Guanajuato, Gto.- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a emprender una revisión integral del marco legal, institucional y financiero del país frente a los desastres naturales, a fin de fortalecer las capacidades de prevención, protección civil y resiliencia fiscal del Estado mexicano.

 

Asimismo, se propone avanzar hacia un sistema nacional articulado que integre la identificación y reducción de riesgos, la consolidación de sistemas de alerta temprana multirriesgo, el desarrollo de infraestructura y la creación de instrumentos financieros que aseguren recursos para la prevención, atención, recuperación y reconstrucción. Todo ello bajo principios de transparencia, corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno y protección prioritaria de la vida, la infraestructura y el patrimonio de las familias mexicanas frente a los efectos del cambio climático.

 

Al presentar la propuesta, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla indicó que el país requiere un sistema nacional de información y modelación de riesgos, que consolide datos geoespaciales, hidrológicos y meteorológicos en tiempo real, permitiendo identificar zonas de alta exposición a inundaciones, deslaves o sequías. Agregó que ese sistema debe ser interoperable entre los tres órdenes de gobierno, servir de base para la planeación urbana y territorial, y alimentar los instrumentos de evaluación del impacto ambiental y de ordenamiento ecológico.

 

Ortiz Mantilla mencionó que la prevención es la política más rentable, aquella que, cuando funciona, evita tragedias. Por ello, dijo, se requiere un esquema intergubernamental de inversión preventiva por lo cual la creación de programas concurrentes de inversión entre los órdenes de gobierno —como un Fondo Nacional para Infraestructura Preventiva— garantizaría que las obras no dependan de ciclos de presupuesto anuales que no tienen vinculación alguna a las exigencias de atención ante desastres.

 

Asimismo, argumentó que es indispensable formalizar protocolos uniformes de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, que definan con claridad las competencias, responsabilidades y tiempos de actuación en las fases de emergencia, respuesta y recuperación.

 

Para finalizar, añadió que la planeación financiera ante desastres debe estructurarse bajo una lógica de financiamiento escalonado, en la que los instrumentos más accesibles y de bajo costo cubran los eventos frecuentes y moderados, mientras que los instrumentos de transferencia de riesgo hacia el mercado se reserven para los eventos extremos y de baja probabilidad.

 

El punto de acuerdo se turnó para su estudio y análisis a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.

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