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FECHA Oct. 22 de 2009
BOLETIN 040/2009

Dialogan legisladores y funcionario sobre el libro de texto Biología I


Guanajuato, Gto.- Esta tarde se llevó a cabo una reunión convocada por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura de la LXI Legislatura, en la que participó el Secretario de Educación de Guanajuato, para dialogar sobre el tema de la edición, impresión y distribución del Libro de Texto Biología I.

Participaron en la reunión las diputadas Ma. Elena Cano Ayala –presidenta de esta Comisión-, Leticia Villegas Nava, Ana María Ramos Morín y Elvira Paniagua Rodríguez y el diputado Héctor Astudillo García. Asimismo, el secretario de Educación en la entidad, Alberto Diosdado.

Estuvieron también presentes en el Salón Verde del Palacio Legislativo las diputadas Claudia Navarrete Aldaco y Alicia Muñoz Olivares, así como los diputados Eduardo López Mares, José Isaac González Calderón, Héctor Hugo Varela Flores, Gerardo Trujillo Flores, José Luis Barbosa Hernández, David Cabrera Morales, Luis Gerardo Gutiérrez Chico y Guillermo Zavala Alcaraz.

Luego de que la diputada presidenta de la Comisión diera la bienvenida al funcionario estatal y expusiera el acuerdo y los motivos de esta reunión, el titular de la SEG hizo una relatoría sobre los objetivos pedagógicos y los materiales didácticos que se trabajan en la educación secundaria, así como sobre diversas manifestaciones de grupos de padres de familia que han expuesto su inconformidad con la forma de abordar los temas de sexualidad en los textos.

Posteriormente, Alberto Diosdado dijo que el Estado tiene facultades para editar textos, que el dictamen de la SEP sobre el libro de Biología I está en trámite, que se cumplieron todos los procesos administrativos conforme a la ley y que se imprimieron 110 mil ejemplares a un costo de 3.4 millones de pesos. Afirmó que los contenidos de dicho libro responden a un enfoque científico y laico se abordan todos los temas respetando los señalamientos y contenidos de la autoridad educativa federal.

Primera ronda de intervenciones

Al abrir la primera ronda de intervenciones, el diputado Héctor Astudillo García anticipó que esta polémica tiene que ver con aspectos legales, pues no ve justificación para que se haya editado y distribuido un libro de texto al margen de la ley, pues quien tiene la facultad para hacerlo es la Secretaría de Educación Pública. “Existen criterios de orden legal que estamos obligados a observar”, apuntó.

En materia de contenidos, destacó que el propio Artículo Tercero constitucional establece las bases científicas y la laicidad en la educación que brinde el Estado. Por eso, añadió, preocupa que se quieran dar tendencias de orden moral en la educación pública. “No se debe impulsar contenidos que cobijen visiones parciales o de grupos; se debe respetar la libertad de creencias”, señaló el legislador para añadir que la educación pública es una política de Estado y así debe ser entendida por todos.

La diputada Ana María Ramos Morín se refirió a los contenidos para la enseñanza en educación sexual y dijo que es un tema que debe ser abordado por los padres de familia, quienes tienen la preparación, la experiencia y el amor para tratarlo con sus hijos. “Vivimos tiempos diferentes, la información se ha abierto, la relación sexual se ha denigrado y hay problemas serios por enfermedades y otros fenómenos relacionados con ello”, comentó.

Ramos Morín dijo que debe darse una correcta información de tipo sexual y en ello juegan un papel importante los padres de familia, para fomentar lo que es natural, guiar a los jóvenes y mostrarles que el camino de la reproducción natural debe darse dentro de una relación humana y de amor.

La diputada Elvira Paniagua Rodríguez retomó comentarios del funcionario para señalar que si en la elaboración del multicitado libro de texto participaron profesionistas y el contenido tiene enfoque científico y laico, se debe rescatar.

Comentó sobre las consecuencias que se registran entre los jóvenes por la falta de información y dijo que, respetando las diferentes formas de pensar, es necesario buscar una formación integral en materia de sexualidad considerando el contexto que se vive en el Estado de Guanajuato. “Si los Estados tienen la oportunidad de manejar materiales complementarios en estos temas, es buena opción”, precisó la legisladora.

