Guanajuato, Gto. –  En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó los dictámenes relativos a los informes de resultados de los procesos de entrega recepción correspondientes a las administraciones públicas municipales 2021-2024 de: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José de Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria.

Además, se avalaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato para establecer que las personas diputadas quedarán suspendidas en sus derechos y obligaciones parlamentarias cuando tengan imposibilidad jurídica determinada por una autoridad competente, a través de una resolución firme.

Como parte del orden del día, se aprobaron los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de cinco propuestas legales. Se trata de la iniciativa de reforma al Código Civil estatal que buscaba que los pueblos y comunidades indígenas tengan plenitud de certeza que la justicia es asequible y que si no pueden resolver sus conflictos internos mediante sus propios usos, costumbres y sistemas normativos pueden acceder a la jurisdicción del estado a través de su representante legal como lo es la autoridad comunitaria.

La diputada Plásida Calzada Velázquez manifestó que no se busca vulnerar y no se estaría vulnerando en ningún momento el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, por el contrario, dijo, con la propuesta se busca el reconocimiento explícito como entidad jurídica en el Código Civil estatal, con la finalidad de garantizar que las autoridades indígenas puedan intervenir en un procedimiento judicial en representación de la comunidad indígena.

“Con esta iniciativa no estamos en ningún momento renunciando a nuestros sistemas normativos internos, lo que estamos buscando es reconocer la figura jurídica precisamente para poder defendernos”, concluyó.

Por su parte, el legislador Rolando Fortino Alcántar Rojas se refirió a las reformas a la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato en materia de solución de conflictos y justicia indígena, y precisó que contravenir lo anterior era lo que proponía la iniciativa contenida en el dictamen en discusión.

Argumentó que, al plantear que los conflictos internos y vecinales se resuelvan conforme al derecho nacional, esto es, bajo las reglas del Código Civil y no conforme a sus sistemas normativos, atenta contra el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

“Esta reforma lo que busca es asimilarlos a la figura de personas morales con base en el Código Civil, esto es, al derecho nacional, cuando la asimilación forzada está prohibida por atentar contra los derechos humanos. La iniciativa constituye una renuncia a sus usos y costumbres o sistemas normativos en la solución de sus conflictos internos o de convivencia cotidiana”, finalizó.

Mientras que la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia comentó que su voto era en contra porque defendían la viabilidad jurídica y constitucional de la propuesta que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como personas morales en el Código Civil.

Subrayó que otros estados como Michoacán ya reconocen a las comunidades como personas morales, por lo que cuestionó por qué en Guanajuato no habría de darse ese paso congruente.

Finalmente, argumentó que legislar en favor de la iniciativa que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como personas morales es un acto de congruencia con la Constitución, con el respeto a la diversidad cultural y con la justicia histórica hacia los pueblos indígenas.

“Reconocerlos como personas morales no es un privilegio adicional, sino la herramienta mínima para ejercer los derechos que ya les reconoce la Constitución”, concluyó.

Otras de las propuestas archivadas fue un punto de acuerdo que buscaba exhortar a la gobernadora del estado de Guanajuato, a incluir al municipio de Irapuato entre aquellos municipios de intervención prioritaria en la estrategia de seguridad, así como en las acciones que despliegue el recién creado escuadrón anticorrupción; una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte, a fin de garantizar legalmente que mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, de la tercera edad, de la diversidad sexual y cualquier otra, de clases sociales no visibilizadas, puedan acceder al deporte; una más de reforma a la Ley para las Juventudes del Estado de Guanajuato para abordar el problema de la falta de oportunidades de empleo formal y salarios dignos a los jóvenes; y la última un punto de acuerdo para solicitar a la gobernadora del estado ordenara una serie de medidas para la conclusión de la obra: modernización de la carretera federal 51, tramo San Miguel de Allende―Dolores Hidalgo C.I.N., y el cumplimiento del contrato.

Turnos

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización se turnó la iniciativa formulada por la gobernadora del estado para que se autorice previa desafectación del dominio público del Estado, un bien inmueble propiedad estatal y se autorice su enajenación en favor de la sociedad mercantil denominada «Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V.».

Mismo trámite tuvieron los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de las auditorías de desempeño practicadas al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con enfoque mixto al sistema y a los resultados del Programa Presupuestario «E038 Competencias para el Trabajo», particularmente a los programas de Aprendizaje para el Liderazgo y Emprendimiento ofertado en Educación Media Superior y Superior, a cargo de la Secretaría de Educación; con enfoque mixto al sistema y a los resultados del Programa Presupuestario «O008 Consolidación de una Gestión Pública Abierta, Transparente y Cercana a la Ciudadanía», en específico a los procesos «PC0707 Aseguramiento de las Acciones de Participación Ciudadana en la Obra Pública» y «PC2110 Evaluación de Programas de Inversión Social Estatal» a cargo de la Secretaría de la Honestidad; con enfoque mixto al sistema y a los resultados del Programa Presupuestario «P010 Sistema Integral de Movilidad», particularmente al proceso «PB3238 Operación del trámite de licencias y permisos para conducir» y al proyecto «QC3694 Equipamiento para la expedición de licencias y permisos para conducir», a cargo de la Secretaría de Seguridad y Paz.

