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| JUNIO 2010 |
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FECHA
Junio 10 de 2010 BOLETIN 311/2010 Proponen modificaciones para la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos Guanajuato, Gto.- En la sesión de la Diputación Permanente de este día, las y los diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios. Se trata de la modificación al artículo 64 de esa norma con la que se propone tendrán la obligación de rendir declaración de situación patrimonial, los servidores públicos que perciban remuneraciones por un monto bruto que sea igual o mayor de 15 salarios mínimos vigentes elevados al mes. En la exposición de motivos del documento se señala que el primer paso para asegurar un adecuado control y transparencia en la gestión pública, en el desempeño de los servidores públicos en el aspecto patrimonial, es precisamente la Declaración de Situación Patrimonial. Se precisa en el texto que el crecimiento del patrimonio personal, constituido por bienes muebles o inmuebles, inversiones, ahorros, etc., debe ser comprobable con los ingresos obtenidos por el servidor público en el ejercicio de sus actividades dentro de la misma Administración o mediante actividades económicas lícitas. Si en cambio el crecimiento patrimonial no se justifica con lo que se declara en ingresos, el ente fiscalizador podría presumir irregularidades o situaciones ilícitas, por cuanto que no es comprensible un crecimiento patrimonial importante si no se justifica con la generación de ingresos de acuerdo con la ley. Los iniciantes señalan que la declaración patrimonial constituye un elemento de convicción para verificar el aumento en el patrimonio de un servidor público y la licitud del mismo, además de que incide directamente en la confianza de los ciudadanos en los servidores públicos, ya que se da transparencia a su ejercicio. "Convencidos de que la Declaración de Situación Patrimonial es un instrumento eficaz, preventivo de la corrupción a cualquier nivel, al brindar la oportunidad más directa para verificar si los funcionarios y servidores se están conduciendo con honestidad y que no utilizan el cargo para obtener beneficios económicos indebidos, proponemos adicionar a los supuestos de servidores públicos obligados a rendir declaración patrimonial el referente a que todos aquellos servidores públicos que reciban una remuneración mayor al monto mensual bruto sea igual o mayor de 15 salarios mínimos vigente diarios elevados al mes" precisa el documento. La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para su estudio y dictamen. También se dio cuenta de los informes de resultados formulados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de Manuel Doblado, Celaya y San José Iturbide, por el periodo julio-diciembre 2008; de Huanímaro, Tarandacuao, Santa Cruz de Juventino Rosas, San Francisco del Rincón y Salamanca, por el periodo enero-junio 2009; así como a las auditorías financieras practicadas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato; a la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato; y al Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, todas por el ejercicio fiscal de 2006; y al Colegio de Educación Profesional Técnica de Guanajuato, por el ejercicio fiscal 2008; asimismo, a la revisión practicada a los recursos del ramo 33 de la administración municipal de Villagrán, por el ejercicio fiscal de 2008. Todos fueron turnados a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen. En la sesión estuvieron presentes las diputadas Alicia Muñoz Olivares -presidenta de la Diputación Permanente-, Elvira Paniagua Rodríguez y Martha Silvia Robles Castro; así como los diputados Juan Carlos Acosta Rodríguez, Carlos Joaquín Chacón Calderón, Omar Octavio Chaire Chavero, Francisco Amílcar Mijangos Ramírez, Alejandro Rangel Segovia, Bricio Balderas Álvarez, Juan Antonio Acosta Cano y Eduardo Ramírez Pérez. |
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