En su turno, la diputada María Elena Cano Ayala apuntó su preocupación por el respeto del Estado de Derecho. Comentó que el Artículo Tercero constitucional establece las bases de la educación pública y a ello deben atenerse las autoridades. Señaló que los contenidos del material mencionado invaden el ámbito moral, que es de carácter privado, y externó su preocupación de que no se respete la ley por criterios personales, cuando la educación debe privilegiar la observancia de la ley.

En los casos de quienes no están de acuerdo con los contenidos de los libros de texto distribuidos por la SEP, expuso la diputada, que sigan los mecanismos para que expresen sus inconformidades y expresen sus propuestas, “pero es grave que alguien decida tomar la ley por su mano”, acotó. Luego de indicar que con el texto en cuestión se violenta la Constitución y la Ley General de Educación, Cano Ayala cuestionó al funcionario sobre si el titular del Poder Ejecutivo fue consultado sobre estas acciones.

En uso de la voz, el diputado José Luis Barbosa Hernández pidió saber los motivos para que la SEG editara y distribuyera estos libros, pues consideró que hay indicios de posibles violaciones a la ley en este caso.

Preguntó cuántos ejemplares se editaron, si hubo convocatorias para la participación de las personas que lo elaboraron, el estado actual del material, cuantos recursos se invirtieron en ello y el origen de los mismos. De igual manera, qué se hizo con los libros de texto que sobre esa materia envió la Secretaría de Educación Pública

En respuesta a esta primera ronda de intervenciones, Alberto Diosdado enmarcó el objetivo de los libros con el de la propia Secretaría de Educación de Guanajuato, el de propiciar la formación de personas íntegras, en articulación con los padres de familia y atendiendo a la perspectiva de defensa de la familia. Reiteró la información sobre el costo de los libros y el tiraje impreso, puntualizando que todos los procedimientos se realizaron conforme a la ley y no hubo actos improcedentes.

Ante la inquietud del involucramiento de aspectos morales en la educación, sostuvo no habían en estos materiales tendencias partidistas y que respondía a inquietudes de padres de familia como responsables de la educación de sus hijos.

Segunda ronda de intervenciones


En una segunda ronda, la diputada Leticia Villegas Nava comentó que en esta polémica hay temas que inciden en una gran diversidad de formas de pensar y en los que difícilmente podría haber un consenso. “Lo que nos atañe es lo legal”, dijo y agregó que el libro en cuestión ya fue retirado de circulación.

Intervino nuevamente el diputado Héctor Astudillo García, quien señaló que ciertamente los padres son los responsables de la educación de los hijos, pero que la enseñanza en las escuelas públicas debe estar alejada de dogmas y ceñirse a los enfoques científicos y laicos. “No se debe imponer criterios personales sobre las políticas públicas”, reiteró y cuestionó el gasto realizado en dichos libros, con recursos que hacen falta en otros rubros.

La diputada María Elena Cano Ayala también reiteró que nadie puede estar por encima de la ley y que los criterios personales no pueden sobreponerse a la norma. Consideró que los libros de texto son bienes públicos y preguntó al funcionario si en el caso de la quema de libros de texto procedió alguna investigación. El ejercicio de la libertad de expresión no puede llegar a violentar las normas, concluyó.

El diputado Luis Gerardo Gutiérrez Chico manifestó siendo la edición y distribución de libros de texto una facultad exclusiva de la autoridad federal, Guanajuato hizo uno y con recursos públicos, por lo que preguntó si había autorización de la SEP para esa edición y su distribución y si habría alguna sanción por el gasto realizado.

En tanto el diputado José Luis Barbosa Hernández pidió saber qué pasará con los ejemplares editados y cuestionó al titular de la SEG si reconocía o no la posible violación a la ley en este asunto y, de comprobarse, si renunciaría.

En respuesta a esta segunda ronda, Alberto Diosdado comentó sobre la quema de libros de texto y dijo que lo hizo una ciudadana y que, de acuerdo con lo investigado no se trataba de los libros de texto de la SEP. Negó que haya quebranto a la ley, la autorización del libro sigue en trámite y los ejemplares están bajo resguardo y finalmente mencionó que el gobernador del estado está enterado del quehacer de la dependencia.