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Sesiona el Pleno del Congreso local
07/06/2018| Boletín: 3324

Guanajuato, Gto.- En la sesión ordinaria de este día, el Pleno del Congreso declaró revisados diversos dictámenes relativos a la revisión practicadas a las cuentas públicas de varios sujetos de fiscalización.

Se trata de las cuentas públicas municipales de Victoria, Ocampo y San Miguel de Allende (julio-diciembre 2015), así como Dolores Hidalgo C.I.N. y Tarandacuao, (enero-junio 2015).

Además, aprobó el archivo definitivo de diversas iniciativas. La primera, a efecto de abrogar la Ley Sobre Agrupaciones Agrícolas en el Estado de Guanajuato. La segunda, relativa a reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado que buscaba establecer tiempos de análisis y discusión para emitir dictámenes en las Comisiones; y la tercera planteaba modificaciones a la mencionada norma, a fin de que cualquier legislador o legisladora pudiera sumarse a iniciativas presentadas ante el Pleno.

Para hablar a favor del dictamen que proponía la abrogación de la Ley Sobre Agrupaciones Agrícolas en el Estado de Guanajuato hablaron los diputados Juan Antonio Méndez Rodríguez, Óscar González Mora y Baruc Camacho Zamora.

El diputado Baruc Camacho Zamora manifestó que la ley en comento había sido expedida para atender condiciones y circunstancias que históricamente son totalmente distintas a las actuales y al objetivo por el cual la ley se expidió.

Agregó que la ley fue efímera en su aplicación pues, en abril de 1934, un año después de su expedición, la federación aprobó la Ley de Asociaciones Agrícolas para normar las directrices de organización y desarrollo de la agricultura del país.

Indicó que dicha ley fue motivada y tenía como objetivo fundamental la organización de los productores de trigo, chile seco, papa y piloncillo y de esa forma otorgar los subsidios que correspondían a pago de contribuciones que los productores debían cubrir por concepto de producción y que hoy las condiciones eran diferentes y que promover la organización de los productores para otorgarles los certificados de subsidio ya no era necesario.

Por su parte, el diputado Óscar González Mora se refirió a la revisión que se hizo en la Comisión de Fomento Agropecuario del marco legal en la materia en seguimiento a la evaluación ex post, a fin de derogar los textos normativos que no tengan efectividad en Guanajuato.

“La abrogación de dicha ley significa que ese texto normativo será eliminado como texto legal y perderá su estatus de ley. Derivado del propio análisis que hicimos en la Comisión pudimos observar que esa ley es una ley que se emitió en el año de 1933, su objetivo era el de darle reconocimiento jurídico a las agrupaciones agrícolas. Sin embargo, éstas se registran a nivel federal”, apuntó el congresista.

Finalmente precisó que la ley era inoperante y por tal motivo se manifestaban por su abrogación.

En su oportunidad, Juan Antonio Méndez Rodríguez manifestó que al hacer un análisis de dicho ordenamiento jurídico de corte estatal, era procedente la abrogación del mismo en virtud de que la facultad de establecer las directrices para el fomento a la agricultura era exclusiva de la Federación; además de las de que en la entidad existían cerca de 100 asociaciones agrícolas que operan al amparo de leyes federales, ya que no se tiene registro sobre alguna de ellas, y que nunca se emitió el reglamente de la citada ley, y que de expedirse, podría ser contradictorio al Reglamento de la Ley de Asociaciones Agrícolas.

Por lo que pidió a sus homólogos su voto a favor del dictamen porque, dijo, estarían buscando una mejora regulatoria, evitando contradicciones y facilitando así el ejercicio de derechos de los gobernados.

El dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes.

También se aprobó la solicitud de la diputada María Alejandra Torres Novoa para dejar sin efectos la licencia que le fue otorgada en fecha 24 de mayo de 2018.

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización se turnó para su análisis y discusión la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado, a efecto de que se le autorice previa desafectación del dominio público, la enajenación de un bien inmueble de propiedad estatal, ubicado en el municipio de León, y destinarlo a la conformación de infraestructura deportiva, de esparcimiento y negocios y detonar un polo de desarrollo para la atracción de inversiones.

 

 

 





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