a sesión de comisión para aprobar dictámenes de archivo y remisión al pleno para su aprobación. Paralelo a lo anterior se determinó que los grupos parlamentarios harían revisión de iniciativas y puntos de acuerdo que fueron presentados en las legislaturas anteriores y con ello identificar así como analizar individualmente cuales ya no tienen materia, fueron solventadas conforme a lo propuesto o que por el trascurso del tiempo resulta improcedente pronunciarse positivamente al respecto tomando en consideración se carezca de vigencia conforme a los hechos respecto a los cuales se sustentó cada uno de los temas. Agotadas las revisiones y análisis a las que se han hecho referencia en párrafos anteriores, esta comisión determinó clasificar y otorgar el tratamiento a la propuesta objeto del presente dictamen como de aquellos pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que si bien se denota la afectación a una comunidad o grupo particular, y que por consecuencia es necesario se aborde como un tema de interés público para que el congreso del estado asuma una postura institucional al respecto, también debe precisarse que al día de hoy ya no se consideraría pertinente y oportuna la adopción del mismo. Por lo anterior, y no obstante que se subraya que en la propuesta existe un contenido vasto y justificado que denotan la trascendencia para su estudio, se ha determinado no es procedente entrar al fondo de este por carecer de oportunidad ante la extemporaneidad de atención en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar a las que se hace referencia en la misma. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, sometemos a consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente: A c u e r d o Único.- Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulado, en la LXIV Legislatura, por la Diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA para exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, al Ciudadano Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y a la Presidenta Municipal de Celaya, Guanajuato, la C. Elvira Paniagua Rodríguez, para que informen a este Congreso el diagnóstico y el programa que están realizando para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales; ello, en virtud de las consideraciones que fueron expuestas. Por lo tanto, se ordena su archivo definitivo. Comuníquese el presente acuerdo con su dictamen al Secretario General del Congreso del estado, para los efectos conducentes. Guanajuato, Gto., a 7 de julio de 2022 La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones Dip. Martín López Camacho Dip. Alma Edwviges Alcaraz Hernández Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas Dip. Bricio Balderas Álvarez Dip. Gerardo Fernández González