FECHA Dic. 11 de 2009
BOLETIN 109/2009

Aprueban las Leyes de Ingresos de 2010 para 29 municipios

Guanajuato, Gto.- El Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó este día en sesión ordinaria las Leyes de Ingresos de 29 municipios de la entidad, para el ejercicio fiscal del 2010.

En lo general fueron aprobados por mayoría las Leyes de Ingresos que tendrán vigencia el año próximo de los municipios de Abasolo, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Doctor Mora, Huanímaro, Jerécuaro, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Romita, Salamanca, San Diego de la Unión, San Felipe, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago y Victoria.

En lo particular, no se aprobaron las propuestas que hicieron, por separado, los grupos parlamentarios del PRI, PRD y PVEM para eliminar los artículos relativos al cobro del Derecho de Alumbrado Público. Se aprobó una propuesta del diputado José Jesús Correa Ramírez relativa a la tarifa de agua no tratada en la Ley de Ingresos de San Miguel de Allende.

Al ser discutidos los dictámenes en lo general, la diputada Alicia Muñoz Olivares hizo uso de la tribuna para hablar en contra de los mismos. La congresista se pronunció en su discurso por la reactivación de la economía en los municipios, sin afectar a la población. Propuso la no aprobación de ningún tipo de aumento a los impuestos ni los derechos de las leyes de ingresos vigentes en los municipios y señaló que estos incrementos en los 29 municipios sometidos a la consideración de la Asamblea, importan un monto de 37 millones de pesos, mismo que, consideró, pueden ser aportados por el gobierno estatal a través de la reducción de diversas partidas presupuestales.

“La propuesta es que se mantengan los valores de las leyes de ingresos municipales vigentes para el ejercicio 2009, pero, al mismo tiempo, asegurar a los municipios esos recursos que posibiliten el correcto funcionamiento de las administraciones municipales y que sea el Poder Ejecutivo quien los erogue, realizando los oportunos ajustes y las economías pertinentes a sus pretensiones presupuestales y que no sea la ciudadanía guanajuatense quien cargue con tan pesada losa”, consideró.

En rectificación de hechos, el diputado José Jesús Correa Ramírez dijo que el aumento en 5 puntos porcentuales que proponen los diversos Ayuntamientos en sus respectivas iniciativas de ingresos para 2010 es un criterio técnicamente establecido a través de la Junta de Enlace en Materia Financiera, instancia conformada con la participación de la LXI Legislatura y los propios gobiernos municipales. Con base en lo anterior, pidió “responder con responsabilidad, no sostengamos una posición para sumar una simpatía política” y se pronunció por el voto a favor de los dictámenes en mención.

Enseguida hizo uso de la tribuna la diputada Claudia Navarrete Aldaco, quien argumentó el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI para votar en contra de estos dictámenes. Dijo que los legisladores de ese instituto político están comprometidos con las autoridades municipales para efecto de que cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, pero estableció que hay un compromiso con la ciudadanía de evitar el aumento de impuestos.

Manifestó que en los dictámenes puestos a consideración del Pleno, hay tributos que fueron declarados inconstitucionales en el país.

Posteriormente, el diputado Alejandro Rangel Segovia hizo uso de la palabra para señalar que el aumento del 5 por ciento en las tarifas y servicios de los Ayuntamientos para 2010 tratan de resarcir la inflación, pero se pronunció en contra al señalar que la ciudadanía vive una circunstancia de muchas necesidades económicas.

Finalmente se registraron 27 votos a favor de los dictámenes en lo general y 8 en contra.

Reservas y propuestas

En lo particular, la diputada Alicia Muñoz Olivares y los diputados David Cabrera Morales y José Luis Barbosa Hernández se reservaron, por separado, los artículos relacionados con el Derecho de Alumbrado Público –DAP-, lo que generó un debate en el que participaron diversos congresistas a favor y en contra de este cobro. Cabrera Morales planteó la necesidad de tomar medidas tendientes a fortalecer las finanzas municipales para que cumplan cabalmente con sus obligaciones dentro de un marco constitucional, y así lograr dar plena certeza jurídica a las autoridades administrativas y a los contribuyentes.