De igual manera, con enfoque mixto al sistema y a los resultados del Programa Presupuestario «S003 Impulso al Combate a la Pobreza con el mejoramiento de la Situación Familiar», particularmente al proyecto «QC3814 MUJERES Grandeza», a cargo de la Secretaría del Nuevo Comienzo; al proceso de monitoreo del programa social «QC0134 GTO Activo», a cargo de la Comisión del Deporte; al proceso de monitoreo del programa social «QC0249 Mi Hogar GTO», a cargo de la Secretaría del Nuevo Comienzo; al proceso de monitoreo del programa social «QB0254 Vivo los Espacios de mi Colonia», a cargo de la Secretaría del Nuevo Comienzo;al proceso de monitoreo del programa social «QC1136 Ya veo bien», a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos; al proceso de monitoreo del programa social «QB1606 Embelleciendo Mi Colonia», a cargo de la Secretaría del Nuevo Comienzo; al proceso de monitoreo del programa social «QC2398 Apoyos Mayores GTO», a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato.  

También, al proceso de monitoreo del programa social «QC3181 Asistencia Alimentaria GTO», a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado; y al proceso de monitoreo del programa social «QC3816 Club de Tareas», a cargo de la Secretaría de Educación, todos correspondientes al ejercicio fiscal de 2024.

Asimismo, de las evaluaciones de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a las administraciones municipales de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José de Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

Además, de las revisiones practicadas a las cuentas públicas del Poder Legislativo del Estado, así como a las cuentas públicas municipales del Cuerámaro, León, Romita, Xichú y Yuriria, todas por el ejercicio fiscal 2024.  

Asuntos generales

La diputada María Isabel Ortiz Mantilla habló acerca de la convocatoria de consulta pública relativa a la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que mencionó que será fundamental tener una visión a futuro con modelos económicos sustentables y que al Guanajuato no puede ser un espectador en dicha convocatoria por ser la quinta economía del país.

El legislador Antonio Chaurand Sorzano manifestó que la asignación de recurso para el año 2026 debe realizarse con responsabilidad, transparencia, con sentido humano y social, así como una justa distribución en todos los municipios, al igual que externó que el Gobierno Federal ha generado políticas públicas dirigidas en tres pilares fundamentales como lo son: el elevar los ingresos en los hogares de población en vulnerabilidad, impulsar al inversión en infraestructura estratégica con efectos directos en la productividad y conectividad regional y conducir finanzas públicas con responsabilidad, bajo los principios de austeridad, eficacia y combate a la corrupción.

En alusiones personales, la congresista Susana Bermúdez Cano expresó que, de no existir el denominado huachicol fiscal, la gasolina tendría un costo de $10.00 pesos, señalando que en el Gobierno Federal se busca normalizar actos de corrupción.

La diputada María Eugenia García Oliveros indicó que, pese a la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 17 municipios del estado, Guanajuato no ha podido disminuir las cifras de homicidios dolosos en contra de las mujeres, por lo que la realidad sigue rebasando a las autoridades estatales y municipales con políticas públicas efectivas.

Por su parte, la congresista Hades Berenice Aguilar Castillo cuestionó al titular de la Fiscalía las personas que intentaron extorsionarlo y los motivos, toda vez que de no emitir una denuncia o sancionar a las personas que actuaron de manera delictiva existiría cohecho por el fiscal de la entidad y que la población de Guanajuato merece saber si desde la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se hace cumplir la Ley o se omiten asuntos por temor.

Finalmente, la legisladora diputada Plásida Calzada Velázquez habló del rechazo de la propuesta que brindaba la posibilidad a los pueblos y comunidades indígenas de ser reconocidos como personas morales, al decir que se vulneraría la libre determinación y la autonomía interna, lo que dijo era falso, lo que se buscaba era potenciar la autonomía y el reconocimiento. Agregó que se negó la personalidad jurídica en el ámbito civil, con ello se renuncia a darle un efecto útil a la reforma constitucional.

Para concluir enfatizó que se evidenció que el grupo mayoritario no está dispuesto a cumplir con una característica de los derechos humanos como lo es la progresividad, pues hace le dio la espalda a más de 75 mil indígenas que viven en la entidad y los con ello siguen en la indefensión jurídica en el ámbito civil, porque no tienen la personalidad para acudir a los juzgados e iniciar de manera colectiva juicios para defender sus derechos y bienes colectivos.

Consulta las intervenciones íntegras en https://www.youtube.com/live/YZWPJJ20S5o?si=9ZSUBLTg5iAbmgTx

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