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FECHA Julio 22 de 2010
BOLETIN 350/2010

Proponen tipificar como delito el robo, falsificación y fraude con los vales de papel y tarjetas plásticas que dan acceso a prestaciones a los trabajadores

Guanajuato, Gto.- En la sesión de la Diputación Permanente de este día, el diputado Hugo Varela Flores, coordinador del grupo parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Guanajuato, que busca tipificar el robo, fraude y falsificación de vales de papel y la clonación de tarjetas plásticas, que son utilizados como medios para otorgar prestaciones diversas a los trabajadores y sean canjeados por bienes o servicios.

Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, el diputado Alejandro Rangel Segovia comentó que este tipo de ilícitos se vienen registrando con serias afectaciones. Las empresas emisoras se ven afectadas por el robo y la falsificación de los vales de papel ó la clonación de las tarjetas plásticas que se emiten para el mismo uso que los vales, pues tienen que cubrir el importe de los documentos que son canjeados en las tiendas afiliadas a su sistema. La afectación final, sostuvo, es para el trabajador que mediante esos vales de papel o tarjetas plásticas, tiene acceso a prestaciones sociales.

El diputado Rangel Segovia señaló que los ilícitos cometidos con los vales de papel utilizados para el canje de bienes y servicios ha registrado un considerable incremento. Mencionó que en el 2009 se registraron pérdidas que superan los 15 millones de pesos y que actualmente, la falsificación, reproducción y distribución de vales no están tipificadas como delito, es decir, no existe una sanción específica contemplada contra este tipo de actividades ilícitas.

"Si bien el Código Penal del Estado contiene diversas disposiciones que contemplan los delitos de falsificación, fraude y robo, ninguna se adecua a las características ni la naturaleza de los vales, por no ser éste un título de crédito como el pagaré, el cheque o la letra de cambio, por lo que al momento de que los ministerios públicos conocen de un delito relacionado con vales, no pueden integrar la averiguación adecuadamente por carecer de elementos jurídicos preciso y claros, lo que ha generado impunidad" puntualizó.

El congresista manifestó que no existe una definición de naturaleza jurídica de lo que es un vale, por lo se le debe conceptuar como el documento que da derecho a su portador a cambiarlo o canjearlo por bienes o servicios. Aunado a lo anterior, Rangel Segovia precisó que bandas organizadas clonan las tarjetas plásticas, que emiten las personas morales y son utilizadas también para canjear bienes y servicios, para obtener un lucro indebido, por lo que es necesario cerrar la puerta a esa nueva modalidad criminal.

En el texto leído se precisa que el vale y las tarjetas plásticas constituyen el medio más adecuado y utilizado para otorgar a los trabajadores la ayuda de despensa, la cuál es una de las más importantes prestaciones de previsión social y que representan un ingreso exento para los mismos. Dichas prestaciones tienen como finalidad proporcionar a los trabajadores y a sus familias la satisfacción de sus necesidades esenciales y la posibilidad de mejoramiento del nivel de vida.

Se enfatiza además que las consecuencias futuras que se tendrían, en caso de continuar con estos ilícitos y no legislar sobre el tema, serían de un fuerte impacto para los trabajadores, ya que en caso de que la prestación desaparezca o se integrara en efectivo al salario se tendría que deducir vía impuesto por el monto correspondiente.

Finalmente se especifica que en el Código Penal se observa la ausencia de la tipificación concreta de las conductas que tengan que ver con la producción, impresión, enajenación, distribución, alteración y falsificación de vales de papel o cualquier dispositivo en forma de tarjeta plástica, emitido por personas morales utilizados para canjear bienes y servicios.

Se subraya que es necesario que se lleve a cabo una modificación a la normatividad sustantiva penal que atienda un problema que impacta en el estado, considerando que las empresas emisoras tienen que hacer frente a detrimentos patrimoniales importantes que ponen en riesgo fuentes de empleo y que se debe brindar certeza y seguridad jurídica a los trabajadores y sus familias que son quienes principalmente reciben los beneficios de los vales de papel como una prestación de su trabajo que les permite satisfacer en mayor medida sus necesidades y requerimientos básicos en abasto, vestido y otro tipo de servicios.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.