FECHA Oct. 22 de 2009
BOLETIN 037/2009

Exhortan al Senado de la República a revisar a fondo el paquete fiscal 2010

uanajuato, Gto.- El Pleno de la LXI Legislatura aprobó esta mañana, por unanimidad de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea, un Punto de Acuerdo a través del cual se exhorta a los Senadores de la República para que, en ejercicio de sus atribuciones y facultades de ley y con el interés supremo de la nación, se haga una revisión exhaustiva del paquete fiscal para el ejercicio fiscal 2010 y se le dé una orientación para garantizar el crecimiento económico y el empleo en el país.

En el texto se precisa que ante la crisis económica que enfrenta el país, el Estado Mexicano requiere recursos; por tanto, es responsabilidad del Congreso Federal establecer los mecanismos fiscales que permitan la obtención de los mismos, afectando en lo menos posible a los contribuyentes.

Con este exhorto, las y los legisladores guanajuatenses pretenden llamar la atención del Senado de la República, para que revise y analice los proyectos que le han sido enviados por la Cámara de Diputados Federal, y de esta revisión emane la Legislación necesaria para dar suficiencia presupuestal a los diversos programas y proyectos que tiene que impulsar el Poder Público de la Nación, en armonía con los bolsillos de las familias mexicanas.

El documento subraya que la propuesta aprobada en la Cámara de Diputados, debe ser revisada de manera exhaustiva con la visión de que constituya una alternativa para resolver el problema de la recuperación económica y el desempleo.

El Punto de acuerdo fue suscrito por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a propuesta del diputado José Luis Barbosa Hernández.

Otros asuntos

El Pleno del Congreso aprobó requerir al Ayuntamiento de Tarimoro para que remita las cuentas públicas municipales correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2009 en un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento. Lo anterior, en cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En la misma sesión fueron aprobados dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales. El primero relativo al archivo de seis iniciativas de reformas a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato y el segundo correspondiente al archivo de la iniciativa de reforma al artículo 43 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acámbaro para el ejercicio fiscal 2009.

De la misma manera, fue aprobado el dictamen relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de León, a efecto de que se autorice al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de ese municipio la contratación de una línea de crédito hasta por 80 millones de pesos para destinarlos a la ejecución de diversas acciones dentro del Programa de Obra 2009.

Asimismo, se aprobaron por unanimidad los dictámenes correspondientes a la revisión de cuentas públicas y auditorías financieras y específicas de diversos sujetos de fiscalización. Entre ellos, el correspondiente a la revisión practicada a la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, sobre el primero y segundo trimestres del ejercicio fiscal 2008; de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 2008. Así como de la auditoría financiera practicada a las operaciones realizadas por la Universidad Politécnica de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 2008.

En todos se ordena al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior promover las acciones necesarias para el fincamiento de las responsabilidades administrativas.

Se aprobaron también los dictámenes relativos a los informes de resultados de las auditorías específicas realizadas en cumplimiento a la resolución recaída dentro de los expedientes número OFS/SE/002/08 y OFS/SE/005/2008, derivadas de la denuncia de situación excepcional, relativas al laudo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje dentro de los expedientes número 173/2003/TCA/CA/IND y 405/2003 en contra del ayuntamiento de Tarimoro, correspondientes al ejercicio fiscal 2005, así como eventos anteriores y posteriores. Y el dictamen correspondiente a la auditoría integral practicada a la Universidad Tecnológica de León, por el ejercicio fiscal 2008

Igualmente se dio cuenta de los informes de resultados formulados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato, por el tercer y cuarto trimestres de 2008; así como a las administraciones municipales de Atarjea y Jerécuaro, por el periodo julio-diciembre 2008; y a la auditoría integral practicada a la Secretaría de Obra Pública de Guanajuato, por el ejercicio fiscal 2008. Todos fueron turnados a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.

También se presentó una iniciativa formulada por el ayuntamiento de Celaya, a efecto de que se le autorice a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de ese municipio la contratación de un crédito, por un monto de hasta $ 24, 298,224 millones, para garantizar la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales en los próximos 20 años. Dicha iniciativa fue turnada la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.

Antes, se dio cuenta del acuerdo dictado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en el expediente del juicio de amparo número II-1245/2008, promovido por el licenciado Luis Felipe Luna Obregón. Éste fue turnado a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

Asuntos Generales

En el apartado de asuntos generales, la diputada Claudia Brígida Navarrete Aldaco hizo uso de la tribuna para hablar respecto a la problemática financiera que se enfrenta en el municipio de Abasolo.

“El caso del Municipio de Abasolo no debe ser ajeno a nuestro conocimiento, competencia y compromiso, pues dejar una administración con las arcas vacías, endeudada, saqueada y con pasivos contingentes, es una práctica que no sólo ofende a la sociedad, sino que encuadra en posibles responsabilidades de carácter administrativo y civil, además de traducirse en la comisión de presuntos delitos, regulados en materia penal”

Navarrete Aldaco indicó que una de las atribuciones primigenias de los legisladores es la de fiscalizar los recursos públicos, sin distinción de color, partido o interés particular, y en caso de que cualquier sujeto de fiscalización no se conduzca con estricto apego a la ley, se debe actuar en consecuencia con lo que manda la Ley en materia de responsabilidades administrativas, como único medio de inhibir la Impunidad.

“Todos sabemos que la Ley como legisladores nos constriñe a la fiscalización y vigilancia de los recursos públicos, erigiéndonos como garantes ante nuestros representados de que sus impuestos serán aplicados conforme a Derecho, de manera clara y transparente, dándole un uso pertinente y una justificación social a su destino; por lo que resulta impostergable que garanticemos el respeto al Estado de Derecho” puntualizó la diputada.

Finalmente, la diputada Navarrete Aldaco dijo que como legisladores tienen que actuar en el marco de sus atribuciones, exigiendo que el Órgano de Fiscalización Superior llegue hasta sus últimas consecuencias y determine las responsabilidades que resulten.
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