FECHA Dic. 11 de 2009
BOLETIN 108/2009

Se aprueban los límites para la contratación de obra pública municipal, para el 2010

Guanajuato, Gto.- En la sesión ordinaria celebrada este día, las y los diputados integrantes de la LXI Legislatura aprobaron el Decreto que establece los límites para la contratación de obra pública, en sus modalidades de licitación simplificada y adjudicación directa, para el ejercicio fiscal del año 2010, quedando de la siguiente manera:

Precisa el Decreto que los montos y límites máximos establecidos serán aplicables a la ejecución de obra pública municipal en la modalidad de administración directa y deben considerarse sin incluir el importe del IVA.

Cabe mencionar que estos montos no tienen variación respecto de los vigentes, toda vez que éstos se actualizaron el pasado mes de junio para mantener el fin de facilitar el manejo de la obra menor, que se caracteriza por ser de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica.

Habrá denuncia penal en el caso de Traesa – Irapuato.

El Pleno de la LXI Legislatura aprobó este día el dictamen relativo al informe de resultados relativo a la auditoría específica en cumplimiento de la resolución recaída dentro del expediente OFS/SE/002/2009, derivada de la denuncia de situación excepcional, relativa a las presuntas irregularidades en la contratación y manejo de los recursos con la empresa “Tratamientos Especializados, S.A. de C.V.”, por parte del municipio de Irapuato.

El Acuerdo establece que con base en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico, el Auditor General del OFS deberá ejercer las acciones civiles que procedan ante la autoridad competente, en contra de los probables responsables y promover las acciones necesarias para el fincamiento de responsabilidades administrativas.

También con base en el Informe de Resultados, el propio Auditor General deberá hacer del conocimiento del Ministerio Público los hechos probablemente constitutivos de delitos cometidos en perjuicio de la administración y hacienda públicas del municipio de Irapuato, por quien o quienes resulten responsables, coadyuvando con dicha autoridad en la investigación.

Para hablar en contra del dictamen hizo uso de la voz el diputado Luis Gerardo Gutiérrez Chico, quien consideró que la ratificación del citado documento se había realizado sin el estudio suficiente, que faltaba información respecto al proceso que siguió la denuncia penal, no se indicaba quienes pueden ser los presuntos responsables ni se precisaba el monto del daño causado al erario público.

Gutiérrez Chico propuso una adición al acuerdo para establecer que “deberá imponerse como sanción la inhabilitación hasta por tres años, a los funcionarios responsables, sin perjuicio de las penas que les resulten aplicables por los delitos que se configuren, cometidos en perjuicio de la administración pública; y de los que resulten del Código Penal para el Estado de Guanajuato; por el quebranto al erario del municipio de Irapuato”.

Enseguida se generó un debate sobre el tema. Para rectificación de hechos hizo uso de la voz el diputado David Cabrera Morales quien sostuvo que el asunto fue tratado con el tiempo suficiente y la responsabilidad debida.

Subrayó que no son los legisladores, sino el Ministerio Público y el Juez quienes, en su oportunidad, investiguen y determinen la responsabilidad penal en el caso, “donde se presume un fraude al erario de Irapuato, sin importar nombre y cargo que hayan desempeñado”. Rechazó que con el dictamen se incurra en encubrimiento por parte de los integrantes de la Comisión dictaminadora y destacó que se establecen sanciones administrativas, civiles y que se procura la denuncia penal.

En uso de la palabra para alusiones personales, Gutiérrez Chico reiteró su desacuerdo con los términos del dictamen, al considerar que le faltan datos como el relacionado con el monto del fraude y pidió que fuera regresado a la Comisión dictaminadora.
Sobre el mismo tema, el diputado Eduardo López Mares manifestó que el dictamen se analizó profesionalmente, con toda la información necesaria para poder tomar una decisión adecuada, estudiando a conciencia tanto el informe de resultados emitido por el OFS como el dictamen emitido por la LX Legislatura.

“El dictamen que está hoy a su consideración es el resultado de un trabajo técnico-jurídico, al que se abocaron no sólo los diputados, sino diversas instancias de este Poder Legislativo, en ejercicio de la función fiscalizadora que la ha sido conferida” subrayó.

López Mares indicó que la ratificación del citado dictamen deja firme la imputación de responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Por su parte, el diputado José Luis Barbosa Hernández manifestó que consideraba que el dictamen en lo general era correcto, ya que era evidente que se habían presentado irregularidades, pues no estuvo clara la adjudicación que finalmente resultó ser una concesión. “En cuanto a las sanciones administrativas me parece correcto, en las penales se tiene que poner en base a quien resulte responsable, pero en las civiles considero que, conforme a la Ley Orgánica Municipal, debería incluirse en el dictamen señalándose como responsable, debido a sus funciones, a quien ejerció el cargo de tesorero”:

El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor, 7 en contra y una abstención.