Consideró que este cobro es inconstitucional y subrayó que se ha concedido la protección del amparo a quienes lo han solicitado; “es un tema de gran preocupación para el grupo parlamentario del PVEM desde hace varios años”, indicó el congresista.

Por su parte, la diputada Muñoz Olivares argumentó la reserva del grupo parlamentario del PRI sobre el mismo tema al señalar que este cobro es inconstitucional. En este sentido se refirió a diversos fundamentos técnico – jurídicos y ejemplos, como sustento de su postura.

Señaló que es falso el argumento de que si no se hace este cobro, se quedaran sin luz los municipios y señaló que en su momento propondrán que la autoridad estatal sea la que pague este importe, tomando recursos de diversas partidas presupuestales como las relativas a viáticos o difusión, a efecto de que no sea el ciudadano el que pague más.

Por su parte, el diputado Barbosa Hernández secundó los argumentos jurídicos establecidos por sus antecesores en el uso de la voz. Lo anterior al hacer la reserva de los mismos artículos establecidos por el diputado Cabrera Morales y por la diputaba Muñoz Olivares. Señaló que con este cobro se invade la esfera federal y que es inequitativo. Dijo que el tema se viene discutiendo durante los últimos 7 años y no se ha encontrado una salida apropiada a lo que consideró un acto de inconstitucionalidad.

Al hablar en contra de la propuesta de los antes mencionados en relación con el DAP, el diputado Juan Antonio Acosta Cano dijo que el alumbrado público es facturado al municipio por la Comisión Federal de Electricidad, al igual que a cualquier ciudadano, y que como cada ciudadano, el municipio paga este servicio.

Expuso que de no ser pagado este servicio, la consecuencia sería el corte del mismo; “si no se paga, se exponen los municipios a un corte, lo que implicaría un problema de inseguridad, pues la oscuridad es un riesgo para la ciudadanía en cuanto a accidentes y actos delictivos” manifestó el congresista.

Enseguida participaron en este debate la diputada María Elena Cano Ayala y los diputados Juan Ramón Hernández Araiza, Alejandro Rangel Segovia y David Cabrera Morales, quienes manifestaron diversas consideraciones al respecto, todas ellas alrededor del argumento de inconstitucionalidad del cobro.

La diputada Cano Ayala lamentó la discusión sobre un asunto que consideró no constitucional y señaló que es grave que con una votación mayoritaria se establezca una contribución que es inconstitucional. Se pronunció por reflexionar sobre las consecuencias pues subrayó que los grandes consumidores se amparan sobre el cobro pero los ciudadanos deben pagar para interponer este recurso en su defensa.

El diputado Hernández Araiza dijo que en el Congreso de la Unión se aprobó el cobro del IVA indexado en las gasolinas, lo cual consideró inconstitucional. “Fue aprobado por el Congreso de la Unión, en donde está la congruencia de los diputado del PRI”, manifestó. El diputado Rangel Segovia se pronunció por trabajar en el ámbito de competencia de esta soberanía para efecto de encontrar una alternativa de solución a este tema. Finalmente el diputado David Cabrera pidió no distraerse de los temas que no son competencia de la Legislatura local.

La propuesta sobre la eliminación del DAP de los dictámenes en cuestión registró 13 votos a favor y 22 votos en contra, por lo que no fue aprobada.

Finalmente, el diputado Correa Ramírez se reservó el artículo 14 del decreto de la Ley de Ingresos de San Miguel de Allende, relacionado con la tarifa de agua cruda. Dijo que la iniciativa plantea un cobro de 1.90 pesos por metro cúbico de este líquido y propuso que esta tarifa sea de 60 centavos, al señalar que esta agua no pasa por ningún proceso de purificación.

El diputado Barbosa Hernández hizo uso de la voz para pronunciarse en contra de la propuesta. Pidió al diputado Correa Ramírez que identificara a los ciudadanos de San Miguel de Allende que, por su conducto, originaron esa propuesta.

La propuesta fue aprobada con 26 votos a favor y 9 en contra.