Guanajuato, Gto. – Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato con las que se mejora la impartición de justicia administrativa.

Con estas reformas se establece que, si se incumple con el requisito de validez del acto administrativo correspondiente a que tratándose de actos administrativos recurribles debe hacerse mención de los medios de defensa que procedan, la autoridad ante la cual deba interponerse y el plazo para ello, los interesados contarán con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales o reglamentarias para interponer el recurso o el proceso administrativo.

Se precisa que los procedimientos administrativos deberán resolverse en un plazo máximo de dos años; se indica que el recurso de reclamación podrá ser promovido por cualquiera de las partes, entre otros aspectos.

Como autora del dictamen, hizo uso de la voz la diputada María Eugenia García Oliveros, quien señaló que las reformas mejorarán la impartición de justicia administrativa en la entidad. Argumentó que se ajustan los plazos máximos para resolver los procedimientos administrativos de las autoridades, y dijo que se abre la posibilidad de analizar el regular la duración máxima para resolver los procesos ante el Tribunal de Justicia Administrativa y de los juzgados administrativos municipales.

Instó a sus homólogos a sumar esfuerzos en favor de las y los guanajuatenses para analizar las reformas necesarias para fortalecer no solo la impartición de justicia administrativa en el estado, sino también escuchar las exigencias de los ciudadanos y ser su voz para mejorar sus condiciones de vida.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Susana Bermúdez Cano apuntó que la relevancia de las reformas planteadas incide, primordialmente, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y perfeccionamiento de la justicia administrativa en Guanajuato, al implementar reglas procesales que faciliten el acceso a la justicia de los ciudadanos que en la defensa de sus derechos acuden ante la autoridad jurisdiccional para la solución de sus conflictos con los poderes públicos.

Afirmó que las nuevas reglas procesales administrativas permitirán a la autoridad jurisdiccional administrativa ejercer un control jurídico de los actos de autoridad en condiciones de igualdad frente al particular, con lo que, dijo, se brindará una mayor protección y tutela a los derechos de los particulares en su defensa frente a la conducta administrativa de los órganos públicos. 

Entre esos aspectos resaltó que facilitará la debida ejecución de las resoluciones de autoridad jurisdiccional, al habilitar que se empleen los medios de apremio de manera indistinta atendiendo a la naturaleza del incumplimiento, lo cual permitirá una mayor eficacia coercitiva de sus determinaciones; amplía un doble plazo legal ordinario para interponer el recurso o medio de defensa correspondiente, ante la deficiente información de los medios de defensa disponibles, de la autoridad competente, así como los plazos; garantiza que las sentencias se dicten en un plazo de dos meses suprimiendo la posibilidad de prórroga.

Además, emitir, en un plazo máximo de dos años, resolución del procedimiento, con lo cual se elimina la necesidad de interponer el recurso de queja por incumplimiento, con el objeto de que los particulares accedan a una justicia expedita; y privilegia los principios de celeridad, economía procesal y eficacia jurisdiccional, al incorporarse la caducidad de la instancia por inactividad procesal por parte del actor como causal de sobreseimiento del proceso administrativo, con lo cual se evita que un juicio esté pendiente indefinidamente.

Finalmente, puntualizó que con esta reforma se da paso a la modernización de instituciones del derecho procesal administrativo que se ajustan a la realidad jurídica, constitucional y operativa de las autoridades jurisdiccionales administrativas del Estado.

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