Guanajuato, Gto. –  A fin de establecer un andamiaje legal, claro, integral, eficaz y garantista que fortalezca la cultura de la denuncia y proteja a quienes actúan con valor cívico, el grupo parlamentario del Partido MORENA formuló una iniciativa para crear la Ley de Protección a Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción para el Estado de Guanajuato, y reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

En lo que respecta a la segunda norma, se propone establecer que los servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave o faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar las medidas de protección contenidas en la nueva norma propuesta.

El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor presentó la exposición de motivos de la iniciativa y habló de la corrupción y sus consecuencias, además de señalar que es un tema de preocupación internacional, por los impactos negativos que tiene sobre la administración de los gobiernos, porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos.

Se refirió a los instrumentos para combatir este problema, entre los que mencionó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Convención de Mérida) y la Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

Agregó que en esos documentos se menciona un concepto muy importante y que juega un papel crucial para combatir esa práctica nociva, la cual, consiste en las medidas de protección para las personas que denuncian o dan a conocer un acto de corrupción.

Comentó que, de acuerdo con un estudio comparativo realizado por Vance Center for International Justice y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de México publicado en noviembre de 2023 señala que, en México, existe un gran rezago en materia de protección a denunciantes y presenta importantes carencias frente a los estándares establecidos en tratados y recomendaciones internacionales, particularmente en el ámbito administrativo. 

El legislador afirmó que, en el estado no existen incentivos adecuados para que los ciudadanos denuncien actos de corrupción, ni mecanismos de protección que realmente salvaguarden su integridad frente a posibles represalias o actos de intimidación.

“Guanajuato requiere la creación de un instrumento normativo que fomente la cultura de la denuncia, la corrupción es un problema que existe y no podemos ignorar que se deben redoblar los esfuerzos para combatir esta problemática”, enfatizó Ramos Sotomayor.

El legislador subrayó que, la inexistencia de una ley específica que regule y salvaguarde los derechos de las personas denunciantes y testigos de hechos de corrupción debilita la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar estas conductas, y envía un mensaje institucional negativo que inhibe la participación ciudadana en el combate a la impunidad.

Finalmente, puntualizó que de aprobarse esta propuesta se fortalecerán las medidas e instrumentos existentes en combate a la corrupción, asimismo, generará y fomentará la cultura de la denuncia de los servidores públicos y de las personas testigos de actos o hechos de corrupción.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Punto Constitucionales para su estudio y dictamen.

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