Guanajuato, Gto. –  La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura aprobó diferentes metodologías de análisis a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato.

La primera, con el objeto de armonizarla con los estándares constitucionales y federales en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; la segunda, con la finalidad de sustituir el término trastornos generalizados del desarrollo por neurodivergencia; y la tercera, en materia de salud mental de las infancias; y cuarta, relacionada con la menstruación digna

Todas las iniciativas pedirán opinión a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación estatal, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, a la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) y a los 46 ayuntamientos.

La primera y cuarta propuesta consultarán a la Secretaría de las Mujeres; mientras que las iniciativas relativas a la igualdad sustantiva y a la menstruación digna pedirán opinión de organizaciones de la sociedad civil; también la tercera y cuarta propuesta remitirán la iniciativa a la Secretaría de Salud. Finalmente, la cuarta propuesta añadirá a la Universidad de Guanajuato.

Por otra parte, para la iniciativa en materia de igualdad sustantiva se llevará a cabo un proceso de consulta a niñas, niños y adolescentes, y a personas con discapacidad; así como la propuesta anterior junto a las relativas a neurodivergencias y menstruación digna solicitarán a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas el análisis de impacto presupuestario.

Al hacer uso de la voz, el diputado Antonio Chaurand Sorzano pidió que se realicen tres foros para profundizar el análisis de la propuesta que tiene relación con la neurodivergencia. La propuesta fue aprobada.

En otros temas, también se avaló la metodología para el estudio de la iniciativa de la Ley de Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato que tiene como finalidad incorporar de manera expresa el principio de igualdad sustantiva en dichos ordenamientos y de la Ley de Educación Superior para el Estado de Guanajuato, a fin de fortalecer del capital humano, la reducción de brechas en el acceso a empleos emergentes y la mejora de la competitividad de los sectores productivos.

Mismo trámite recibieron las iniciativas que buscan reformar la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, la Ley de Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato, la Ley de Educación Superior para el Estado de Guanajuato, la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato, todas ellas  a fin de armonizar diversos ordenamientos en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva, y lenguaje incluyente.

Las propuestas incluirán la opinión de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de las Mujeres, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, del Consejo de la Secretaría de Cultura, de los 46 ayuntamientos y de la Comisión Estatal para la Planeación.

En algunas de ellas se contempla un proceso de consulta a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, y a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; así como el análisis de impacto presupuestario por parte de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas.

En otros asuntos, se acordó dictaminar en sentido positivo la iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado, con el objetivo de establecer directrices claras sobre el uso de dispositivos de telefonía celular dentro de las instituciones educativas, especialmente dentro del horario escolar.

Asimismo, se determinó dictaminar en sentido negativo las siguientes propuestas de punto de acuerdo al haberse quedado sin materia:

Para exhortar a las personas titulares de la Subsecretaría de Educación Superior y de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan de manera inmediata para esclarecer los hechos que han originado la situación actual en el Instituto Tecnológico de León y establecer una mesa de diálogo abierto, respetuoso y constructivo con la comunidad estudiantil, con el objetivo de realizar un acuerdo justo y equitativo que permita la reanudación de las actividades académicas, garantizando plenamente el derecho de las y los estudiantes a recibir una educación digna, de calidad y en condiciones adecuadas.

Y dirigido al titular de la Secretaría de Educación Pública de la Federación y a la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, para que impulsen prácticas democráticas que garanticen el diálogo y la participación de la comunidad estudiantil en la vida interna de la institución, así como para que promuevan entre el personal el respeto a la pluralidad de ideas, pensamiento crítico; y al titular de la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México, para que se retiren las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República en contra de cualquier estudiante presuntamente involucrado en la toma de las instalaciones del tecnológico de león, a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la manifestación.

En asuntos generales, el diputado Juan Carlos Romero Hicks celebró el sentido positivo del dictamen de la iniciativa que busca regular el uso del teléfono celular en las aulas y reconoció el trabajo de la Comisión y de quienes participaron en las mesas de trabajo.

Subrayó que el uso de celulares no debe abordarse desde un falso dilema de prohibición, sino bajo la creación de un entorno escolar integral. Precisó que para que esta regulación sea efectiva, debe articularse en cuatro ejes fundamentales: el modelo educativo, la formación docente, la participación de los padres de familia y el compromiso de los directivos.

Agregó que, respecto a conflictos en comunidades escolares, la solución no debe limitarse únicamente al retorno a las aulas, sino que el dictamen debe prever un seguimiento puntual a las inquietudes de fondo de la comunidad, asegurando que las causas del conflicto sean atendidas de manera integral.

Por su parte, la legisladora María Isabel Ortiz Mantilla coincidió en la importancia de avanzar en un dictamen positivo gracias a la colaboración de los diversos grupos parlamentarios y el soporte técnico del Congreso. Enfatizó que la regulación no debe verse exclusivamente como una medida para eliminar distractores, sino como una oportunidad para integrar el celular como un material didáctico e indicó la necesidad de reducir la brecha tecnológica entre docentes y alumnos, capacitando a los profesores para que puedan orientar a niñas, niños y jóvenes en el uso responsable y productivo de las herramientas digitales.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Martha Edith Moreno Valencia, María Isabel Ortiz Mantilla y Carolina León Medina; así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks y Antonio Chaurand Sorzano. También se contó con la presencia de la diputada Maribel Aguilar González en calidad de invitada.

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