Guanajuato, Gto. – La diputada y el diputado integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer como falta administrativa grave el hostigamiento y el acoso sexual cometido por servidores públicos.

En las consideraciones, la diputada Martha Lourdes Ortega Roque señaló que, en el caso del servicio público de Guanajuato, las mujeres enfrentan diversas formas de violencia, incluyendo discriminación de género, desigualdad salarial, acoso y hostigamiento sexual que obstaculiza su desarrollo y progreso; además de señalar que estos actos son una problemática preocupante, especialmente cuando son perpetrados por sus superiores jerárquicos o por sus mismos compañeros, mismos que deberían velar por su bienestar y sus derechos.

En ese sentido, refirió que en nuestro estado se han presentado casos mediáticos donde han quedado exhibidos los abusos de poder y la impunidad con la que se manejan las administraciones públicas municipales, así como la estatal, especialmente en las corporaciones de seguridad pública.

 

“Esta iniciativa busca que el acceso a la justicia en estos casos sea alcanzable por dos vías legales: paralelamente a la posibilidad de denunciar conforme a la legislación penal y conseguir una pena, también contar con un procedimiento administrativo si se trata de un acoso sexual cometido por servidores públicos”, dijo la congresista.

Expresó que, respecto del catálogo de sanciones, se pretende que haya la posibilidad de establecer un parámetro para imponer la inhabilitación como sanción en el caso de hostigamiento y acoso sexual, que tenga una temporalidad distinta al genérico que marca que cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación, puesto que se estima que dichas conductas deben sancionarse con mayor rigor.

Detalló que es necesario que, dentro de los elementos a considerar para imponer sanciones, se incluya también la posición jerárquica, para determinar si se abusó de esta para hostigar o acosar sexualmente a la víctima.

“En nuestro estado la protección que se brinda a las personas denunciantes es deficiente, por lo cual, en necesario que las medidas cautelares que se soliciten tengan un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para promover y proteger a quienes denuncien estos actos”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictaminación.

 

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